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Sentencia AP-1010-14 — Registro 15760

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar Recurso de Apelación y Confirmó fallo impugnado dictado por Juzgado de primera instancia que declaró con lugar solicitud de privación definitiva del dominio de bienes de imputados fallecidos; La Autoridad recurrida determinó que las partes procesales hicieron valer sus pretensiones y medios de prueba; Además, motivó su resolución en la sentencia de Recurso de Inconstitucionalidad RI-706-11 referente a que el Decreto 27-2010 sobre Privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito no vulnera directamente artículos 82 y 94 constitucionales, según pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que forman parte del Derecho Interno, analiza la acción interpuesta en su conjunto, siendo su naturaleza penal, se estudia desde la perspectiva jurídica de los principios, derechos y garantías que conforman el derecho penal adjetivo. El origen de la controversia es la solicitud de Privación Definitiva de Dominio de Bienes, presentada por el Ministerio Público, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil once, sobre los bienes que poseía el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, para tal efecto se destacan los siguientes aspectos: a) El señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, de acuerdo a las certificaciones de defunción que obran en la primera pieza a folios ciento once y ciento doce (F. 111 y 112 primera pieza), fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004). b) Se presentó solicitud de extinción de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. B) Con la desaparición física de los señores mencionados los bienes que hubieren tenido en vida pasan a formar parte de la masa hereditaria de la que podrán declarase herederos a quienes corresponda. c) Que habiendo desaparecido físicamente los señores EDWIN EDIL REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, no pueden realizar acciones, actos o contratos de ninguna clase. d) No podrán realizarse acciones de persecución penal contra tales personas (porque no existen). Así terminada la existencia física de las personas referidas, lo suceden sus herederos, a quienes pasa la propiedad de los bienes del causante..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010, en aplicación de la misma, el Ente Acusador ha solicitado al órgano jurisdiccional competente se Decrete la Privación del Derecho de Dominio de los Bienes que poseía y estaban inscritos a favor de los señores: EDWIN EDELVI REYEYS PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, así mismo solicita la Transferencia de éste Derecho a favor del Estado. El Ministerio Público justifica jurídicamente su petición en base al artículo 11 numeral: 1 y 3, de la referida ley, que por su orden disponen “Cuando se trate de bienes producto, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen”. En virtud de tratarse de bienes que no tienen causa o justificación legal de su procedencia; numeral 3) “Cuando los bienes, productos, instrumentos, ganancias de que se trate provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas indistintamente si estás, se han realizado en el territorio de la República de Honduras o en el Extranjero”, en virtud de que los bienes muebles e inmuebles y cantidades de dinero, constituye bienes que provienen directamente o indirectamente de la comisión de actividades ilícitas, lo que considera acreditado con la ausencia de origen legal del dinero cuya privación del dominio se solicita..."..."el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal..."..."Como afirma Cuello Calón: «Las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena. Las causas de extinción de la responsabilidad penal sobrevienen no sólo después de delito sino aún después que la justicia ha comenzado su persecución y, en ciertos casos, con posterioridad a la sentencia condenatoria”[3]. Sin embargo este limite al poder punitivo del Estado en la causa en estudio no se configura en virtud de que si bien es cierto la muerte del reo es causa de Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos, según el artículo 69 del Código Penal Vigente, de su lectura se desprende que para tal efecto es necesario que haya muerto “EL REO”, del estudio de los antecedentes se aprecia que los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ en ningún momento tuvieron la calidad de procesados o reos, puesto que durante su existencia física, no fueron sometidos a investigación y menos a proceso penal alguno, sino que tal circunstancia concurre siete años después de su muerte. (El sub. rayado es nuestro)..."..."el acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución[10]. La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”[11]. Evidentemente que el acceso a la justicia solo podrán tenerlo las personas, es decir, los seres humanos, a las que no pertenecen los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, precisamente por su desaparición física..."..."esta Sala analizados los antecedentes con la normativa interna e internacional de derechos humanos debe establecer, si efectivamente han sido quebrantados los derechos invocados por el recurrente. En cuanto al derecho de acceso a la justicia que el recurrente considera violentado; de acuerdo al ordenamiento jurídico el Estado debe garantizar a toda persona, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y oportunidades procesales; en el caso sub. judice la existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. En ese contexto es evidente que el señor Reyes Puerto y la señora Ponce Hernández, ya no existen como seres humanos, por ende no existe la más mínima posibilidad de que hayan tenido conocimiento de los hechos que provocan la petición del Ministerio Público, noticias y/o conocimiento del proceso sus etapas, y cada uno de sus actos, menos la existencia del plazo razonable, un juez o tribunal competente, que tengan las mismas oportunidades procesales, ofrecer y producir pruebas, es imposible que una persona fallecida asegure su participación activa en el proceso, no existe la posibilidad de que los fallecidos tengan oportunidad para hacer uso de su Derecho a la Defensa ni hacer uso de los recursos que les franquea la ley, y esto es así porque no existen, porque cuando la persona muere ha cesado toda actividad física y cerebral , es decir el cese completo e irreversible como seres humanos. Todos los derechos mencionados están regulados en el artículo 8 No. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas se aprecia que es absolutamente imposible el acceso a la justicia por parte del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010. La existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio el días veinticinco de mayo del año dos mil once, siete (7) años después de fallecidos, invocando la referida Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio, misma que no existía durante la vida de los fallecidos, su eficacia es a partir de su publicación siete años después de su muerte. Por todo ello la prohibición de retroactividad de la ley penal se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites a la intervención penal del Estado[14], los ciudadanos solo podrán guiar su comportamiento conforme a las leyes vigentes, y por lo tanto que pueden conocerse, en el momento de actuar, para hacer efectivo el principio de legalidad penal, inherente al debido proceso o nullum crimen, nullum poena sine lege. En su sentido mas inclusivo el principio incorpora: 1) el concepto de la irretroactividad (nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia); 2) La prohibición de la analogía (nullum crimen nulla poena sine lege strictas); 3) El principio de la máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y 4) El principio de Reserva de Ley (nullum crimen, nulla poena, sine lege scrpta)[15], su inobservancia tiene como consecuencia el quebrantamiento del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la tutela judicial efectiva..."..."de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, se aprecia que ciertamente, se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente, el Ad-Quem al examinar el proceso sometido a su consideración, no realizó el análisis de constitucionalidad, y convencionalidad, dejando de aplicar de manera arbitraria la normativa interna y la convencional. En ese orden de ideas se han quebrantado los derechos invocados por el impetrante, desde el momento en que se pretende la privación de bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004) y es hasta siete años después cuando se publica en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239, el día 16 de junio del año 2010 la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, creada mediante Decreto Legislativo 27-2010. Quebrantando de esta manera el principio de No Retroactividad de la Ley Penal, cuando se aplica una ley que no estaba en vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos, todo ello permite la vulneración de los derechos invocados por el impetrante. Por lo que procede conforme a derecho declarar con lugar la acción de amparo..."..."como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que forman parte del Derecho Interno, analiza la acción interpuesta en su conjunto, siendo su naturaleza penal, se estudia desde la perspectiva jurídica de los principios, derechos y garantías que conforman el derecho penal adjetivo. El origen de la controversia es la solicitud de Privación Definitiva de Dominio de Bienes, presentada por el Ministerio Público, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil once, sobre los bienes que poseía el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, para tal efecto se destacan los siguientes aspectos: a) El señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, de acuerdo a las certificaciones de defunción que obran en la primera pieza a folios ciento once y ciento doce (F. 111 y 112 primera pieza), fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004). b) Se presentó solicitud de extinción de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. B) Con la desaparición física de los señores mencionados los bienes que hubieren tenido en vida pasan a formar parte de la masa hereditaria de la que podrán declarase herederos a quienes corresponda. c) Que habiendo desaparecido físicamente los señores EDWIN EDIL REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, no pueden realizar acciones, actos o contratos de ninguna clase. d) No podrán realizarse acciones de persecución penal contra tales personas (porque no existen). Así terminada la existencia física de las personas referidas, lo suceden sus herederos, a quienes pasa la propiedad de los bienes del causante..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010, en aplicación de la misma, el Ente Acusador ha solicitado al órgano jurisdiccional competente se Decrete la Privación del Derecho de Dominio de los Bienes que poseía y estaban inscritos a favor de los señores: EDWIN EDELVI REYEYS PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, así mismo solicita la Transferencia de éste Derecho a favor del Estado. El Ministerio Público justifica jurídicamente su petición en base al artículo 11 numeral: 1 y 3, de la referida ley, que por su orden disponen “Cuando se trate de bienes producto, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen”. En virtud de tratarse de bienes que no tienen causa o justificación legal de su procedencia; numeral 3) “Cuando los bienes, productos, instrumentos, ganancias de que se trate provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas indistintamente si estás, se han realizado en el territorio de la República de Honduras o en el Extranjero”, en virtud de que los bienes muebles e inmuebles y cantidades de dinero, constituye bienes que provienen directamente o indirectamente de la comisión de actividades ilícitas, lo que considera acreditado con la ausencia de origen legal del dinero cuya privación del dominio se solicita..."..."el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal..."..."Como afirma Cuello Calón: «Las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena. Las causas de extinción de la responsabilidad penal sobrevienen no sólo después de delito sino aún después que la justicia ha comenzado su persecución y, en ciertos casos, con posterioridad a la sentencia condenatoria”[3]. Sin embargo este limite al poder punitivo del Estado en la causa en estudio no se configura en virtud de que si bien es cierto la muerte del reo es causa de Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos, según el artículo 69 del Código Penal Vigente, de su lectura se desprende que para tal efecto es necesario que haya muerto “EL REO”, del estudio de los antecedentes se aprecia que los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ en ningún momento tuvieron la calidad de procesados o reos, puesto que durante su existencia física, no fueron sometidos a investigación y menos a proceso penal alguno, sino que tal circunstancia concurre siete años después de su muerte. (El sub. rayado es nuestro)..."..."el acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución[10]. La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”[11]. Evidentemente que el acceso a la justicia solo podrán tenerlo las personas, es decir, los seres humanos, a las que no pertenecen los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, precisamente por su desaparición física..."..."esta Sala analizados los antecedentes con la normativa interna e internacional de derechos humanos debe establecer, si efectivamente han sido quebrantados los derechos invocados por el recurrente. En cuanto al derecho de acceso a la justicia que el recurrente considera violentado; de acuerdo al ordenamiento jurídico el Estado debe garantizar a toda persona, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y oportunidades procesales; en el caso sub. judice la existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. En ese contexto es evidente que el señor Reyes Puerto y la señora Ponce Hernández, ya no existen como seres humanos, por ende no existe la más mínima posibilidad de que hayan tenido conocimiento de los hechos que provocan la petición del Ministerio Público, noticias y/o conocimiento del proceso sus etapas, y cada uno de sus actos, menos la existencia del plazo razonable, un juez o tribunal competente, que tengan las mismas oportunidades procesales, ofrecer y producir pruebas, es imposible que una persona fallecida asegure su participación activa en el proceso, no existe la posibilidad de que los fallecidos tengan oportunidad para hacer uso de su Derecho a la Defensa ni hacer uso de los recursos que les franquea la ley, y esto es así porque no existen, porque cuando la persona muere ha cesado toda actividad física y cerebral , es decir el cese completo e irreversible como seres humanos. Todos los derechos mencionados están regulados en el artículo 8 No. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas se aprecia que es absolutamente imposible el acceso a la justicia por parte del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010. La existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio el días veinticinco de mayo del año dos mil once, siete (7) años después de fallecidos, invocando la referida Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio, misma que no existía durante la vida de los fallecidos, su eficacia es a partir de su publicación siete años después de su muerte. Por todo ello la prohibición de retroactividad de la ley penal se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites a la intervención penal del Estado[14], los ciudadanos solo podrán guiar su comportamiento conforme a las leyes vigentes, y por lo tanto que pueden conocerse, en el momento de actuar, para hacer efectivo el principio de legalidad penal, inherente al debido proceso o nullum crimen, nullum poena sine lege. En su sentido mas inclusivo el principio incorpora: 1) el concepto de la irretroactividad (nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia); 2) La prohibición de la analogía (nullum crimen nulla poena sine lege strictas); 3) El principio de la máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y 4) El principio de Reserva de Ley (nullum crimen, nulla poena, sine lege scrpta)[15], su inobservancia tiene como consecuencia el quebrantamiento del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la tutela judicial efectiva..."..."de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, se aprecia que ciertamente, se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente, el Ad-Quem al examinar el proceso sometido a su consideración, no realizó el análisis de constitucionalidad, y convencionalidad, dejando de aplicar de manera arbitraria la normativa interna y la convencional. En ese orden de ideas se han quebrantado los derechos invocados por el impetrante, desde el momento en que se pretende la privación de bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004) y es hasta siete años después cuando se publica en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239, el día 16 de junio del año 2010 la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, creada mediante Decreto Legislativo 27-2010. Quebrantando de esta manera el principio de No Retroactividad de la Ley Penal, cuando se aplica una ley que no estaba en vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos, todo ello permite la vulneración de los derechos invocados por el impetrante. Por lo que procede conforme a derecho declarar con lugar la acción de amparo..."..."como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que forman parte del Derecho Interno, analiza la acción interpuesta en su conjunto, siendo su naturaleza penal, se estudia desde la perspectiva jurídica de los principios, derechos y garantías que conforman el derecho penal adjetivo. El origen de la controversia es la solicitud de Privación Definitiva de Dominio de Bienes, presentada por el Ministerio Público, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil once, sobre los bienes que poseía el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, para tal efecto se destacan los siguientes aspectos: a) El señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, de acuerdo a las certificaciones de defunción que obran en la primera pieza a folios ciento once y ciento doce (F. 111 y 112 primera pieza), fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004). b) Se presentó solicitud de extinción de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. B) Con la desaparición física de los señores mencionados los bienes que hubieren tenido en vida pasan a formar parte de la masa hereditaria de la que podrán declarase herederos a quienes corresponda. c) Que habiendo desaparecido físicamente los señores EDWIN EDIL REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, no pueden realizar acciones, actos o contratos de ninguna clase. d) No podrán realizarse acciones de persecución penal contra tales personas (porque no existen). Así terminada la existencia física de las personas referidas, lo suceden sus herederos, a quienes pasa la propiedad de los bienes del causante..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010, en aplicación de la misma, el Ente Acusador ha solicitado al órgano jurisdiccional competente se Decrete la Privación del Derecho de Dominio de los Bienes que poseía y estaban inscritos a favor de los señores: EDWIN EDELVI REYEYS PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, así mismo solicita la Transferencia de éste Derecho a favor del Estado. El Ministerio Público justifica jurídicamente su petición en base al artículo 11 numeral: 1 y 3, de la referida ley, que por su orden disponen “Cuando se trate de bienes producto, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen”. En virtud de tratarse de bienes que no tienen causa o justificación legal de su procedencia; numeral 3) “Cuando los bienes, productos, instrumentos, ganancias de que se trate provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas indistintamente si estás, se han realizado en el territorio de la República de Honduras o en el Extranjero”, en virtud de que los bienes muebles e inmuebles y cantidades de dinero, constituye bienes que provienen directamente o indirectamente de la comisión de actividades ilícitas, lo que considera acreditado con la ausencia de origen legal del dinero cuya privación del dominio se solicita..."..."el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal..."..."Como afirma Cuello Calón: «Las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena. Las causas de extinción de la responsabilidad penal sobrevienen no sólo después de delito sino aún después que la justicia ha comenzado su persecución y, en ciertos casos, con posterioridad a la sentencia condenatoria”[3]. Sin embargo este limite al poder punitivo del Estado en la causa en estudio no se configura en virtud de que si bien es cierto la muerte del reo es causa de Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos, según el artículo 69 del Código Penal Vigente, de su lectura se desprende que para tal efecto es necesario que haya muerto “EL REO”, del estudio de los antecedentes se aprecia que los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ en ningún momento tuvieron la calidad de procesados o reos, puesto que durante su existencia física, no fueron sometidos a investigación y menos a proceso penal alguno, sino que tal circunstancia concurre siete años después de su muerte. (El sub. rayado es nuestro)..."..."el acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución[10]. La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”[11]. Evidentemente que el acceso a la justicia solo podrán tenerlo las personas, es decir, los seres humanos, a las que no pertenecen los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, precisamente por su desaparición física..."..."esta Sala analizados los antecedentes con la normativa interna e internacional de derechos humanos debe establecer, si efectivamente han sido quebrantados los derechos invocados por el recurrente. En cuanto al derecho de acceso a la justicia que el recurrente considera violentado; de acuerdo al ordenamiento jurídico el Estado debe garantizar a toda persona, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y oportunidades procesales; en el caso sub. judice la existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. En ese contexto es evidente que el señor Reyes Puerto y la señora Ponce Hernández, ya no existen como seres humanos, por ende no existe la más mínima posibilidad de que hayan tenido conocimiento de los hechos que provocan la petición del Ministerio Público, noticias y/o conocimiento del proceso sus etapas, y cada uno de sus actos, menos la existencia del plazo razonable, un juez o tribunal competente, que tengan las mismas oportunidades procesales, ofrecer y producir pruebas, es imposible que una persona fallecida asegure su participación activa en el proceso, no existe la posibilidad de que los fallecidos tengan oportunidad para hacer uso de su Derecho a la Defensa ni hacer uso de los recursos que les franquea la ley, y esto es así porque no existen, porque cuando la persona muere ha cesado toda actividad física y cerebral , es decir el cese completo e irreversible como seres humanos. Todos los derechos mencionados están regulados en el artículo 8 No. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas se aprecia que es absolutamente imposible el acceso a la justicia por parte del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ..."..."la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010. La existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio el días veinticinco de mayo del año dos mil once, siete (7) años después de fallecidos, invocando la referida Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio, misma que no existía durante la vida de los fallecidos, su eficacia es a partir de su publicación siete años después de su muerte. Por todo ello la prohibición de retroactividad de la ley penal se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites a la intervención penal del Estado[14], los ciudadanos solo podrán guiar su comportamiento conforme a las leyes vigentes, y por lo tanto que pueden conocerse, en el momento de actuar, para hacer efectivo el principio de legalidad penal, inherente al debido proceso o nullum crimen, nullum poena sine lege. En su sentido mas inclusivo el principio incorpora: 1) el concepto de la irretroactividad (nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia); 2) La prohibición de la analogía (nullum crimen nulla poena sine lege strictas); 3) El principio de la máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y 4) El principio de Reserva de Ley (nullum crimen, nulla poena, sine lege scrpta)[15], su inobservancia tiene como consecuencia el quebrantamiento del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la tutela judicial efectiva..."..."de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, se aprecia que ciertamente, se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente, el Ad-Quem al examinar el proceso sometido a su consideración, no realizó el análisis de constitucionalidad, y convencionalidad, dejando de aplicar de manera arbitraria la normativa interna y la convencional. En ese orden de ideas se han quebrantado los derechos invocados por el impetrante, desde el momento en que se pretende la privación de bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004) y es hasta siete años después cuando se publica en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239, el día 16 de junio del año 2010 la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, creada mediante Decreto Legislativo 27-2010. Quebrantando de esta manera el principio de No Retroactividad de la Ley Penal, cuando se aplica una ley que no estaba en vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos, todo ello permite la vulneración de los derechos invocados por el impetrante. Por lo que procede conforme a derecho declarar con lugar la acción de amparo..."..."como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Trece de septiembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROBERTO ARMANDO ROMERO BANEGAS, a favor del señor CHRISTOPHER REYES GOMEZ y ANA MARÍA HERNANDEZ CAMBAR, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, que recayó en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha catorce de abril de dos mil catorce, por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, con relación a la solicitud de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito de los señores EDWIN EDELVIR REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ por suponer que sus bienes tienen una procedencia ilícita y que están ligados directamente al narcotráfico. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veinticinco de mayo del año dos mil once, la Abogada OLGA DAMARIS HERNÁNDEZ MARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, presentando solicitud de privación de dominio de bienes de origen ilícito contra los Señores EDWIN EDELVIR REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ (fallecidos)por suponer que los bienes adquiridos por éstos provienen directamente de actividades ilícitas como ser el narcotráfico y lavado de activos.- En consecuencia en fecha diez de diciembre de dos mil trece, en audiencia de lectura de resolución, resolvió CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Público. (Folios 01 al 14 y 331 al 334 de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, dictó Sentencia Definitiva en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, en la cual resolvió entre otras consideraciones lo siguiente: “ A)- CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Público declarando procedente la privación del dominio de los bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ ….-” (Folios trescientos cuarenta (F-340) al trescientos cuarenta y ocho (F-348) de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA en condición de representante procesal de los señores CHRISTOPHER REYES GÓMEZ Y ANA MARÍA HERNÁNDEZ herederos Ab intestatos de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, contra la resolución relacionada en el numeral anterior la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “DECLARAR DE OFICIO NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA dictada por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con fecha nueve de enero del año dos mil catorce.-” (Folios trescientos noventa y tres (F-393) al trescientos noventa y nueve (F-399) de los antecedentes).-4) Que en cumplimiento de lo señalado en el antecedente que precede, el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, dicto Sentencia Definitiva en fecha catorce de abril del año dos mil catorce, en la cual resolvió entre otras consideraciones lo siguiente: “ A)- CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Público declarando procedente la privación del dominio de los bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ CONCISTENTES: PRIMERO: …. SEGUNDO: …. TERCERO: … B) Se decreta el comiso de los bienes antes descrito C) Se decreta la nulidad de los títulos con que ostentaban la propiedad sobre los mismos los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO y NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ debiéndose emitir un nuevo título a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. D) Se ordena a Oficina Administradora de Bienes Incautados proceda a realizar la asignación correspondiente a lo estipulado en el artículo 78 de la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito. Artículos 90, 303, 304, 305 de la Constitución de la República; 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2 literal e, 7 y 12 de La Convención De Las Naciones Unidas Contra El Crimen Organizado Trasnacional; 1, 2, 3, 6, 8, 11 numerales 1 y 3; 62, 65, 70, 78, 80 de La Ley Sobre Privación Definitiva De Bienes De Origen Ilícito.-” (Folios cuatrocientos diez (F-410) al cuatrocientos veinte (F-420) de los antecedentes).-5) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado ROBERTO ARMANDO ROMERO BANEGAS en condición de representante procesal de los señores CHRISTOPHER REYES GÓMEZ Y ANA MARÍA HERNÁNDEZ CAMBAR, contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán Con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes De Origen Ilícito, en fecha diez de junio del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso.- 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.-” (Folios cuatrocientos cincuenta y siete (F-457) al cuatrocientos sesenta y siete (F-467) de los antecedentes).-6) Que el recurrente el abogado ROBERTO ARMANDO ROMERO BANEGAS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintisiete de agosto del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo, a favor de los señores CHRISTOPHER REYES GÓMEZ Y ANA MARÍA HERNÁNDEZ CAMBAR, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diez de junio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diez (10) de junio del año dos mil catorce, que Declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Bienes de Origen ilícito, recaída en la solicitud de Privación Definitiva de dominio de Bienes, en relación a la solicitud de Privación Definitiva de Dominio de bienes del señor EDWIN EDEL REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta como primer motivo de la acción interpuesta, que la resolución impugnada quebranta el derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, manifestando que (SIC) “el Ministerio Público interpuso acción de EXTINCÓN DE DOMINIO contra los bienes de los fallecidos EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes por el sencillo hecho de haber terminado su existencia física, desde el 17 de junio del año 2004, dejar de ser dueños de todos sus bienes terrenales, así lo establecen el Código Civil en su artículo 81 que dice: “La persona termina en la muerte natural.” Y los dueños de los bienes pasaron a ser de mis representados como lo establece el artículo 714 del mismo Código Civil último párrafo que dice: “….La tradición se retrotrae al momento de la delación.” Y el artículo 934 Código Civil dice: “La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados.” Artículo 935 párrafo primero y segundo del Código Civil dice: “La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.- La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional.” Sin embargo los difuntos EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, han sido juzgados y mis representados invocan que se les ha perjudicado como herederos de los difuntos, al VIOLENTARSE EL DERECHO DE DEFENSA DE SUS CAUSANTES, la violación invocada fue establecida por la SALA CONSTITUCIONAL, de la Corte suprema de Justicia al determinar en su Sentencia de fecha 01 de Octubre del año 2013, que consta en la primera pieza señalada de este caso, pero de la cual adjunto copia, los requisitos que deben existir para que NO EXISTA VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA, a dicho efecto cito parcialmente el CONSIDERANDO 14 de dicha sentencia que dice: “toda persona tiene derecho de hacerse aconsejar, defender, presentar pruebas en fin que este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio consistiendo en que el Justiciable tenga OPORTUNIDAD SUFICIENTE, para participar con utilidad en el proceso y para ello es obvio que se requiere: a) Tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas, cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme el principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y las etapas; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de esta a las formas sustanciales de la defensa en juicio….” En el presente caso ninguna de estas cosas ha sucedido, ya que el proceso incoado en contra de LOS DIFUNTOS Edwin Edelvy Reyes Puerto y Nolia Maribel Ponce Hernández, por lo que se violenta el derecho de defensa de estas inexistentes personas y así se violenta el derecho de propiedad de sus mandantes.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente señala como segundo motivo de interposición del recurso el quebrantamiento del Debido Proceso, contenido en el artículo 90, párrafo primero constitucional; manifestando que el Ministerio Público interpuso acción de extinción de dominio contra los bienes de los fallecidos EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes por el sencillo hecho de haber terminado su existencia física desde el 17 de junio del año 2004,dejan de ser dueños de todos sus bienes terrenales, así lo establece el Código civil en su artículo 81 que dice: “La persona termina con la muerte natural.” Y los dueños de los bienes pasaron a ser de mis representados como lo establece el artículo 714 del mismo Código Civil último párrafo que dice: “….- La tradición se retrotrae al momento de la delación.” Y el artículo 934 párrafo primero y segundo del Código civil dice: La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados.” Artículo 935 párrafo primero y segundo del Código Civil dice: “La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional.” Sin embargo los difuntos EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, han sido juzgados y además de violentarse su derecho a la defensa, (lo que vuelve imposible una acción contra ellos por haber fallecido), se les aplica retroactivamente una ley que nació en el año 2011, 7 años después de su fallecimiento, a través de la cual se les despojó de sus bienes que ya no eran de su propiedad, sino de sus herederos, por lo que mis herederos invocan que se les ha perjudicado como herederos de los difuntos al APLICARSE DE MANERA RETROACTIVA LA LEY. Expone el recurrente que “la Corte Suprema de Justicia, al determinar en su sentencia de fecha 01 de Octubre del año 2013, que consta en la primera pieza señalada de este caso, y de la cual adjunta copia, los requisitos para que NO EXISTA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, a dicho efecto cito parcialmente el CONSIDERANDO 16 de dicha sentencia que dice: “En su considerando 16 en cuanto a la Irretroactividad de la Ley artículo 96 de nuestra Constitución, establece que no se puede generar derechos sobre bienes adquiridos de manera ilícita, sin importar el tiempo en que los bienes fueron adquiridos, en el presente caso la Ley se aplica Retroactivamente ya que las medidas de aseguramiento de bienes fueron ordenadas en junio del 2004, y la Ley que se aplica nació en el año 2011 y el MP no probó que los bienes fueron adquiridos de manera ilícita como dice el considerando señalado; en el presente caso se violenta la norma constitucional y los Tratados como la Convención Americana de los Derechos del Hombre ya que en el proceso incoado es contra los DIFUNTOS Edwin Edelvy Reyes Puerto y Nolia Maribel Ponce Hernández, además de estar siendo Juzgados Muertos se les aplica de manera RETROACTIVA LA LEY. Señalando que sus representados adquirieron por herencia dichos bienes, que es una manera legítima de adquirir la propiedad.-CONSIDERANDO (6): El impetrante señala como tercer motivo de quebrantamiento de derechos fundamentales el Derecho al debido Proceso, exponiendo una relación de los hechos mencionados en los considerandos que anteceden y señalando que la Corte Suprema de Justicia determinó en su sentencia de 01 de Octubre del año 2013 (consta en la primera pieza y adjunta copia), los requisitos para que NO EXISTA VULNERACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA, citando parcialmente el considerando 17 que dice: “ en cuanto a la vulneración de la propiedad privada artículo 103, en el presente caso no se emitió sentencia derivada de responsabilidad penal, ya que los acusados fallecieron antes de ser investigados, denunciados y nunca fueron acusados, manifiesta que sus representados son los propietarios de los bienes y no los difuntos que con su muerte termina su propiedad y hoy se priva a un menor del goce de los bienes de su legítima propiedad, nunca el Estado probó el origen ilícito de los bienes y sus mandantes probaron que los obtuvieron por herencia. Señalando la violación a la norma constitucional y a la Convención americana de los Derechos del Hombre al estar juzgando personas fallecidas y privando a sus herederos de su propiedad.-CONSIDERANDO (7): El impetrante expone como cuarto motivo de quebrantamiento de derechos fundamentales el Derecho al debido Proceso, reiterando los hechos antes referidos y señalando la Sentencia dictada por la Corte suprema de Justicia en fecha 01 de Octubre del año 2013 específicamente su Considerando 18 que dice: “no puede ninguna autoridad avocarse a causas pendientes o juicios fenecidos artículo 186, en el presente caso no se probó que los bienes tengan un origen ilícito, ya que los acusados fallecieron antes de ser investigados, denunciados y nunca fueron acusados. Señalando que sus representados son los propietarios de dichos bienes.-CONSIDERANDO (8): Que el Quinto motivo de quebrantamiento de derechos fundamentales consiste en la inobservancia del Principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, manifestando que la violación al debido proceso señalado en los considerandos anteriores llevó a la Corte de Apelaciones impugnada a emitir una sentencia que violenta el artículo 321 constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem en el acápite de la MOTIVACION expone que a lo largo del complejo proceso de privación de dominio las partes procesales hicieron valer sus pretensiones en el momento procesal oportuno con prueba testifical, pericial y documental, los cuales se describen en detalle. En el numeral cinco (5) (Motivación) señala la sentencia dictada en fecha primero de Octubre del año dos mil trece (Pie de página Folio 463 vuelto, “Recurso de Inconstitucionalidad RI 706-11, uno de octubre 2013”); citando textualmente los considerandos, 13, 14, 15, todo en relación a que el Decreto 27-2010 en materia de Privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, que en su momento la Sala de lo Constitucional se pronunció en el sentido de que dicho Decreto no vulnera directamente el artículo 82 y 94 segundo párrafo constitucional. En consecuencia, la Corte impugnada declara No ha lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia apelada.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que forman parte del Derecho Interno, analiza la acción interpuesta en su conjunto, siendo su naturaleza penal, se estudia desde la perspectiva jurídica de los principios, derechos y garantías que conforman el derecho penal adjetivo. El origen de la controversia es la solicitud de Privación Definitiva de Dominio de Bienes, presentada por el Ministerio Público, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil once, sobre los bienes que poseía el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, para tal efecto se destacan los siguientes aspectos: a) El señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, de acuerdo a las certificaciones de defunción que obran en la primera pieza a folios ciento once y ciento doce (F. 111 y 112 primera pieza), fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004). b) Se presentó solicitud de extinción de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. B) Con la desaparición física de los señores mencionados los bienes que hubieren tenido en vida pasan a formar parte de la masa hereditaria de la que podrán declarase herederos a quienes corresponda. c) Que habiendo desaparecido físicamente los señores EDWIN EDIL REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, no pueden realizar acciones, actos o contratos de ninguna clase. d) No podrán realizarse acciones de persecución penal contra tales personas (porque no existen). Así terminada la existencia física de las personas referidas, lo suceden sus herederos, a quienes pasa la propiedad de los bienes del causante.-CONSIDERANDO (11): Que la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010, en aplicación de la misma, el Ente Acusador ha solicitado al órgano jurisdiccional competente se Decrete la Privación del Derecho de Dominio de los Bienes que poseía y estaban inscritos a favor de los señores: EDWIN EDELVI REYEYS PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, así mismo solicita la Transferencia de éste Derecho a favor del Estado. El Ministerio Público justifica jurídicamente su petición en base al artículo 11 numeral: 1 y 3, de la referida ley, que por su orden disponen “Cuando se trate de bienes producto, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen”. En virtud de tratarse de bienes que no tienen causa o justificación legal de su procedencia; numeral 3) “Cuando los bienes, productos, instrumentos, ganancias de que se trate provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas indistintamente si estás, se han realizado en el territorio de la República de Honduras o en el Extranjero”, en virtud de que los bienes muebles e inmuebles y cantidades de dinero, constituye bienes que provienen directamente o indirectamente de la comisión de actividades ilícitas, lo que considera acreditado con la ausencia de origen legal del dinero cuya privación del dominio se solicita.-CONSIDERANDO (12): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.-CONSIDERANDO (13): Que el ejercicio del jus puniendi se encuentra regulado por diferentes principios que son el resultado de un largo proceso de lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Los principios penales de legalidad, lesividad, proporcionalidad y humanidad, entre otros, surgieron de la necesidad de controlar el uso arbitrario y superior del control penal por parte del Estado y de sus órganos delegados de poder[2]. Sin embargo, el proceso de configuración y consolidación de límites y garantías contra el poder punitivo del Estado, conoce también un desarrollo formal no menos significativo a través de las llamadas causales de extinción de la acción penal y de la pena (el subrayado es nuestro). Se trata de un conjunto de circunstancias diferentes de carácter político, legal, natural o privado, que son ajenas al hecho punible, pero que extinguen la posibilidad de persecución (acción penal) o de sanción efectiva ejecución de la pena) (las negritas son nuestras). Como afirma Cuello Calón: «Las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena. Las causas de extinción de la responsabilidad penal sobrevienen no sólo después de delito sino aún después que la justicia ha comenzado su persecución y, en ciertos casos, con posterioridad a la sentencia condenatoria”[3]. Sin embargo este limite al poder punitivo del Estado en la causa en estudio no se configura en virtud de que si bien es cierto la muerte del reo es causa de Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos, según el artículo 69 del Código Penal Vigente, de su lectura se desprende que para tal efecto es necesario que haya muerto “EL REO”, del estudio de los antecedentes se aprecia que los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ en ningún momento tuvieron la calidad de procesados o reos, puesto que durante su existencia física, no fueron sometidos a investigación y menos a proceso penal alguno, sino que tal circunstancia concurre siete años después de su muerte. (El sub. rayado es nuestro).