Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1000-22 — Registro 17750

Resumen

Inadmisión de Apelación de Hecho con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, a título de cómplice necesario y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA, considerando la Sala Constitucional que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo,, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

: Que los recurrentes exponen además como agravios la vulneración de diferentes derechos procesales de su representado con lo cual señalan se le ha limitado y negado ser defendido como escuchado, al inadmitirse el recurso de hecho, alegatos que no son de recibo por esta Sala ya que como lo indican los recurrentes, de ser irrecurrible la resolución dictada en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, esta era susceptible del recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones correspondiente, motivo por el cual no se aprecia la vulneración de derechos que denuncian y se estima que la Alzada se ha limitado a observar lo dispuesto en la ley. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales alegados, toda vez que después de analizada la resolución denunciada esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de octubre del año dos mil veintidós. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES y JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor de ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación hecho interpuesto contra la resolución dictada en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, con relación a la causa instruida contra ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, a título de cómplice necesario y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que ésta Sala de lo Constitucional observa que el alegato de los recurrentes, versa en que mediante el acto reclamado se inadmitió la apelación de hecho del que hicieron uso, con lo cual a su entender la Alzada ha dejado en indefensión a su representado toda vez que se le ha negado todo derecho de defensa, criterio de los impetrantes que basan en una mala interpretación del artículo 354 del Código Procesal Penal, por lo que solicita se conceda su pretensión. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que los recurrentes invocan como quebrantada la declaración contenida en el artículo 60 constitucional y los derechos enmarcados en el artículo 80, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de lo expuesto por los repitentes, son alegaciones propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometida la causa, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, apreciando esta Sala que la resolución de la Alzada contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley en el caso de estudio, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Penal preceptúa en el artículo 351 que los recursos de hecho proceden cuando un órgano jurisdiccional inferior, deniega sea el recurso de apelación o de casación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá recurrir al Tribunal Superior respectivo, dentro de los plazos señalados en los artículos 356, numerales 1) y 2), y 364, contado desde la notificación de la negativa, para que se declare admisible dicho recurso; consecuentemente, para conceder el recurso de hecho inicialmente debe apreciarse si el acto apelado se encuentra comprendido en el artículo 354 de la norma ya citada, la cual numerus clausus determina las resoluciones que pueden ser apelables, y de no contemplarse la resolución apelada dentro de las mismas, resulta razonable su inadmisión como sucede en el caso de estudio. CONSIDERANDO: Que los recurrentes exponen además como agravios la vulneración de diferentes derechos procesales de su representado con lo cual señalan se le ha limitado y negado ser defendido como escuchado, al inadmitirse el recurso de hecho, alegatos que no son de recibo por esta Sala ya que como lo indican los recurrentes, de ser irrecurrible la resolución dictada en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, esta era susceptible del recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones correspondiente, motivo por el cual no se aprecia la vulneración de derechos que denuncian y se estima que la Alzada se ha limitado a observar lo dispuesto en la ley. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales alegados, toda vez que después de analizada la resolución denunciada esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, siendo que se autorizó a la Corte Suprema de Justicia, que pudiera celebrarse reuniones de sus órganos por medios electrónicos, siendo válidas las decisiones tomadas de esa forma cuando exista un soporte electrónico, y en aplicación de los artículos 1, 129, 183, 303, 304, 313, 316, 320 y 321 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1, 78 y 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de abril de 1990. RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES y JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor de ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós, al advertirse que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo Y MANDA: Que se notifique la presente resolución y firme que sea la misma se archiven los antecedentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinte de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, contra una resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación hecho interpuesto contra la resolución dictada en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, con relación a la causa instruida contra ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE, a título de cómplice necesario y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la resolución de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que la resolución que se pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de de ; 8 y 25 de Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de facha diecisiete de octubre de dos mil veintidós y reposición de fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1000-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL