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Sentencia AP-1021-22 — Registro 15881

Resumen

Otorgamiento acción de amparo en consulta en relación a orden de desalojo emitida en la causa instruida contra supuestas agraviadas y otros por suponerlas responsables del delito de Usurpación,argumentando no han sido requeridas por dicho delito por lo tanto orden de desalojo emitida no cumple los requerimiento legales contra estas al no tener las mismas la condición de imputadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6) Que del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que el recurrente ha venido en amparo contra una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la Republica, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo impetrado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022), que otorgó el recurso presentado por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, a favor señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la causa instruida contra las Señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS, MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS y OTROS por suponerlas responsables del delito de USURPACION en perjuicio de ELDA MARGARITA PRIETO MORENO. Estimando la recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 80, 82, 90 Y 110 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada MIRNA ANGELICA ALACHAN MARTINEZ en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS Y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de la Ciudadana ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA. (Folios 01–63 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha uno (01) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado antes citado, en la celebración de Audiencia Inicial, en la cual Decretó: (SIC): “PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputados OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA NORMA XIOMARA REYES AYALA por el delito de USURPACION en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA. SEGUNDO: Se ordena el desalojo de la propiedad usurpada e inscrita en el Tomo No.2385 del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el asiento No.94, la cual se encuentra ubicada en la colonia Jardines del Campo, zona urbana, Jurisdicción del Departamento de Cortés, Municipio de Choloma, consistente en 12 hectáreas y 2983.32 metros cuadrados, equivalentes a diecisiete manzanas y 6390.04 varas cuadradas, conforme escritura pública propiedad de la señora Elda Margarita Prieto Moreira. Para su ejecución se nombra al Juez Seccional de Choloma, departamento de Cortes, quien deberá de personarse en el lugar de los hechos y dará un término de treinta días a partir de la notificación a efectos que los usurpadores procedan a desalojar de manera pacífica, llevando así todas sus pertenencias personales consigo, debiendo de hacerle la advertencia al Ejecutor de concluido dicho termina se procederá al desalojo forzoso, en aras del derecho a la propiedad que ha sido plenamente acreditado en este proceso. Para tal efecto líbrese comunicación al órgano jurisdiccional ya indicado, quien se deberá de auxiliarse de la Fuerza Pública, Comisionado de Derechos Humanos, a tal efecto deberá de libras oficios meritorios. TERCERO: Ratificar la medida cautelar sustitutiva impuesta a los referidos imputados en Audiencia de Declaración de Imputado, consistente ésta en su presentación una vez al mes a la secretaría de este juzgado y Juzgado de Paz de Choloma respectivamente. CUARTO: Se declara sin lugar la excepción planteada por la defensa como el sobreseimiento definitivo solicitado, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. (Folios 131–134 de la pieza del A-Quo). 3) Que el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, compareció en fecha trece de enero del dos mil veintiuno ante la ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, interpone recurso de amparo a favor señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, contra la resolución de que se hace relación en el numeral anterior; en consecuencia, en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022), la citada Corte de Apelaciones Falló: (SIC): “OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, a favor de las señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS contra LA RESOLUCION DE FECHA UNO (01) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL.” (Folios 01–04 y 24-29 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Consulta la sentencia de fecha veintitres de junio del año dos mil veintidós, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NAIN PAZ SERRANO, a favor de las señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha uno de noviembre del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR ARMANDO PORTILLO y NORMA XIOMARA REYES AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de ELDA MARGARITA PRIETO. CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en su resolución lo siguiente: “Que esta Corte aprecia que según el requerimiento fiscal este fue presentado contra los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZRTO MEJÍA, DIGNA BAUSTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJÍA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS Y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la ciudadana ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA, es evidente que no aparecen designados como imputadas las señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, en tal sentido, estima esta Corte, que la ejecución del desalojo ordenado en autos de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis y diecisiete de enero de dos mil dieciocho, actuación contra la cual se recurre en amparo, vulnera sin lugar a dudas la garantía genérica del debido proceso que lleva implícito, entre otros el derecho de defensa por cuanto no es posible, sin vulnerarlo, llevar a ejecución una orden de desalojo contra personas que aún no han sido oídas previamente como consecuencia de estar en condición de imputados. En congruencia con lo anterior, la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de fecha treinta de julio de dos mil trece, en la causa APC 557-12, específicamente en el considerando cinco, establece lo siguiente: “CONSIDERANDO 5:…en el proceso penal, en sentido material, parte solo es el inculpado, el sospechoso de haber cometido el delito y a efectos legales, es imputado formalmente y en razón de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Penal, quien, en virtud de Querella o por Requerimiento Fiscal es considerado responsable de haber participado en la comisión de un delito. Es así que surge de esta norma, la obligación del ente acusador de identificar plenamente al momento de instar la acción penal a la o las personas inculpadas, de forma tal que no haya lugar a deducciones de quienes pueden ser las personas contra quien se ha comenzado la persecución penal, sino que el señalamiento de limite a personas determinadas que surjan como sospechosas a raíz de la investigación seria y formal realizada; y, a su vez, surgen una serie de derechos para las personas imputadas; ya que siendo objeto de proceso, todas las decisiones que se tomen por los Órganos Jurisdiccionales deben serles no solo comunicados, sino que de ser posible, contando con su presencia y participación, a efecto de que el Principio de Contradicción que caracteriza el proceso penal y el Derecho Constitucional de Defensa, contemplado en el artículo 82 de la Carta Magna, entre otros principios y derechos igualmente importantes e imprescindibles, garanticen la transparencia en el ejercicio estatal del ius puniendi…”. Es por ello que este Tribunal Ad Quem estima que, en el presente caso, es de aplicación el razonamiento emitido por la Sala de lo Constitucional, en el sentido de que los señores BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ Y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, no han tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y los otros derechos que emanan de este derecho fundamental, como lo es el debido proceso, presentar pruebas, contradicción y la posibilidad de recurrir.” CONSIDERANDO: (5) Que el Ad Quem sigue exponiendo: “Que es procedente, OTORGAR la acción interpuesta, en consecuencia, el Juez de la causa debe dejar sin lugar ni efecto el desalojo ordenado con respecto las señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ Y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS, debiendo identificar plenamente a las personas que deben ser desalojadas como consecuencia del proceso penal interpuesto por el Ministerio Público por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO”. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de la sentencia venida en Consulta esta Sala observa que el recurrente ha venido en amparo contra una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente, en el que sus representados no han sido señalados ni tienen la condición de imputados según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Adjetiva que señala: ”Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención, o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la Republica, los tratados internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.” Siguiendo ese orden de ideas esta Sala estima que el desalojo decretado por el A Quo y la forma en que ha de efectuarse no es vinculante a los representados del impetrante, por no tener estos la condición de imputados como claramente lo estipula la norma antes citada, debiendo de practicarse el mismo contra aquellas personas que figuran en el requerimiento fiscal y comparecieron a los demás actos que componen la etapa preparatoria del proceso (audiencia inicial). Por consiguiente, los motivos invocados por los impetrantes para recurrir en amparo Son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y demás garantías invocadas. El fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de amparo impetrado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 50, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 14 Y 101 del Código Procesal Penal. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NAIN PAZ SERRANO, a favor de las señoras BLANCA MARGARITA CASTELLANOS MUÑOZ Y MARIA MAGDALENA QUINTANILLA TURCIOS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1021-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL