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Sentencia AL-223-21 — Registro 14633

Resumen

Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo con relaciòn a la “demanda en juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización sindical…” promovida. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Salvador Antonio Espinoza, a favor del señor Carlos Anael Pérez Mejía, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de enero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA EN JUICIO SUMARIO PARA ESTABLECER LA JUSTA CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL…” promovida por Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor Carlos Anael Perez Mejía. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 127, 128 numeral 15, 129 primer párrafo y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, interponiendo “DEMANDA EN JUICIO SUMARIO PARA ESTABLECER LA JUSTA CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL…”, contra el señor Carlos Anael Perez Mejía. (Folios 1-4 vuelto del expediente del A-quo).- 2) En fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) Declarando SIN LUGAR el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la junta directiva de una Organización Sindical promovido por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ahora denominada O&M HALYARD HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) SIN COSTAS en virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social.- 3) Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso de apelación alguno quede firme el presente fallo.-…”(Folio 155-159 del expediente del A-quo).- 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición antes referida, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de enero de dos mil veintiuno, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el veintitrés de enero del dos mil diecinueve (23/01/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REVOCA el numeral 1) la mencionada sentencia en el siguiente sentido: se declara CON LUGAR el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical. Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que se AUTORIZA a la empresa O&M HALYARD HONDURAS, S.A. DE C.V., para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo con el trabajador CARLOS ANAEL PEREZ MEJÍA. TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia anteriormente relacionada en sus demás extremos; es decir, los numerales 2 y 3. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia, por ser las normas laborales eminentemente sociales….” (Folios 47-56 del expediente del A-quem).-4) Que, el Abogado Salvador Antonio Espinoza, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del señor Carlos Anael Pérez Mejía, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 127, 128 numeral 15, 129 primer párrafo y 90 de la Constitución de la República.-5) Que esta Sala, en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Salvador Antonio Espinoza, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, sin ofrecer el recurrente en su escrito las pruebas que se van a aportar para efectos de demostrar la violación alegada, en consecuencia, se declara sin lugar por falta de claridad en su petición, la apertura a pruebas solicita y se ordena a la Secretaría de este Tribunal ponga las presentes actuaciones a la vista del Fiscal por el término de 48 horas, para que emita su dictamen. (Folio 45 del recurso).-6) En fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…El recurrente determina que la sentencia ahora impugnada es injusta al no existir prueba fehaciente que incrimine a su representado respecto a la causal de despido imputada, y si bien es cierto se acreditó que un grupo de trabajadores en su mayoría no sindicalizados se tomaron la empresa e impidieron que los demás trabajadores pudieran ingresar a laborar, situación que no significa que su representado haya participado en tales actos por ende el fallo impugnado lesiona los derechos constitucionales invocados. Que revisado el antecedente de mérito se evidencia que la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 22 de marzo del 2019, declaró Con Lugar el recurso de apelación planteado por la parte actora, mediante la cual reformó la sentencia fecha 23 de enero del 2019, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, al declarar con Lugar y autorizar a la parte recurrente dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo; fallo que fue objeto de acción de amparo por el apoderado legal del señor Carlos Anael Pérez Mejía, y si bien la Sala de lo Constitucional, mediante fallo de fecha 27 de agosto del 2020, determinó declarar Con Lugar la acción interpuesta, al estimar que la sentencia recurrida quebranta el Debido Proceso, por no cumplir con lo establecido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, desprendiéndose que el efecto de la resolución es el dictado de un nuevo fallo, en el único sentido de corregir la parte dispositiva del fallo de conformidad con lo dispuesto en la norma adjetiva antes citada, pero no determina reformar la decisión a la que arribó el Tribunal de Alzada en relación al fondo del asunto, por ende en el caso que nos ocupa concurre una causal de inadmisibilidad conforme lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional, en Artículo 46 numeral 2, que dispone: "Es inadmisible el recurso de amparo: 1).... 2) Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; en vista que se encuentra amparando una situación que ya fue conocida y resuelta por esta Honorable Sala de lo Constitucional. De lo antes mencionado consideramos que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, no atenta con las garantías invocadas por el censor por las consideraciones que fueron expuestas. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la acción de amparo al concurrir la causal de inadmisibilidad referida, por lo que procede sobreseer las diligencias.” (Folios 48-51 del recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, que declaro sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, declarando sin lugar el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical promovida por el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Avent de Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable, ahora denominada O & m Halyard Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se infringió por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que se le ha violado el derecho a la defensa, ya que toda la prueba presentada por su mandante el Tribunal de apelación por mayoría la ha pasado por alto, ha hecho caso omiso de ella, lo que equivale a conculcar el derecho de defensa; asimismo el derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, pues su representado ya había sido injustamente despedido de su trabajo incluso con una sentencia del Tribunal de Apelación que fue anulada por la Sala Constitucional. El debido proceso se violenta porque a pesar que su mandante ha presentado suficientes pruebas, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, arbitrariamente autoriza su despido, el debido proceso tiene que estar en consonancia con una verdadera aplicación de justicia; y el derecho de Libertad Sindical se viola, puesto que se ha irrespetado la normativa laboral en cuanto a las facultades que tienen los directivos sindicales para suscribir acuerdos con los patronos, ya que del simple hecho de firmar una acta como dirigente sindical no se puede determinar que su mandante haya participado en la Suspensión de Labores.