Sentencia AL-1219-22 — Registro 16236
Resumen
acción de amparo, se cimenta en nulidad de una notificación por estimarla impetrante,ambigua por adolecer de errores en cuanto al número de expediente y nombre del representante procesal, motivo por el que solicitó se aclarara y se realizara correctamente en relación a demanda laboral promovida,contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como vulnerado el derecho de defensa como el del debido proceso, reconocidos por en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que la Alzada, mediante el acto reclamado en respuesta a los agravios expuestos por el repitente indica que conforme lo dispuesto en el artículo 720 del Código del Trabajo, las actuaciones y diligencias judiciales se basan en los principios de oralidad y publicidad, y al presentar sus alegatos por escrito y no en comparecencia, declara sin lugar lo solicitado no estar presentado en la forma.- CONSIDERANDO: Que del estudio del asunto de estudio observa esta Sala que el acto reclamado proferido por el Ad Quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicable al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes. Por lo que no se advierte que exista vulneración a la preceptiva constitucional invocada en la presente garantía de amparo.-CONSIDERANDO: Que de lo expuesto, es visto que el recurrente, consintió la resolución de que ahora recurre en Amparo a favor de su representada, al no accionar su derecho en observancia a lo establecido en la Ley por lo que la resolución dictada por el Ad-quem se encuentra apegada a derecho.- CONSIDERANDO: Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso y contrastado el Dictamen Fiscal, con los elementos de motivación supraindicados; encuentra la Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada efectivamente acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual se tiene también como parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, reconocido constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna; tal como se constata del caso de autos. En consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 3, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos: contra los actos consentidos por el agraviado, por cuanto continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ALEJANDRO CASTRO, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución emitida en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resolvió un recurso de apelación que fue interpuesto contra el acto de notificación realizado vía electrónica en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintidós, por la misma CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la demanda laboral promovida por LENIN ARLISON PACHECO MONCADA y OTROS, contra del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, se cimentan en que presentó la nulidad de una notificación por estimarla ambigua por adolecer de errores que lo llevaron a la confusión en cuanto al número de expediente y nombre del representante procesal, motivo por el que solicitó se aclarara y se realizara correctamente, de lo que no obtuvo respuesta, celebrándose la audiencia de alegaciones a la cual compareció sin poder ejercitar de forma eficaz el derecho de defensa y debido proceso con lo cual deja en indefensión a su mandante, y si bien presentó el respectivo recurso de apelación la misma fue declarada sin lugar por según la Alzada, dicho denunciante tuvo conocimiento de dicha audiencia.-CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como vulnerado el derecho de defensa como el del debido proceso, reconocidos por en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que la Alzada, mediante el acto reclamado en respuesta a los agravios expuestos por el repitente indica que conforme lo dispuesto en el artículo 720 del Código del Trabajo, las actuaciones y diligencias judiciales se basan en los principios de oralidad y publicidad, y al presentar sus alegatos por escrito y no en comparecencia, declara sin lugar lo solicitado no estar presentado en la forma.- CONSIDERANDO: Que del estudio del asunto de estudio observa esta Sala que el acto reclamado proferido por el Ad Quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicable al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes. Por lo que no se advierte que exista vulneración a la preceptiva constitucional invocada en la presente garantía de amparo.-CONSIDERANDO: Que de lo expuesto, es visto que el recurrente, consintió la resolución de que ahora recurre en Amparo a favor de su representada, al no accionar su derecho en observancia a lo establecido en la Ley por lo que la resolución dictada por el Ad-quem se encuentra apegada a derecho.- CONSIDERANDO: Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso y contrastado el Dictamen Fiscal, con los elementos de motivación supraindicados; encuentra la Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada efectivamente acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual se tiene también como parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, reconocido constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna; tal como se constata del caso de autos. En consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 3, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos: contra los actos consentidos por el agraviado, por cuanto continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 3) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ALEJANDRO CASTRO, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución emitida en fecha siete (07) de abril del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; al consentir el recurrente la resolución que ahora recurre en Amparo, al no hacer uso de su derecho en la forma establecida en la Ley que le fuera otorgado por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1219-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL