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Sentencia AL-582-21 — Registro 16006

Resumen

Resolución declaró sin lugar recursos de apelación y confirmó Auto interlocutorio dictado por Juzgado de Primera instancia que declaró sin lugar la acción de derecho de tercero (Backerland S A); Declaró sin lugar la solicitud de levantamiento de embargo sobre cantidades de dinero decretados sobre los créditos que Laboratorios Finlay S A le adeudan a recurrente (Cartones y Derivados Fénix S A de C V), en relación a Demanda laboral promovida contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que los derechos reclamados y concedidos a favor del demandante son un crédito privilegiado derivado de un derecho irrenunciable conferido por la l ey y debe satisfacerse, por lo que procede su confirmatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se conoce en garantía de amparo la sentencia interlocutoria proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor MARVIN ALEXANDER LARA contra la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A. DE C.V., bajo la consideración fundamental que la apelación interpuesta versa sobre los mismos argumentos vertidos por la tercería; habiéndose ya expresado que dichas consideraciones son inatendibles, tanto en lo referente al recurso de apelación interpuesto por los representantes legales de la Sociedad BACKERLAND, S.A., en calidad de tercero, como por la demandada; manifestando en su ratio juris: “(…) es importante señalar que los derechos reclamados y concedidos a favor del demandante son un crédito privilegiado derivado de un derecho irrenunciable conferido por la ley, que ni siquiera requiere dirimirse en juicio y debe satisfacerse”.[1]..."..."comprueba esta Sala de lo Constitucional que la interpretación judicial cuestionada, no colisiona con el articulado de la Constitución de la República, invocado por ambos amparistas, al garantizárseles el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la doble vinculación a lo establecido en la ley y la Constitución de la República y con motivación en derecho congruente y de fondo, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas de selección de la legalidad aplicable; cuya omisión se ha señalado aquí, por ambos demandantes de amparo, como ostensible infracción al principio de legalidad y como óbice para la realización del debido proceso legal..."..."bajo los argumentos ilustrados por la Sala, oído que fue el parecer de la señora Fiscal del despacho y, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; se concluye razonablemente que la sentencia interlocutoria pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, objeto de la presente acción de amparo, no resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por los Letrados recurrentes. Por todo lo cual, examinada que fue la actividad de tutela jurisdiccional social bajo estudio, resulta lo procedente dictar sentencia denegatoria, sin prejuzgar sobre ninguna materia, ni las acciones que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado.[7]..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia los Recurso de Amparo interpuestos: 1.- Por la Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES a favor de la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A. DE C.V., (Reg. 582-2021) y 2.- Por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ a favor de la Sociedad Mercantil BACKERLAND SOCIEDAD ANONIMA, (Reg. 613-2021), ambos contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra el auto interlocutorios dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor MARVIN ALEXANDER LARA contra la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A. DE C.V. Estiman los recurrentes que, con el acto reclamado, se han violentado en perjuicio de su respectiva representacione procesal los artículos 80, 82, 90 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el señor MARVIN ALEXANDER LARA, actuando en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A. DE C.V., por medio de su Representante Legal, la señora MYLENA PINEL, a efecto de que la sociedad demandada, fuera condenada a que le pagara lo que le correspondía en concepto de los derechos adquiridos y las sumas de dinero que, según el demandante, le fueron deducidas mensualmente como un compromiso para ser utilizadas como herramientas de trabajo. (Folios 01 y 12 de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Abogada NANCY RODRIGUEZ DE VALLE, actuando en su condición e apoderada legal del señor MARVIN ALEXANDER LARA, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, solicitando se decretara la Medida Cautelar de Embargo Preventivo. (Folios 18 al veinte de la pieza principal de los antecedentes) 3) Que seguido el procedimiento, en fecha veinte de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó sentencia definitiva mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR, la demanda laboral para el cumplimiento promovida por MARVIN ALEXANDER LARA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra sociedad CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V.; a través de su representante legal la señora MYLENA PINEL, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: CONDENA a la sociedad CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. a través de su representante legal la señora MYLENA PINEL, a pagarle al trabajador MARVIN ALEXANDER LARA, la cantidad de DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.249,373.79), distribuida así: Vacaciones proporcionales L.153.14, vacaciones causadas L. 84,533.97, Décimo tercer mes proporcional L.525.06, Décimo cuarto mes proporcional L.47,780.16, salarios adeudados L.30,000.00, reserva laboral l. 32,381.46, devolución de cantidades deducidas ilegalmente L.54,000.00.…” (Folios 91 al 93 de la pieza principal de antecedentes) 4) Que en fecha seis de octubre de dos mil veinte, el Abogado OSCAR RAUL MATUTE, actuando en su condición de Apoderado legal de la sociedad BACKERLAND SOCIEDAD ANONIMA, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, presentando solicitud, para que se declararan a salvo los derechos sobre bienes afectados por secuestro o embargo, en la demanda promovida contra la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A., al haberse acreditado documentalmente el dominio y titularidad legitima y posesión de los mismos, desde antes que se decretaran las medidas que las afectaron, en la demanda de Tercería de Dominio presentada en su oportunidad. (Folio 131 de la pieza principal de los antecedentes) 5) Que conociendo de la solicitud de que se hace relación en el numeral que antecede, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió auto interlocutorio en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, el cual, en su parte dispositiva, resuelve: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA ACCION DE DERECHO DE TERCERO INTERPUESTA POR EL ABOGADO OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ apoderado procesal de la tercera BACKERLAND S.A. EN CONSECUENCIA SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO SOBRE CANTIDADES DE DINERO DECRETADOS sobre los créditos que la sociedad LABORATORIOS FINLAY S.A. le adeudan a la demandada CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V. …” (Folios 204 al 208 de la pieza principal de primera instancia.) 6) Que conociendo de los recursos de apelación presentados por los Abogados MORENA GUADALUPE MATUTE y OSCAR RAUL MATUTE, contra el Auto Interlocutorio de que se hace relación en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR los recursos de apelación interpuesto por los apoderados procesales de la empresa BACKERLAND, S.A. y la parte demandada, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección Judicial, en fecha veintidós (22) de abril del presente año (2021) en consecuencia, se confirma el mismo en su parte dispositiva.- …” (Folios 13 al 15 de la pieza de segunda instancia) 7) Que la Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES, compareció ante este Tribunal en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CARTONES Y DERIVADOS FENIX S.A. DE C.V., afirmando que la sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, la cual considera es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 103, 104, 106 321 y 324 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 del recurso de amparo) 8) Que en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BACKERLAND SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno de la que se ha hecho relación. En esa misma fecha, la citada Corte de Apelaciones se declaró incompetente de seguir conociendo del recurso de mérito, en virtud de haberse interpuesto contra actuaciones dictadas por ella misma, en consecuencia, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las que fueron recibidas en esta Sala en fecha diez de junio de dos mil veintiuno. (Folios 01 al 07 del presente recurso. 9) Que en fecha siete de febrero de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizadas los recursos de amparo interpuestos por los Abogados MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES y OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, registrados con los números SCO-582-2021 y SCO-613-2021, respectivamente. En consecuencia, ordena seguir con el procedimiento dando vista de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 113 del recurso de amparo.) 10) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, concluyendo en su dictamen: “el pago de derechos adquiridos en la demanda laboral presentada, prima ese derecho ante el dominio transferido de dichas cuentas, esto en atención de lo dispuesto en el artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República que instituye lo siguiente: los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados de conformidad con la Ley. Por tanto prevalece el derecho que le asiste al trabajador en cuanto asegurar el pago de sus derechos por el tiempo que laboró con la demandada; por lo que fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por el impetrante.” (Folios 117 al 122 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la sentencia interlocutoria proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, en