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Sentencia AL-624-21 — Registro 14782

Resumen

Sentencia interlocutoria resolvió sin lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia en demanda ordinaria laboral promovida por demandantes contra recurrente; El Tribunal de Apelaciones consideró extemporáneo la petición para que el representante del recurrente se excluya del proceso y no concurra ante el A-quo para evacuar el medio de prueba interrogatorio de partes; por lo que la resolución apelada fue resuelta respetando el procedimiento regulado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que estas son propias de instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de evacuar o no los medios de prueba propuestos por las partes, el cual corresponde ser decidido por el Juzgado ante el cual se plantee y posteriormente ante del tribunal de alzada, por vía de recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede observarse que durante su tramitación y posterior decisión, lo solicitado por el impetrante para que el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN no compareciera ante el A-quo para evacuar el medio de prueba interrogatorio de partes y que se conoce en apelación fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal estima que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose con la emisión de la resolución impugnada todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al casi concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que estas son propias de instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de evacuar o no los medios de prueba propuestos por las partes, el cual corresponde ser decidido por el Juzgado ante el cual se plantee y posteriormente ante del tribunal de alzada, por vía de recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede observarse que durante su tramitación y posterior decisión, lo solicitado por el impetrante para que el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN no compareciera ante el A-quo para evacuar el medio de prueba interrogatorio de partes y que se conoce en apelación fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal estima que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose con la emisión de la resolución impugnada todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al casi concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que estas son propias de instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de evacuar o no los medios de prueba propuestos por las partes, el cual corresponde ser decidido por el Juzgado ante el cual se plantee y posteriormente ante del tribunal de alzada, por vía de recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede observarse que durante su tramitación y posterior decisión, lo solicitado por el impetrante para que el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN no compareciera ante el A-quo para evacuar el medio de prueba interrogatorio de partes y que se conoce en apelación fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal estima que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose con la emisión de la resolución impugnada todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al casi concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA a favor del señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el tres de septiembre de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores DENIS ORLANDO VELASQUEZ PONCE y OSCAR ALEJANDRO TREJO AGUILAR, contra la sociedad mercantil denominada AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., a través de su Presidente del Consejo de Administración el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que el recurrente abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, estima que el Ad-Quem incurre en un grave error en el conocimiento de los fundamentos de hecho, error sobre el cual descansa la declaración del fallo proferido, pues tal alteración y equivocación de los hechos trajo como implicaciones que el tribunal no realizara una correcta comprensión de lo planteado y no aplicara la legalidad de manera acertada. El impetrante afirma que quien propuso el medio de prueba interrogatorio del señor Yamal Yibrin Yacamán fue el representante legal de la parte demandante y que él no lo aceptó, errando el tribunal de segunda instancia al establecer que quien lo propuso fue el hoy recurrente cuando dispone en su “CONSIDERANDO (2):… esta Corte lo que entiende es que la pretensión del Representante Procesal es que el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN no comparezca a la audiencia por las razones que expresa, como ser que no sabe nada de los hechos, que es de la tercera edad y que vive en San Pedro Sula, pero estas razones eran de su conocimiento CUANDO BIEN LO PROPUSO COMO MEDIO DE PRUEBA O LO ACEPTO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE PRIMERA DE TRÁMITE, por lo cual o no debió PROPONERLO o debió oponerse si la otra parte lo hizo, pero habiendo pasado ese momento, pretender excluirlo del proceso bajo esos argumentos que eran de su conocimiento, es totalmente improcedente por extemporáneo”. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de aprecia que el recurrente estima como violentados en perjuicio de su representado los derechos de defensa, debido proceso, petición, dignidad humana, salud y vida. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que estas son propias de instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de evacuar o no los medios de prueba propuestos por las partes, el cual corresponde ser decidido por el Juzgado ante el cual se plantee y posteriormente ante del tribunal de alzada, por vía de recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria emitida por la alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede observarse que durante su tramitación y posterior decisión, lo solicitado por el impetrante para que el señor YAMAL YIBRIN YACAMAN no compareciera ante el A-quo para evacuar el medio de prueba interrogatorio de partes y que se conoce en apelación fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal estima que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose con la emisión de la resolución impugnada todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al casi concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 782 inciso 4 y 792 del Código Procesal Civil; 5, 7, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA a favor del señor YAMAL YIBRIN YACAMAN, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V., contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-624-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL