Sentencia AL-1142-20 — Registro 18466
Resumen
En la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; primera instancia, emitió auto interlocutorio mediante el cual declara con lugar el incidente de declinatoria. segunda instancia declara sin lugar el recurso de apelación, la sala de lo constitucional, estima que esta decisión no quebranta los derechos invocados por lo que procede y deniega el amparo del que se hace mérito. y también declara sin lugar el recurso de reposición.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el artículo 20 del Código del Trabajo, dispone: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´En relación a los incidentes el Código del Trabajo no establece todas las cuestiones que se pueden promover como incidentes, solo indica el procedimiento a seguir, por ello el artículo 858 del Código del Trabajo lo remite al Código Procesal Civil, que regula el incidente de Declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia genérica del juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda. Por ello el argumento del amparista relacionado a que el denunciante de la declinatoria, al interponer el defecto material de prescripción se somete a la jurisdicción que conoce el incidente, no es de recibo para esta sala, porque la parte demandada e incidentista luego de proponer el incidente de Declinatoria por falta de competencia del Tribunal por considerar que la relación contractual sostenida entre la demandante con el Estado no corresponde a la materia laboral, interpone la excepción de prescripción aclarando que la interposición de dicha excepción no significa ninguna aceptación de la relación (folio 30v de la pieza principal). En ese orden el Juzgado de Primera Instancia en base a las pruebas aportadas y evacuadas (folios 91v al 92v y 120 al 121 de la pieza principal) resolvió declinando el conocimiento de la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser la jurisdicción competente para conocer el asunto, todo ello en aplicación a lo establecido en los artículos 715 y 716 del Código del Trabajo, ya señalados, pues la Juez de primera instancia devenía en la obligación de determinar si era o no competente para conocer el asunto y en base a las pruebas aportadas y evacuadas, así lo hizo, declinando del conocimiento de la demanda presentada por no ser competente y ordenando su remisión a la Jurisdicción Competente, resolución que fue confirmada en base al principio de legalidad por el Tribunal de Alzada CONSIDERANDO...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo y la reposición que literalmente dicen “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, a favor de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CESANTÍA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES…” promovida por la señora Rocío Gabriela Valle Elvir, en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 90, 127, 128 y 129 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Rocío Gabriela Valle Elvir, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CESANTÍA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES…” en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría del Servicio de Administración de Rentas (SAR). (Folios 1-7 del expediente del A-quo)2) En fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del incidente de declinatoria, emitió auto interlocutorio mediante el cual resolvió: “…1) DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA. 2) Notificar a los representantes procesales de las partes por medio de la tabla de avisos; 3) Que una vez firme, la presente resolución deberá conceder al recurrente, el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo competente, término que le concede éste Juzgado de Letras del Trabajo al demanda para que haga uso de su derecho; 4)…” (Folio 210-212 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Alma Sagrario Sánchez Alvarado, en su condición antes referida, contra el auto que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…1)Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandante apelante.- 2)Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, que corre a folios 210 al 212 de la primera pieza de autos.” (Folios 22-24 del expediente del A-quem) 4) Que, la Abogada Alma Sagrario Sánchez Alvarado, compareció ante este Tribunal en fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, reclamando amparo a favor de la señora Rocío Gabriela Valle Elvir, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90, 127, 128 y 129 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Alma Sagrario Sánchez Alvarado, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 38 del recurso)6) En fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, del que se desprende lo siguiente: apreciación jurídica de los hechos controvertidos: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que la interposición del recurso se desprende que la Amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Según criterio de la recurrente estas vulneraciones se han producido en virtud que la jurisdicción laboral en donde la demandante interpuso la acción, es la competente para el conocimiento del caso, ya que según el contrato de consultoría suscrito entre la demandante y demandada (SAR) se desempeñó en el cargo de Asistencia Técnica de Profesionales en Trabajo Social, en apoyo al reclutamiento de selección de personal de tributos internos. Siendo que la SAR es una institución desconcentrada de carácter permanente, dicho contrato es violatorio de las garantías constitucionales por cuanto el denominarle de “consultoría”, no significa que este sea de esa modalidad, ya que conforme lo establece el artículo 61 y 62 de los contratos de consultoría deben hacerse mediante concurso siguiendo un procedimiento rígido, como ser los términos de referencia, precalificación de interesados, evaluación de propuestas técnicas, estas últimas tienen que llenar requisitos oferentes o participantes, experiencia en especialidad del trabajo de que se trate; por lo que puede concluirse que no se asemeja a un contrato de consultoría, sino, a un contrato individual de trabajo, de conformidad a lo expuesto en el artículo 20 el Código de Trabajo, que en su párrafo ultimo literalmente dispone: “Una vez reunidos los tres elementos (la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia, y el salario como retribución al servicio y al respeto) de que trata este artículo se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que la demandante no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato celebrado entre la demandante y la demandada SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), tributos internos dependiente de un programa para el fortalecimiento institucional y operativo de la Administración Tributaria, este nace por convenios con el BID, y se rige por las normas de este banco y la Ley de Contratación del Estado, pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir la relación contractual entre el demandante y demandado, la cual, como se señala fue mediante contrato y no mediante acuerdo. Finalmente es oportuno decir que aunque la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo (Artículo 665), esta disposición es de orden público y no puede ser modificada por convenios de los contratantes, y en el caso de autos tal y como se ha dejado establecido, estamos ante una relación entre demandante y demandado, que obedece al objetivo por el que se celebró el contrato (Consultoría), que es diferente a los contratos de trabajo donde se garantiza la estabilidad laboral y en los contratos de consultoría no se persigue ese fin, al haberse acreditado la no subordinación, y la cancelación de sus emolumentos de acuerdo a los informes rendidos. Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por la recurrente. IV.OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto opina que SE DENIEGUE el presente amparo, por NO existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista.” (Folios 41-47 del recurso)CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, en contra del ESTADO DE HONDURAS siendo su representante legal el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve.CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 64, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República; arguye la impetrante que su representada, ingreso a trabajar para el Estado de Honduras específicamente para el Servicio de Administración de Rentas el doce de diciembre del año dos mil dieciséis, mediante contrato al treinta y uno de diciembre del mismo año, extendiéndose hasta el mes de mayo del dos mil diecisiete, desempeñándose en el departamento de Talento Humano de la SAR, en el cargo de Asistente Técnico de Profesionales en trabajo social en apoyo al reclutamiento de selección de personal de tributos internos, con una retribución mensual de quince mil lempiras. Arguye que el contrato celebrado entre su representada y la Administración de Rentas se le denominó Contrato de Consultoría, el cual es violatorio a garantías constitucionales, pues según la Ley de Contratación del Estado los contratos de consultoría deben someterse a concurso y su representada no participó en ningún concurso, por lo que dicho contrato es de mera ficción, dándole al contrato individual una denominación distinta al que realmente es y por ello el órgano competente para dirimir este conflicto es la jurisdicción del trabajo y no como lo concibió el juzgado de primera instancia y consecuentemente la Corte de Apelaciones del Trabajo en la sentencia impugnada, porque violenta lo dispuesto en el artículo 64 constitucional, que conlleva a la inaplicabilidad de esta resolución porque restringe declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución.CONSIDERANDO (4): Continúa argumentando la recurrente que se violentó la garantía del debido proceso contenido en el párrafo primero de la Constitución de la República, pues aún y cuando se simule que la relación de su representada con el ente del Estado es de consultoría, al cumplirse con los elementos del contrato de trabajo, requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, el juez competente es el juzgado del trabajo del departamento de Francisco Morazán y no un Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo ha apreciado el juzgado de primera instancia al declarar con lugar el defecto procesal de declinatoria, mismo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, sentencia que violenta el debido proceso al pretender ser juzgada por un Juez que no tiene competencia; sigue manifestando el impetrante que la representante de la parte demandada en la audiencia de trámite, interpuso el defecto procesal de declinatoria, por cuestión de incompetencia del tribunal el cual se le dio trámite distinto y el cual fue declarado con lugar; pero además de interponer este defecto procesal, también interpuso el defecto material de prescripción, el cual se resuelve en sentencia definitiva, razón por la cual al interponer una cuestión perentoria, la parte incidentista se somete de manera tácita al órgano jurisdiccional que conoce el incidente, por ello tanto en primera instancia como en el Tribunal de Alzada se violentó el debido proceso.CONSIDERANDO (5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente no confirmar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado con lugar el incidente de denuncia de declinatoria interpuesto por falta de jurisdicción por la parte demandada, por considerar la recurrente que se reúnen los tres elementos del contrato de trabajo señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo y que por ello es el Juzgado del Trabajo el competente para conocer el asunto; además que el denunciante de la declinatoria, al interponer el defecto material de prescripción se somete a la jurisdicción que conoce el incidente, pues el mismo se resuelve en sentencia definitiva. CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público por medio de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, emite opinión y en base al análisis de los antecedentes argumenta que en el caso de autos tal y como se ha dejado establecido, se está ante una relación entre demandante y demandado, que obedece al objetivo por el que se celebró el contrato (Consultoría), que es diferente a los contratos de trabajo donde se garantiza la estabilidad laboral y en los contratos de consultoría no se persigue ese fin, al haberse acreditado la no subordinación, y la cancelación de sus emolumentos de acuerdo a los informes rendidos. Por ello opina que SE DENIEGUE el presente amparo, por NO existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 20 del Código del Trabajo, dispone: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este Artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”. CONSIDERANDO (8): En relación a los incidentes el artículo 715 del Código del Código de Trabajo, reza: “Los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite; se sustanciarán sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que, por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa.” Así el artículo 716 dispone: “Propuesto en tiempo un incidente, el juez, dentro de la misma audiencia, resolverá si lo admite o lo rechaza. Si hubiere hechos que probar y no se hubieren presentado las pruebas en el acto, se señalarán día y hora para una nueva audiencia con el fin de practicar las pedidas y decretadas, y se decidirá allí mismo o en la sentencia, según corresponda.”.CONSIDERANDO (9): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la Jurisdicción Contencioso Administrativo que resulta ser la competente, ello porque la relación contractual entre la señora Rocío Gabriela valle Elvir, con la institución denominada Servicio de Administración de Rentas no es un contrato individual, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración, lo que no sucede en el presente caso; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Administración Pública, no concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, como se ha dejado establecido en la resolución de primera instancia dictada en fecha treinta y uno de julio del dos mil diecinueve y confirmada por el Tribunal de Alzada en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, y por tanto le es aplicable el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado.”. CONSIDERANDO (10): En relación a los incidentes el Código del Trabajo no establece todas las cuestiones que se pueden promover como incidentes, solo indica el procedimiento a seguir, por ello el artículo 858 del Código del Trabajo lo remite al Código Procesal Civil, que regula el incidente de Declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia genérica del juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda. Por ello el argumento del amparista relacionado a que el denunciante de la declinatoria, al interponer el defecto material de prescripción se somete a la jurisdicción que conoce el incidente, no es de recibo para esta sala, porque la parte demandada e incidentista luego de proponer el incidente de Declinatoria por falta de competencia del Tribunal por considerar que la relación contractual sostenida entre la demandante con el Estado no corresponde a la materia laboral, interpone la excepción de prescripción aclarando que la interposición de dicha excepción no significa ninguna aceptación de la relación (folio 30v de la pieza principal). En ese orden el Juzgado de Primera Instancia en base a las pruebas aportadas y evacuadas (folios 91v al 92v y 120 al 121 de la pieza principal) resolvió declinando el conocimiento de la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser la jurisdicción competente para conocer el asunto, todo ello en aplicación a lo establecido en los artículos 715 y 716 del Código del Trabajo, ya señalados, pues la Juez de primera instancia devenía en la obligación de determinar si era o no competente para conocer el asunto y en base a las pruebas aportadas y evacuadas, así lo hizo, declinando del conocimiento de la demanda presentada por no ser competente y ordenando su remisión a la Jurisdicción Competente, resolución que fue confirmada en base al principio de legalidad por el Tribunal de Alzada CONSIDERANDO (11): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 715, 716, 858 del Código del Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, a favor de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, contra la resolución dictada en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME - Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de apoderada de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de apoderada de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, contra la resolución dictada en fecha veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- En relación con la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales.CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de apoderada de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, compareció ante esta Sala en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de Amparo. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), denegando dicho Recurso de Amparo.CONSIDERANDO: Que la recurrente, Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de apoderada de la señora ROCIO GABRIELA VALLE ELVIR, en fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en que se ha violentado el debido proceso, ya que si la parte demandada tenía la intención de interponer la declinatoria debería de abstenerse de presentar cualquier otra excepción procesal o material, porque en ese caso se somete a la Jurisdicción del Juzgado que conoce del asunto, máxime que se trata de una excepción material que tiene que sustanciarse hasta que concluye el proceso.CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal que corre agregado en autos, se señala que en relación a los incidentes el Código del Trabajo no establece una lista de números clausus todas las cuestiones que se pueden promover como tales, se limita a establecer el procedimiento su tramitación, por ello el artículo 858 de la legislación laboral no remite al artículo 45 del Código Procesal Civil, disposición que regula el incidente de Declinatoria para denunciar la falta de jurisdicción o de competencia del Juzgado ante el que se ha interpuesto la demanda. Por ello el argumento del amparista relacionado a que el denunciante de la declinatoria, al interponer el defecto material de prescripción se somete a la jurisdicción que conoce el incidente, no es compartido por esta sala, porque la parte demandada o incidentista luego de proponer el incidente de declinatoria por falta de competencia del tribunal por considerar que la relación contractual sostenida entre la demandante con el Estado no corresponde a la materia laboral, interpone la excepción de prescripción aclarando que la interposición de dicha excepción no significa ninguna aceptación de la relación (folio 30v de la pieza principal). En ese orden el Juzgado de primera instancia en base a las pruebas aportadas y evacuadas (folios 91v al 92v y 120 al 121 de la pieza principal) resolvió declinando el conocimiento de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser la competente para conocer el asunto, todo ello en aplicación a lo establecido en los artículos 715 y 716 del Código del Trabajo ya señalados, pues el Juez de primera instancia devenía en la obligación de determinar si era o no competente para conocer el asunto y en base a las pruebas aportadas y evacuadas, así lo hizo, declinando del conocimiento de la demanda presentada por no ser competente y ordenando su remisión a la Jurisdicción Competente, resolución que incluso fue confirmada por el Tribunal de alzada. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala mediante sentencia emitida el nueve de diciembre de dos mil veintidós, denegó la acción de amparo, por considerar que la decisión emitida por el Ad-Quem se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias, no existiendo violación al debido proceso, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición.CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto en la notificación personal de la resolución del recurso de amparo realizada a la recurrente, se estableció una fecha diferente a la que correspondía, sin embargo dicha diligencia ha producido todos sus efectos legales al no haber reclamado su nulidad, teniendo esta Sala por subsanado ese defecto y por tal razón se entiende que la actividad surgida del acto de comunicación ha producido sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a las disposiciones previstas para el caso, lo cual nos ha llevado a conocer el fondo del recurso de reposición planteado y a declararlo sin lugar.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas nueve de diciembre de dos mil veintidós, y reposición de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1142-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.