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, señalando que al revisar el antecedente de mérito, se evidencia que la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, declaro con lugar el recurso de apelación planteado por la parte actora, mediante el cual reformo la sentencia emitida el veintitrés de enero de dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras del Trabajo, al declarar con lugar y autorizar a la parte recurrente dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo; fallo que fue objeto de acción de amparo por el apoderado legal del señor Carlos Anael Pérez Mejía, y si bien la Sala Constitucional mediante fallo de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte determino declarar con lugar la acción interpuesta, al estimar que la sentencia recurrida quebranta el debido proceso, por no cumplir con lo establecido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, desprendiéndose que el efecto de la resolución es el dictado de un nuevo fallo, en el único sentido de corregirle la parte dispositiva de conformidad con la norma adjetiva antes citada, pero no determina reformar la decisión a la que arribo el Tribunal de Alzada en relación al fondo del asunto, por ende en el caso que nos ocupa concurre una causal de inadmisibilidad conforme lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 2, que dispone: “Es inadmisible el Recurso de Amparo: 1)…; 2).- Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, en vista que se encuentra amparando una situación que ya fue conocida y resuelta por esta Honorable Sala de lo Constitucional, siendo su criterio que se DENIEGUE la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, observamos que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, tal y como le fue ordenado por esta Sala mediante resolución del Recurso de Amparo de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), procedió aplicar lo referido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, siendo evidente que si de esa valoración realizada por el Tribunal de Apelación se desprenden razonamientos que le permitan al Juez tener una visión más amplia del caso sometido a su conocimiento, este los debe de plasmar nuevamente en su sentencia, pues es lógico concluir que de la valoración ordenada ha encontrado nuevos ordenamientos legales y se reitera deben de estar incluidos en el fallo.- En el presente caso de autos, se le repite al impetrante que el debido proceso es el conjunto de etapas y decisiones que le permiten al Juez brindar una tutela efectiva, el hecho que esa tutela judicial una vez cumplidas las etapas y procesos previstos, sea contraria a una de las partes, no implica vulneración de derecho Constitucional alguno, sino sencillamente la actividad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado.- Por esa razón se debe declarar sin lugar la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0223-2021.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Salvador Antonio Espinoza, a favor del señor Carlos Anael Pérez Mejía, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de enero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA EN JUICIO SUMARIO PARA ESTABLECER LA JUSTA CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL…” promovida por Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor Carlos Anael Perez Mejía. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 127, 128 numeral 15, 129 primer párrafo y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, interponiendo “DEMANDA EN JUICIO SUMARIO PARA ESTABLECER LA JUSTA CAUSA PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL…”, contra el señor Carlos Anael Perez Mejía. (Folios 1-4 vuelto del expediente del A-quo).- 2) En fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) Declarando SIN LUGAR el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la junta directiva de una Organización Sindical promovido por el abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ahora denominada O&M HALYARD HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) SIN COSTAS en virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social.- 3) Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso de apelación alguno quede firme el presente fallo.-…”(Folio 155-159 del expediente del A-quo).- 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición antes referida, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de enero de dos mil veintiuno, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el veintitrés de enero del dos mil diecinueve (23/01/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REVOCA el numeral 1) la mencionada sentencia en el siguiente sentido: se declara CON LUGAR el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical. Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que se AUTORIZA a la empresa O&M HALYARD HONDURAS, S.A. DE C.V., para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo con el trabajador CARLOS ANAEL PEREZ MEJÍA. TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia anteriormente relacionada en sus demás extremos; es decir, los numerales 2 y 3. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia, por ser las normas laborales eminentemente sociales….” (Folios 47-56 del expediente del A-quem).-4) Que, el Abogado Salvador Antonio Espinoza, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del señor Carlos Anael Pérez Mejía, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 127, 128 numeral 15, 129 primer párrafo y 90 de la Constitución de la República.-5) Que esta Sala, en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Salvador Antonio Espinoza, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, sin ofrecer el recurrente en su escrito las pruebas que se van a aportar para efectos de demostrar la violación alegada, en consecuencia, se declara sin lugar por falta de claridad en su petición, la apertura a pruebas solicita y se ordena a la Secretaría de este Tribunal ponga las presentes actuaciones a la vista del Fiscal por el término de 48 horas, para que emita su dictamen. (Folio 45 del recurso).-6) En fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…El recurrente determina que la sentencia ahora impugnada es injusta al no existir prueba fehaciente que incrimine a su representado respecto a la causal de despido imputada, y si bien es cierto se acreditó que un grupo de trabajadores en su mayoría no sindicalizados se tomaron la empresa e impidieron que los demás trabajadores pudieran ingresar a laborar, situación que no significa que su representado haya participado en tales actos por ende el fallo impugnado lesiona los derechos constitucionales invocados. Que revisado el antecedente de mérito se evidencia que la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 22 de marzo del 2019, declaró Con Lugar el recurso de apelación planteado por la parte actora, mediante la cual reformó la sentencia fecha 23 de enero del 2019, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, al declarar con Lugar y autorizar a la parte recurrente dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo; fallo que fue objeto de acción de amparo por el apoderado legal del señor Carlos Anael Pérez Mejía, y si bien la Sala de lo Constitucional, mediante fallo de fecha 27 de agosto del 2020, determinó declarar Con Lugar la acción interpuesta, al estimar que la sentencia recurrida quebranta el Debido Proceso, por no cumplir con lo establecido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, desprendiéndose que el efecto de la resolución es el dictado de un nuevo fallo, en el único sentido de corregir la parte dispositiva del fallo de conformidad con lo dispuesto en la norma adjetiva antes citada, pero no determina reformar la decisión a la que arribó el Tribunal de Alzada en relación al fondo del asunto, por ende en el caso que nos ocupa concurre una causal de inadmisibilidad conforme lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional, en Artículo 46 numeral 2, que dispone: "Es inadmisible el recurso de amparo: 1).... 2) Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; en vista que se encuentra amparando una situación que ya fue conocida y resuelta por esta Honorable Sala de lo Constitucional. De lo antes mencionado consideramos que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, no atenta con las garantías invocadas por el censor por las consideraciones que fueron expuestas. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la acción de amparo al concurrir la causal de inadmisibilidad referida, por lo que procede sobreseer las diligencias.” (Folios 48-51 del recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, que declaro sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la Sentencia Definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, declarando sin lugar el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical promovida por el Abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Avent de Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable, ahora denominada O & m Halyard Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se infringió por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que se le ha violado el derecho a la defensa, ya que toda la prueba presentada por su mandante el Tribunal de apelación por mayoría la ha pasado por alto, ha hecho caso omiso de ella, lo que equivale a conculcar el derecho de defensa; asimismo el derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, pues su representado ya había sido injustamente despedido de su trabajo incluso con una sentencia del Tribunal de Apelación que fue anulada por la Sala Constitucional. El debido proceso se violenta porque a pesar que su mandante ha presentado suficientes pruebas, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, arbitrariamente autoriza su despido, el debido proceso tiene que estar en consonancia con una verdadera aplicación de justicia; y el derecho de Libertad Sindical se viola, puesto que se ha irrespetado la normativa laboral en cuanto a las facultades que tienen los directivos sindicales para suscribir acuerdos con los patronos, ya que del simple hecho de firmar una acta como dirigente sindical no se puede determinar que su mandante haya participado en la Suspensión de Labores.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, señalando que al revisar el antecedente de mérito, se evidencia que la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, declaro con lugar el recurso de apelación planteado por la parte actora, mediante el cual reformo la sentencia emitida el veintitrés de enero de dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras del Trabajo, al declarar con lugar y autorizar a la parte recurrente dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo; fallo que fue objeto de acción de amparo por el apoderado legal del señor Carlos Anael Pérez Mejía, y si bien la Sala Constitucional mediante fallo de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte determino declarar con lugar la acción interpuesta, al estimar que la sentencia recurrida quebranta el debido proceso, por no cumplir con lo establecido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, desprendiéndose que el efecto de la resolución es el dictado de un nuevo fallo, en el único sentido de corregirle la parte dispositiva de conformidad con la norma adjetiva antes citada, pero no determina reformar la decisión a la que arribo el Tribunal de Alzada en relación al fondo del asunto, por ende en el caso que nos ocupa concurre una causal de inadmisibilidad conforme lo dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 2, que dispone: “Es inadmisible el Recurso de Amparo: 1)…; 2).- Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, en vista que se encuentra amparando una situación que ya fue conocida y resuelta por esta Honorable Sala de lo Constitucional, siendo su criterio que se DENIEGUE la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, observamos que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, tal y como le fue ordenado por esta Sala mediante resolución del Recurso de Amparo de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), procedió aplicar lo referido en el artículo 715 de la norma Procesal Civil, siendo evidente que si de esa valoración realizada por el Tribunal de Apelación se desprenden razonamientos que le permitan al Juez tener una visión más amplia del caso sometido a su conocimiento, este los debe de plasmar nuevamente en su sentencia, pues es lógico concluir que de la valoración ordenada ha encontrado nuevos ordenamientos legales y se reitera deben de estar incluidos en el fallo.- En el presente caso de autos, se le repite al impetrante que el debido proceso es el conjunto de etapas y decisiones que le permiten al Juez brindar una tutela efectiva, el hecho que esa tutela judicial una vez cumplidas las etapas y procesos previstos, sea contraria a una de las partes, no implica vulneración de derecho Constitucional alguno, sino sencillamente la actividad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado.- Por esa razón se debe declarar sin lugar la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0223-2021.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL