Sentencia AP-1096-20 — Registro 18471
Resumen
Revisión por supuesto vencimiento de medida cautelar de prisión preventiva con relación a la causa instruida contra recurrente por su posible participación en el delito de Asesinato en perjuicio de ambientalista y testigos protegidos, decisión adoptada por tribunal ad-quem vulnera derecho fundamental de libertad personal a criterio de impetrante y conocida dicha acción por el pleno de la Corte Suprema de Justicia es del parecer que medida cautelar de prisión preventiva no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que dicha medida cautelar no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad. y demoras atribuibles a defensa y declarada sin lugar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Dispone el Artículo 181 del Código Procesal Penal que "la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria. la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar". En el caso que no ocupa, al momento en que el Tribunal de Sentencia revisa la medida cautelar y dicta su decisión (28 de septiembre del 2020), en el sentido que no procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía, el argumento central y valido es que el tiempo máximo de dos años no ha vencido porque a no se computan las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de 8 meses con 23 días. El mismo argumento es esgrimido por la autoridad recurrida (Ad-quem) que declara no ha lugar la apelación. Por ello, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental de libertad personal en perjuicio del señor Castillo Mejía, cuando no se identifica que prisión preventiva haya adquirido las características de pena anticipada o bien sea arbitraria o ilegal por vencimiento del plazo máximo SEGUNDO: No obstante las consideraciones procesales citadas, al tiempo presente en que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve la acción de amparo, siendo de conocimiento público que el Tribunal de Sentencia instructor, celebro juicio oral y público en la presente causa, dictando sentencia definitiva condenatoria contra el acusado por su posible participación a título de autor en el Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Por consiguiente, opera y aplica en este caso, lo dispuesto en el párrafo quinto del citado artículo 181 del CPP, que dispone: "Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida ", En definitiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por este proceso, se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 40 hasta 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
Dispone el Artículo 181 del Código Procesal Penal que "la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria. la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar". En el caso que no ocupa, al momento en que el Tribunal de Sentencia revisa la medida cautelar y dicta su decisión (28 de septiembre del 2020), en el sentido que no procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía, el argumento central y valido es que el tiempo máximo de dos años no ha vencido porque a no se computan las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de 8 meses con 23 días. El mismo argumento es esgrimido por la autoridad recurrida (Ad-quem) que declara no ha lugar la apelación. Por ello, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental de libertad personal en perjuicio del señor Castillo Mejía, cuando no se identifica que prisión preventiva haya adquirido las características de pena anticipada o bien sea arbitraria o ilegal por vencimiento del plazo máximo SEGUNDO: No obstante las consideraciones procesales citadas, al tiempo presente en que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve la acción de amparo, siendo de conocimiento público que el Tribunal de Sentencia instructor, celebro juicio oral y público en la presente causa, dictando sentencia definitiva condenatoria contra el acusado por su posible participación a título de autor en el Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Por consiguiente, opera y aplica en este caso, lo dispuesto en el párrafo quinto del citado artículo 181 del CPP, que dispone: "Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida ", En definitiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por este proceso, se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad.
Jerarquía: Reiterativa
Dispone el Artículo 181 del Código Procesal Penal que "la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria. la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar". En el caso que no ocupa, al momento en que el Tribunal de Sentencia revisa la medida cautelar y dicta su decisión (28 de septiembre del 2020), en el sentido que no procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía, el argumento central y valido es que el tiempo máximo de dos años no ha vencido porque a no se computan las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de 8 meses con 23 días. El mismo argumento es esgrimido por la autoridad recurrida (Ad-quem) que declara no ha lugar la apelación. Por ello, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental de libertad personal en perjuicio del señor Castillo Mejía, cuando no se identifica que prisión preventiva haya adquirido las características de pena anticipada o bien sea arbitraria o ilegal por vencimiento del plazo máximo SEGUNDO: No obstante las consideraciones procesales citadas, al tiempo presente en que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve la acción de amparo, siendo de conocimiento público que el Tribunal de Sentencia instructor, celebro juicio oral y público en la presente causa, dictando sentencia definitiva condenatoria contra el acusado por su posible participación a título de autor en el Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Por consiguiente, opera y aplica en este caso, lo dispuesto en el párrafo quinto del citado artículo 181 del CPP, que dispone: "Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida ", En definitiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por este proceso, se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad.
Jerarquía: Reiterativa
Dispone el Artículo 181 del Código Procesal Penal que "la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria. la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar". En el caso que no ocupa, al momento en que el Tribunal de Sentencia revisa la medida cautelar y dicta su decisión (28 de septiembre del 2020), en el sentido que no procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía, el argumento central y valido es que el tiempo máximo de dos años no ha vencido porque a no se computan las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de 8 meses con 23 días. El mismo argumento es esgrimido por la autoridad recurrida (Ad-quem) que declara no ha lugar la apelación. Por ello, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental de libertad personal en perjuicio del señor Castillo Mejía, cuando no se identifica que prisión preventiva haya adquirido las características de pena anticipada o bien sea arbitraria o ilegal por vencimiento del plazo máximo SEGUNDO: No obstante las consideraciones procesales citadas, al tiempo presente en que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve la acción de amparo, siendo de conocimiento público que el Tribunal de Sentencia instructor, celebro juicio oral y público en la presente causa, dictando sentencia definitiva condenatoria contra el acusado por su posible participación a título de autor en el Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Por consiguiente, opera y aplica en este caso, lo dispuesto en el párrafo quinto del citado artículo 181 del CPP, que dispone: "Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida ", En definitiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por este proceso, se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el fallo recaído en el Recurso de Amparo Penal con Registro N.º SCO-1096-2020, que literalmente dice: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados y Magistradas: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, Magistrado Presidente; REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y como Magistrados Integrantes: GARIN ENOC URQUÍA CASTRO, EDIN YOBANY DE LA O RAMOS, RUBÉN RIVERA FLORES, DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, ROXANA LICETH MORALES TORO, BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la acción de amparo interpuesta por los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez Reyes a favor del señor Roberto David Castillo Mejía, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha ocho de octubre del año dos mil veinte que declaro NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Roberto David Castillo Mejía por su posible participación en el delito de Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores y los testigos protegidos ABC-03-03-2016, al estimar los recuentes en amparo que con el acto reclamado se han violado en perjuicio del señor Castillo Mejía el derecho consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES PROCESALES: PRIMERO: Con fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo y resolviendo un recurso de apelación confirmó la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, que en audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, declaró sin lugar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía bajo el criterio que la medida no se encontraba vencida en su plaza máximo de dos años, por no computarse, dentro aquel plazo, las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de ocho meses con 23 días, El tribunal Ad-quem declara NO HA LUGAR la apelación bajo el mismo criterio del tribunal sentenciador, agregando, además que habiendo dado inicio el juicio oral y público no procede la modificación de la medida restrictiva de la libertad personal. SEGUNDO: Contra la resolución anterior, la defensa del señor Roberto David Castillo Mejía interpuso en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, acción de amparo, afirmando que la decisión adoptada por el tribunal ad-quem vulneraba el derecho fundamental de libertad personal del señor Castillo Mejía, consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la Republica. TERCERO: En fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dicto sentencia de amparo. Por mayoría de votos, falló, denegando el recurso de amparo, bajo el criterio, que en este caso de manera aparente ha vencido la prisión preventiva, no obstante, es meritorio destacar lo prescrito en el párrafo sexto del artículo 181 del CPP "Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar", por lo tanto, se desprende que en la causa existieron varias reprogramaciones de audiencia preliminar, sin embargo para efectos de computarizar el vencimiento de la prisión preventiva se resalta que en a la audiencia preliminar reanudada el diez de octubre del año dos mil diecinueve, la defensa del acusado planteo nulidad de actuaciones que fue declarada sin lugar, interponiendo reposición y subsidiariamente apelación, admitiéndose a trámite en ambos efectos enviándose sus incidencias a la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán el trece de noviembre del dos mil diecinueve, siendo declarado sin lugar el día veinte del mismo mes y año, devolviendo los antecedentes al juzgado de primera instancia el seis de agosto de dos mil veinte y terminándose de llevar a cabo la audiencia preliminar el veintiuno de agosto del año dos mil veinte. El tiempo trascurrido por la interposición del recurso de apelación suman ocho meses con veintitrés días imputables a retrasos de la defensa, por lo que se concluye que la prisión preventiva no está vencida al deducirle al plazo máximo de dos años el tiempo computado de retrasos, por ende no se ha vulnerado los derecho alegados, pues la garantía del debido proceso, no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parecen entenderlo los recurrente, sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces a la administración pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Al no existir unanimidad de votos, ordenó remitir los antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para seguirse el trámite legalmente previsto, FUNDAMENTACION JURIDICA PRIMERO: Dispone el Artículo 181 del Código Procesal Penal que "la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria. la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar". En el caso que no ocupa, al momento en que el Tribunal de Sentencia revisa la medida cautelar y dicta su decisión (28 de septiembre del 2020), en el sentido que no procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía, el argumento central y valido es que el tiempo máximo de dos años no ha vencido porque a no se computan las demoras producidas por gestiones de la defensa que fueron declaradas sin lugar, estableciendo que tales demoras efectivamente produjeron un retraso al proceso de 8 meses con 23 días. El mismo argumento es esgrimido por la autoridad recurrida (Ad-quem) que declara no ha lugar la apelación. Por ello, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental de libertad personal en perjuicio del señor Castillo Mejía, cuando no se identifica que prisión preventiva haya adquirido las características de pena anticipada o bien sea arbitraria o ilegal por vencimiento del plazo máximo SEGUNDO: No obstante las consideraciones procesales citadas, al tiempo presente en que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve la acción de amparo, siendo de conocimiento público que el Tribunal de Sentencia instructor, celebro juicio oral y público en la presente causa, dictando sentencia definitiva condenatoria contra el acusado por su posible participación a título de autor en el Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Por consiguiente, opera y aplica en este caso, lo dispuesto en el párrafo quinto del citado artículo 181 del CPP, que dispone: "Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida ", En definitiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por eses del parecer que, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su oportunidad contra el señor Roberto David Castillo Mejía, en el proceso seguido en su contra por el posible delito de Asesinato en el grado de participación de autor en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres Flores, no es ilegal ni arbitraria al no constatarse que, por este proceso, se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 182,303, 304, 313 numerales 5 de la Constitución de la República, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a garantías judiciales, 41 al 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 181 del Código Procesal Penal RESUELVE: PRIMERO: Deniega el recurso de amparo de que se ha hecho merito SEGUNDO: Contra esta sentencia no procede recurso alguno. Y MANDA: Que se notifique a las partes lo resuelto. Se devuelva la pieza de autos al tribunal de su procedencia con la certificación de esta resolución, para los fines legales consiguientes resolviendo lo que corresponde. Redacto el Magistrado Integrante DE LA O RAMOS. NOTIFIQUESE. FIRMA y SELLO.- ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, Magistrado Presidente. FIRMAS. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, Magistrado. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, Magistrado. WILFREDO MENDEZ ROMERO, Magistrado. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado. MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA, Magistrada. GARIN ENOC URQUÍA CASTRO, Magistrado Integrante. EDIN YOBANY DE LA O RAMOS, Magistrado Integrante. RUBÉN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante. DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, Magistrada Integrante. ROXANA LICETH MORALES TORO, Magistrada Integrante. BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO, Magistrada Integrante. LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, Magistrada Integrante. CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante. FIRMA y SELLO. REINA MARIA LÓPEZ CRUZ, Secretaria General. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024), certificación del fallo de fecha quince (15) de noviembre del dos mil veintidós (2022), recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número SCO-1096-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL