Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1157-21 — Registro 16235

Resumen

Resolución que decreta embargo sobre el 50% de los derechos hasta el límite de aportaciones de inmueble perteneciente Recurrente en su condición de socia demandada con relación a los tramites de Ejecución de Sentencia condenatoria recaída en la Demanda Laboral promovida contra Sociedad Mercantil,donde impetrante argumenta que inmueble objeto de embargo pertenece a persona natural(a ella en su condición de Gerente)y no de Centro de Trabajo demandado,para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."10): Que la Sala de lo Constitucional, una vez estudiadas y analizadas las actuaciones que obran en las piezas del proceso, no observa vulneración alguna al derecho de defensa, al debido proceso y acceso a la justicia, las partes han acudido en igualdad de condiciones a todos los actos procesales, se aprecia en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones, que el mismo se ha dictado en estricto apego a la normativa vigente, por lo que procede su confirmatoria. La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia dentro de los límites que señala la ley; en el presente caso, cabe sin limitación alguna ejecutar el fallo en los términos ordenados, es decir, en el patrimonio de la precitada socia, tal como ha quedado expresado en aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, esto evidencia que los socios en una sociedad colectiva cuentan con el beneficio del “derecho de excusión”, es decir, que los acreedores podrán exigir a los socios el pago de las deudas solo cuando el patrimonio social se haya agotado, extremo que ha quedado acreditado en el presente caso, con la existencia de una declaración bajo juramento, suscrita por la socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya de fecha 31 de marzo del 2016, que corre a folio 113 de la primera pieza, en la que textualmente declara que la Sociedad Centro Campestre El Potrillo conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo “MI REPRESENTADA NO TIENE BIENES Y DERECHOS DE LOS QUE SEA TITULAR”, evidentemente la tutela de los derechos de un ciudadano no deben derivar en la vulneración de derechos a terceros que son parte en el juicio, -mejor dicho-, que las garantías y derechos que establece la constitución y demás leyes deben prevalecer en completa armonía con los principios de contradicción e igualdad, en ese sentido y constando de autos el Contrato de la Composición del órgano societario en donde aparece que la señora DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MONTOYA es socia de la Sociedad Centro Campestre El Potrillo S. de R.L. (ver folios 87-93 1 P.) procede decretar embargo sobre el bien inmueble en los términos tal como ha quedado expresado e identificado en el fallo y que se conoce en amparo, emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca, para que dentro del límite de la responsabilidad de las aportaciones se ejecute la precitada sentencia condenatoria a favor de la parte que resulto victoriosa en el juicio, la Alzada ha supeditado su decisión a la forma normativa vigente sin menoscabar derechos y garantías a las partes como se refleja en la sentencia; estima la Sala, que la resolución emitida está sustentada dentro de los parámetros que señala el Código de Comercio y demás leyes aplicables. CONSIDERANDO (11): Que de autos se establece, que la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya es socia de la Sociedad Mercantil Centro Campestre “El Potrillo” conocido también como Restaurante Club Campestre “El Potrillo” y que fue condenada mediante sentencia a responder por las obligaciones contractuales del trabajador, sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada y actualmente en proceso de ejecución. Que la Alzada seguido los trámites procesales previstos por la Constitución y las Leyes declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto y revoca la resolución impugnada, ordenando al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley decrete embargo sobre el 50% de los derechos sobre un bien inmueble inscrito bajo Matricula 1297978 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Choluteca, propiedad de la socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya hasta el límite de sus aportaciones, cuyos actos procedimentales se ciñen al debido proceso y a la forma de proceder en cuanto al modo de ejecutar lo procedente con respecto a la Sociedad de Responsabilidad Limitada en relación al patrimonio de la socia y al beneficio de excusión señalado en el artículo 35 del Código de Comercio, de lo que resulta procedente Denegar el amparo ocasionado, la Alzada no vulnera en absoluto los derechos y garantías invocadas por el quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, a favor de la señora DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MENDOZA, contra la Resolución de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en que declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAFAEL ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ, contra actuaciones de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, con relación a los tramites de Ejecución de la Sentencia definitiva recaída en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor ANDI LEONEL VILCHEZ PALMA, contra EL CENTRO CAMPESTRE EL POTRILLO conocido como RESTAURANTE CLUB CAMPESTRE EL POTRILLO, por medio de su representante legal DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MENDOZA.- Considerando el Recurrente que le han sido violentados a su cliente los artículos 80, 82 y 94 consagrados en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES GOMEZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. (Folios 2 al 6 de la pieza del Juzgado) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca RESOLVIO: 1) Decretar embargo de un bien inmueble ubicado en Camall Municipio de San Marcos de colon, departamento de Choluteca con matrícula 1297978, inmueble que ya se encuentra acreditado en el expediente de mérito…” (Folio 193 al 194 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, (SIC) FALLA : PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RAFAEL ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ, en su condición de representante procesa demandante, contra la resolución de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca y el trabajo por Ministerio de la Ley, en los tramites de ejecución de la Sentencia definitiva recaída en la DEMANDA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACUIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO VERBAL, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MAS CONDENA EN COSTAS, promovida por el Abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES GOMEZ, en su condición de representante procesal del señor ANDI LEONEL VILCHEZ PALMA, contra del Centro de Trabajo CENTRO CAMPESTRE EL POTRILLO, conocido también como RESTAURANTE CLUB CAMPESTRE EL POTRILLO. Por intermedio de su representante legal DILCIA MÁYELA ORDOÑEZ MONTOYA.- SEGUNDO: REVOCA LA RESOLUCION IMPUGNADA y ORDEN a la A-quo decrete Embargo sobre el 50% de los derechos sobre el bien inmueble inscrito con matrícula No.1297978 del Instituto de la Propiedad del departamento de Choluteca, propiedad de la Sociedad DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MONTOYA, hasta el límite de sus aportaciones.- CON COSTAS ante esta instancia…” (Folio 10 al 19 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que el recurrente abogado ROMAYN ANDREE BACA VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de la señora DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MONTOYA, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo amparado en los artículos 80, 82 y 94, de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022). 5) Que con fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintidós (2022), la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; de igual modo en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de fecha veintinueve (29) de julio del dos mil veintiuno (2021) que en la parte dispositiva del fallo declara por unanimidad de votos Primero: Con Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rafael Enrique Flores Sánchez en su condición de representante procesal demandante contra la Resolución de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en los tramites de ejecución de la sentencia definitiva recaída en la Demanda Ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injusto. Salarios dejados de percibir a título de Daños y Perjuicios. Mas la condena en costas, promovida por el abogado Máximo Gilberto Gonzales Gómez en su condición de representante procesal del señor Andi Leonel Vilches Palma contra del Centro de Trabajo Centro Campestre el Potrillo conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo, por intermedio de su representante legal Dilcia Mayela Ordoñez Montoya. Segundo: Revoca la resolución Impugnada y Ordena a la A-Quo decrete embargo sobre el 50% de los derechos sobre el bien inmueble inscrito con matrícula No.1297978 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Choluteca, propiedad de Dilcia Mayela Ordoñez Montoya hasta el límite de sus aportaciones, sin costas. - CONSIDERANDO (4): Que los antecedentes revelan, que se trata de la ejecución de una sentencia condenatoria definitiva recaída en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injusto. Salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Condena en Costas. El Juzgado de Letras de la Sección judicial de Choluteca departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley resolvió declarar SIN LUGAR el embargo solicitado, en virtud que la demanda está dirigida contra la Sociedad Mercantil el Centro Campestre El Potrillo conocido como Restaurante Club Campestre El Potrillo y el inmueble objeto de embargo está a favor de la persona natural Dilcia Mayela Montoya y no del Centro de Trabajo demandado. CONSIDERANDO (5): Que la parte demandante recurre la resolución y expresa como agravios “que haciendo un análisis de las leyes laborales vigentes en Honduras así como las conexas, pide al Tribunal de Alzada decretar embargo de un inmueble en Comali, Municipio de San Marcos de Colon, Choluteca con Matricula 1297978 sobre el 50% que le corresponde a la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya como Gerente General del Centro Campestre El Potrillo, conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo, en la cual ha quedado firme el fallo favorable a su representado Andi Leonel Vilchez Palma para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como las costas del juicio siendo que el Tribunal de Primera instancia ha negado el embargo, manifestando que se le va a pedir embargo de los bienes de la empresa demandada y no de los bienes personales de los socios, pero el artículo 35 del Código de Comercio dice que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones contra terceros tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios y podrá ser ejecutado en el patrimonio de los mismos en el límite de su responsabilidad, hecha excusión de los bienes sociales, siendo que la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya es socia junto con el Señor