Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-462-22 — Registro 15697

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar apelacion contra la del a-quo con relacion a la solicitud de reprogramación de la audiencia de alegaciones, conociendo en apelación la sentencia definitiva con relación a la demanda laboral promovida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN a favor de la sociedad mercantil denominada UNITEL, S. DE R.L., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar la solicitud de reprogramación de la audiencia de alegaciones llevada a cabo el día uno de diciembre de dos mil veintiuno, conociendo en apelación la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con relación a la demanda laboral promovida por la señora LESLY NATHALYE MARTINEZ ZÚNIGA, contra sociedad mercantil denominada UNITEL, S. DE R.L..-CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, el veinte de enero de dos mil veintidós, alegando que esta infringe los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al estimar que, se reprogramó una audiencia sin haber sido notificada personalmente ya sea por la vía electrónica o teléfono celular, pues debido a la emergencia sanitaria nacional COVID-19, existen disposiciones con respecto a ese tema, mediante Decreto Legislativo No. 36-2020, en el cual se propicia el uso de plataformas digitales para la realización de actuaciones judiciales, tomando decisiones de manera telemática, sincrónico o asincrónica, siempre que garantice la constancia de las decisiones que se tomen y se dé la publicidad procesal del caso.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada fue, declarar sin lugar la solicitud de reprogramación de la audiencia de alegaciones llevada a cabo el día uno de diciembre de dos mil veintiuno, por no existir justificación válida para anular dicha audiencia, en la que se declaró desierto el recurso de apelación por la no comparecencia de la parte apelante, ya que la misma fue señalada en legal y debida forma, habiéndose reprogramado únicamente la hora con suficiente tiempo de antelación, notificándose dicha reprogramación el cinco de noviembre del mismo año, es decir veinticinco días antes de la celebración de la misma.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN a favor de la sociedad mercantil denominada UNITEL, S. DE R.L., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES SECIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; y 2) En cuanto al escrito presentado por la recurrente en fecha doce de septiembre del corriente año, que la misma se esté a lo resuelto en la presente resolución; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0462-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL