Sentencia AL-583-21 — Registro 16007
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recursos de apelación interpuestos por recurrente y por la parte actora y demandada y Confirmó Auto Interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que declaró sin lugar la Acción de Derecho de Tercero interpuesto por Recurrente; Declaró sin lugar el levantamiento de Embargos sobre cantidades de dinero decretados y trabados en varias Empresas; embargos de los créditos (retención) que le adeudan a la demandada principal y solidarias, Corporación Cartonera & Impresos 3J S A de C V, y Cartones y Derivados Fenix S A de C V y Evergreen Oxford Paper S A ; El Juzgado ordenó continuar con la Ejecución de la Sentencia Firme; La Autoridad recurrida determinó que los Contratos de Dación en Pago protocolizados son Atípicos pues su objeto es una Cesión de Créditos que choca con la figura de la Dación en Pago cuya finalidad es solutoria (pro soluto); Considera que la recurrente únicamente tiene la exigibilidad de los créditos dados en pago, y resulta aplicable la disposición constitucional que reconoce que los créditos a favor de los trabajadores por derechos laborales serán singularmente privilegiados, por tal razón es improcedente declarar a salvo los derechos de la empresa sobre los bienes embargados con el fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, debiendo mantenerse las medidas cautelares decretadas hasta la completa satisfacción de los créditos laborales, pudiendo el recurrente exigir sus derechos sobre cuentas por cobrar y activos fijos dados en pago y sobre los que no pesen embargos por créditos singularmente privilegiados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Mercantil BACKERLAND S.A., ello en atención y según el criterio de los recurrentes la Sociedad Mercantil BACKERLAND S.A., no solo tiene la exigibilidad de los créditos dados en pago, sino que también tiene la titularidad, posesión, uso y demás derechos y anexidades que se le han dado conforme a los Contratos de Dación en Pago..."..."el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna, en lo siguiente: “UNO:… DOS. La dación en pago es un instrumento que, amparado en la autonomía de la voluntad, permite al deudor liberarse de una obligación mediante la transmisión de dominio de determinados bienes de su propiedad para aplicarlo a la extinción total de la deuda, siendo una figura comúnmente utilizada para extinguir deudas provenientes de créditos hipotecarios, mediante la dación del inmueble afectado al acreedor. - TRES: En el presente caso, los contratos de dación en pago protocolizados y que constan en autos, son de alguna manera atípicos, puesto que el objeto de los mismos es una cesión de créditos, que choca con la figura de la dación en pago que tiene una finalidad solutoria (pro soluto), es decir, que implica un pago total e inmediato de lo adeudado una vez operada la transmisión de los bienes dados en pago; lo anterior, en virtud de que en los contratos aludidos no se está transmitiendo a la empresa BACKERLAND, S.A. “el dominio y titularidad legítima y posesión” de las cantidades de dinero adeudadas sino que únicamente se le confiere la exigibilidad del crédito, esto es, el derecho de exigir el pago de los créditos adeudados por las empresas deudoras de las demandadas. Es importante destacar que el solicitante del derecho de tercero (Abg. Oscar Raúl Matute), en su expresión de agravios, acepta que lo se le ha realizado en el presente caso es una cesión de créditos, al expresar que tal como hacen las instituciones financieras al trasladar sus carteras de crédito, no es necesario la notificación a los deudores cuyos créditos son cedidos. - CUATRO:… CINCO: En razón de los anterior y siendo que la empresa BACKERLAND, S.A., únicamente tiene la exigibilidad de los créditos dados en pago, resulta plenamente aplicable al presente caso, lo establecido en el numeral 4 del artículo 128 de la Constitución de la República: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmentet privilegiados, de conformidad con la ley”, en consecuencia, no es posible declarar a salvo los derechos de la empresa solicitante sobre los bienes embargados con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia definitiva proferida en el presente juicio a favor de los trabajadores demandantes, debiendo mantenerse las medidas cautelares decretadas hasta la completa satisfacción de los créditos laborales referidos; pudiendo en todo caso la empresa Backerland exigir sus derechos sobre las cuentas por cobrar y activos fijos que le fueren dados en pago y sobre los cuales no pesen embargos por créditos singularmente privilegiados como los que emanan del presente juicio y cualquier otro de índole laboral…”..."..."luego del estudio de la acción constitucional impetrada, esta Sala de lo constitucional advierte que los recurrentes muestran su discrepancia en relación a que el Ad-quem declara sin lugar el recurso de apelación promovido por el representante procesal de la sociedad mercantil BACKERLAND, S.A., quien solicitó ante el A-quo se declaren a salvo los derechos sobre bienes inmuebles que no pertenecen al patrimonio del deudor ejecutado; en ese orden, presenta Testimonios de Escrituras Públicas que tienen por objeto la protocolización de Contratos intitulados “CONTRATO DE DACIÓN DE PAGO” celebrados entre la señora Saira Milena Pinel Rivera, en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. y el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, en su condición de Apoderado de la Empresa BACKERLAND S.A., documentos que refieren el convenio en celebrar (Sic) “CONTRATO DE DACIÓN DE PAGO PARCIAL”, en cuentas por cobrar a clientes de la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V., con el propósito de honrar la obligación de pago vencida con la Empresa BACKERLAND S.A.; en atención al asunto toral expuesto por los recurrentes en Amparo, la dación en pago es una forma legal que se utiliza para pactar la sustitución de la obligación de pagar que tenga una persona, considerada deudora, por una diferente prestación de parte del acreedor. De esa manera queda extinguida la obligación original, no importa cuál fuera la prestación que se hubiera determinado en un principio. Así entonces la dación en pago (en latín datio in solutum) es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago..."..."para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, resulta importante reafirmar su línea jurisprudencial, acorde a la cual el procedimiento laboral se encuentra, en general sujeto al principio o derecho fundamental del debido proceso, reconocido normativamente en la preceptiva convencional, constitucional y legal del Estado de Honduras; tal el alcance efectivo de la garantía de Amparo para determinar si el fallo proferido por la Corte de Apelaciones vulnera los derechos constitucionales invocados por los recurrentes..."..."esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando inter alia el derecho al debido proceso a que arguyen los impetrantes vulnerado; ello porque la resolución recurrida en amparo se muestra congruente en las argumentaciones expuestas por el Ad-quem y la decisión adoptada, en atención a lo que se debe entender por la figura de Dación en Pago; es así que este Alto Tribunal no aprecia que el proceso intelectivo realizado por el Ad-quem en su fundamentación de derecho se muestre errada como exponen los recurrentes. Contrario sensu el Ad-quem ha desarrollado una motivación lógica, clara, precisa y congruente, comenzando con definir lo que es la Dación en Pago y el porque en los contratos protocolizados y que fueron presentados por el Tercero, con el objeto de hacer valer su pretensión que se declaren a salvo derechos sobre bienes inmuebles por no pertenecer al patrimonio del deudor ejecutado, no se configura la institución de la Dación en Pago, cuyo propósito es que el deudor se vea liberado de una obligación, mediante la entrega al acreedor de un bien o bienes cuyo valor equivale al de la deuda o prestación pendiente. Aunado a ello, los contratos protocolizados no son suficientes -a criterio del Ad-quem-, para acreditar que el Tercero estaba en posesión de las cantidades de dinero adeudadas a las empresas demandadas; proceso intelectivo que corresponde realizar a los Tribunales de instancia, por ser situaciones de mera legalidad que no forman parte de la esfera de intervención de la justicia constitucional a través de la acción constitucional de Amparo. Sin dejar de lado la importancia de enunciar la norma primaria de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico, establecido en el numeral 4 del artículo 128 que establece: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley”. Como corolario de lo anteriormente expuesto, este Alto Tribunal no encuentra que exista en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten a los Amparistas; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, legalidad y propiedad invocados..."..."la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[4]..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por los recurrentes, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 134 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recurso de Amparo interpuestos: 1.- Por la Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES en representación de las Sociedades Mercantiles CORPORACIÓN CARTONERA & IMPRESOS 3J S.A. DE C.V., CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V., y EVERGREEN OXFORD PAPER S.A., garantía de Amparo promovida a favor de la sociedad mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA (Reg. 583-2021); y 2.- Por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, en representación y a favor de la Sociedad Mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA, (Reg. 612-2021), ambos contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por las partes demandantes, demando y tercero, contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve de abril del año dos mil veintiuno, que declara sin lugar la acción de tercero, en la solicitud de Levantamiento de Embargos sobre cantidades de dinero decretados; en relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ, RAMÓN ROSA HERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍA Y OTROS, contra las Sociedades Mercantiles CORPORACION CARTONERA & IMPRESOS 3J, S.A. DE C.V., como obligada principal y contra las empresas CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V. y EVERGREEN OXFORD PAPER S.A., como obligadas solidarias. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado las garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado FELIX ALEJANDRO SUAZO FIGUEROA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JOSE FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ, RAMON ROSA HERNÁNDEZ, JOSE FRANCISCO MARTINEZ MEJIA Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral para que se condene a la demandada al reintegro en el mismo puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones a las existentes al momento del despido injustificado, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que se cumpla con la reinstalación, reajuste de salario mínimo, reajuste de salario extraordinario, contra la Sociedad Mercantil CORPORACION CARTONERA & IMPRESOS 3J S.A. DE C.V., como obligada principal y contra las empresas CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal la señora SAIRA MILENA PINEL y EVERGREEN OXFORD PAPER S.A., representada legalmente por el señor CHUN GEUN PARK SUN, de nacionalidad coreana, como obligadas solidarias, a efecto de que las sociedades demandadas, fueran obligadas a reinstalar a sus mandantes a sus puestos de trabajo, en igualdad de condiciones a las existentes al momento del despido, se condene además al pago de la cantidad de DOS MILLONES CUSTROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 2,492,515.70). (Folios del 4 al 36 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo.) 2) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, se celebró Audiencia de Juzgamiento, en la cual el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, inter alia Falló declarando CON LUGAR la demanda de que se ha hecho referencia, declarando Con Lugar, el Reajuste de Salario Mínimo en proporción a la que es debido al año 2011, 2012 y 2013 a los trabajadores demandantes, Con lugar el Reajuste solicitado de los dos últimos años laborados, en concepto de Décimo Tercer Mes y Décimo Cuarto Mes de Salario, Bono Educativo y Vacaciones en la proporción que le son debidas a los Trabajadores en los años 2011, 2012 y 2013; Sin Lugar el pago de Horas Extras Solicitado; y CONDENÓ a las Empresas Mercantiles CORPORACIÓN CARTONERA & IMPRESOS 3J, S.A. DE C.V., COMO OBLIGADA PRINCIPAL, CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. y EVERGREEN OXFORD PAPER, S.A. COMO SOLIDARIAS, a reinstalar a cada uno de los demandantes en su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad o mejores condiciones a las existentes al momento del despido, el pago de salarios dejados de percibir a cada uno de los trabajadores hasta que de acuerdo a las normas laborales quede firme el juicio, además del pago de la cantidad de TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 3,089,184.11). (Folios del 2465-2505 del Tomo V de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en virtud del Informe rendido por la Secretaría de ese despacho judicial en el que informa que la parte demandada, no pagó, ni consignó inmediatamente la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 32,874,326.47), en concepto de reajuste al salario mínimo y otros derechos laborales resolvió: (Sic) “2.- En consecuencia decretase embargo sobre LAS CUENTAS BANCARIAS de las empresas CORPORACION CARTONERA & IMPRESOS 3J, S.A. DE C.V., como obligada principal y contra las empresas CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V y EVERGREEN OXFORD PAPER, S.A; como obligada solidaria; ya sea en lempiras, en dólares de los Estados Unidos de América, Euros en los diferentes bancos de la República de Honduras dicho embargo es hasta por la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.32,874,326.47) en concepto de pago de prestaciones laborales, indemnizaciones legales, reajuste de salario mínimo y salarios dejados de percibir según sentencia Firme dictada por este Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad…” (Folio 2659 Fv del Tomo VI de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, actuando en representación de la sociedad BACKERLAND S.A., compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, solicitando se declaren a salvo los derechos sobre bienes muebles que no pertenecen al patrimonio del deudor ejecutado, al acreditarse documentalmente el dominio y titularidad legítima y posesión por parte de su mandante, desde antes que se decretaran las medidas que les afecta. (Folios del 3346-3348 del Tomo VI de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que conociendo de la solicitud relacionada en el numeral que antecede, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió auto interlocutorio en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, el cual en su parte dispositiva falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA ACCION DE DERECHO DE TERCERO INTERPUESTA POR EL ABOGADO OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ apoderado procesal de la tercera BACKERLAND S.A. EN CONSECUENCIA SE DECLARA SIN LUGAR A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS SOBRE CANTIDADES DE DINERO DECRETADOS sobre los créditos dinerarios trabados en las empresas EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA), PLASTICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. Y/O PLASTIMAS S.A.; PLASTICOS EUROPEOS S. DE R.L. (EUROPLAST), NEW HOLLAND LINGERIE HONDURAS S.A DE C.V. Y/O NEW HOLLAND APPAREL y AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL S. DE R.L., embargos de los créditos mediante retención que le adeudan estas empresas a la demanda principal y solidarias del presente juicio CORPORACIÓN CARTONERA & IMPRESOS 3J S.A. DE CV. Y CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. Y EVERGREN OXFORD PAPER S.A., embargos decretados y trabados en la forma siguiente: 1) En fecha 13 de noviembre del 2019, mediante funcionarios delegados se trabó el embargo en la empresa AGROINDUSTRIAL DEL CORRAL S. DE R.L. embargo de los créditos dinerarios ya sea en dólares o en lempiras que la empresa mantenga a favor de la demanda principal y solidarias. (Ver acta de embargo folio 2751 y 2752). 2) En fecha 19 de noviembre del 2019 se trabó el embargo ordenado en la empresa PLASTICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. Y/O PLASTIMAS HONDURAS. (Ver acta de embargo folio 2759). 3) En fecha 19 de noviembre del 2019 se trabó el embargo ordenado en la empresa EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA-PEPSI) (Ver acta de embargo folio 2760). 4) En fecha 19 de noviembre del 2019 se trabó el embargo ordenado en la empresa NEW HOLLAND LINGERIE DE HONDURAS S.A DE C.V. Y/O NEW HOLLAND APPAREL (Ver acta de embargo folio 2761). 5) En fecha 20 de noviembre del 2019 se trabó el embargo ordenado en la empresa PLASTICOS EUROPEOS S. DE R.L. (EUROPLAST). (Ver acta de embargo folio 2762). SEGUNDO: ES procedente continuar con la respectiva ejecución según el trámite regular que se debe seguir, para lo cual una vez firme este auto agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que le permite la ley al tercero, se adoptaran las medidas necesarias a fin de garantizar la ejecución y entrega de cantidades de dinero. TERCERO: SIN COSTAS por aplicarse a la materia laboral, normas del orden público. CUARTO: Contra el presente auto interlocutorio procede el recurso de reposición y el de apelación el que se interpondrá en la presente audiencia pública…” (Folios del 3572-3579 Fv del Tomo VI de la pieza de antecedentes del A-quo) 6) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados DANIEL EDUARDO CALLEJAS, MORENA GUADALUPE MATUTE y OSCAR RAUL MATUTE, en su condición de apoderados legales de la parte demandante, demandada principal y solidarias y tercero respectivamente, contra el Auto Interlocutorio que se relaciona en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución en fecha cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR los recursos de apelación interpuesto por el representante de la empresa BACKERLAND, S.A. y por los representantes procesales de la partes actora y demandada contra el auto interlocutorio de fecha nueve (9) de abril del dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección Judicial, en consecuencia, se CONFIRMA el mismo. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia por ser las normas del trabajo eminentemente sociales…” (Folios del 09-12 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 7) Que la Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES, compareció ante este Tribunal Constitucional en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, radicando e interponiendo garantía constitucional de Amparo a favor de la sociedad mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA, afirmando que la resolución de fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República. (Folios del 1-6 de los autos) 8) Que en fecha siete de junio del año dos mil veintiuno, el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la sociedad mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución de fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno de la que se ha hecho relación. En esa misma fecha, la citada Corte de Apelaciones se declaró incompetente para conocer de la demanda de Amparo, ordenándose la remisión del escrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, por ser el Tribunal competente, a través de la Sala de lo Constitucional; diligencias que fueron recibidas en esta Sala en fecha diez de junio del año dos mil veintiuno. (Folios 139-149 de los autos). 9) Que en fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional, al apreciar que los recursos de Amparo anteriormente relacionados, con registro No. 583-2021 y 612-2021, se dirigen contra un mismo acto y se contraen a relacionar los mismos hechos, ordenó su acumulación, para producir una sola sentencia y así mantener la unidad y continencia de la causa; asimismo ordenó dar vista de los autos a los recurrentes por el término de cuarenta y ocho horas para que formalizaran sus peticiones por escrito. (Folio 254fv de los autos) 10) Que en fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizados los recursos de amparo interpuestos por los Abogados MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES y OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, registrados con los números SCO-583-2021 y SCO-612-2021, respectivamente. En consecuencia, ordena seguir con el procedimiento dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 289 de los autos) 11) Que en fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintidós, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, concluyendo: (Sic) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo por no existir ultraje a los artículos Constitucionales denunciados por los amparistas”. Argumenta la Fiscal del Despacho que si bien es cierto, el tercero presentó unos documentos donde acredita la titularidad de un derecho, sin embargo en el presente juicio no se encuentra acreditado en autos que al momento de practicar el embargo la sociedad BACKERLAN S.A., no estaba en posesión de ese derecho, prueba de ello es el hecho que la Sociedad Laboratorios Finlay S.A. permitió la práctica del Embargo en fecha 13 de enero del año 2020 y tampoco puso en conocimiento al Juez Ejecutor que estos créditos le pertenecían. En el caso de autos los contratos protocolizados de Dación en pago son insuficientes pues el tercero no ha aportado otros documentos que demuestren que al momento de realizarse el embargo tenía la posesión de esos derechos, al no tenerlos, no produce efectos perjudiciales contra tercero. Los Contratos de dación en pago mientras no se haya operado la tradición de estos créditos a favor del tercero, no puede perjudicar el derecho de cobro de los trabajadores cuyas deudas por indemnizaciones laborales son privilegiado, antes de satisfacer deudas inherentes a su actividad comercial. (Folios del 293 al 302 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores JOSE FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ, RAMÓN ROSA HERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍA Y OTROS, contra las Sociedades Mercantiles CORPORACION CARTONERA & IMPRESOS 3J, S.A. DE C.V., como obligada principal y contra las empresas CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V. y EVERGREEN OXFORD PAPER S.A., como obligadas solidarias; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarando Sin Lugar los Recursos de Apelación interpuestos por el representante de la empresa BACKERLAND, S.A. y por los representantes procesales de las partes actora y demandada, contra el auto interlocutorio de fecha nueve (9) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO(3): Que los recurrentes Abogados MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES y OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, muestran su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de la sociedad mercantil BACKERLAND, SOCIEDAD ANÓNIMA las garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90, 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República; ambos recurrentes en Amparo con registros de expedientes No. SCO-0583-2021 y SCO-0612-2021, exponen los mismos argumentos, relacionados a la vulneración de derechos constitucionales de debido proceso, propiedad y principio de legalidad. Los recurrentes exponen que los contratos de dación de pago protocolizados y que constan en autos, tienen como objeto la transmisión de créditos, por lo que de cierta manera pudieran considerarse atípicos, pues lo que se transmite -afirman los recurrentes- es la titularidad sobre tales créditos y con ello el derecho a exigir el cumplimiento de pago adeudado por las empresas deudoras de CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V.; sostienen asimismo los recurrentes que ambos contratos de dación de pago se celebraron antes de que se dictara la sentencia que esta en proceso de ejecución y estas circunstancias dan al tercero la oportunidad de solicitar que se levante el embargo decretado y practicado sobre los créditos que LABORATORIO FINLAY le adeudaba a la demandada. CONSIDERANDO(4): Que los recurrentes se centran en afirmar que el Ad-quem incurre en infracción violatoria y contradictoria al afirmar que los Contratos de Dación en Pago son atípicos puesto que el objeto de los mismos es una “cesión de créditos que choca con la figura de la dación en pago que tiene una finalidad solutoria (pro soluto)…”, desconociendo inexplicablemente el Ad-quem que la figura del Pago por Cesión de Bienes o Cesión de Crédito es una figura absolutamente distinta a la figura de la Dación en Pago; que la primera es una figura jurídica gobernada por las normas sustantivas contenidas en los artículos 1440 al 1450 del Código Civil y la diferencia esencial entre ambas figuras es la que en la Dación en Pago como el Ad-quem señala, hay una formal y voluntaria traslación del dominio, uso, posesión y goce del bien del deudor a su acreedor, para liberarse de la obligación aplicado a la extinción total de la deuda. En tanto en la figura de Pago por Cesión de Crédito o de Bienes no hay transferencia de la propiedad de los bienes o de la titularidad del deudor a sus acreedores, sino la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagar de sus créditos, como bien lo definen las normas citadas. A criterio de los recurrentes este concepto contradictorio del Ad-quem es lo que conlleva a la violación flagrante del debido proceso, legalidad y principio de propiedad, cuando se contradice inexplicablemente al ignorar en su ejercicio intelectivo la diferencia esencial que hay entre las figuras referidas. -Lo resaltado es de los recurrentes-CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90, 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Mercantil BACKERLAND S.A., ello en atención y según el criterio de los recurrentes la Sociedad Mercantil BACKERLAND S.A., no solo tiene la exigibilidad de los créditos dados en pago, sino que también tiene la titularidad, posesión, uso y demás derechos y anexidades que se le han dado conforme a los Contratos de Dación en Pago. CONSIDERANDO(6): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna, en lo siguiente: “UNO:… DOS. La dación en pago es un instrumento que, amparado en la autonomía de la voluntad, permite al deudor liberarse de una obligación mediante la transmisión de dominio de determinados bienes de su propiedad para aplicarlo a la extinción total de la deuda, siendo una figura comúnmente utilizada para extinguir deudas provenientes de créditos hipotecarios, mediante la dación del inmueble afectado al acreedor. - TRES: En el presente caso, los contratos de dación en pago protocolizados y que constan en autos, son de alguna manera atípicos, puesto que el objeto de los mismos es una cesión de créditos, que choca con la figura de la dación en pago que tiene una finalidad solutoria (pro soluto), es decir, que implica un pago total e inmediato de lo adeudado una vez operada la transmisión de los bienes dados en pago; lo anterior, en virtud de que en los contratos aludidos no se está transmitiendo a la empresa BACKERLAND, S.A. “el dominio y titularidad legítima y posesión” de las cantidades de dinero adeudadas sino que únicamente se le confiere la exigibilidad del crédito, esto es, el derecho de exigir el pago de los créditos adeudados por las empresas deudoras de las demandadas. Es importante destacar que el solicitante del derecho de tercero (Abg. Oscar Raúl Matute), en su expresión de agravios, acepta que lo se le ha realizado en el presente caso es una cesión de créditos, al expresar que tal como hacen las instituciones financieras al trasladar sus carteras de crédito, no es necesario la notificación a los deudores cuyos créditos son cedidos. - CUATRO:… CINCO: En razón de los anterior y siendo que la empresa BACKERLAND, S.A., únicamente tiene la exigibilidad de los créditos dados en pago, resulta plenamente aplicable al presente caso, lo establecido en el numeral 4 del artículo 128 de la Constitución de la República: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmentet privilegiados, de conformidad con la ley”, en consecuencia, no es posible declarar a salvo los derechos de la empresa solicitante sobre los bienes embargados con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia definitiva proferida en el presente juicio a favor de los trabajadores demandantes, debiendo mantenerse las medidas cautelares decretadas hasta la completa satisfacción de los créditos laborales referidos; pudiendo en todo caso la empresa Backerland exigir sus derechos sobre las cuentas por cobrar y activos fijos que le fueren dados en pago y sobre los cuales no pesen embargos por créditos singularmente privilegiados como los que emanan del presente juicio y cualquier otro de índole laboral…”. CONSIDERANDO(7): Que luego del estudio de la acción constitucional impetrada, esta Sala de lo constitucional advierte que los recurrentes muestran su discrepancia en relación a que el Ad-quem declara sin lugar el recurso de apelación promovido por el representante procesal de la sociedad mercantil BACKERLAND, S.A., quien solicitó ante el A-quo se declaren a salvo los derechos sobre bienes inmuebles que no pertenecen al patrimonio del deudor ejecutado; en ese orden, presenta Testimonios de Escrituras Públicas que tienen por objeto la protocolización de Contratos intitulados “CONTRATO DE DACIÓN DE PAGO” celebrados entre la señora Saira Milena Pinel Rivera, en su condición de Presidente de la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. y el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, en su condición de Apoderado de la Empresa BACKERLAND S.A., documentos que refieren el convenio en celebrar (Sic) “CONTRATO DE DACIÓN DE PAGO PARCIAL”, en cuentas por cobrar a clientes de la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V., con el propósito de honrar la obligación de pago vencida con la Empresa BACKERLAND S.A.; en atención al asunto toral expuesto por los recurrentes en Amparo, la dación en pago es una forma legal que se utiliza para pactar la sustitución de la obligación de pagar que tenga una persona, considerada deudora, por una diferente prestación de parte del acreedor. De esa manera queda extinguida la obligación original, no importa cuál fuera la prestación que se hubiera determinado en un principio. Así entonces la dación en pago (en latín datio in solutum) es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago. Se refiere por tanto al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta. A veces, en un sentido más restringido, por dación en pago se entiende concretamente la entrega de un bien material o dinero como equivalencia del cumplimiento de la obligación originaria de dar, hacer o no hacer; asimismo tenemos que la dación en pago es: DACIÓN EN PAGO. Forma de extinción de obligaciones mediante la entrega del deudor al acreedor de un bien o bienes cuyo valor equivale al de la deuda o prestación pendiente. Es elemento fundamental de la dación la aceptación voluntaria de la misma por las dos partes[3]. CONSIDERANDO(8): Que para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, resulta importante reafirmar su línea jurisprudencial, acorde a la cual el procedimiento laboral se encuentra, en general sujeto al principio o derecho fundamental del debido proceso, reconocido normativamente en la preceptiva convencional, constitucional y legal del Estado de Honduras; tal el alcance efectivo de la garantía de Amparo para determinar si el fallo proferido por la Corte de Apelaciones vulnera los derechos constitucionales invocados por los recurrentes. CONSIDERANDO(9): Que esta Sala de lo Constitucional, encuentra que la resolución de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando inter alia el derecho al debido proceso a que arguyen los impetrantes vulnerado; ello porque la resolución recurrida en amparo se muestra congruente en las argumentaciones expuestas por el Ad-quem y la decisión adoptada, en atención a lo que se debe entender por la figura de Dación en Pago; es así que este Alto Tribunal no aprecia que el proceso intelectivo realizado por el Ad-quem en su fundamentación de derecho se muestre errada como exponen los recurrentes. Contrario sensu el Ad-quem ha desarrollado una motivación lógica, clara, precisa y congruente, comenzando con definir lo que es la Dación en Pago y el porque en los contratos protocolizados y que fueron presentados por el Tercero, con el objeto de hacer valer su pretensión que se declaren a salvo derechos sobre bienes inmuebles por no pertenecer al patrimonio del deudor ejecutado, no se configura la institución de la Dación en Pago, cuyo propósito es que el deudor se vea liberado de una obligación, mediante la entrega al acreedor de un bien o bienes cuyo valor equivale al de la deuda o prestación pendiente. Aunado a ello, los contratos protocolizados no son suficientes -a criterio del Ad-quem-, para acreditar que el Tercero estaba en posesión de las cantidades de dinero adeudadas a las empresas demandadas; proceso intelectivo que corresponde realizar a los Tribunales de instancia, por ser situaciones de mera legalidad que no forman parte de la esfera de intervención de la justicia constitucional a través de la acción constitucional de Amparo. Sin dejar de lado la importancia de enunciar la norma primaria de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico, establecido en el numeral 4 del artículo 128 que establece: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley”. Como corolario de lo anteriormente expuesto, este Alto Tribunal no encuentra que exista en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten a los Amparistas; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, legalidad y propiedad invocados. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[4]. CONSIDERANDO(11): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por los recurrentes, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 128.4, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 779, 780 y 783 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por: 1.- Por la Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES en representación de las Sociedades Mercantiles CORPORACIÓN CARTONERA & IMPRESOS 3J S.A. DE C.V., CARTONES Y DERIVADOS FENIX, S.A. DE C.V., y EVERGREEN OXFORD PAPER S.A., garantía de Amparo promovida a favor de la sociedad mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA (Reg. 583-2021); y 2.- Por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, en representación y a favor de la Sociedad Mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANÓNIMA, (Reg. 612-2021), ambos contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en los Recursos de Amparo Laboral, registrados en este Tribunal con los números SCO-583 y 612-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Diccionario hispanoamericano de derecho/equipo de redacción Margarita Maria Durán Urrea… [et al.]; equipo colaborador Wilman Amaya León…[et al.]. -- Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008.
[4] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.