Sentencia AL-692-21 — Registro 15752
Resumen
Sentencia declaró sin lugar Recurso de Apelación y confirmó Auto Interlocutorio en Ejecución de sentencia firme dictada por Juzgado de Primera Instancia que ordenó Requerir por la vía de Apremio en legal y debida forma a recurrente para que deje sin valor ni efecto la cancelación de rutas números 650 y 652; Se restituya a los Trabajadores demandantes a sus cargos de motoristas y Ayudantes Abastecedores en dichas Rutas; en relación a Demanda Laboral para el cumplimiento de una Obligación de Hacer, promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida (STIBYS) y otras personas naturales como demandantes contra recurrente; La Autoridad recurrida consideró que el Auto recurrido está apegado a derecho ya que se trata de cosa juzgada, ejecución de sentencia y un proceso de ejecución conforme a ley, por lo que procede confirmar lo resuelto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la lectura del fallo objeto de la presente acción constitucional, logra advertirse que la sentencia emanada del Tribunal de Apelación, si bien en su mayor parte refleja una exposición amplia y ordenada, se ha limitado a explicar a las partes sobre las acepciones y alcances de la institución de la cosa juzgada y el derecho a la ejecución de las sentencias firmes, sin embargo, el fallo muestra falta de exhaustividad en abordar todos los extremos atinentes a los agravios expresados por el apelante, específicamente en lo que concierne al debatido incumplimiento de la sentencia firme recaída en la demanda principal. La sentencia del Tribunal de Alzada, al ratificar lo resuelto por el A Quo, hace suyos sus razonamientos y consideraciones, sin embargo, la Alzada ha omitido pronunciarse sobre una situación de hecho expuesta por el apelante en la audiencia de alegaciones celebrada en fecha 24 de febrero de 2021 ante el Tribunal de Alzada, como parte de sus agravios y que citamos a continuación: “…mi representada tenía las rutas 650 y 652 y había establecido estas para atender de manera particular a los clientes supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR, por lo cual diariamente se les llevaba producto a los diferentes establecimientos que dichas empresas mantienen a nivel de Tegucigalpa, pero por disposiciones contractuales a nivel mercantil y totalmente ajenas a mi representada, dichos clientes se agruparon operando bajo la denominación de WALMART, por lo que le solicitaron a mi poderdante ya no entregar el producto a los supermercados; mi representada no puede obligar a sus clientes a que le reciban producto en los supermercados como lo venían haciendo anteriormente si WALMART al agrupar los supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR decidió concentrar sus operaciones e ir ellos a comprar el producto por sus propios medios a las instalaciones de mi representada, es un decisión eminentemente mercantil donde está en juego la libertad de administración y no puede mi representada exigirles que le sigan recibiendo el producto a los vendedores en las diferentes tiendas solo por un capricho de los trabajadores…”. Como se puede apreciar, la alegación de la parte apelante es que la empresa demandada cumplió las disposiciones de la sentencia condenatoria al restituir a los trabajadores demandantes a sus cargos y reestablecer las rutas identificadas con los números 650 y 652, alegando este extremo ante el Tribunal de Apelaciones el cual no emitió en su fallo pronunciamiento alguno sobre estos extremos, observándose que la sentencia fue cumplida de acuerdo a la parte dispositiva. Así entonces, debemos decir que esta Sala coincide con lo externado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar—o en su caso motivar—las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. Esta Sala considera que resulta además imperioso que el fallo debe ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados por partes, más aún si de ellos surge la controversia que se ha presentado para su resolución, que en este caso resulta ser, inter alia, el precisar si la empresa demandada y ahora ejecutada, ha incumplido o no la sentencia dictada en su contra, considerando las circunstancias que ha expuesto la juez A Quo en el auto interlocutorio apelado, las que no han sido determinadas en el fallo condenatorio que puso fin al procedimiento de la demanda..."..."del examen del fallo emitido por el Tribunal de Alzada se aprecia que si bien el mismo ha resuelto el recurso interpuesto, se advierten algunas omisiones relacionadas a los agravios presentados por la apelante y en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que ha omitido pronunciarse con la debida claridad sobre todos los agravios que ha presentado la apelante en su recurso y/o las razones por las que estos no merecieron la consideración de la Corte de Apelaciones recurrida, por lo que esta Sala considera que tal omisión, ha resultado en que el fallo que se revisa no cumpla debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que la referida Alzada, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución siempre bajo los parámetros de una motivación precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamada a resolver, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento..."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"de la lectura del fallo objeto de la presente acción constitucional, logra advertirse que la sentencia emanada del Tribunal de Apelación, si bien en su mayor parte refleja una exposición amplia y ordenada, se ha limitado a explicar a las partes sobre las acepciones y alcances de la institución de la cosa juzgada y el derecho a la ejecución de las sentencias firmes, sin embargo, el fallo muestra falta de exhaustividad en abordar todos los extremos atinentes a los agravios expresados por el apelante, específicamente en lo que concierne al debatido incumplimiento de la sentencia firme recaída en la demanda principal. La sentencia del Tribunal de Alzada, al ratificar lo resuelto por el A Quo, hace suyos sus razonamientos y consideraciones, sin embargo, la Alzada ha omitido pronunciarse sobre una situación de hecho expuesta por el apelante en la audiencia de alegaciones celebrada en fecha 24 de febrero de 2021 ante el Tribunal de Alzada, como parte de sus agravios y que citamos a continuación: “…mi representada tenía las rutas 650 y 652 y había establecido estas para atender de manera particular a los clientes supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR, por lo cual diariamente se les llevaba producto a los diferentes establecimientos que dichas empresas mantienen a nivel de Tegucigalpa, pero por disposiciones contractuales a nivel mercantil y totalmente ajenas a mi representada, dichos clientes se agruparon operando bajo la denominación de WALMART, por lo que le solicitaron a mi poderdante ya no entregar el producto a los supermercados; mi representada no puede obligar a sus clientes a que le reciban producto en los supermercados como lo venían haciendo anteriormente si WALMART al agrupar los supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR decidió concentrar sus operaciones e ir ellos a comprar el producto por sus propios medios a las instalaciones de mi representada, es un decisión eminentemente mercantil donde está en juego la libertad de administración y no puede mi representada exigirles que le sigan recibiendo el producto a los vendedores en las diferentes tiendas solo por un capricho de los trabajadores…”. Como se puede apreciar, la alegación de la parte apelante es que la empresa demandada cumplió las disposiciones de la sentencia condenatoria al restituir a los trabajadores demandantes a sus cargos y reestablecer las rutas identificadas con los números 650 y 652, alegando este extremo ante el Tribunal de Apelaciones el cual no emitió en su fallo pronunciamiento alguno sobre estos extremos, observándose que la sentencia fue cumplida de acuerdo a la parte dispositiva. Así entonces, debemos decir que esta Sala coincide con lo externado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar—o en su caso motivar—las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. Esta Sala considera que resulta además imperioso que el fallo debe ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados por partes, más aún si de ellos surge la controversia que se ha presentado para su resolución, que en este caso resulta ser, inter alia, el precisar si la empresa demandada y ahora ejecutada, ha incumplido o no la sentencia dictada en su contra, considerando las circunstancias que ha expuesto la juez A Quo en el auto interlocutorio apelado, las que no han sido determinadas en el fallo condenatorio que puso fin al procedimiento de la demanda..."..."del examen del fallo emitido por el Tribunal de Alzada se aprecia que si bien el mismo ha resuelto el recurso interpuesto, se advierten algunas omisiones relacionadas a los agravios presentados por la apelante y en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que ha omitido pronunciarse con la debida claridad sobre todos los agravios que ha presentado la apelante en su recurso y/o las razones por las que estos no merecieron la consideración de la Corte de Apelaciones recurrida, por lo que esta Sala considera que tal omisión, ha resultado en que el fallo que se revisa no cumpla debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que la referida Alzada, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución siempre bajo los parámetros de una motivación precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamada a resolver, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento..."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 51 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, en relación a la ejecución de la sentencia recaída en la demanda laboral promovida por los señores JOSE REINALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, KEVIN FRANCISCO VELASQUEZ FUNEZ Y OTROS contra la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. DE C.V.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 94, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, actuando en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA (STIBYS), y a favor de los señores JOSÉ REINALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, KEVIN FRANCISCO VELÁSQUEZ FUNEZ, CRISTIAN GEOVANNY SIERRA CARRASCO, KENNETH EDUARDO ALMENDAREZ ROSALES Y GERSON DAVID CARRANZA BARRIENTOS, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal el señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ; a efecto de que la sociedad demandada, dejara sin valor ni efecto la cancelación de las rutas identificadas con los números 650 y 652 que atienden mercados especiales, para que continúen con la atención de los clientes y fueran repuestos en sus posiciones a sus representados. (Folios 01 y 12 de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento, en fecha veinte de febrero de dos mil trece, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR, LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el cumplimiento de una Obligación de Hacer promovida por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, quien actúa como representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS), y su vez como representante de sus afiliados señores JOSÉ REYNALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, KEVIN FRANCISCO VELÁSQUEZ FUNEZ, CRISTIAN GEOVANNY SIERRA CARRASCO, KENETH EDUARDO ALMENDAREZ ROSALES Y GERSON DAVID CARRANZA BARRIENTOS, contra la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., a través del señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ; SEGUNDO: ABSOLVER a la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., a través del señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ, toda responsabilidad en el presente juicio.-…” (Folios 202 al 206 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación presentada por el apoderado de la parte demandante y contra la sentencia de la que se hace relación en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha once de abril de dos mil trece, en la cual falló: “1.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en su condición de Representante procesal de la parte demandante. 2. REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del año dos mil trece, que corre agregada a folios 202, 203, 204, 205 y 206 frente y vuelto de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente: UNO: REVOCAR los ordinales PRIMERO Y SEGUNDO de la parte resolutiva del fallo en que se Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ quien actúa como representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS) y que ABSUELVE a la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., a través del señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ de toda responsabilidad en el presente juicio; en consecuencia a) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS), a su vez en representación de los señores JOSÉ REYNALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, KEVIN FRANCISCO VELÁSQUEZ FUNEZ, CRISTIAN GEOVANNY SIERRA CARRASCO, KENETH EDUARDO ALMENDAREZ ROSALES Y GERSON DAVID CARRANZA BARRIENTOS, contra la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., a través del señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ, para que la demandada deje sin valor ni efecto la ilegal e improcedente cancelación de las rutas identificadas bajo los números 650 652.- b) CONDENAR a la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., a través del señor JOSE MARVIN SOLIS HERNANDEZ, a que deje SIN VALOR NI EFECTO la cancelación de las rutas identificadas en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la empresa bajo números 650 y 652.- c) RESTITUIR a los trabajadores JOSÉ REYNALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, a los cargos de Motoristas Abastecedores y a los señores KEVIN FRANCISCO VELASQUEZ FUNEZ, CRISTIAN GEOVANNY SIERRA CARRASCO, KENETH EDUARDO ALMENDAREZ ROSALES Y GERSON DAVID CARRANZA BARRIENTOS, en los cargos de Ayudantes Abastecedores que se desempeñaban en las Rutas 650 y 652 con los mismos derechos reconocidos en la Cláusula 107 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y los demás derechos que tenían desde la fecha en que fueron trasladados.- DOS: CONFIRMAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere las no condena en costas.- …” Que contra esta sentencia fue presentado un recurso de Casación ante la Sala Laboral – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la cual falló DECLARANDO SIN LUGAR dicho recurso. (Folios 211 y 212 y 213 al 222 de la primera pieza) 4) Que en fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, actuando en su condición antes indicada, que en virtud de haber sentencia firme y condenatoria, la parte demanda no había cumplido con la misma, por lo que solicitó que se procediera por vía de apremio y se le impusiera a la demandada las multas correspondientes. (Folios 305 al 310 de la primera pieza) 5) Que en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto Interlocutorio, en la cual Resolvió: “…Que se REQUIERA por la vía DE APREMIO en legal y debida forma al señor ARMANDO JOSE OVIEDO ZELAYA, en su condición de Representante Legal de la EMBOTELLADORA LA REYNA, S,A para que en el acto del requerimiento deje sin valor ni efecto la ilegal e improcedente cancelación de las rutas identificadas bajo los números 650 y 652 asimismo restituir a los Trabajadores JOSÉ REYNALDO RAMÍREZ SALGUERO, DARWIN JOVANY LIZARDO VELÁSQUEZ, a los cargos de Motoristas Abastecedores y a los señores KEVIN FRANCISCO VELASQUEZ FUNEZ, CRISTIAN GEOVANNY SIERRA CARRASCO, KENETH EDUARDO ALMENDAREZ ROSALES Y GERSON DAVID CARRANZA BARRIENTOS, en los cargos de Ayudantes Abastecedores que se desempeñaban en las Rutas 650 y 652 con los mismos derechos reconocidos en la Cláusula 107 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y los demás derechos que tenían desde la fecha en que fueron trasladados. 2.- Hacerle saber al momento del Requerimiento, al funcionario referido, que si no cumple con lo ordenado en la sentencia definitiva dentro del plazo de diez (10) días hábiles, este Tribunal en uso de sus facultades procederá a imponerle a la Institución demandada, una multa diaria de Lps. 10,000.00, hasta que se cumpla debidamente con lo ordenado en la sentencia definitiva antes mencionada…” (Folios 311 y 312 de la primera pieza de antecedentes) 6) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al conocer del Recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de Apoderada Legal de la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., contra la sentencia interlocutoria de que se hacen relación en el numeral que antecede, dictó sentencia interlocutoria en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la cual: “FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve, recaído en la solicitud de ejecución presentada por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ en su condición de representante procesal demandante…” (Folios 16 al 23 de la segunda pieza de los antecedentes) 7) Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., afirmando que la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 94, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno. (Folios 01 al 05 y 28 del recurso de amparo) 8) Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, estimando, que es manifiesto que la parte demandada no ha efectuado fiel cumplimiento a la sentencia, en virtud de que no están otorgando a los trabajadores los mismos derechos que mantenían antes de ser trasladados, al percibir sueldos menores por la zona de trabajo que cubren en este momento lo que va en detrimento de sus derechos. Por lo que no se avizora que la juez que conoce la ejecución de la sentencia pretenda cambiar el alcance del fallo como lo estima la recurrente, ya que el fallo es determinante, los demandados fueron condenados a restituir a los trabajadores a todos los derechos que tenían antes de ser removidos, constituyendo una obligación, quedando de esta manera sin sustento el argumento planteado por la amparista al determinar que el ente jurisdiccional quiere someter a su representada a cumplir obligaciones a las que no fue condenada, por lo que no se determina quebrantamiento a las garantías invocadas. Por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por la impetrante.” (Folios 31 al 36 del recurso de amparo) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la referida CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve resulta ser violatoria de garantías constitucionales en perjuicio de la empresa mercantil Embotelladora La Reyna, S.A., DE C.V., la cual fue objeto de una demanda por parte de trabajadores de su empresa debido a la cancelación de unas rutas determinadas. El procedimiento de la demanda culminó con la condena a la empresa a dejar sin valor ni efecto la cancelación de las referidas rutas que están identificadas en el contrato colectivo de condiciones de trabajo con la empresa en mención. A su vez, se condenó a la empresa a restituir a los trabajadores demandantes en los cargos de ayudantes abastecedores de dichas rutas. Luego de que quedase en firme la sentencia condenatoria se procedió al trámite de su ejecución por la vía de apremio, al considerarse que la empresa demandada había incumplido la misma. La posición de la empresa demandada es que ha cumplido la sentencia a cabalidad por cuanto los trabajadores fueron restituidos a sus cargos y con respecto a las rutas 650 y 652 éstas han sido reestablecidas, pero ya no con el mismo cliente, no por decisión de la empresa, sino que ha sido el cliente quien no ha accedido a que personal de la Embotelladora La Reyna haga ya la entrega del producto, no obstante el juzgado de instancia ordena que la sentencia debe ser cumplida a cabalidad en los términos en los que fue dictada, independientemente de la situación planteada por la empresa demandada. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (6): Que en su sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la precitada Corte de Apelaciones del Trabajo determinó declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación que fuera interpuesto por el apoderado de la empresa mercantil Embotelladora La Reyna S.A. de C.V., contra la resolución emitida en fecha 12 de noviembre de 2019 por el referido Juzgado de Letras del Trabajo, que ordena el requerimiento por la vía de apremio al representante legal de la empresa demandada, para que proceda a dejar sin valor ni efecto la cancelación de las rutas 650 y 652 y ordene restituir a los trabajadores a los cargos de ayudantes abastecedores que desempeñaban en las referidas rutas. Los razonamientos esgrimidos por la Corte de Alzada, se limitan a la conceptualización legal de la institución de la cosa juzgada, la ejecución de las sentencias y el proceso de ejecución. ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (7): Que la recurrente y representante de la empresa ejecutada fundó su reclamo en tres motivos, los que se resumen así: 1) La Corte de Apelaciones del Trabajo no se pronuncia sobre la alegación de que le se imponen a la empresa obligaciones no contenidas en la sentencia condenatoria de mérito; 2) La Corte de Apelaciones del Trabajo pretende cambiar el alcance de la sentencia ordenando que a los trabajadores se les asigne suplir a la empresa Walmart sin que se le haya condenado a la empresa a hacerlo, lo que considera que se ejecute lo que no ha sido juzgado; y 3) La empresa demandada insiste en que ha cumplido la sentencia a cabalidad, pero la Corte de Apelaciones del Trabajo omite señalar en su sentencia en qué forma la empresa demandada ha incumplido la misma y tampoco emite pronunciamiento sobre el hecho que la empresa Walmart no es cliente ya de la empresa condenada. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que el derecho a un debido proceso comporta el cumplimiento de ciertas garantías mínimas, tendientes a afianzar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle a las partes tener oportunidad de ser oídas y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[2], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[3] CONSIDERANDO (11): Que en previas decisiones,[4] este Alto Tribunal ha establecido que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan este derecho a un debido proceso. En este sentido, se ha determinado que la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir, la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho, y la exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes. CONSIDERANDO (12): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual esta Sala asiente decididamente, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[5]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (13): Que de la lectura del fallo objeto de la presente acción constitucional, logra advertirse que la sentencia emanada del Tribunal de Apelación, si bien en su mayor parte refleja una exposición amplia y ordenada, se ha limitado a explicar a las partes sobre las acepciones y alcances de la institución de la cosa juzgada y el derecho a la ejecución de las sentencias firmes, sin embargo, el fallo muestra falta de exhaustividad en abordar todos los extremos atinentes a los agravios expresados por el apelante, específicamente en lo que concierne al debatido incumplimiento de la sentencia firme recaída en la demanda principal. La sentencia del Tribunal de Alzada, al ratificar lo resuelto por el A Quo, hace suyos sus razonamientos y consideraciones, sin embargo, la Alzada ha omitido pronunciarse sobre una situación de hecho expuesta por el apelante en la audiencia de alegaciones celebrada en fecha 24 de febrero de 2021 ante el Tribunal de Alzada, como parte de sus agravios y que citamos a continuación: “…mi representada tenía las rutas 650 y 652 y había establecido estas para atender de manera particular a los clientes supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR, por lo cual diariamente se les llevaba producto a los diferentes establecimientos que dichas empresas mantienen a nivel de Tegucigalpa, pero por disposiciones contractuales a nivel mercantil y totalmente ajenas a mi representada, dichos clientes se agruparon operando bajo la denominación de WALMART, por lo que le solicitaron a mi poderdante ya no entregar el producto a los supermercados; mi representada no puede obligar a sus clientes a que le reciban producto en los supermercados como lo venían haciendo anteriormente si WALMART al agrupar los supermercados PAIZ y DESPENSA FAMILIAR decidió concentrar sus operaciones e ir ellos a comprar el producto por sus propios medios a las instalaciones de mi representada, es un decisión eminentemente mercantil donde está en juego la libertad de administración y no puede mi representada exigirles que le sigan recibiendo el producto a los vendedores en las diferentes tiendas solo por un capricho de los trabajadores…”. Como se puede apreciar, la alegación de la parte apelante es que la empresa demandada cumplió las disposiciones de la sentencia condenatoria al restituir a los trabajadores demandantes a sus cargos y reestablecer las rutas identificadas con los números 650 y 652, alegando este extremo ante el Tribunal de Apelaciones el cual no emitió en su fallo pronunciamiento alguno sobre estos extremos, observándose que la sentencia fue cumplida de acuerdo a la parte dispositiva. Así entonces, debemos decir que esta Sala coincide con lo externado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar—o en su caso motivar—las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. Esta Sala considera que resulta además imperioso que el fallo debe ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados por partes, más aún si de ellos surge la controversia que se ha presentado para su resolución, que en este caso resulta ser, inter alia, el precisar si la empresa demandada y ahora ejecutada, ha incumplido o no la sentencia dictada en su contra, considerando las circunstancias que ha expuesto la juez A Quo en el auto interlocutorio apelado, las que no han sido determinadas en el fallo condenatorio que puso fin al procedimiento de la demanda. CONSIDERANDO (14): Que debemos recordar que el derecho a la ejecución de sentencias firmes es de configuración legal, por lo que se somete a determinadas condiciones para su ejercicio, las que son dispuestas por el legislador, lo que implica que este derecho se restringe a los requisitos y limitaciones formales y materiales dispuestas en la ley. CONSIDERANDO (15): Que del examen del fallo emitido por el Tribunal de Alzada se aprecia que si bien el mismo ha resuelto el recurso interpuesto, se advierten algunas omisiones relacionadas a los agravios presentados por la apelante y en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que ha omitido pronunciarse con la debida claridad sobre todos los agravios que ha presentado la apelante en su recurso y/o las razones por las que estos no merecieron la consideración de la Corte de Apelaciones recurrida, por lo que esta Sala considera que tal omisión, ha resultado en que el fallo que se revisa no cumpla debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que la referida Alzada, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución siempre bajo los parámetros de una motivación precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamada a resolver, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento. P A R T E R E S O L U T I V A POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO a favor de la Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por las razones que se han dejado aquí establecidas; por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso tomando en cuenta las consideraciones que han sido aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-692-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[3] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pág. 56
[4] AP 259-12; AAC-802-14
[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr. 77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.
[6] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012