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Sentencia AL-1374-21 — Registro 15262

Resumen

Resolución resolvió sin lugar recurso de apelación y confirmó procedencia de auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que estimó la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal en demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por recurrente contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); La Autoridad recurrida estimó que se acreditó que la demandante era servidora pública y cualquier controversia seria del conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas giran en torno a la procedencia de la excepción dilatoria por incompetencia del Tribunal que fue confirmada por el Ad-quem, mediante resolución dictada en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, en donde la alzada estimó que se acreditó que la relación de trabajo se regía bajo un Acuerdo y por lo tanto la demandante era servidora pública, con los derechos que ostentan los servidores públicos y que cualquier controversia que surgiera sería del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que no aplica la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo y de esa misma Corte en cuanto a que existe una simulación contractual..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. .."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a las partes en litigio..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas giran en torno a la procedencia de la excepción dilatoria por incompetencia del Tribunal que fue confirmada por el Ad-quem, mediante resolución dictada en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, en donde la alzada estimó que se acreditó que la relación de trabajo se regía bajo un Acuerdo y por lo tanto la demandante era servidora pública, con los derechos que ostentan los servidores públicos y que cualquier controversia que surgiera sería del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que no aplica la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo y de esa misma Corte en cuanto a que existe una simulación contractual..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. .."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veintidós. VISTO los antecedentes del recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO a favor de la señora MARIA ISABEL ACOSTA LANZA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMETO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por la señora MARIA ISABEL ACOSTA LANZA contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN). CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso contenidos en los artículos 82 párrafo 2 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues la relación laboral de su representada con el Estado deriva de un contrato que reúne las característica esenciales para la existencia de un contrato de trabajo contenidas en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo cual aunque INHGEOMIN le haya denominado de una forma distinta (Acuerdo) no deja de ser un contrato de trabajo que debe ser tutelado por la jurisdicción laboral. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas giran en torno a la procedencia de la excepción dilatoria por incompetencia del Tribunal que fue confirmada por el Ad-quem, mediante resolución dictada en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, en donde la alzada estimó que se acreditó que la relación de trabajo se regía bajo un Acuerdo y por lo tanto la demandante era servidora pública, con los derechos que ostentan los servidores públicos y que cualquier controversia que surgiera sería del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que no aplica la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo y de esa misma Corte en cuanto a que existe una simulación contractual. CONSIDERANDO: Que al respecto este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a las partes en litigio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 55 literal b) del Arancel del Profesional del Derecho; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO a favor de la señora MARIA ISABEL ACOSTA LANZA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO, al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1374-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL