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Sentencia AL-1360-21 — Registro 15261

Resumen

Sentencia interlocutoria resolvió recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que consideró que no proceden las costas de ejecución contra el Estado porque no se acreditó que éste incurrió en dolo como requisito que exige la ley con relación a las costas de ejecución de sentencia laboral promovida por recurrente contra la Empresa Hondureña de Comunicaciones (HONDUTEL)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del acto reclamado se advierte que la Alzada indicó al suplicante que las costas de ejecución contra el Estado proceden al acreditarse que este ha incurrido en dolo, no siendo suficiente el mero hecho del requerimiento de pago al ente obligado o realizado este, la falta del pago de aquel, es decir que para estimar el dolo era necesario demostrar la intención y mala fe de causar un daño deliberado, motivo por el que procedió a confirmar el auto del A-quo, toda vez que no se probó lo ya señalado..."..."esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."esta Sala de lo Constitucional debe indicar al recurrente, que no se emitirá pronunciamiento sobre otros diferentes aspectos que ha expuesto en el escrito de interposición, aun cuando están intrínsecamente relacionadas a la presente causa, también lo es que son ajenas al conocimiento de esta Sala por no formar parte del acto contra el cual recurre, como se desprende de la misma relación hecha por el impetrante..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del acto reclamado se advierte que la Alzada indicó al suplicante que las costas de ejecución contra el Estado proceden al acreditarse que este ha incurrido en dolo, no siendo suficiente el mero hecho del requerimiento de pago al ente obligado o realizado este, la falta del pago de aquel, es decir que para estimar el dolo era necesario demostrar la intención y mala fe de causar un daño deliberado, motivo por el que procedió a confirmar el auto del A-quo, toda vez que no se probó lo ya señalado..."..."esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."esta Sala de lo Constitucional debe indicar al recurrente, que no se emitirá pronunciamiento sobre otros diferentes aspectos que ha expuesto en el escrito de interposición, aun cuando están intrínsecamente relacionadas a la presente causa, también lo es que son ajenas al conocimiento de esta Sala por no formar parte del acto contra el cual recurre, como se desprende de la misma relación hecha por el impetrante..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de agosto del año dos mil veintidós. VISTOS: los antecedentes correspondientes al recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANKLIN GEOVANNY SOSA ALONZO, a favor de HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resuelve un recurso de apelación interpuesto en contra del auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve, con relación a las costas de ejecución de sentencia laboral promovida por HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CONSIDERANDO: Que el recurrente indica en su escrito de interposición, que pese a que las costas de ejecución y la condena en costas son instituciones diferentes, el Ad-quem ante su petición de costas de ejecución le resuelve como si fuese condena en costas, estimando por esto el peticionario, que no corresponde la aplicación del artículo 8 del Decreto 266-2013[1] en dicho asunto, asimismo, señala que la demandada desobedeció dolosamente la sentencia condenatoria al no pagar al ser requerida en legal y debida forma con lo cual incrementó los daños y perjuicios a su representado, motivo por el que procede la presente acción. CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como quebrantados con el acto reclamado los derechos reconocidos en los artículos 80, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se advierte que la Alzada indicó al suplicante que las costas de ejecución contra el Estado proceden al acreditarse que este ha incurrido en dolo, no siendo suficiente el mero hecho del requerimiento de pago al ente obligado o realizado este, la falta del pago de aquel, es decir que para estimar el dolo era necesario demostrar la intención y mala fe de causar un daño deliberado, motivo por el que procedió a confirmar el auto del A-quo, toda vez que no se probó lo ya señalado. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, contrario a lo expuesto por el recurrente, que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que la condena en costas, es un correctivo que castiga al litigante totalmente vencido en un juicio, a la obligación concreta de resarcir a la parte contraria los gastos causados con motivo de la sustanciación de un juicio. CONSIDERANDO: Que las costas de Ejecución, son las ocasionadas por las diligencias indispensables que han sido practicadas para el cumplimiento de las ejecutorias que no han sido satisfechas, las que recaen en quien haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate, así pues, ambas condenas en costas, resultan en un título sancionador exigible al vencido. CONSIDERANDO: Que la condena en costas no es absoluta, sin importar el juicio del que se trate, toda vez que la ley faculta al Juzgador a eximir al obligado de estas como sucede al apreciarse los motivos racionales de litigar, o al probar el demandado haber cumplido en todo o en parte con su obligación, sobre lo cual, el Juez debe hacer una declaración expresa en la sentencia, en el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben observar lo dispuesto en el artículo 8[2] del Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, ya mencionada, en el cual se estipula que el Estado no será condenado en costas salvo se haya actuado con dolo. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha hecho referencia en diferentes sentencias en casos como este que, puede entenderse por dolo y culpa, el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño; de manera que para que el Ad-quem o el A-quo condenara en costas a la demandada obligada, era necesario que el recurrente, acreditara la concurrencia del dolo por la parte vencida en juicio y ejecutada, aspecto que obvió para efectos de sustentar su pretensión ante dichos órganos competentes, motivo por el cual la decisión de la Alzada ha sido dictada respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional debe indicar al recurrente, que no se emitirá pronunciamiento sobre otros diferentes aspectos que ha expuesto en el escrito de interposición, aun cuando están intrínsecamente relacionadas a la presente causa, también lo es que son ajenas al conocimiento de esta Sala por no formar parte del acto contra el cual recurre, como se desprende de la misma relación hecha por el impetrante. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANKLIN GEOVANNY SOSA ALONZO, a favor de HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1360-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO

[2] “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.”.