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Sentencia AL-403-22 — Registro 16005

Resumen

Sentencia resolvió sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de primera instancia en solicitud de Ejecución de Sentencia con condena en costas por ejecución incluyendo pago de honorarios profesionales en demanda promovida por recurrente contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); La Autoridad recurrida indica que existe doctrina legal en aplicación del Decreto 266-2013 contentivo a la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno el cual estipula que el Estado no será condenado en costas salvo que se haya actuado con dolo, es decir con la intención y mala fe de causar un daño deliberado por lo que procedió a confirmar el auto del A-quo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que la Alzada vertió un pronunciamiento suficiente al respecto, haciéndole ver al recurrente que la materia laboral se rige bajo su normativa especial y principios propios en el cual resulta aplicable únicamente en forma analógica el Código Procesal Civil en asuntos no dispuestas en la norma especial de esta materia, por otro lado, en lo referente a la fuerza de ley del Decreto 266-2013, el Ad-quem le indicó al recurrente que proceden las costas en esta materia en virtud del Decreto 266-2013, LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, siempre que acredite que se ha configurado el dolo por parte del Estado, de manera que se emitió respuesta a sus alegatos en cumplimiento a lo establecido en la Ley..."..."esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."la condena en costas no es absoluta, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8[2] del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo, pese a los principios que rigen esta materia especial..."..."esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala aprecia que la Alzada vertió un pronunciamiento suficiente al respecto, haciéndole ver al recurrente que la materia laboral se rige bajo su normativa especial y principios propios en el cual resulta aplicable únicamente en forma analógica el Código Procesal Civil en asuntos no dispuestas en la norma especial de esta materia, por otro lado, en lo referente a la fuerza de ley del Decreto 266-2013, el Ad-quem le indicó al recurrente que proceden las costas en esta materia en virtud del Decreto 266-2013, LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, siempre que acredite que se ha configurado el dolo por parte del Estado, de manera que se emitió respuesta a sus alegatos en cumplimiento a lo establecido en la Ley..."..."esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."la condena en costas no es absoluta, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8[2] del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo, pese a los principios que rigen esta materia especial..."..."esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de octubre del año dos mil veintidós.-VISTOS: los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de enero del año dos mil veintidós, que resuelve un recurso de apelación interpuesto en contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte, con relación al pago de Costas por Ejecución de Sentencia solicitadas por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en relación a la demanda del señor SERGIO EDUARDO CHIMIRRI CASTRO contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).-CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que le causa agravios el acto reclamado mediante el cual se declaró sin lugar sus pretensiones, concernientes a la figura de COSTAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, por ser del criterio el repitiente, que no resulta aplicable el Decreto 266-2013[1] en dicho asunto por no tener este fuerza o rango de ley frente a lo dispuesto en los Códigos en materia civil, administrativa y laboral que regulan y desarrollan esta tanto las costas de ejecución de sentencia como la CONDENA EN COSTAS, que contienen el derecho especialísimo y preferente de pago a los honorarios profesionales.-CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como quebrantados con el acto reclamado los derechos reconocidos en los artículos 80, 90, 128 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se advierte que la Alzada determinó que el recurrente pretende mediante la ejecución de sentencia la condena en costas solicitando en esta el pago de honorarios profesionales, señalando el Ad-quem que, en materia laboral, rigen los principios de gratuidad, oficiosidad que protegen al trabajador contra la condena en costas, lo cual es aplicable bajo el principio de igualdad a los patronos, explicando además la Corte denunciada que existe doctrina legal en aplicación del referido decreto, tanto para la condena en costas como para las costas de ejecución de sentencia contra el Estado, en las que se ha establecido que proceden estas al acreditarse que este ha incurrido en dolo, no siendo suficiente el mero hecho del requerimiento de pago al ente obligado o realizado este, la falta del pago de aquel, es decir que para estimar el dolo era necesario demostrar la intención y mala fe de causar un daño deliberado, motivos por el que procedió a confirmar el auto del A-quo.-CONSIDERANDO: Que el recurrente señala además que la autoridad recurrida no se pronunció sobre diferentes normas que rigen y desarrollan tanto la condena en costas como las costas de ejecución, haciendo referencia a la pirámide de Kelsen, ante lo cual esta Sala aprecia que la Alzada vertió un pronunciamiento suficiente al respecto, haciéndole ver al recurrente que la materia laboral se rige bajo su normativa especial y principios propios en el cual resulta aplicable únicamente en forma analógica el Código Procesal Civil en asuntos no dispuestas en la norma especial de esta materia, por otro lado, en lo referente a la fuerza de ley del Decreto 266-2013, el Ad-quem le indicó al recurrente que proceden las costas en esta materia en virtud del Decreto 266-2013, LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, siempre que acredite que se ha configurado el dolo por parte del Estado, de manera que se emitió respuesta a sus alegatos en cumplimiento a lo establecido en la Ley.-CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que la condena en costas, es un correctivo que castiga al litigante totalmente vencido en un juicio, a la obligación concreta de resarcir a la parte contraria los gastos causados con motivo de la sustanciación de un juicio.-CONSIDERANDO: Que las costas de Ejecución, son las ocasionadas por las diligencias indispensables que han sido practicadas para el cumplimiento de las ejecutorias que no han sido satisfechas, las que recaen en quien haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate, así pues, ambas condenas en costas, resultan en un título sancionador exigible al vencido.-CONSIDERANDO: Que la condena en costas no es absoluta, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8[2] del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo, pese a los principios que rigen esta materia especial.-CONSIDERANDO: Que esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de enero del año dos mil veintidós, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0403-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO

[2] “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.”.