relación a la demanda laboral promovida por el señor MARVIN ALEXANDER LARA contra la Sociedad Mercantil CARTONES Y DERIVADOS EL FENIX, S.A. DE C.V., bajo la consideración fundamental que la apelación interpuesta versa sobre los mismos argumentos vertidos por la tercería; habiéndose ya expresado que dichas consideraciones son inatendibles, tanto en lo referente al recurso de apelación interpuesto por los representantes legales de la Sociedad BACKERLAND, S.A., en calidad de tercero, como por la demandada; manifestando en su ratio juris: “(…) es importante señalar que los derechos reclamados y concedidos a favor del demandante son un crédito privilegiado derivado de un derecho irrenunciable conferido por la ley, que ni siquiera requiere dirimirse en juicio y debe satisfacerse”.[1] CONSIDERANDO (4): Que en formalización de la presente acción constitucional de amparo han manifestado los garantistas, por su orden de precedencia, lo siguiente: 1. La Abogada MORENA GUADALUPE MATUTE ROSALES, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que muestran tal resolución vulnera los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; lo cual fundamenta y se sintetiza en infracción al debido proceso y al principio de legalidad que integran la tutela judicial efectiva, habiéndose inobservado la estructura básica que la Constitución prescribe para todo proceso y procedimiento; por lo que interpone la presente acción de amparo para que se restituya a su poderdante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (5): Que, en ocasión de la interposición de su recurso, manifestó la amparista que comparecía ante esta alta Sede de Justicia Constitucional, solicitando se otorgare amparo a la parte por ella representada, contra la descripta resolución del órgano jurisdiccional Ad Quem, manifestando que el carácter sustantivo de la violación radica en su desacuerdo con los numerales Cuarto, parte final; y subsiguientes numerales de la Resolución de Apelaciones objeto del recurso de amparo. Conceptúales como percepciones completamente erradas, por cuanto la obligación de pago contenidas comprende todo lo que adeude el deudor a su acreedor y que ha traspasado para cumplir con el pago de una obligación, independientemente ser una, dos o diversas facturas; siendo importante reseñar que el monto de la obligación, en el presente caso, comprende la totalidad del crédito dinerario representativo de las obligaciones que le traspasó su mandante a la Sociedad BACKERLAND, S.A. Realizando la garantista una desvaloración global a la resolución de marras, por suponerla infractora de la legalidad civil sustantiva y a la constitucionalidad invocada, conforme a los criterios señalados, en vista al evidente y peligroso despojo de su legítima titularidad que ha sufrido la Sociedad BACKERLAND, S.A., sobre las obligaciones de pago que le fueron traspasadas en legal y debida forma por parte de sus mandantes. CONSIDERANDO (6): Que, por su parte, la parte garantista 2. Representada por el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, ha manifestado en formalización de su recurso, que tal resolución interlocutoria de Apelaciones infringe los derechos y garantías constitucionales de su poderdante, la Sociedad BACKERLAND S.A., según dispuestas en los artículos 80, 82, 90, 103, 104, 106, 321 y 324 de la Constitución de la República; lo cual fundamenta y se sintetiza en infracción al debido proceso y al principio de legalidad que integran la tutela judicial efectiva, así como especial mención a las garantías que enmarcan el derecho de propiedad; todas ellas de manera especialmente relevante, dada su trascendencia constitucional, habiéndose inobservado, según su criterio, la estructura básica que la Constitución prescribe para todo proceso y procedimiento; por lo que interpone la presente acción de amparo para que se restituya a su poderdante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que le han sido conculcadas. CONSIDERANDO (7): Que finaliza manifestando en formalización de su recurso, el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, que solicitaba se otorgare amparo a la parte por él representada, contra la descripta resolución del órgano jurisdiccional Ad Quem, en vista su desacuerdo con los numerales Cuarto, parte final; y subsiguientes numerales de la Resolución de Apelaciones objeto del recurso de amparo. Conceptúales como percepciones completamente erradas, por cuanto la obligación de pago contenidas comprende todo lo que adeude el deudor a su acreedor y que ha traspasado para cumplir con el pago de una obligación, independientemente ser una, dos o diversas facturas; siendo importante reseñar que el monto de la obligación, en el presente caso, comprende la totalidad del crédito dinerario representativo de las obligaciones que se le traspasaron a la Sociedad BACKERLAND, S.A. Realizando el garantista una desvaloración global a la resolución de marras, por suponerla infractora de la legalidad civil sustantiva y a la constitucionalidad invocada, conforme a los criterios señalados, en vista al evidente y peligroso despojo de su legítima titularidad que ha sufrido su mandante, la Sociedad BACKERLAND, S.A., sobre las obligaciones de pago que le fueron traspasadas en legal y debida forma. Por todo ello, impugnan los recurrentes la sentencia de apelaciones de la cual se ha hecho relación, la cual consideran violatoria al derecho constitucional precitado; procediendo el otorgamiento de amparo solicitado, de conformidad a derecho. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, por el artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley; 5. (…)”. En tal sentido, cabe motivar que en ninguna parte de la resolución censurada se encuentra interpretación restrictiva, o aplicación indebida de la Ley, que implicare renuncia a la juridicidad aplicable, particularmente por tratarse de garantías sociales; resultando más bien del contenido reconocimiento explícito a lo que se entiende por singular privilegio en la legislación del trabajo. Lo anterior, en forma compatible al principio pro persona [2] (también denominado pro operario en este sector del Ordenamiento), en correlación a lo prescrito fundamentalmente en el artículo 59 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que comprueba esta Sala de lo Constitucional que la interpretación judicial cuestionada, no colisiona con el articulado de la Constitución de la República, invocado por ambos amparistas, al garantizárseles el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la doble vinculación a lo establecido en la ley y la Constitución de la República y con motivación en derecho congruente y de fondo, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas de selección de la legalidad aplicable; cuya omisión se ha señalado aquí, por ambos demandantes de amparo, como ostensible infracción al principio de legalidad y como óbice para la realización del debido proceso legal. CONSIDERANDO (10): Que resulta sumamente aplicable a dilucidar la cuestión constitucional sub examine, la doctrina laboral y social más consolidada, según la cual, en lo atinente a ejecuciones, si el demandado no cumple voluntariamente la sentencia el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacerla efectiva y que el ordenamiento jurídico ya prevé un cauce procesal adecuado para tal fin: el proceso de ejecución;[3] en el cual se solicitaría, no ya la declaración de voluntad típica de los procesos de cognición, sino: “una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior, para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la pretensión de la parte y a la actuación jurisdiccional (…)”;[4] atendiendo así la tutela judicial efectiva, la cual quedaría desguarnecida si las resoluciones jurisdiccionales firmes carecieran de fuerza ejecutoria, o de plasmación efectiva en la realidad social. CONSIDERANDO (11): Que, para la Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, cabe analizar la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, como expresa salvedad a la regla de juicio dictada consultivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá;[5] en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” Lo anterior, teniendo en cuenta el objetivo común establecido en el Bloque de Constitucionalidad, como es: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”.[6] CONSIDERANDO (12): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, oído que fue el parecer de la señora Fiscal del despacho y, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; se concluye razonablemente que la sentencia interlocutoria pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, objeto de la presente acción de amparo, no resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por los Letrados recurrentes. Por todo lo cual, examinada que fue la actividad de tutela jurisdiccional social bajo estudio, resulta lo procedente dictar sentencia denegatoria, sin prejuzgar sobre ninguna materia, ni las acciones que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado.[7] POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO los recursos de amparo, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-582 y 613-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Fundamento de Derecho Ordinal Quinto de la Resolución de Apelaciones objeto del presente recurso de amparo, a folio catorce (14) v., de la segunda pieza.

[2] Vid. Castañeda, Mireya. El Principio Pro Persona: Experiencias y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2014. Asequible en internet, en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_Principio_Pro_Persona_experiencias_y_perspectivas_libro_descargable.shtml

[3] Suárez Fernández, A. Derecho del Trabajo. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997. Pág. 357.

[4] Ibidem.

[5] Asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 11 de octubre de 2021]

[6] Voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010, párr. 62. Citado por: MEJÍA A., J. et al, en: Obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y bienes culturales (2018). Tegucigalpa: Editorial Guaymuras. Págs. 381 y ss.

[7] Ver lo estipulado en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.