-CONSIDERANDO (14): Que el Artículo 15 de la Constitución de la República establece que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, se deduce que el derecho internacional y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente importante de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.[4]- CONSIDERANDO (15): Que la Constitución de la República en su artículo 16, segundo párrafo, dispone: “Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. (Las negritas son nuestras), lo que implica el reconocimiento, respeto y garantía de ejercicio de los derechos humanos reconocidos en tales tratados o convenciones internacionales, complementando los derechos reconocidos en el Capítulo I al IX del Título III, en relación con el artículo 63 constitucional. Por su parte el Artículo 18 constitucional establece que “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero” (las negritas son nuestras). Todo ello implica responsabilidad por parte del Estado, sus instituciones y autoridades, de aplicación de los Tratados y Convenciones ratificadas, puesto que no son normas aisladas del contexto jurídico, al formar parte del Derecho Interno, con una connotación internacional. La prevalencia de los tratados o convenciones sobre la ley es clara, resultando inaplicable toda norma que contravenga tales disposiciones, además de la responsabilidad que descansa sobre el Estado. (Cabe hacer la observación que cuando se refiere a la Ley, se refiere a la ley secundaria no a la norma suprema del Estado “Constitución de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional que dice “cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder ejecutivo”).-CONSIDERANDO (16): Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, fue firmada por el Estado de Honduras el 22 de noviembre de 1969, y ratificada el 09 de mayo de 1977, en consecuencia “La Convención Americana tiene aplicación directa en todos sus preceptos cuando un Estado Americano la ha firmado, ratificado o se ha adherido”[5].La Convención, como acuerdo internacional, se dirige ante todo a los Estados –Partes, recayendo las obligaciones y derechos que de ella surgen sobre éstos, quienes se encuentran internacionalmente obligados en relación a los otros Estados contrayentes a conferir un determinado tratamiento a todas las personas humanas que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción (art. 1 CADH), artículo 1 y 2 de la Convención, en consecuencia todo Estado Parte deben adoptar “las medidas necesarias para adecuar los ordenamientos jurídicos internos a las normas internacionales de derechos humanos, a fin de que los Estados pueden dar “efectividad a estas normas “en el ámbito interno”, de acuerdo al principio del effet utile: lo establecido en la Convención debe de poder ser realmente cumplido y puesto en práctica[6].-CONSIDERANDO (17): Que el artículo 9 de la Convención Americana se refiere al principio de legalidad penal o nullum crimen, nullum poena sine lege. En su sentido mas inclusivo el principio incorpora: 1) el concepto de la irretroactividad (nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia); 2) La prohibición de la analogía (nullum crimen nulla poena sine lege strictas); 3) El principio de la máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y 4) El principio de Reserva de Ley (nullum crimen, nulla poena, sine lege scrpta)[7]. En conjunto, estos conceptos imponen límites al ius puniendi de los Estados y requieren que “un acto pueda castigarse únicamente si, al momento de cometerse, fuera objeto de una ley penal en vigor suficientemente precisa y escrita, unida a una sanción suficientemente cierta”[8]. Según la Corte Interamericana el principio de legalidad y más específicamente, el principio de máxima taxatividad legal (nulumm crimen, nulla poena sine lege certa), exige que las “acciones u omisiones” criminales sean definidas “con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles”. La tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa” debido a que “el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en aquellos casos en que las leyes penales fueron aprobadas de manera posterior a los actos en cuestión considerando que hubo violación del artículo 9 de la Convención por su aplicación retroactiva. De igual manera se ha pronunciado respecto la relación del derecho internacional con el derecho interno precisando en la Opinión consultiva No. 14 (las negritas son nuestras), “Según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”[9], habiéndose pronunciado sobre la Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (art. 1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994 Serie A No. 14 & 35. De igual manera el Derecho Interno del Estado establece el Principio de Legalidad contenido en la Constitución de la República en su artículo 94,95 y el Código Penal en sus artículos 1 y 2.-CONSIDERANDO 18): Que el acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución[10]. La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana que dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”[11]. Evidentemente que el acceso a la justicia solo podrán tenerlo las personas, es decir, los seres humanos, a las que no pertenecen los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, precisamente por su desaparición física.-CONSIDERANDO (19): Que el principio de retroactividad de la ley penal está claramente establecido en la Constitución en su artículo 96, la Ley secundaria del Estado de Honduras y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que forman parte del derecho interno del Estado y por ende de obligatorio cumplimiento, según lo dispone el artículo 1 de dicha Convención, no existiendo RESERVA por parte del Estado de Honduras de alguna de sus normas deviene obligado a su cumplimiento. Siendo ese el marco legal que ampara al principio de retroactividad. Se entiende que la ley aplicable al delito desde el punto de vista temporal es aquella que se encontraba vigente al momento de su comisión. Se trata de una regla que se deriva del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, porque las leyes penales sólo alcanzan a los hechos cometidos después de su entrada en vigor. Es un principio sobre el que existe el más completo acuerdo en las legislaciones modernas, siendo que la exigencia de ley previa tiene jerarquía constitucional[12]. Sin perjuicio de la regla general enunciada precedentemente, lo cierto es que convive con aquella una larga tradición jurídica que determina que el principio de irretroactividad de la ley sufra una excepción respecto de las leyes penales posteriores al momento de la comisión del delito, pero más favorable al acusado, esto es el principio de retroactividad de la ley más benigna[13]. (Las negritas son nuestras).-CONSIDERANDO (20): Que esta Sala analizados los antecedentes con la normativa interna e internacional de derechos humanos debe establecer, si efectivamente han sido quebrantados los derechos invocados por el recurrente. En cuanto al derecho de acceso a la justicia que el recurrente considera violentado; de acuerdo al ordenamiento jurídico el Estado debe garantizar a toda persona, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y oportunidades procesales; en el caso sub. judice la existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio siete (7) años después de fallecidos el señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ. En ese contexto es evidente que el señor Reyes Puerto y la señora Ponce Hernández, ya no existen como seres humanos, por ende no existe la más mínima posibilidad de que hayan tenido conocimiento de los hechos que provocan la petición del Ministerio Público, noticias y/o conocimiento del proceso sus etapas, y cada uno de sus actos, menos la existencia del plazo razonable, un juez o tribunal competente, que tengan las mismas oportunidades procesales, ofrecer y producir pruebas, es imposible que una persona fallecida asegure su participación activa en el proceso, no existe la posibilidad de que los fallecidos tengan oportunidad para hacer uso de su Derecho a la Defensa ni hacer uso de los recursos que les franquea la ley, y esto es así porque no existen, porque cuando la persona muere ha cesado toda actividad física y cerebral, es decir el cese completo e irreversible como seres humanos. Todos los derechos mencionados están regulados en el artículo 8 No. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas se aprecia que es absolutamente imposible el acceso a la justicia por parte del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ.-CONSIDERANDO (21): Que la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue creada mediante Decreto Legislativo 27-2010, publicada en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239 del 16 de junio del año 2010. La existencia física del señor EDWIN EDELVY REYES PUERTO y la señora NOLIA MARIBEL PONCE HERNÁNDEZ, terminó el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004), el Ministerio Público presentó la solicitud de privación de dominio el días veinticinco de mayo del año dos mil once, siete (7) años después de fallecidos, invocando la referida Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio, misma que no existía durante la vida de los fallecidos, su eficacia es a partir de su publicación siete años después de su muerte. Por todo ello la prohibición de retroactividad de la ley penal se asienta, desde el punto de vista jurídico, en los principios de legalidad y seguridad jurídica, como límites a la intervención penal del Estado[14], los ciudadanos solo podrán guiar su comportamiento conforme a las leyes vigentes, y por lo tanto que pueden conocerse, en el momento de actuar, para hacer efectivo el principio de legalidad penal, inherente al debido proceso o nullum crimen, nullum poena sine lege. En su sentido mas inclusivo el principio incorpora: 1) el concepto de la irretroactividad (nullum crimen, nullum poena, sine lege praevia); 2) La prohibición de la analogía (nullum crimen nulla poena sine lege strictas); 3) El principio de la máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y 4) El principio de Reserva de Ley (nullum crimen, nulla poena, sine lege scrpta)[15], su inobservancia tiene como consecuencia el quebrantamiento del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO (22): Que de acuerdo a la normativa constitucional y convencional, antes señalada, los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, para ello deben interpretar tanto el derecho interno como las normas convencionales que son parte de ese derecho interno, teniéndose como normas no convencionales aquellas que confrontan o son contrarios al pacto, convención o tratado, en virtud de que los Estados no pueden alegar su Derecho Interno para dejar de cumplir la Convención, Pacto o Tratado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (mas adelante CADH), los Estados se comprometen a respetar los derechos de la Convención y garantizarlos sin discriminación, existiendo por ende un carácter vinculante desde el momento en que los Estados se comprometen a su cumplimiento. Para ello, de acuerdo al artículo 2 de la CAHD toda persona es todo ser humano en consecuencia el Estado debe garantizar, en condiciones de igualdad el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas que están sujetas a su jurisdicción.-CONSIDERANDO (23): Que, de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, se aprecia que ciertamente, se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente, el Ad-Quem al examinar el proceso sometido a su consideración, no realizó el análisis de constitucionalidad, y convencionalidad, dejando de aplicar de manera arbitraria la normativa interna y la convencional. En ese orden de ideas se han quebrantado los derechos invocados por el impetrante, desde el momento en que se pretende la privación de bienes de los señores EDWIN EDELVI REYES PUERTO Y NOLIA MARIBEL PONCE HERNANDEZ, quienes fallecieron el día diecisiete (17) de junio del año dos mil cuatro (2004) y es hasta siete años después cuando se publica en el Diario oficial “La Gaceta” No. 32239, el día 16 de junio del año 2010 la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, creada mediante Decreto Legislativo 27-2010. Quebrantando de esta manera el principio de No Retroactividad de la Ley Penal, cuando se aplica una ley que no estaba en vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos, todo ello permite la vulneración de los derechos invocados por el impetrante. Por lo que procede conforme a derecho declarar con lugar la acción de amparo.-CONSIDERANDO (24): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Recurrente, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8, 9, de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ROBERTO ARMANDO ROMERO BANEGAS, a favor de los señores CHRISTOPHER REYES GOMEZ y ANA MARIA HERNANDEZ CAMBAR, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de junio del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo restablecerse los derechos de los recurrentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- WILFREDO MENDEZ ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1010-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2] (Cfr. Saldarriaga Victor Prado. Todo sobre el código Penal. IDEMSA. TOMO i. Lima 1996,p 19 y ss.)

[3] Cfr.Eugenio Cuello Calon. Derecho Penal. Editora Nacional. México. 1973.p 626.

[4] Mejía R. A. Joaquin. Una Mirada a la Justicia Constitucional Hondureña, desde la óptica de los Derechos Humanos. Editorial Casa San Ignacio. El Progreso Yoro. Julio 2012.Pág. 33.

[5] Cfr. Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Oscar L, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 2da. Ed. Buenos Aires, Ediar, 2007, t. I, vol. 1, pp. 528 a 529.

[6] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cfr. Corte IDH. Caso “La última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 5 de febrero del 2001. Serie C No. 73.& 87…. Themis. Pág. 98.

[7] Kreb, Claus, Nulla poena, “Nullum crimen Sine Lege”, en Max Plack Enciclopedia of Public Internacional Law, 2010,párr.1. (Convención americana sobre Derechos Humanos. comentario. Konrad Adenauer Stiftung. Pág 256.

[8] ibid

[9] Corte IDH. Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (art. 1 y 3 Convención Americana Sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva =C-14/94, del 9 de diciembre de 1994 Serie A No. 14 &35.

[10] Robles Ventura Manuel E. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA E IMPUNIDAD.

[11] Ídem

[12] Bacigalupo Enrique, Derecho Penal parte General. Segunda edición Hammurabi. Buenos Aires. Pág.186.

[13] Ídem. Pág. 188

[14] Muñoz conde Francisco. Aran garcía mercedes. Derecho Penal Parte general 8° Edición. Tirant lo Blanch libros. Pág. 140.

[15] Kreb, Claus, Nulla poena, “Nullum crimen Sine Lege”, en Max Plack Enciclopedia of Public Internacional Law, 2010, párr.1. (Convención americana sobre Derechos Humanos. comentario. Konrad Adenauer Stiftung. Pág 256.