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Sentencia AP-1102-21 — Registro 15224

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación con relación al delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo de dos mi veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA a favor de la señora DENIA CAROLINA PINTO GUILLÉN, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021) que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, el diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra la señora DENIA CAROLINA PINTO GUILLÉN por suponerla responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente se opone al pronunciamiento emitido por la Alzada, ya que ésta confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), contra la imputada por suponerle responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO fallo que considera fue hecho con valoraciones que tanto del A-quo como del Ad-quem en sus resoluciones fueron basadas en inconsistencias de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), así como imputársele a la agraviada supuestos hechos cometidos por otros (cónyuge), y valorar un mismo medio de prueba de dos formas distintas, quebrantando los derechos que amparan el derecho de la imputada, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, limitando la libertad personal de la misma. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se impuso a confirmarla. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial se logró acreditar indicios de enriquecimiento ilícito a la imputada, según dictamen final y definitivo hecho por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en base a las pruebas documentales aportadas en el proceso, resultado del análisis patrimonial y verificación de ingresos y valores no justificados por esta, tomando en cuenta los sueldos mancomunados con su cónyuge, así como del estudio técnico de cuentas bancarias y estados financieros de activos y pasivos y gastos tomados en cuenta para la confirmación del aumento a su patrimonio superior al que hubiere podido obtener en virtud de sueldos y emolumentos que hayan percibido de manera legal por incrementos a su capital por causas efectivamente licitas, no existiendo concordancia con la declaraciones juradas ante la Dirección de Probidad administrativa, en base a lo anterior se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su convicción, así como en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento señalado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y el tipo penal en que ha podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA a favor de la señora DENIA CAROLINA PINTO GUILLÉN, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., nueve de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación de fecha tres de junio del presente año, por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA contra la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor de la señora DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veinticinco de febrero dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra la señora DENIA CAROLINA PINTO GUILLEN por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la resolución impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación de fecha tres de junio del presente año, por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA contra la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós; Y MANDA: Que en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución impugnada. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de las Resoluciones de fechas nueve de marzo y nueve de junio de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número SCO-1102-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.