Sentencia AL-918-19 — Registro 14547
Resumen
Resolución que decretó la preclusión del derecho a formular alegatos con relación a la demanda laboral promovida por recurrente para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido directo y sin causa justificada, pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios,pero se considera que representante de recurrente no se presento a la audiencia de alegaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor. Se hace necesario mencionar como introducción al presente examen que el amparista señala que la resolución de fecha 20 de septiembre del 2019, le causa agravios a su representado, sin embargo, al hacer una revisión de los autos encontramos que no hay ninguna resolución judicial con la fecha referida por el amparista en su interposición de amparo, por lo que el amparista no es claro en cuanto a la resolución recurrida. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que no se le dio la oportunidad de presentar los agravios en representación del señor Faustino enrique Rodríguez Martines, dejándolo en total indefensión, sin embargo, se observa a folio 166 de la causa, el poder otorgado por el señor Rodríguez Martines al abogado Julio Claudio Santos Reyes, sin que conste en autos la aceptación del poder a él conferido. En ese sentido la decisión del Ad-quem donde se decretó la preclusión del derecho a formular alegatos por parte del abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS (quien continúa ostentando el poder a él conferido), se debe a que el apelante no compareció la respectiva audiencia de alegaciones en el recurso de apelación interpuesto, por ende, perdió la oportunidad de realizar el acto, tal como lo señala el artículo 126 del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 858 del Código de Trabajo. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal, amén de que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 126 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES a favor del Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de septiembre dos mil diecinueve (2019), que confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda laboral promovida por el Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ contra la Señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil HONDURAS QUÍMICA S. de R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada los artículos 82 párrafo 1º. Y 90 párrafo primero, 106, 186, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ en causa propia, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido directo y sin causa justificada, pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, habilitación de días y horas inhábiles, condena en costas. (Folios 01–32 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebro audiencia de JUZGAMIENTO en la cual falló: (SIC) “1) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la parte demandada; 2) DECLARAR SIN LUGAR el incidente de Tachas opuesta por la parte demandada; 3) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO, PAGO SALARIOS ADEUDADOS Y DE DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, contra LA EMPRESA DENOMINADA HONDURAS QUIMICA S. de R.L. representada por la señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO. 4) ABSUELVE: A LA EMPRESA DENOMINADA HONDURAS QUIMICA S. de R.L. representada por la señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales solicitados por despido indirecto en los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, salarios adeudados y derechos adquiridos solicitados; 5) SIN LUGAR EL RECLAMO DE COSTAS en esta instancia.” (Folios 160–164 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMINGUEZ, en su condición de Apoderado Procesal del Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “Habiéndosele una espera prudencial al abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMINGUEZ en su condición de apelante y no habiendo comparecido a la audiencia se le PRECLUYA el derecho a formular alegatos.” (Folio 05 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, contra la Sentencia dictada por la citada Corte, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 párrafo 1º. Y 90 párrafo primero, 106, 186, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–07 y 29 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista”. (Folios 32–36 y 38 del presente Recurso). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo, estima que la resolución que se impugna, vulnera los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Explica el recurrente, que estas vulneraciones se producen en virtud de que la Corte de Apelaciones del Trabajo Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en resolución de fecha 20 de septiembre del 2019, dicto sentencia definitiva, sin embargo el razonamiento que utilizo es improcedente y falto de objetividad, aduciendo asimismo que el personamiento presentado bajo su representación no se resolvió y tampoco se permitió interponer los agravios correspondientes por lo que provocaron indefensión a su representado. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dispuso en su resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, declarar sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado procesal de la sociedad mercantil SEGURIDAD TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L., contra la resolución de fecha dos de noviembre de dos mil quince dictada por la Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán. El ad quem fundamenta la anterior decisión en que del estudio de las diligencias, que conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de tramite; se sustanciaran sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencias definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa, por otra parte encontrándose el presente juicio en etapa de ejecución, dispone el artículo 786 del Código del Trabajo, que en el juicio ejecutivo o etapa de ejecución no cobran incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo y como a se dijo el arreglo de pago es con anterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia. Asimismo señala el Ad-Quem, que en cuanto a los requerimientos al profesional el derecho representante de la parte ejecutada, ya el artículo 138 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo señala, que la comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de una representante procesal, quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA al emitir su dictamen fue de la opinión porque SE DENIEGUE la garantía constitucional de amparo de mérito. Para el Ministerio Publico no se ha violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de amparo, ya que conforme a resolución traída a estudio, es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias llega a la conclusión de que no son de recibo los motivos de amparo alegados por el censor. Se hace necesario mencionar como introducción al presente examen que el amparista señala que la resolución de fecha 20 de septiembre del 2019, le causa agravios a su representado, sin embargo, al hacer una revisión de los autos encontramos que no hay ninguna resolución judicial con la fecha referida por el amparista en su interposición de amparo, por lo que el amparista no es claro en cuanto a la resolución recurrida. Sobre la violación del artículo 82 constitucional, que contiene el derecho de defensa, se observa que dicho motivo de amparo no ha sido explicado o desarrollado por el censor en su escrito de formalización. Al respecto, no basta que se enuncie una violación, sino que es una carga procesal ineludible de quien lo alega, explicar cómo se produjo ésta. Es decir, es imprescindible que el impetrante señale con claridad por qué se manifiesta que un hecho, resolución o acto de autoridad vulnera el derecho invocado como infringido. En el presente caso, el garantista no lo ha hecho, pues no ha aclarado en que forma la resolución produjo su indefensión; en su lugar expone alegatos propios de instancia que llevan por intención demostrar que que no se le dio la oportunidad de presentar los agravios en representación del señor Faustino enrique Rodríguez Martines, dejándolo en total indefensión, sin embargo, se observa a folio 166 de la causa, el poder otorgado por el señor Rodríguez Martines al abogado Julio Claudio Santos Reyes, sin que conste en autos la aceptación del poder a él conferido. En ese sentido la decisión del Ad-quem donde se decretó la preclusión del derecho a formular alegatos por parte del abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS (quien continúa ostentando el poder a él conferido), se debe a que el apelante no compareció la respectiva audiencia de alegaciones en el recurso de apelación interpuesto, por ende, perdió la oportunidad de realizar el acto, tal como lo señala el artículo 126 del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 858 del Código de Trabajo. La garantía de amparo no se constituye en defensa de la ley per se, sino de los derechos fundamentales, tal como se dispone en el artículo 183 constitucional; por lo que las argumentaciones expuestas por el censor no pertenecen al ámbito del amparo, pues constituyen su opinión personal de cómo debieron resolver los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad a la propia interpretación que hace de la ley y su aplicación al caso concreto. Por las mismas razones no existe vulneración del artículo 90 que contiene el derecho al debido proceso legal, amén de que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Por todo lo anteriormente corresponde denegar el amparo de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 82, 90, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2 y 3 literal c), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES a favor del Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de septiembre dos mil diecinueve (2019), que confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda laboral promovida por el Señor FAUSTINO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ contra la Señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil HONDURAS QUÍMICA S. de R.L. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0918-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”