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Sentencia AP-1096-21 — Registro 16240

Resumen

Resolución impugnada que confirma sobreseimiento definitivo y declara con lugar excepción por falta de acción porque la causa no puede proseguirse por estar despenalizada la causa por consumo de droga conforme al artículo 311 del nuevo Código Penal y por ende confirma el sobreseimiento definitivo,considerando la Sala Constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirma la resolución apelada, pues se desprendió que procedía la excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse, al haberse invocado el principio de retroactividad de la ley penal, ya que con la creación del nuevo Código Penal se determinó que el consumo de marihuana no representaba un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la salud pública y de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial se determinó que la cantidad de droga decomisada al imputado no causaba grave daño a la salud, no constituyendo una acción típica y antijurídica en contra de algún bien protegido, por lo que al no regularse como delito lo que concierne es declarar improcedente la acción penal instada y sobreseer definitivamente la causa, además, tampoco se aportaron otros elementos o indicios de prueba que lleven a deducir que el procesado realizara otra conducta de las que describen los verbos rectores esgrimidos en el artículo 311 del nuevo Código Penal vigente.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada GRACIELA YOLIVETH MALDONADO OLIVA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el trece de agosto de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el doce de enero de dos mil veintiuno; en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO CRUZ MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de CONSUMO DE DROGA, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, es lesiva parcialmente en cuanto a declarar con lugar la excepción por falta de acción porque la causa no puede proseguirse por estar despenalizada la causa por consumo de droga conforme al artículo 311 del nuevo Código Penal y por ende confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua a favor de CARLOS ALBERTO CRUZ MARTINEZ. Se vulnera el principio de legalidad y el debido proceso en tanto que el tipo penal contenido en el referido artículo 311 engloba una serie de conductas, entre ellas el consumo, por lo que considerar que ha sido despenalizado es sinónimo de inaplicar dicho artículo, y al haberse denegado el desarrollo del juicio se ha violentado la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad o primacía de la ley.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirma la resolución apelada, pues se desprendió que procedía la excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse, al haberse invocado el principio de retroactividad de la ley penal, ya que con la creación del nuevo Código Penal se determinó que el consumo de marihuana no representaba un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la salud pública y de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial se determinó que la cantidad de droga decomisada al imputado no causaba grave daño a la salud, no constituyendo una acción típica y antijurídica en contra de algún bien protegido, por lo que al no regularse como delito lo que concierne es declarar improcedente la acción penal instada y sobreseer definitivamente la causa, además, tampoco se aportaron otros elementos o indicios de prueba que lleven a deducir que el procesado realizara otra conducta de las que describen los verbos rectores esgrimidos en el artículo 311 del nuevo Código Penal vigente.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su inadmisibilidad, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 46 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GRACIELA YOLIVETH MALDONADO OLIVA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el trece de agosto de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1096-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL