Sentencia AL-189-21 — Registro 15259
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la oposición en contra de la Tasación de Costas en Ejecución de Sentencia por considerar que la cantidad corresponde al 10% sobre el monto liquidado de conformidad con el Arancel del Profesional del derecho en la demanda ordinaria laboral para que se reconozca el estatus de empleado permanente y su antiguedad desde el inicio de la relación laboral, reintegro al cargo que dejó de ejercer la demandante por decisión del patrono, el Estado de Honduras (demandada) a través del Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional resolvió declarar con lugar la suspensión del acto reclamado, en forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente, en virtud de ajustarse la petición a los preceptos que señala el artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional..."..."se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de Representante Procesal de la señora Ericka Mariela Ayala Bustillo, en contra del ESTADO DE HONDURAS, en la dependencia del MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal el Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Mauricio Arturo Castro Aguilar, en su condición de Representante Procesal del MINISTERIO PÚBLICO, y confirmó el auto interlocutorio de fecha once de octubre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."..."corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, declaró sin lugar la oposición a la solicitud de aprobación de tasación de Costas de Ejecución presentada por la parte demandante y condenó al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, a pagar la cantidad de ciento treinta y ocho mil ochocientos veintisiete lempiras con cincuenta y seis centavos (L.138,827.56)..."..."analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la prueba, que le llevaron al convencimiento de la existencia de dolo, en la actuación de la parte demandada a efecto de hacer efectivo el pago a que fue condenado en la sentencia de fecha 23 de abril del año 2018, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS en el Organismo del MINISTERIO PÚBLICO, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha 23 de abril del año 2018, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PUBLICO, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por la parte demandada, contra la Tasación de Costas de Ejecución de Sentencia; con relación a la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se reconozca el estatus de empleado permanente y su antigüedad, promovida por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR en su condición de Representante Procesal de la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO contra el MINISTERIO PÚBLICO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha quebrantado el principio de legalidad, al vulnerar derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución de la República, al violentarse la garantía del debido proceso, contenido en los artículos 80, 82, 89, 90, 232 abrogado, 303 y 321 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, relativos a los requisitos internos de la sentencia, mismas que no se cumplen en el fallo que nos ocupa, lo que hace violatorio el mismo. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (02) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR en su condición de Representante Procesal de la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se reconozca el estatus de empleado permanente y su antigüedad desde el inicio de la relación laboral, contra el ESTADO DE HONDURAS en la dependencia del MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal el Procurador General de la República. (Folios del 01–5 de la Pieza de antecedentes del A-Quo). 2) Que seguido el trámite en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: SE DECLARA Y RECONOCE POR TIEMPO INDEFINIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y DE CARÁCTER PERMANENTE que ha suscrito la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO con el Ministerio Público.- TERCERO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS al REINTEGRO de la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones y los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleado permanente desde la fecha de finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado…” (Folios del 82-86 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha dieciseises (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morzan, el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de Representante Procesal de la señora Ericka Mariela Ayala Bustillo, solicitando se proceda a la Tasación de Costas de Ejecución. (Folio 129 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado Mauricio Arturo castro Aguilar, actuando en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, presentó impugnación contra la solicitud de ejecución de Costas de sentencia promovidas por la parte demandante; por lo que en respuesta a las solicitudes presentadas, en fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado dictó resolución mediante la cual declara: (Sic) “QUINTO: Que el Juez laboral hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz al litigio; En consecuencia se declara SIN LUGAR la oposición presentada por el Representante Legal de la parte demandada en contra de la Tasación las Costas de Ejecución de Sentencia reclamada por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR por la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.138,827.56) mismo que corresponde al 10% sobre el monto liquidado en las diligencias de mérito y que las mismas están protegidas por el arancel del profesional del derecho en su artículo 77 numeral 8…” (Folios 174–175fv de la pieza de antecedentes del A-Quo). 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PÚBLICO, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (Sic) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha once de octubre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en la solicitud de oposición a la tasación de costas de ejecución, presentada por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR en su condición de apoderado demandado; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIV SE RECONOZCA EL ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE Y SU ANTIGÜEDAD DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL CUYAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS HAN SIDO CONTINUAS Y DE NATURALEZA PERMANENTE, REINTEGRO AL CARGO QUE DEJO DE EJERCER POR DECISION DEL PAGTRONO EN FORMA UNILATERAL Y ARBITRARIA Y QUE OCUPABA HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015…, promovido por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR en su condición de representante procesal de la señora ERICKA MARIELA AYALA BUSTILLO contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procuradora General de la República, siendo en la actualidad la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios del 58-66 de la pieza de antecedentes del Ad-Quem). 6) Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de febrero del presente año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción constitucional de amparo, a favor del Ministerio Público, contra la sentencia interlocutoria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios del 01–7 y 60 de los autos) 7) Que mediante providencia de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala de lo Constitucional resolvió declarar con lugar la suspensión del acto reclamado, en forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente, en virtud de ajustarse la petición a los preceptos que señala el artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 44 de los autos) 8) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por abstenido de emitir dictamen el Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBLE GUTIERREZ MALDONADO, ordenando continuar con el procedimiento de ley respectivo. (Folios del 63-69 de los autos). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado Fernando Augusto Ocampo Zaldívar, en su condición de Representante Procesal de la señora Ericka Mariela Ayala Bustillo, en contra del ESTADO DE HONDURAS, en la dependencia del MINISTERIO PÚBLICO, a través de su Representante Legal el Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Mauricio Arturo Castro Aguilar, en su condición de Representante Procesal del MINISTERIO PÚBLICO, y confirmó el auto interlocutorio de fecha once de octubre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, muestra su descontento con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que con el acto reclamado se ha quebrantado el principio de legalidad, al vulnerar derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución de la República, al violentarse la garantía del debido proceso, contenido en los artículos 80, 82, 89, 90, 232 abrogado, 303 y 321 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, relativos a los requisitos internos de la sentencia, mismas que no se cumplen en el fallo que nos ocupa, lo que hace violatorio el mismo; señala el recurrente que la resolución que se impugna ha ignorado el contenido y aplicación del Decreto legislativo No. 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en su articulo 8, el cual fue debidamente utilizado como fundamento legal en la comparecencia al juzgado en la oposición a las Costas de Ejecución solicitadas por la parte procesal demandante. El fallo proferido no valoró dentro de sus razonamientos, fundamentos de derecho utilizados, ni mucho menos en la parte dispositiva de dicho fallo la aplicación de la ley en referencia, la cual forma parte del derecho positivo vigente en nuestro país y de obligatoria aplicación. CONSIDERANDO(4): Que continuando con sus argumentos de vulneración a derechos constitucionales, el impetrante sostiene que estrechamente ligado a la violación del principio de legalidad, en cuanto a la no aplicación de una ley vigente y de estricto cumplimiento al caso concreto, se denuncia que la sentencia interlocutoria de fecha 12 de febrero del año 2021, vulnera a su representado la garantía del debido proceso, por cuanto la misma no cumple con las formalidades y garantías exigidas por la Constitución de la República en el artículo 90, como las exigidas en la norma legal adjetiva del Código Procesal Civil de los artículos 206, 207 y 298 relativas a los requisitos internos de la sentencia, mismas que no se cumplen en el fallo que nos ocupa, lo que hace violatoria el mismo; siendo que la misma carece de claridad, precisión y exhaustividad, así como motivación y congruencia, pues no dio respuesta a los agravios expresados. El Ad-quem restringe o limita su decisión a la valorización del embargo practicado, pero se olvida del estudio, análisis y de hacer razonamiento motivado apegado en ley, no resolviendo nada en relación a los agravios expuestos, sino que simple y sencillamente razonó una supuesta tutela judicial efectiva a favor del demandante e incidentista. La Juez A-quo valoró oficiosamente la existencia del dolo referido, sin haber sido probado por el incidentista, por ello no aplica la excepción del pago de costas que manda el artículo 8 del Decreto Legislativo No. 266-2013, aunado a ello la no aportación de pruebas y la no consideración de la Jurisprudencia y Doctrina Legal existente en el caso concreto. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y el principio de legalidad; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante la cual el referido Juzgado, declaró sin lugar la oposición a la solicitud de aprobación de tasación de Costas de Ejecución presentada por la parte demandante y condenó al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal, a pagar la cantidad de ciento treinta y ocho mil ochocientos veintisiete lempiras con cincuenta y seis centavos (L.138,827.56). CONSIDERANDO(6): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se abstuvo de emitir Dictamen en la presente acción de amparo, fundamentándose en los artículos 15 y 37 de la Ley del Ministerio Público; argumenta la Fiscal del Despacho que del examen de los antecedentes, se aprecia la expresa vinculación de la acción de Amparo incoada por el recurrente, con un asunto promovido contra el Ministerio Público, en relación a la solicitud de Tasación de Costas de Ejecución, por lo que conforme a lo establecido por los artículos 8, 13, 16 Nos. 1, 36, y 37 de la Ley del Ministerio Público, se abstiene de emitir opinión en la acción de Amparo de mérito, al ser expresa la vinculación que hace el recurrente de la acción incoada, con un asunto promovido contra el Ministerio Público e igualmente para los efectos de garantizar los principios de legalidad, objetividad y parte de buena fe que determinan como valores de sus agentes. CONSIDERANDO(7): Que la motivación derivada del Tribunal Ad-quem y en la que fundamenta su decisión, la encontramos en los considerandos 8 y 9 que exponen: ONSIDERANDO (8): Que una verdadera efectividad de la tutela judicial precisa con frecuencia que la intervención de los órganos jurisdiccionales tras la resolución del conflicto a fin de dar adecuado cumplimiento a lo declarado en la sentencia, impidiendo que ésta se convierta en una mera declaración reintenciones o en un ejercicio jurídico mas o menos brillante, de otro modo los derechos reconocidos por los tribunales carecerían de virtualidad , por lo que la ejecución de las sentencias se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como necesario contenido del mismo.- CONSIDERANDO (9): Que habiendo sido requerido de pago el representante del Estado de Honduras y ante la tardanza en hacer efectivo el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios; es que procede la condena en costas de ejecución, ya que dicha indemnización debió ser honrada por la parte vencida sin dilación alguna, garantizando como ya se dijo anteriormente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; es decir juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO(8): Que el recurrente en amparo cita el texto del artículo 739[3] del Código de Trabajo el que considera ha sido obviado por el A-quo lo que conlleva la vulneración al debido proceso en la decisión adoptada; decisión que es ratificada por el Ad-quem, al hacer suyo los argumentos esgrimidos por el A-quo al ratificar que ante la tardanza en hacer efectivo el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, es que procede la condena en costas de ejecución. CONSIDERANDO(9): Que siguiendo con los argumentos expuesto por el impetrante, el asunto fundamental en que basa su tesis de vulneración al principio de legalidad, es la inaplicabilidad del Decreto Legislativo No.266-2013 que contiene la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” -énfasis suplido-. En este punto y a manera de ilustración es necesario establecer que se entiende por “dolo”; el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[4] nos brinda el siguiente concepto: Dolo. Cualidad de un acto, que tiene relevancia para el mundo jurídico, y que ha sido realizado con la intención o propósito de lesionar a otro y con conocimiento y conciencia de las actividades que para ello se desarrollan. Dependiendo de la rama del Derecho que regule la acción ejecutada y sus efectos, la concurrencia del elemento de dolo genera ciertas consecuencias jurídicas especiales, que generalmente están encaminadas a sancionar al individuo que así procede. Existen diversas clasificaciones del dolo, según las ramas del Derecho y las características de cada evento. Este Alto Tribunal de Justica, se ha pronunciado en diferentes sentencias y mantiene como línea jurisprudencial que uno de los elementos para configurar el derecho al debido proceso, lo constituye el derecho a obtener una respuesta motivada en relación a las pretensiones expuestas por las partes en contienda; es así que también este Alto Tribunal siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[5], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[6]. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[7]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[8], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[9] CONSIDERANDO (11): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la vulneración al derecho Debido Proceso y el Principio de Legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 90 y 321 en la sentencia interlocutoria de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”; ello en relación a las disposiciones contenidas en los artículos 739 del Código de Trabajo y 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la sentencia interlocutoria de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación a motivar en forma razonada, suficiente y congruente con la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto a los razonamientos fácticos y jurídicos, en la apreciación de la prueba, que le llevaron al convencimiento de la existencia de dolo, en la actuación de la parte demandada a efecto de hacer efectivo el pago a que fue condenado en la sentencia de fecha 23 de abril del año 2018, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, haga una valoración suficientemente motivada de los elementos que deben observarse, a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS en el Organismo del MINISTERIO PÚBLICO, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha 23 de abril del año 2018, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 207 del Código Procesal Civil; 739 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, a favor del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia interlocutoria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. 3) Déjese sin valor y efecto la medida cautelar de suspensión provisional del acto reclamado, decretada por este Tribunal en auto de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número 0189-2021.
CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Libre Formación del Convencimiento. Artículo 739. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pelito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.
[4] Diccionario hispanoamericano de derecho/equipo de redacción Margarita Maria Duran Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León … [et al]. –Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008.
[5] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[7] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[8] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[9] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.