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Sentencia AL-727-21 — Registro 16276

Resumen

Se interpusieron los Recursos de Amparo Interpuestos contra la sentencia dictada que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto con relación a la “demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se ordene el reintegro al puesto de trabajo por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir, salarios adeudados y costas”. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, se observa que se trata de una acumulación de procesos en materia laboral ordenada por esta Sala, donde a la causa SCO-0727-2021 se le acumulo la SCO-0750-2021, siendo sus actos impugnados, las sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán de fechas veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) que declaran sin lugar los recursos de apelaciones interpuestos en cada uno de los expedientes por los Abogados Evelyn Carolina Ramírez Sánchez y Eber Gerardo Orellana Canales.- De lo referido tanto en los recursos de amparo interpuestos en contra de la sentencia definitiva antes referida y que es el acto recurrido mediante la presente acción, como lo señalado en la mencionada sentencia que ha declarado sin lugar el recurso de apelación, observamos que el alegato toral es la violación al debido proceso y legalidad, en vista de no haber tomado en cuenta lo referido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento a la Trasparencia en el Gobierno, el que dispone: “Que el Estado y sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo…”, sin embargo de la revisión del expediente se desprende que el origen del presente amparo radica en una solicitud de liquidación peticionada en un juicio laboral por parte de los demandantes señores Denia Ibeth Cabrera González, Karla Yessenia Sánchez Martínez, Enma Osiris Moreno Dávila, Glenda Aracely Hernández Martínez, Yonathan Alberto Pineda Ramos, Cinthia Aricela Pineda Baiza, Wilmer Francisco Flores Sánchez y Jefferson Mauricio Ordoñez Burgos, es decir, que de la simple revisión del expediente se desprende que se trata de una petición de costas supuestamente originadas por la inejecución de una sentencia en materia laboral, tomando en consideración esto, el Código Laboral no establece regulación alguna en cuanto a la condena ni al procedimiento de sanción de las costas, únicamente señala el artículo 858 la remisión al Código Procesal Civil en estos casos. Por tal razón, esta norma específicamente en su artículo 222 si contempla y regula todo lo relativo a la tasación e impugnación de las costas, destaca el hecho que el referido artículo en su numeral 1, señala que, cuando hubiere condena en costas luego que sea firme se procederá a la exarción de las mismas, es decir que de la simple lectura de dicho artículo es evidente que para que se proceda con una petición de liquidación y tasación de costas necesaria e ineludiblemente tuvo que haber existido una condena en costas, en el presente caso de autos como lo que se reclama son las costas de ejecución, pues la condena en costas tuvo que haber sido establecida precisamente en el auto que resolvió la ejecución forzosa de la sentencia declarativa en los juicios número SCO-0727-2021 y SCO-0750-2021.- De la revisión de dicho auto que resolvió estas ejecuciones no se desprende condena de costa alguna, por lo tanto el hecho que se le haya dado tramitación a una petición de liquidación de costas sin que previamente haya existido la condena, vulnera el derecho constitucional del recurrente, esta sala reitera, no es tanto el hecho de que esté exenta del pago de costas el Estado de Honduras por disposición del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, sino que sencillamente en el presente caso de autos no ha existido ninguna condena, por lo tanto se ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la legalidad del que goza el Estado de Honduras, quien de conformidad con el artículo 56 del Código Civil es también una persona jurídica Pública en este caso, por lo tanto es procedente otorgar por lo antes expuesto el presente amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.”

Legislación citada

  • Código Civil, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo Interpuestos: 1° por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez (Reg.No.727-2021); y, 2°por el Abogado Eber Gerardo Orellana Canales (Reg. No.750-2021); ambos recursos a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE ORDENE EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SALARIOS ADEUDADOS Y COSTAS” promovida por los señores Denia Ibeth Cabrera González, Karla Yessenia Sánchez Martínez, Enma Osiris Moreno Dávila, Glenda Aracely Hernández Martínez, Yonathan Alberto Pineda Ramos, Cinthia Aricela Pineda Baiza, Wilmer Francisco Flores Sánchez y Jefferson Mauricio Ordoñez Burgos, contra el Estado de Honduras, a través de su representante, la Abogada Ethel Deras Enamorado. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de enero de dos mil trece, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los señores Denia Ibeth Cabrera González, Karla Yessenia Sánchez Martínez, Enma Osiris Moreno Dávila, Glenda Aracely Hernández Martínez, Yonathan Alberto Pineda Ramos, Cinthia Aricela Pineda Baiza, Wilmer Francisco Flores Sánchez y Jefferson Mauricio Ordoñez Burgos, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE ORDENE EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SALARIOS ADEUDADOS Y COSTAS” contra el Estado de Honduras, a través de su representante, la Abogada Ethel Deras Enamorado. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) En fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Hugo Danilo Castro, en su condición de Representante Procesal demandante, solicitando tasación de costas de ejecución del presente juicio, por el 10% que corresponde a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 3,449,624.64), mismo que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.344,962.46), según embargo practicado en fecha 11 de diciembre de dos mil quince. (Folio 295 del expediente del A-quo) 3)Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dispuso: “…I.-…II.-DECLARESE CON LUGAR la tasación de costas de ejecución de sentencia a favor de los demandantes instada por su representante procesal; y siendo que en el artículo 757 del Código Procesal Civil establece que el 25% es para pago de intereses y costas, y en aras del principio de gratuidad que rige la materia laboral, se reconoce únicamente el 10% de la cantidad condenada, en concepto de costas de ejecución a favor de los demandantes, misma que se practica de la siguiente manera: se tiene que el 10% de la cantidad ejecutada L.3,449,624.64, resulta la cantidad de L.344,962.46; por lo cual queda establecido que la cantidad condenada en concepto de costas de ejecución de sentencia asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.344.962.46).” (Folio 299 vuelto del expediente del A-quo) 4) En fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, emitió un auto interlocutorio, el que literalmente dice: “VISTA: La comparecencia que antecede, presentada por el Abogado HUGO DANILO CASTRO, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante, y en cuanto a lo solicitado, siendo de conocimiento público que la actual Procuradora General de la República, es la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. En consecuencia: MANDA: Que por medio del Receptor del Despacho se REQUIERA personalmente en legal y debida forma a la señora LIDIA ESTELA CARDONA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, para que en el acto pague o consigne en este juzgado la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.344,962.46), en concepto de pago de Costas de Ejecución. Prevéngase a la señora LIDIA ESTELA CARDONA, en su condición antes indicada, que si dentro del término señalado no paga o consigna previa denuncia jurada de bienes se embargarán y rematarán suficientes para hacer efectivo el pago de la obligación. Artículos 667, 718, 726 y 858 del Código del Trabajo. NOTIFÍQUESE.” (Folio 304 del expediente de del A-quo) 5) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Evelyn Carolina Ramirez Sánchez, en fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, falló: “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada EVELYN CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha uno de Agosto del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y recaído en el requerimiento de pago de costas de ejecución promovido por el Abogado HUGO DANILO CASTRO en su condición de apoderado demandante, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE ORDENE EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SALARIOS ADEUDADOS, COSTAS, promovido por los señores DENIA IBETH CABRERA GONZALEZ, KARLA YESSENIA SANCHEZ MARTINEZ, ENMA OSIRIS MORENO DAVILA, GLENDA ARACELY HERNANDEZ MARTINEZ, YONATHAN ALBERTO PINEDA RAMOS, CINTHIA ARICELA PINEDA BAIZA, WILMER FRANCISCO FLORES SANCHEZ, Y JEFFERSON MAURICIO ORDOÑEZ BURGOS contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, siendo en la actualidad la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia.-…” (Folios 68-71 del expediente del Ad-Quem) 6) En fecha veinte y veintidós de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, comparecieron ante esta Sala, los Abogados Evelyn Carolina Ramírez Sánchez y Eber Gerardo Orellana Canales, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras; ambos, contra el fallo relacionado en el numeral que antecede, considerando que es violatorio de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) Que esta Sala, en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, los escritos presentados por los Abogados Evelyn Carolina Ramírez Sánchez y Eber Gerardo Orellana Canales, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 106 del recurso) 8) En fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación del Ministerio Público observa que la resolución venida en amparo vulnera los preceptos constitucionales señalados por los recurrentes, en cuanto señala en su considerando (9) lo siguiente: "Que habiendo sido decretado y ejecutado un embargo, indica a esta Corte de Apelaciones que el Estado de Honduras no quería pagar tales conceptos, ya que dicha indemnización debió ser honrada por la parte vencida sin dilación alguna, garantizando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Se estima lo anterior, en virtud que dicho razonamiento se contrapone con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente; extremo que no se encuentra acreditado en autos, por lo que la parte demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto. Asimismo es de resaltar que, si bien es cierto, el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: "En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado", tal normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma el artículo 8 del decreto citado, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones legales se arriba a la conclusión que el Estado de Honduras se encuentra exento del pago de las costas impuestas, salvo que se haya actuado con dolo; de aquí que se aprecie que la sentencia recurrida no se encuentra conforme a derecho, y que quebranta el debido proceso y lo dispuesto en el Principio de Legalidad que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". Por lo que del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos se ha violentado las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.” (Folios 109-114 del recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Denia Ibeth Carrera Gonzales y Otros, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes en el recurso de amparo, manifiestan que la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, es completamente violatoria al DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD, pues además de no respetar a su mandante, la aplicación de la doctrina legal o jurisprudencia constituida para el caso que nos ocupa por esta Sala, asimismo violenta la norma legal del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento a la Trasparencia en el Gobierno, el cual dispone: “Que el Estado y sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo…”.- Normativa que debió de haber sido aplicada al caso concreto, la cual es la misma con la que se fundamenta y se apega a ley, la jurisprudencia que se negó aplicar, la razón por la cual interponemos la presente acción Constitucional de Amparo, a efecto de ser restituido en sus derechos y garantías. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, ha tenido por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, se observa que se trata de una acumulación de procesos en materia laboral ordenada por esta Sala, donde a la causa SCO-0727-2021 se le acumulo la SCO-0750-2021, siendo sus actos impugnados, las sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán de fechas veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) que declaran sin lugar los recursos de apelaciones interpuestos en cada uno de los expedientes por los Abogados Evelyn Carolina Ramírez Sánchez y Eber Gerardo Orellana Canales.- De lo referido tanto en los recursos de amparo interpuestos en contra de la sentencia definitiva antes referida y que es el acto recurrido mediante la presente acción, como lo señalado en la mencionada sentencia que ha declarado sin lugar el recurso de apelación, observamos que el alegato toral es la violación al debido proceso y legalidad, en vista de no haber tomado en cuenta lo referido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento a la Trasparencia en el Gobierno, el que dispone: “Que el Estado y sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo…”, sin embargo de la revisión del expediente se desprende que el origen del presente amparo radica en una solicitud de liquidación peticionada en un juicio laboral por parte de los demandantes señores Denia Ibeth Cabrera González, Karla Yessenia Sánchez Martínez, Enma Osiris Moreno Dávila, Glenda Aracely Hernández Martínez, Yonathan Alberto Pineda Ramos, Cinthia Aricela Pineda Baiza, Wilmer Francisco Flores Sánchez y Jefferson Mauricio Ordoñez Burgos, es decir, que de la simple revisión del expediente se desprende que se trata de una petición de costas supuestamente originadas por la inejecución de una sentencia en materia laboral, tomando en consideración esto, el Código Laboral no establece regulación alguna en cuanto a la condena ni al procedimiento de sanción de las costas, únicamente señala el artículo 858 la remisión al Código Procesal Civil en estos casos. Por tal razón, esta norma específicamente en su artículo 222 si contempla y regula todo lo relativo a la tasación e impugnación de las costas, destaca el hecho que el referido artículo en su numeral 1, señala que, cuando hubiere condena en costas luego que sea firme se procederá a la exarción de las mismas, es decir que de la simple lectura de dicho artículo es evidente que para que se proceda con una petición de liquidación y tasación de costas necesaria e ineludiblemente tuvo que haber existido una condena en costas, en el presente caso de autos como lo que se reclama son las costas de ejecución, pues la condena en costas tuvo que haber sido establecida precisamente en el auto que resolvió la ejecución forzosa de la sentencia declarativa en los juicios número SCO-0727-2021 y SCO-0750-2021.- De la revisión de dicho auto que resolvió estas ejecuciones no se desprende condena de costa alguna, por lo tanto el hecho que se le haya dado tramitación a una petición de liquidación de costas sin que previamente haya existido la condena, vulnera el derecho constitucional del recurrente, esta sala reitera, no es tanto el hecho de que esté exenta del pago de costas el Estado de Honduras por disposición del artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, sino que sencillamente en el presente caso de autos no ha existido ninguna condena, por lo tanto se ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la legalidad del que goza el Estado de Honduras, quien de conformidad con el artículo 56 del Código Civil es también una persona jurídica Pública en este caso, por lo tanto es procedente otorgar por lo antes expuesto el presente amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 96, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento a la Trasparencia en el Gobierno; 1 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 222 del Código Procesal Civil; 1 y 56 del Código Civil; FALLA: PRIMERO: OTORGAR los Amparos interpuestos por la Abogada EVELYN CAROLINA RAMIREZ SANCHEZ en las causas acumuladas SCO-0727-2021 y SCO-0750-2021, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en cada uno de los referidos expedientes, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-727 y 750-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL