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Sentencia AL-466-21 — Registro 14634

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en perjuicio de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que en ese orden de ideas analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y la carencia de argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual el Juez A-quo declara Con Lugar la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia primera de trámite, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de actuaciones al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta el derecho a la defensa de la parte demandada, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues se debe garantizar el derecho constitucional de igualdad a la parte demandada y conforme a ello, ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que en el caso sub judice no se ha vulnerado o amenazado el derecho de defensa y debido proceso invocados..." ..." Que, en relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..." ..." Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, a favor de los señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSE GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO, MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO INDIRECTO promovida por señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSE GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO, MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, en contra de los señores RUDY ANTONIO SANTOA, MARIA ANGELA FUNEZ CABRERA Y SUSSAN BRIGIT SANTOS FUNEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representados, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 en relación a los artículos 127, 128 y 134 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, los señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSE GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO, MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO INDIRECTO…” en contra de los señores RUDY ANTONIO SANTOA, MARIA ANGELA FUNEZ CABRERA Y SUSSAN BRIGIT SANTOS FUNEZ. (Folios 1-11 del expediente del A-quo) 2) En fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE, presentada por el abogado PEDRO ANTONIO MIRANDA MONCADA, como representante procesal de los señores, MARIA ANGELA GOMEZ CABRERA, RUDIS ANTONIO SANTOS Y SUSSAN BRIDGIT SANTOS FUNEZ.- y SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, por considerar que el acto procesal sí cumplió con sus fines. TERCERO: SE SEÑALA NUEVA AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE para el día MIERCOLES (1) UNO DE ABRIL DEL AÑO (2020) DOS MIL VEINTE A LA (1:30 PM) UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, se señala hasta esta fecha en virtud del exceso de trabajo con que cuenta este tribunal por ser un Juzgado Seccional.- CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia…”(Folio 172-174 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, en su condición antes referida, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de las partes Demandantes, contra la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de Ley, en fecha treinta y uno (31) de Enero del año dos mil veinte (2020), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO INDIRECTO. PAGO DE PREAVISO. PAGO DE CESANTÍA. PAGO DE CESANTÍA PROPORCIONAL. PAGO DE VACACIONES PROPORCIONAL. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL. PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO. PAGO DE VACACIONES PENDIENTES. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE. PAGO DE DECIMO CUARTO MES PENDIENTE. PAGO DE SALARIO ADEUDADO. PAGO DE HORAS EXTRAS ADEUDADAS. MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA. Promovida por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, en su condición de Representante Procesal de los señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSÉ GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO y MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, contra los señores RUDY ANTONIO SANTOA y MARIA ANGELA FUNEZ CABRERA, en su condición de Propietario del Centro de Trabajo denominado INVERSIONES PANAMERICANAS, en forma principal y en forma solidaria, contra la señora SUSSAN BRIDGIT SANTOS FÚNEZ, en su condición de Propietaria del Centro de Trabajo denominado TRANSPORTES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DEL SUR "TRAMACOS”. SEGUNDO: REFORMAR DE OFICIO LA SENTENCIA INCIDENTAL RECURRIDA, en el sentido de decretar la nulidad de la audiencia de fecha treinta (30) Octubre del año 2019, y en su momento se señale nueva fecha de audiencia de conciliación.” (Folios 13-18 del expediente del A-quem) 4) Que, el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, compareció ante este Tribunal en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de los señores Douglas Edgardo Alvarenga Velásquez, José German Villalobos, Ramiro Bonilla, Oscar Adalid Escobar Estrada, Tania Gissela Isaguirre Castro y Marlon Ernesto Sosa Maya, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 127, 128 y 134 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, tuvo por formalizado en tiempo y forma el escrito presentado por el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodriguez, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 18 del recurso) 6) En fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de la resolución impetrada, esta Representación Fiscal aprecia que el Ad-quem al haber decretado la nulidad de la audiencia de fecha treinta de Octubre del 2019, ordenando señalar fecha para nueva audiencia, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, que refiere: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes:...4)cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión", asimismo, el artículo 215.2 de ese mismo cuerpo legal, señala "Que si la causa de nulidad se diera o adujera durante la primera o la segunda instancia, el tribunal podrá decidir de plano específicamente e inmediatamente sobre la cuestión planteada.” Situación que se aprecia en el caso de autos, al haber quedado acreditado a través de la respectiva prueba evacuada en el Acta de Audiencia Incidental, que el Abogado Pedro Antonio Miranda fue atendido el 27 de octubre, por presentar una condición de salud y el día 30 está incluido en el tiempo de incapacidad o reposo absoluto. Conforme lo anterior, la suscrita estima que en el caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem No vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista, ya que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos. Conforme lo anterior, la suscrita estima que en el caso de autos el fallo emitido por el Ad-quem no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista, ya que su resolución es razonable, congruente y justa. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 21-26 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por mayoría de votos en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO INDIRECTO, promovida personalmente por los señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSE GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO, MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, en contra de los señores RUDY ANTONIO SANTOS, MARIA ANGELA FUNEZ CABRERA y SUSSAN BRIDGIT SANTOS FUNEZ; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió decretar Nulidad de Actuaciones, en el Recurso de Apelación promovido por la Parte Demandante, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), que declara con lugar la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia de trámite, promovido por la Parte Demandada. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado JORGE LUIS MARAGIAGA RODRIGUEZ, muestra su inconformidad con la resolución dictada por el Ad-Quem, por estimar que la misma vulnera el derecho de defensa y debido proceso establecido en los artículos 82 y 90 párrafo primero, en relación a los artículos 127, 128 y 134 de la Constitución de la República; el impetrante arguye que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, no se pronunció con respecto al rango constitucional que tiene el derecho laboral y que las resoluciones tienen que ser claras y precisas y congruentes con los conceptos debatidos por las partes en el proceso, violentándose así el derecho a la defensa y el formalismo legal del debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que corresponde a la Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y que son invocados como vulnerados por el recurrente en los acápites 3 y 4 del escrito de presentación y formalización del recurso de amparo, que en su orden se lee (SIC) “En fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintiuno (2021), la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle y del Trabajo por Ministerio de Ley, una vez oídos los alegatos de las partes, dicto SENTENCIA INCIDENTAL, pero resulta que dicho fallo no se pronunció con respecto al rango constitucional que tiene el derecho laboral”; “Honorable Corte de lo Constitucional, las resoluciones tienen que ser claras, precisas y congruentes con los conceptos debatidos por las partes en el proceso, violentándose así el derecho a la defensa y el formalismo legal del debido proceso, garantizado por nuestra Constitución de la República, en su artículo 90.”. CONSIDERANDO (5): Que, de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala observa que el recurrente al referirse a las garantías constitucionales que considera violadas o amenazadas, se limita a transcribir el contenido de los artículos 82, 90, 127, 128 y 134 de la Constitución de la República (ver folio 3 y 16 de la pieza del recurso). CONSIDERANDO (6): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), emitido por mayoría de votos se fundamentó básicamente en lo siguiente: “QUINTO: … en el caso de autos la incapacidad médica presentada por el representante procesal de la parte demandada se encuentra comprendida del período del 27 de octubre al 10 de noviembre del año 2019 y la audiencia de conciliación en la que también se apertura audiencia primera de trámite estaba señalada para el día 30 de octubre del año 2019, quedando comprendida la audiencia dentro del tiempo de incapacidad, que estuvo en reposo absoluto por prescripción medida, lo que le impidió presentarse a la audiencia señalada y presentar escrito de reprogramación antes de llevarse a cabo la audiencia del día 30 de octubre del año 2019, por estar debidamente demostrada su incapacidad para acudir a la audiencia o pedir reprogramación antes de la celebración, no puede limitarse el acceso a la justicia y por consiguiente debe reformarse la resolución dictada por el A-quo en el sentido de que la reprogramación esta debidamente justificada y lleva como consecuencia declarar nulidad de la audiencia de fecha treinta (30) de octubre del año 2019 y señalar nueva audiencia de conciliación en vista que se realizó un acto sin la presencia del profesional del derecho, violentándose con ello el derecho de defensa, de conformidad al artículo 212 numeral 4 y 215 numeral 2 del Código Procesal Civil.”. CONSIDERANDO (7): Que el Código de Trabajo[3], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales, se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de la pieza del recurso, esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de escrito de presentación y formalización de la acción de amparo, que ésta carece de los requisitos señalados en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues en la misma no se hace relación a los hechos que motivan la solicitud, como bien lo señalada la norma indicada, pues el recurrente se limitó a señalar que el fallo dictado por el Ad-Quem no se pronunció con respecto al rango constitucional que tiene el derecho laboral y que las resoluciones tienen que ser claras, precisas y congruentes. Esta Sala aprecia que el pedidor no precisa, porque la resolución del Tribunal de Alzada a su criterio no es clara, precisa y congruente, no establece porque considera que la sentencia recurrida carece de dichos requisitos, cual es el agravio que le causa dicha resolución, tampoco precisa porque considera que dicha resolución es violatoria a los derechos de defensa y debido proceso, que aduce vulnerados, que argumentos de la sentencia violan esos derechos, pues el pedidor se limitó a transcribir el contenido de las normas que considera vulneradas, y la sola transcripción no supone vulneración de derechos fundamentales, pues el pedidor deviene en la necesidad de desarrollar cada uno de esos derechos y explicar o argumentar porque considera que la resolución recurrida vulnera esos derechos y con ello poder determinar por parte de esta Sala de lo Constitucional si se han vulnerado o no los derechos fundamentales que el garantista aduce vulnerados. CONSIDERANDO (9): Que en ese orden de ideas analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y la carencia de argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual el Juez A-quo declara Con Lugar la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia primera de trámite, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de actuaciones al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta el derecho a la defensa de la parte demandada, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues se debe garantizar el derecho constitucional de igualdad a la parte demandada y conforme a ello, ordenar la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que en el caso sub judice no se ha vulnerado o amenazado el derecho de defensa y debido proceso invocados. CONSIDERANDO (10): Que vista la opinión del Ministerio Público, fue del parecer porque se deniegue la presente acción de amparo, ello porque, la decisión del Ad-quem al haber decretado la nulidad de la audiencia de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, se fundamenta en el artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, que refiere: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: …4) cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión”, asimismo el artículo 215.2 del mismo cuerpo legal, señala “Que si la causa de nulidad se diera o adujera durante la primera o la segunda instancia el tribunal podrá decidir de plano específicamente e inmediatamente sobre la cuestión planteada. Situación que se aprecia en el caso de autos, al haber quedado acreditado a través de la respectiva prueba evacuada en audiencia incidental, conforme lo anterior estima que el fallo emitido por el Ad-Quem no vulnera garantías constitucionales. CONSIDERANDO (11): Que, en relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 858 del Código de Trabajo; 1, 3, 211, 212 del Código Procesal Civil y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ, a favor de los señores DOUGLAS EDGARDO ALVARENGA VELASQUEZ, JOSE GERMAN VILLALOBOS, RAMIRO BONILLA, OSCAR ADALID ESCOBAR ESTRADA, TANIA GISSELA ISAGUIRRE CASTRO, MARLON ERNESTO SOSA AMAYA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-466-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Ver Artículo 858.