Oscar Augusto Fernández Ríos, según escritura pública agregada al expediente. La demandada bajo Folio 113 del expediente de mérito, según Declaración Jurada la empresa no tiene bienes propios, perdiendo aquí la excusión de los bienes sociales, es decir, que está bajo ley que se decrete embargo sobre el bien antes descrito, y pido al Tribunal de Alzada el embargo y que se tome en cuenta que sobre el inmueble ya existe un embargo precautorio en otro proceso laboral bajo el expediente 388-16 en el Juzgado Judicial de Choluteca, pido decretar embargo sobre el bien inmueble ubicado en Comali Municipio de San marcos de colon, Choluteca con matrícula 1297978 sobre el 50% que le corresponde a la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya, ésta como Gerente Propietaria de Centro Campestre El Potrillo conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo. CONSIDERANDO (6) :Que La parte procesal demandada y apelada alega ante el Ad-Quem que la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia de fecha 12 de febrero del 2019 y que es objeto del recurso de apelación, esta dictada con apego a derecho, pues la sentencia que se ejecuta en su parte resolutiva condenó al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor Andi Leonel Vilchez Palma al Centro Campestre El Potrillo conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo que representa a una persona jurídica como obra en el expediente, y que el apelante está pidiendo el embargo de un bien inmueble a título personal en el cual son copropietarios del mismo los señores Oscar Augusto Fernández Ríos y Dilcia Mayela Ordoñez Montoya, con lo que se estarían vulnerando derechos de propiedad y derechos reales por ser bienes a títulos personal y no de la empresa condenada en el proceso, argumentos por los cuales solicito se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (7): Que en fecha 29 de julio de 2021 la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle resolvió el recurso de apelación y declaro parcialmente con lugar el recurso de apelación contra la resolución interlocutoria de fecha 12 de febrero el 2019 dictada por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley y Revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo decrete embargo sobre el 50% de los derechos sobre e inmueble inscrito con matrícula No.1297978 del Instituto de la Propiedad de Choluteca propiedad de la Socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya, hasta el límite de sus aportaciones, con costas ante esta instancia. Garantías constitucionales violadas 80, 82, 94 de la Constitución de la República, evidenciado vulneración al derecho de defensa, debido proceso y acceso al ajusticia y pido a los Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional se otorgue el presente amparo. CONSIERANDO(8): Que los motivos expresados por el impetrante van encaminados a que se resuelva a través de la Sala de lo Constitucional si fallo emitido por la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca, que revoca la resolución impugnada y ordena al A-Quo embargo parcial sobre el 50% de los derechos sobre un bien inmueble propiedad de la socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya hasta el límite de sus aportaciones, se encuentra dictado conforme la normativa vigente y si se quebrantaron garantías constitucionales como el derecho de defensa, debido proceso y acceso a la justicia. CONSIDERANDO(9): Que la Alzada en el caso subjudice, establece con meridiana claridad, que oídas las alegaciones de los representantes procesales de las partes, analizado el problema jurídico, con ocasión de los tramites de ejecución de la sentencia definitiva recaída en el juicio laboral que ordenó a la sociedad mercantil Centro Campestre El Potrillo S. de R. L. al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más costas del juicio a favor del trabajador Andi Leonel Vilchez Palma a la cantidad de Trescientos treinta y cuatro mil treinta y cinco lempiras (L.334,035.00) y donde se ha solicitado embargo sobre el 50% de un bien inmueble que forma parte del patrimonio personal de uno de los socios que figura en el contrato societario; y los argumentos expuestos por los representantes procesales ante esta Alzada es que el artículo 35 del Código de Comercio, que a la letra dice: “la sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios y podrá ser ejecutada en el patrimonio de los mismos, en el límite de su responsabilidad hecha excusión de los bienes sociales”. Es una excepción a la regla general de cómo funcionan las sociedades mercantiles en cuando a su estatus jurídico como persona jurídica titular de derechos y obligaciones, y que, como persona jurídica distinta a la persona natural de los socios, responde frente a terceros con su patrimonio de las obligaciones que contraiga o surjan como consecuencia de su operatividad. Tal regulación del artículo 35 del Código de Comercio, permite como se ha indicado por excepción a esa regla, que la sentencia de condena contra la Sociedad pueda ser ejecuta en el patrimonio de los socios, pero bajo dos condiciones: 1) Previo a excusión de los bienes sociales, y 2) en el límite de su responsabilidad. Esto es así, ya que como se ha indicado la regla es que la sociedad mercantil responda de sus obligaciones frente a terceros con su propio patrimonio, y solo cuando este no figue o figurando no sea suficiente para cubrir la obligación reclamada, es procedente la aplicación del referido artículo 35 que cita la legislación mercantil, pero en el límite de la responsabilidad del socio, es decir en el límite de sus aportaciones para el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, y hasta el límite de las acciones que haya suscrito en la sociedad anónima, ya que en estas sociedades la responsabilidad de socios no es ilimitada como en las sociedades colectivas y las sociedades en comanditas simples y por acciones. (ver en relación con los artículos 38, 40, 58, 60, 66, 68, 90 y 271 del Código de comercio), Por lo que en el presente caso, siendo que la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya figura como socia de la Sociedad Mercantil Centro Campestre El Potrillo, la que según el contrato societario que obra a folios 88 al 93 de la primera pieza, es una sociedad de responsabilidad limitada, quien hizo declaración jurada a folio 113 que dicha sociedad no tiene bienes, es procedente el embargo solicitado sobre bienes que forman el patrimonio personal de dicha socia, pero en el límite de sus aportaciones conforme el contrato societario. Que por las razones supra-relacionadas es procedente declarar con lugar parcialmente el recurso interpuesto y revocar la resolución venida en apelación”. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, una vez estudiadas y analizadas las actuaciones que obran en las piezas del proceso, no observa vulneración alguna al derecho de defensa, al debido proceso y acceso a la justicia, las partes han acudido en igualdad de condiciones a todos los actos procesales, se aprecia en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones, que el mismo se ha dictado en estricto apego a la normativa vigente, por lo que procede su confirmatoria. La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia dentro de los límites que señala la ley; en el presente caso, cabe sin limitación alguna ejecutar el fallo en los términos ordenados, es decir, en el patrimonio de la precitada socia, tal como ha quedado expresado en aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, esto evidencia que los socios en una sociedad colectiva cuentan con el beneficio del “derecho de excusión”, es decir, que los acreedores podrán exigir a los socios el pago de las deudas solo cuando el patrimonio social se haya agotado, extremo que ha quedado acreditado en el presente caso, con la existencia de una declaración bajo juramento, suscrita por la socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya de fecha 31 de marzo del 2016, que corre a folio 113 de la primera pieza, en la que textualmente declara que la Sociedad Centro Campestre El Potrillo conocido también como Restaurante Club Campestre El Potrillo “MI REPRESENTADA NO TIENE BIENES Y DERECHOS DE LOS QUE SEA TITULAR”, evidentemente la tutela de los derechos de un ciudadano no deben derivar en la vulneración de derechos a terceros que son parte en el juicio, -mejor dicho-, que las garantías y derechos que establece la constitución y demás leyes deben prevalecer en completa armonía con los principios de contradicción e igualdad, en ese sentido y constando de autos el Contrato de la Composición del órgano societario en donde aparece que la señora DILCIA MAYELA ORDOÑEZ MONTOYA es socia de la Sociedad Centro Campestre El Potrillo S. de R.L. (ver folios 87-93 1 P.) procede decretar embargo sobre el bien inmueble en los términos tal como ha quedado expresado e identificado en el fallo y que se conoce en amparo, emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca, para que dentro del límite de la responsabilidad de las aportaciones se ejecute la precitada sentencia condenatoria a favor de la parte que resulto victoriosa en el juicio, la Alzada ha supeditado su decisión a la forma normativa vigente sin menoscabar derechos y garantías a las partes como se refleja en la sentencia; estima la Sala, que la resolución emitida está sustentada dentro de los parámetros que señala el Código de Comercio y demás leyes aplicables. CONSIDERANDO (11): Que de autos se establece, que la señora Dilcia Mayela Ordoñez Montoya es socia de la Sociedad Mercantil Centro Campestre “El Potrillo” conocido también como Restaurante Club Campestre “El Potrillo” y que fue condenada mediante sentencia a responder por las obligaciones contractuales del trabajador, sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada y actualmente en proceso de ejecución. Que la Alzada seguido los trámites procesales previstos por la Constitución y las Leyes declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto y revoca la resolución impugnada, ordenando al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley decrete embargo sobre el 50% de los derechos sobre un bien inmueble inscrito bajo Matricula 1297978 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Choluteca, propiedad de la socia Dilcia Mayela Ordoñez Montoya hasta el límite de sus aportaciones, cuyos actos procedimentales se ciñen al debido proceso y a la forma de proceder en cuanto al modo de ejecutar lo procedente con respecto a la Sociedad de Responsabilidad Limitada en relación al patrimonio de la socia y al beneficio de excusión señalado en el artículo 35 del Código de Comercio, de lo que resulta procedente Denegar el amparo ocasionado, la Alzada no vulnera en absoluto los derechos y garantías invocadas por el quejoso. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 35, 90 y 137 del Código de Comercio vigente; FALLA: Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Romayn Andres Baca Velásquez a favor de señora Dilcia Mayela Ordoñez Mendoza contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle en fecha veintinueve (29) de julio del dos mil veintiuno (2021.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1157-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

1