Sentencia AP-1006-21 — Registro 15230
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de amparo en relación a la solicitud de allanamiento de morada promovida por el Ministerio Publico. - Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida denota arbitrariedad por no respetar el debido proceso.-Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICIACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós.-VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Publico a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha quince(15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la solicitud de allanamiento de morada promovida por el Ministerio Publico, contra el señor MELVIN LEONEL ARDON EUCEDA.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintiuno(2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha quince(15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida.-Folio 01 al 05 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida FALLÓ:PRIMERO: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de fecha quince(15) de junio del año dos mil veintiuno (2021, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual declara SIN LUGAR la realización de ALLANAMIENTO DE MORADA y registro de la vivienda del señor MELVIN LEONEL ARDON EUCEDA. SEGUNDO Restablecer al Ministerio Publico los derechos fundamentales vulnerados por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, a través de la resolución de fecha quince de junio del año dos mil veintiuno. TERCERO Remitir en consulta obligatoria, para y ante la sala de lo constitucional. - (Folio 43 al 45 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. -En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista. El impetrante formaliza la garantía de amparo argumentando los extremos que a continuación se resumen.-Expresa, el recurrente que en fecha quince de junio del año en curso (2021) el Ministerio Publico presentó solicitud de Allanamiento de morada para el registro de la vivienda del señor Melvin Leonel Ardón Euceda, quien reside en la Aldea La Libertad, municipio de Esparta de este departamento de Atlántida, debido a que se tiene el indicio suficiente de que el referido señor porta armas de fuego de las cuales no cuenta con el respectivo permiso. La Jue A-quo mediante resolución dictada en esa misma fecha declara SIN LUGAR la solicitud argumentando que no se realizó acreditación mediante fotografías donde se aprecie los objetos con características físicas, así mismo no tiene la certeza de que se trate de la casa o vivienda de la persona que se pretende realizar allanamiento. Resolución ante la cual el Fiscal del Ministerio Publico interpuso recurso de reposición, siendo declarado sin lugar en fecha 16 de junio del año en curso.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación de los derechos al debido proceso y principio de legalidad.
La honorable corte de apelaciones estimó los extremos siguientes: “SEGUNDO: Del estudio de lo que se ha dejado expuesto en los antecedentes de la demanda de Amparo formulada por el Ministerio Publico, a través de su Agente de Tribunales, dirigida contra la resolución judicial adoptada en fecha 15 de junio del año en curso, por el Juzgado de Letras de Tela, departamento de Atlántida, se desprende que A-quo declara sin lugar una solicitud de Allanamiento de Morada que le fue presentada por tenerse el indicio de que el señor Melvin Leonel Ardón Euceda comete el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego, aduciendo que no se realizaron toma de fotografías donde se aprecie los objetos con características físicas de ser arma de fuego, pues si bien se acompañan dos fotografías, estas últimas no existe certeza de que se trate en primer lugar de la residencia o casa de habitación de la persona que se pretende realizar el allanamiento, ya que si bien hace una ubicación geo referenciada no se acreditó mediante otros documentos como ser: constancias de vecindad extendidas tanto por el patronato de la aldea como de la Alcaldía Municipal, recibo de energía o cualquier otro que verdaderamente no solo ubique la vivienda, sino además demuestre que la persona reside en la misma…., debiendo manifestar que el domicilio es el ámbito donde habita una persona, el cual por disposición Constitucional es un derecho fundamental de allí deriva su inviolabilidad, protegido por la norma suprema, impidiendo cualquier entrada o registro arbitrario sea por autoridad pública o por personas privadas, o bien deduciendo la responsabilidad al que sin mediar justificación alguna violente dicho domicilio. Precisamente la inviolabilidad del domicilio no es absoluta, es decir, admite 3 excepciones, a saber: 1) El consentimiento de la persona que lo habita, 2) Resolución de autoridad competente y 3) En caso de urgencia, para impedir la comisión de un delito o evitar graves daños a la persona o propiedad. Por lo que, teniendo presente que entre las facultades del Ministerio Publico está la de investigar los hechos punibles sirviéndose para esos propósitos de la ley, la cual le permitirá a su vez hace uso de la tecnología, del intelecto humano y de cualquier otra herramienta que permita cumplir exitosamente con aquella facultad. Al hilo del razonamiento anterior, el ente acusador investiga la posible comisión de una actividad delictiva relacionada con la tenencia o porte ilegal de armas de fuego, la cual se desarrolla presuntamente en el domicilio del señor Ardón Euceda, lo que motiva la solicitud de allanamiento que la A-quo declara sin lugar motivada por razones que no son compartidas por este tribunal de alzada, teniendo en cuenta como ya manifestamos líneas arriba, que el Ministerio Publico está facultado para investigar hechos punibles, al no contar con autorización del señor Ardón Euceda para ingresar al domicilio, no existir urgencia para evitar la comisión de un delito y tampoco la necesidad de evitar graves daños a la persona o propiedad, lo que corresponde hacer al ente acusador, como así hizo es obtener la autorización de juez competente para ingresar al domicilio de la persona objeto de investigación, a la cual acompaño documentación que acredita la realización de actividades de investigación y vigilancia que sirven de sustento a su petición, por lo que no puede pretender la señor Juez que se le acredite con otros medios tanto la propiedad como la comisión de un ilícito puesto que precisamente por eso se denomina investigación y de solicitarse constancia de vecindad al patronato o a la Municipalidad podría entorpecer dicha investigación, de igual manera como podrían presentársele fotografías de las armas que supuestamente tiene el investigado. Con la documentación aportada por él solicítate se desprende que existe sustento suficiente para acceder al allanamiento de morada solicitado, precisamente por encontrarse en etapa investigativa, de la cual podría resultar o no que el investigado realiza o no actividades ilícitas. TERCERO: De conformidad a todo lo antes relacionado, este Ad-Quem estima procedente declarar con lugar el Recurso de Amparo en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso, el principio de legalidad y la libertad probatoria, que como derechos fundamentales han sido invocados y que como consecuencia lógica debe restablecerse el debido proceso y para tal fin debe ser revocada la resolución judicial adoptada por la Juez de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en fecha quine de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual declara SIN LUGAR la realización de ALLANAMIENTO DE MORADA y registro de la vivienda del señor MELVIN LEONEL ARDON EUCEDA.”-De manera que, para la Corte de Apelaciones, a raíz de los alegatos presentados por el Amparista, le lleva a determinar que el accionar del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida conculca el derecho al debido proceso. Por lo que accede a otorgar amparo a favor del Ministerio Publico. -CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida denota arbitrariedad por no respetar el debido proceso.-Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Publico a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la solicitud de allanamiento de morada promovida por el Ministerio Publico, contra el señor MELVIN LEONEL ARDON EUCEDA.- -Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1006-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”