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Sentencia AL-889-21 — Registro 16330

Resumen

Acto recurrido que resolvió apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda laboral promovida. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" estima esta Sala de lo Constitucional, que con solo el hecho de haber requerido de pago a la parte demandada no constituye necesariamente un acto negativo por parte de ésta para dar cumplimiento a la sentencia firme mediante la cual es condenada, es visto que la parte demandada al no estar conforme con los fallos emitidos, hace uso de los recursos legales que la ley le permite a las partes para efecto que un Tribunal Superior revise las actuaciones del inferior..." ..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otras, debe ocurrir un juicio previo, acatamiento a las formalidades procesa1es, diligencia ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente instituido, leyes aplicables al caso concreto; dicho de otra forma, el texto constitucional demanda para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. .." ..." Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos; como consecuencia, si bien es cierto las costas de ejecución se impondrán al ejecutado como regla general, la excepcionalidad nos remite al artículo 8 del citado Decreto 266-2013, concluyendo que el Estado (a través del ente administrativo demandado) está exento del pago de las costas de ejecución como ha quedado expresado en diferentes fallos emitidos por esta Sala, en ese sentido, la sentencia impugnada se ha dictado conforme a derecho y por ningún punto quebranta el debido proceso y el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República, que “los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo lo que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”..." Que, por lo anteriormente expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue el amparo presentado y que la Secretaría del Despacho proceda a devolver los antecedentes a la autoridad recurrida para que continúen con el procedimiento que manda la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor de la señora EVELLYN JOHANNY MONCADA MONCADA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintisiete de julio dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda laboral promovida por la señora EVELLYN JOHANNY MONCADA MONCADA contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 59, 60, 61, 62, 64, 82, 90, 134 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (05) de noviembre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Señora EVELLYN JOHANNY MONCADA MONCADA en CAUSA PROPIA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo en forma verbal, a título de daños y perjuicios pago de salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos y demás beneficios. (Folios 01–02 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado dicto Auto Interlocutorio en el cual Resolvió: SIC: “declarar SIN LUGAR la solicitud de tasación de costas de Ejecución. NOTIFIQUESE.” (Folio 80 de la Pieza del A-Quo).

  1. Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de Representante Procesal de la Señora EVELLYN JOHANNY MONCADA MONCADA, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de Representante Procesal representante procesal demandante II. CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; de fecha diez (10) de diciembre del dos mil diecinueve (2019) que obra a folio 80 de la primera pieza de autos.” (Folios 16-17 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, interpuso ante este Tribunal en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), incoando acción de amparo favor de la señora EVELLYN JOHANNY MONCADA MONCADA, contra el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021); teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha ocho (08) de junio de dos mil veintidós (2022). (Folio 01–04 y 25 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA EIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. (Folios 28–31 y 33 del presente Recurso). CONSIDERANDO(1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(2): Que esta Sala conoce en amparo la resolución dictada por mayoría de votos de fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintiuno(2021, pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán que falla declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Ángel Cáceres Valladares en su condición de representante procesal de la parte demandante y confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha diez (10) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), todo en relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora Evellyn Johanny Moncada Moncada para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido ilegal e injusto para que pruebe la justa causa, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones contra el Estado de Honduras a través de su representante Legal abogado Abraham Alvarenga Urbina por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia. CONSIDERANDO (3): Que los motivos invocados en la acción de amparo por parte del recurrente, Abogado José ángel Cáceres Valladares contra la resolución dictada por el Ad-Quem es que considera mancillado el articulo 90 primer párrafo, de la Constitución de la República “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, relacionado con los artículos 64, 82 , 124 y 136 de la Carta Magna, en lo concerniente a que la Alzada confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo por considerar está dictado conforme a ley, al argüir que el Estado de Honduras se encuentra exonerado de pago de costas en juicio de cualquier naturaleza, según Decreto Legislativo No.266-2013. CONSIDERANDO(4): Que el impetrante argumenta en otros conceptos, la preeminencia en la aplicación de leyes en materia laboral, y establece que la sentencia interlocutoria de fecha 27 de julio del 2021 y que se ampara en el Decreto 266-2013 para denegar la costas de ejecución es nula de pleno derecho, por disminuir derechos de los trabajadores otorgados por la Constitución y Tratados Internacionales suscritos por Honduras, en su artículo 8 el Código de Trabajo establece, que en caso de conflicto entre leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras, Artículo que no permite la especulación de ideas infundadas sobre la aplicación del decreto legislativo No.266-2013, no cabe aplicar dicho decreto en materia laboral por ser esta especial lo excluye definitivamente, el artículo 18 expresa que los casos no previstos por el código, reglamentos o por la demás leyes relativas al trabajo, se deberán resolver en primer término por los principios del derecho del trabajo, en segundo lugar de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas y recomendaciones de la OIT los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina. Entre estos principios el Indubio Pro Operae, el de Irrenunciabilidad y por otro lado, tal como lo establece el artículo 779 del Código de Trabajo, será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. En ese sentido, la decisión judicial firme es exigible ejecutivamente, lo que da derecho a embargar y secuestrar bienes muebles o inmuebles del deudor, para asegurar el pago de lo debido y de las costas de ejecución, consignadas en el Arancel del Colegio de Abogados artículo 55 literal b) numeral 8 que se complementa con el 858 del Código de Trabajo. Que el proceso de ejecución es un instrumento de efectividad de la tutela judicial, parte de una pretensión insatisfecha por la renuencia del ejecutado en el cumplimiento de la decisión jurisdiccional reconocida en un título ejecutivo. CONSIDERANDO (5): Por último, estima el impetrante que el ejecutante tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento, dolo o negligencia morosidad del ejecutado, así como cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecuta y solo se pone fin cuando quede completamente satisfecho el derecho del ejecutante y fundamenta en los artículos 1360 y 1361 del Código Civil y excepciona, que únicamente por causa justificada no se haya podido realizar el pago, antes de que el acreedor promoviera la ejecución, y considera que está probado el dolo e incumplimiento y morosidad de las obligaciones, existe requerimiento de pago a la Procuraduría General de la República, decreto de embargo y embargo y que una vez cumplimentado el proceso caben las costas de ejecución volviéndose obligatorio su pago a razón del 10% de la cantidad ejecutada, en el presente caso corresponde la suma de L.84,326.24 en concepto de costas de ejecución y argumenta que la disposición aplicada del decreto 266-2013, según el artículo 921 del Código Procesal Civil establece: Disposición Derogatoria: Normas sin vigencia: Derogar expresamente los siguientes artículos 1,2,3,4,5,6,7,8 conforme al párrafo tercero del artículo 43 del Código Civil las disposiciones que se opongan o sean incompatibles con el presente Código y peticiona que se otorgue la acción de amparo y dejar sin valor y efecto la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo por no ser responsabilidad del trabajador, el que el patrono no pague al momento de ser requerido o consigue su pago, sea cual sea su justificación, consecuentemente el Ad-Quem debió revocar la resolución dictada por el A-quo, que declara sin lugar la solicitud de Tasación de Costas de Ejecución presentada por la parte demandante, por ser un derecho del trabajador. CONSIDERANDO(6): Que la motivación expresada por el quejoso, lleva a esta Sala de lo Constitucional a determinar si el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en su quehacer jurisdiccional, quebranta o no el derecho al debido proceso y al principio de legalidad invocados, al manifestar que no debió el Ad-Quem confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 10 de diciembre del 2019, con el cual arguye que el Estado está exonerado del pago de costas en juicios de cualquier naturaleza de conformidad al Decreto 266-2013. CONSIDERANDO (7): Que del estudio y análisis de las piezas que conforman el proceso laboral, se observa que las partes procesales formularon sus alegatos de manera oportuna ante la Alzada y que ésta al dictar sentencia confirma el auto interlocutorio emitido por el juez A-Quo e inconforme la parte apelante recurre en amparo; que los fundamentos factico jurídicos de la sentencia pronunciada por el Ad-Quem establecen, considerando cuatro: “que las actuaciones realizadas tanto por el juzgador obligado a instar de oficio el proceso laboral, como de las comparecencias, peticiones y cumplimiento realizado por las partes procesales relacionadas en los considerandos anteriores, este Tribunal de Alzada, observa que la parte demandada no ha actuado de forma dolosa, asimismo, entendemos que los actos de la administración pública deben seguir un orden secuencial y quedar debidamente registrados debido a que la parte demandada, es un ente regulado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y el considerando cinco: “Que el auto interlocutorio de fecha 10 de diciembre del 2019 que rechaza la solicitud de tasación de costas de ejecución, lo fundamenta la Juez A-Quo en el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que establece “El Estado y sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exenta del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”. Que la doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia en antecedentes registrados bajo expedientes Al 399-20l6, AL-85-2017 y AL 541-2017 se señala puntualmente tal disposición legal y hace una concepción del término “dolo” entendiendo por “dolo” como el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión o prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntaria o no, de una parte, en este caso de la parte vencida en juicio y que haya tenido la mala intención de producir daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución. Y siendo que el dolo además de alegado debe ser probado por la parte a cuyo favor se reclaman las costas, extremo que no acontece de la simple comparecencia de solicitud hecha por el demandante, lo que hace que este Tribunal de Alzada, contemple tales motivos expuestos en las diligencias de mérito por los tramites internos que conlleva la emisión del pago del total de la condena, consecuentemente, este Tribunal de Alzada estima procedente confirmar el auto interlocutorio apelado por encontrarse dictado conforme a derecho”. CONSIDERANDO(8): Que el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” Que la opinión de la Fiscal del Ministerio Público para la Defensa de la Constitución y la Sala de lo Constitucional coinciden en el criterio que no consta en autos que la parte demandada (Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia), una vez requerida de pago en fecha 26 de agosto del 2019 por la suma de L.843,262.24 como obra a folio 68 de la primera pieza de autos, haya actuado con dolo a efecto de no dar cumplimiento a la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán a favor de la señora Evellyn Johanny Moncada Moncada; a lo que la parte demandada solicita tasación de costas de ejecución, pretensión que fue denegada por el A-Quo en auto interlocutorio de fecha 10 de diciembre del 2019 y que inconforme con lo resuelto recurre en apelación, dictando sentencia la Alzada en fecha 27 de julio del 2021 confirmando la resolución y contra la cual interpone el recurso de amparo. CONSIDERANDO (9): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse paralelo a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. En ese sentido, la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, condición necesaria para afirmar la existencia de un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el Amparista motiva en su exposición quebrantamiento al Debido Proceso y al Principio de Legalidad contenidos en los preceptos constitucionales 64, 82, 90 y 134 en la resolución que impugna de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando además, que la disposición contenida en el Decreto No.266-2013 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en su artículo 8, no debe desconocer lo establecido en la normativa interna e instrumentos internacionales que regulan la materia laboral; sin embargo, en el caso sub examine no se vislumbra que se hayan vulnerado los preceptos señalados por el Amparista, pues el A-quo motiva su decisión en los criterios manejados por la Corte de Apelaciones en cuanto a la existencia del dolo que señala el Decreto 266-2013, entendido, que el retraso del Estado para cumplir con una obligación no marca por sí solo que esté actuando con dolo o que se trate de actos deliberados para causar daño a la parte demandante; como es conocido, en la Administración Pública los retrasos en la tramitación de pagos, se deben a los procesos administrativos internos que realiza el Estado, los que no deben calificarse como acciones dolosas y muchos menos castigarse como si se tratara de actos mal intencionados, lo que de ser así, debe ser suficientemente probado durante la secuela del proceso, no probarlo como evidentemente ha sucedido en el presente asunto, solo permite que la Alzada proceda a confirmar el auto interlocutorio apelado por estar dictado conforme a derecho. CONSIDERANDO (10): Que la resolución de fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno, impugnada mediante amparo y fallada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, se ha dictado conforme a derecho en aplicación a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una verdadera tutela judicial efectiva y la aplicación de garantías constitucionales al debido proceso y al principio de legalidad reclamados como vulnerados por el Amparista, estima esta Sala de lo Constitucional, que con solo el hecho de haber requerido de pago a la parte demandada no constituye necesariamente un acto negativo por parte de ésta para dar cumplimiento a la sentencia firme mediante la cual es condenada, es visto que la parte demandada al no estar conforme con los fallos emitidos, hace uso de los recursos legales que la ley le permite a las partes para efecto que un Tribunal Superior revise las actuaciones del inferior. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otras, debe ocurrir un juicio previo, acatamiento a las formalidades procesa1es, diligencia ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente instituido, leyes aplicables al caso concreto; dicho de otra forma, el texto constitucional demanda para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos; como consecuencia, si bien es cierto las costas de ejecución se impondrán al ejecutado como regla general, la excepcionalidad nos remite al artículo 8 del citado Decreto 266-2013, concluyendo que el Estado (a través del ente administrativo demandado) está exento del pago de las costas de ejecución como ha quedado expresado en diferentes fallos emitidos por esta Sala, en ese sentido, la sentencia impugnada se ha dictado conforme a derecho y por ningún punto quebranta el debido proceso y el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República, que “los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo lo que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (13): Que, por lo anteriormente expresado, esta Sala de lo Constitucional es del parecer que se Deniegue el amparo presentado y que la Secretaría del Despacho proceda a devolver los antecedentes a la autoridad recurrida para que continúen con el procedimiento que manda la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 803 del Código Procesal Civil; 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado José Ángel Cáceres Valladares a favor de la Evellyn Johana Moncada Moncada contra la Resolución de fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno, emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-889-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL