Sentencia AP-1104-21 — Registro 16009
Resumen
Sentencia declaró parcialmente con lugar recurso de apelación contra Auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de primera instancia contra imputado por suponerlo responsable del delito de Femicidio Agravado en perjuicio de víctima; se le impuso medida cautelar de prisión preventiva; La Autoridad recurrida reformó la Resolución impugnada y ordenó la modificación del tipo penal de Femicidio Agravado por el delito de Homicidio, ya que consideró que los hechos planteados por la acusación no se enmarcan en el tipo penal señalado por el Ente Acusatorio, más bien el encuadre típico de los hechos concuerdan con la conducta del delito de Homicidio (artículo 192 del Código Penal)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el artículo 208 del Código Penal vigente, dispone: Femicidio. “Comete el delito de Femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género”. Este delito será castigado con una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. En ese orden de ideas, luego del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala no aprecia los elementos de la tipificación legal del delito de femicidio, la muerte de la víctima no se da en el marco de las relaciones desiguales de poder entre ella y su victimario, Relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder, (tal como lo hemos expresado en el considerando que antecede) limitan un desarrollo equitativo, entre hombres y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia ello en consideración a las relaciones desiguales de poder. En ese sentido, el ente acusador no respaldó su acusación con el minimun probatorio que acredite la probabilidad de que el imputado actuó motivado por cuestiones de género basada en las relaciones desiguales de poder. Así como que no existe el mínimo indicio de discriminación del imputado hacia la víctima por el hecho de ser mujer. por lo que no se puede enmarcar la conducta del imputado en un enfoque de género..."..."esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional, aprecia que la resolución dictada por el Ad quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los Tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado concluye que la acción de Amparo debe Denegarse. Sin embargo, el ente acusador tendrá la posibilidad en un juicio oral y público con los diferentes medios de prueba con los que cuenta y sometidos a los principios de contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales entre otros, acreditar su pretensión acusatoria en cuanto a la calificación del tipo penal de acuerdo a la Norma sustantiva..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados GERMAN REYES y HECTOR ANTONIO CONTRERAS, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento, dictado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); en la causa instruida contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 y 95 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), los Abogados DEYSI GARCIA, GERMAN REYES y HECTOR CONTRERAS, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, presentando requerimiento Fiscal contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la señora KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ. (Folios 23 al 28 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado instructor “RESUELVE: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, quien es mayor de edad, soltero, hondureño, Agente Policial originario del Municipio de Gracias, departamento de Lempira con domicilio especial en la ciudad de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, hecho ocurrido el domingo siete de febrero del año dos mil veintiuno, en la celda destinada para la detención de mujeres en las instalaciones de la Unidad Departamental número 10 de la Policía Nacional en La Esperanza Intibucá.- 2.- DISPONE: Que el encausado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, cumpla la medida cautelar siguiente: a) PRISION PREVENTIVA, medida esta tendrá vigencia durante la tramitación del juicio, en la Dirección Nacional de Fuerza Especiales en la Colonia 21 de Octubre, en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.- (Folios 192 al 217 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis (2021) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en la cual FALLA:” PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada del acusado JAROL ROLANDO SARMIENTO, contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, dictado contra del acusado por el delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, dictado por el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, el veintidós de abril del dos mil veintiuno.- SEGUNDO: SE REFORMA LA RESOLUCION RECURRIDA, en consecuencia se dicta contra el acusado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE HOMICIDIO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ…”(Folios 17 al 43 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) Los recurrente los Abogados GERMAN REYES y HECTOR ANTONIO CONTRERAS, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis (2021), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 y 95 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA departamento de COMAYAGUA, que resuelve declarar Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto, ordenando la modificación del tipo penal de Femicidio Agravado por el delito de Homicidio, con relación a la causa instruida contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la joven KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la Formalización de Acción de Amparo, expone que la resolución impugnada quebranta los siguientes Derechos-Garantías Constitucionales: 1.-Garantía del Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional que literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Señala que el debido proceso es un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del Estado Social, democrático y de derecho. 2.- El Principio de Legalidad contenido en el artículo 95 constitucional que dispone que “ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos. El Artículo 16 constitucionales referentes a los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los Tratados Internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman partes del derecho interno”.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ministerio Público en su condición de recurrente considera que la resolución impugnada a quebrantado el Debido Proceso y el Principio de Legalidad por la razones fácticas y jurídicas que expone de la siguiente manera: “Que del estudio de la resolución impugnada considera que el Ad quem al establecer elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado no contenidos en nuestra legislación penal interna y la normativa convencional en plena vigencia en nuestro país haciendo la siguiente aseveración: “Que los elementos típicos objetivos son: a) existencia previa de la existencia de una vida humana, b) Que esa vida sea la de una mujer, c) La extinción de esa vida por parte de un tercero; Sin embargo el problema se presenta respecto al tipo subjetivo, ya que sin duda se trata de una conducta que debe realizarse en forma dolosa es decir con intención, sin embargo esa intención de privar de la vida a una mujer debe realizarse por razones de género, es decir por desprecio, odio, el desdén por las mujeres, que debe manifestarse en la intencionalidad en la parte subjetiva, emocional del sujeto activo”. Sigue manifestando los recurrentes que de la simple lectura se observa que el Ad quem exige requisitos no legales pues se encuentran fuera de los parámetros que se establecen en el artículo 210 del Código Penal, que a su vez desarrolla los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Pará); artículo 1 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además de no tomar en consideración el artículo 210 de la normativa penal, que establece requisitos no contenidos en la ley ni en las convenciones en materia de violencia contra la mujer, por cuanto erróneamente indica de madera taxativa, los motivos de género, señalando: La doctrina científica establece que un delito se comete por razones de género cuando se dan algunas de las circunstancias a saber: a) La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; b) a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la víctima o actos de necrofilia; c) existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo en contra de la víctima; d) haya existido entre el sujeto activo y la víctima relación sentimental, afectiva o de confianza; e) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuosos, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; f) la víctima haya sido incomunicada por el agresor cualquiera sea el tiempo a la privación de la víctima y que este acto sea parte de la premeditación del agresor; g) que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar público; Que de los hechos de relato de la acusación no se extrae ninguna de las circunstancias señaladas en la doctrina científica. Cabe señalar que el Ad quem señala que su criterio tiene fundamento doctrinal sin embargo no hace referencia al origen de la misma, por lo que se desconoce si se trata de doctrina científica en base a estudios actuales que sobre el tema de muerte violenta de mujeres o femicidios han desarrollado académicos en relación a las variantes de las premisas en los que se ejecutan estas muertes, a saber femicidios en el contexto de criminalidad organizada, femicidios el contexto de la venganza, femicidios sexuales, femicidios íntimos y no íntimos etc. Por lo que considera que el Ad Quem mediante su criterio ha sustituido no solo el contenido doctrinal, sino que ha vulnerado el contenido de la norma penal vigente en nuestro país, así como la norma convencional, agregándole elementos de doctrina sin sustento”.-CONDISERANDO: (6) Que los recurrentes manifiestan que la resolución impugnada “causa agravio a la sociedad a la que representa el hecho de que se establezcan únicamente como motivos de género los números clausus que señala el Ad quem, por cuanto “muchas muertes violentas de mujeres con características relacionadas a razones de género no se abarcarían como femicidios pues no se debe olvidar que las “Razones de género” que llevan a los victimarios a acabar con la vida de las mujeres no son referencias individuales nacidas de la experiencia o psicobiografía de estos hombres, sino que son referencia comunes a la sociedad dado que algunos hombres las utilizan para elaborar una conducta criminal, pero que una gran parte de la sociedad utiliza para minimizar el uso de la violencia contra las mujeres y justificar sus resultados”. Además, impone en esa resolución requisitos que se regulaban en el artículo 118-A del Decreto 144-1983, el cual a la fecha se encuentra derogado, estos son el odio y el desprecio por la condición de mujer.”-CONSIDERANDO: (7) Que los impetrantes exponen “que como resultado de la inadecuada aplicación del artículo 192 del Código Penal Vigente y de la falta de aplicación de los artículos 208, 209, y 210, del mismo cuerpo legal, pues no se apreció en su totalidad el universo probatorio que propuso el Ministerio Público y que evacuado en audiencia inicial nos demostraron que la actuación del imputado Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, estuvo revestida de ese desdén que siente hacia las mujeres y que se imprimió en la conducta por él desarrollada, es decir el control que él tenía en ese momento le facilitó la ejecución del muerte de la ofendida y ese control y autoridad del que estaba revestido evidentemente coloca en un plano de desigualdad a la ofendida Keyla Patricia Martínez Rodríguez a saber: a) El imputado era policía activo, se encontraba de turno en las instalaciones de la Unidad metropolitana de Policía Número 10, es decir representaba la autoridad estatal en ese momento y lugar (autoridad que le faculta poder sobre los detenidos). En ese momento tenía la condición de asistente del comandante de guardia, era el “llavero”, por ende, tenía exclusividad de acceso sobre las entradas y salidas de los separos policiales, era el encargado de vigilancia de las celdas, las llaves las mantuvo todo el tiempo en su poder y solamente él podía abrir y cerrar las bartolinas, es decir que él tenía el control, de esa situación. Por otra parte la víctima se encontraba recluida en una celda a disposición de las autoridades policiales y bajo su custodia resguardo; se encontraba incomunicada al momento del hecho pues no tenía acceso a hacer una llamada telefónica, sola, ya que era la única fémina detenida, eran altas horas de la madrugada cuando las personas que allí se encontraban entre la mayoría de los detenidos y otros policías estaban dormidos, sin posibilidad alguna de obtener auxilio, el imputado tenía conocimiento puesto que antes había realizado la verificación en las celdas, se percató de la existencia de las condiciones adecuadas (vulnerabilidad de la víctima).Además el imputado tenía conocimiento que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol, pues había presenciado horas antes, el traslado que una policía femenina había hecho de la ofendida hacía los baños, así como la conducta que esta mostró en las celdas, es decir la víctima se encontraba en un estado físico alterado, condición que fue aprovechada por el encausado, pues éste con su fuerza pudo sostenerla y tapar su boca para evitar que esta gritara mientras la sostenía por un período de tiempo que fue suficiente para coartarle el oxígeno y provocar su muerte. Además, sostiene que para entender que efectivamente se cumplió con el requisito de demostrar que la muerte se produjo en el contexto de relaciones desiguales de poder…, señala a los autores Clerico y Novelli (2014) que dicen: “En este tipo de violencia a diferencia de otras formas de agresión y coerción, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer y, justamente, la posibilidad de ser objeto de violencia es lo que define el “ser” de las mujeres”. Concluyen los recurrentes que por todo ello el Ad quem ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional que establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, es decir aplicar las normas penales vigentes en el país, en este caso el capítulo de los delitos de violencia contra la mujer en consonancia con la disposición legal contenida en el artículo 210 y la convencionalidad en temas de violencia contra la mujer. Señalando que no se observa en el fallo los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, que permiten establecer el alcance verdadero del espíritu del legislador.”-CONSIDERANDO: (8) Que el Ad Quem en su resolución dejó establecido en la parte conducente del Numeral Tercero, “que de acuerdo al cuadro factico presentado por la acusación, por exigencias del principio de legalidad la adecuación de los hechos al marco jurídico regulado en la norma penal, debe ajustarse a la estructura del tipo penal o más bien que estos se encuadren a la descripción de la norma penal, por lo que el A quo tendría que hacer un análisis de los elementos de la estructura del tipo penal, bajo la premisa de que toda conducta típica debe integrarse a los dos componentes necesarios de todo comportamiento, su parte objetiva que no es más que el aspecto externo de una conducta (exigible en los delitos de resultado) y su parte subjetiva, que se haya constituida por la voluntad consciente, como el dolo, o sin conciencia suficiente de su concreta peligrosidad, como la imprudencia, según el artículo 208 del Código Penal de la República de Honduras, el Femicidio es un delito que solo lo comete el hombre, que la víctima solo puede ser la mujer, que la motivación sea la relación desigual de poder y que se base en motivos de género y la conducta sería la de quitarle la vida a la víctima mujer; “el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género”. Expone que los hechos planteados por la acusación no se ajustan o enmarcan en el tipo penal contenido en la norma de alusión, por los siguientes aspectos: a) La relación desigual de poder no resulta un tema de derecho natural, por lo que no se tiene encuenta las diferencias físicas por naturaleza entre hombre y mujer, como que generalmente el hombre tiene mayor fuerza física y que esta sea aprovechada para afectar a la mujer, sino es desde el punto de vista social la lucha que existe, por conquistar el poder de decisión en los diferentes ámbitos de la sociedad o por menguar las expectativas que tenga la mujer para alcanzar el poder decisión en todos los ámbitos de la sociedad o la posibilidad de disfrute de sus derechos humanos; b) por cuestión de género, aquí la teoría de los derechos humanos hace la distinción entre sexo y género, señalando al primero como la condición con la que se nace y el segundo el estado de cómo se siente o se identifica, es por ello que el tipo penal se quedaría corto cuando se trata de parejas del mismo sexo pero de géneros diferentes lo que trastocaría el requisito de motivo de género, respecto a este requisito la doctrina científica establece que un delito se comete por razones de género cuando se den algunas de las circunstancias a saber: a) La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; b) a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la víctima o actos de necrofilia; c) existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo en contra de la víctima; d) haya existido entre el sujeto activo y la víctima relación sentimental, afectiva o de confianza; e) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuosos, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; f) la víctima haya sido incomunicada por el agresor cualquiera sea el tiempo a la privación de la víctima y que este acto sea parte de la premeditación del agresor; g) que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar público; que de los hechos de relato de la acusación no se extrae ninguna de las circunstancias señaladas en la doctrina científica, sobre la existencia de motivos de género en la comisión o contra la víctima, siendo más propio para el delito de homicidio, que se regula en el artículo 192 del Código Penal Vigente que señala “Quien de muerte a una persona….” Siendo claro que, ante la ausencia de los motivos especiales para causar la muerte a la víctima, el encuadre típico de los hechos concuerda con la conducta descrita en la norma penal contenida en el artículo 192 antes citado.”-CONSIDERANDO (9) Que el Ad quem expone “con respecto al tema del delito de femicidio adoptado por algunas legislaciones, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, quien teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de la CEDAW en su recomendación No. 19 establece, que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada; relatando el artículo 1 de la Convención “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado, de ahí que la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha invocado la definición de violencia contra la Mujer del Comité de la CEDAW dejando claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente una violación de la convención Belem Do Pará, pues bien se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de la víctima. Por lo tanto, es preciso demostrar que se trata de actos dirigidos o planificados hacia las mujeres, que resulten agravados por su condición de tales o que afecten de manera diferente o en mayor proporción”.-CONSIDERANDO (10) Que al hablar de género se refiere al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que cada uno desempeña en la sociedad, las responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y control de los recursos. Es importante distinguir que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres. Los aspectos de género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo. Las características de género son contracciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera "masculino" o "femenino" Relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder, limitan un desarrollo equitativo, entre hombres y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia[1]. - CONSIDERANDO; (11) Que el artículo 208 del Código Penal vigente, dispone: Femicidio. “Comete el delito de Femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género”. Este delito será castigado con una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. En ese orden de ideas, luego del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala no aprecia los elementos de la tipificación legal del delito de femicidio, la muerte de la víctima no se da en el marco de las relaciones desiguales de poder entre ella y su victimario, Relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder, (tal como lo hemos expresado en el considerando que antecede) limitan un desarrollo equitativo, entre hombres y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia ello en consideración a las relaciones desiguales de poder. En ese sentido, el ente acusador no respaldó su acusación con el minimun probatorio que acredite la probabilidad de que el imputado actuó motivado por cuestiones de género basada en las relaciones desiguales de poder. Así como que no existe el mínimo indicio de discriminación del imputado hacia la víctima por el hecho de ser mujer. por lo que no se puede enmarcar la conducta del imputado en un enfoque de género.-CONSIDERANDO: (12) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[2]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.-CONSIDERANDO: (13) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley (salvo en materia penal); 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. Que dentro de la garantía constitucional del debido proceso deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….-CONSIDERANDO: (14) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. En ese orden de ideas la tutela judicial solo podrá materializarse garantizando el debido proceso, siendo necesario para ello el cumplimiento de la ley respetando sus exigencias, requisitos y formalidades, a fin de concluir el proceso en una sentencia justa dictada dentro del marco constitucional y de la ley. Derechos y garantías reconocidos en el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.-CONSIDERANDO: (15) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional, aprecia que la resolución dictada por el Ad quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los Tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado concluye que la acción de Amparo debe Denegarse. Sin embargo, el ente acusador tendrá la posibilidad en un juicio oral y público con los diferentes medios de prueba con los que cuenta y sometidos a los principios de contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales entre otros, acreditar su pretensión acusatoria en cuanto a la calificación del tipo penal de acuerdo a la Norma sustantiva. -CONSIDERANDO:(16) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna. -POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por los Abogados GERMAN REYES Y HECTOR ANTONIO CONTRERAS en su condición de representantes del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1104-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vocabulario referido a género. https://www.fao.org/3/x0220s/x0220s01.htm
[2] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Víctor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod