Sentencia AL-1130-21 — Registro 14971
Resumen
Acto recurrido que sobreseyó el recurso de amparo promovido contra la del a-quo, con relación a la “demanda ejecutiva laboral para que por la vía de apremio se obligue al patrono a cumplir el pago de las prestaciones…”, promovida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, en vista que los argumentos alegados por el impetrante sobre la competencia y jurisdicción que tienen los tribunales para conocer de un caso concreto o asunto relacionado con el domicilio legal de la Sociedad Mercantil Compañía Agrícola BARRANCO S.A. de C.V., son propios de recursos ordinarios, al ser considerados alegatos de mera legalidad y que al enmarcarse en el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, deben de sobreseerse como acertadamente lo ha realizado la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia del quince de octubre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe darse un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia del quince de octubre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en el Recurso de Amparo presentado por el Abogado DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA, a favor de la COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V., que sobresee la Acción de Amparo interpuesta en contra del auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial del Progreso, Departamento de Yoro, con relación a la demanda ejecutiva laboral por vía de apremio, promovida por la señora VIDA LUZ MARTINEZ PAGOADA, como representante legal de su menor hijo HECTOR RAMON HERNANDEZ MARTINEZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo promovido por el Abogado Denys Iván Ramirez Padilla, a favor de la sociedad mercantil denominada Compañía Agrícola Barranco, S.A. de C.V. contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, con relación a la “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA QUE POR LA VÍA DE APREMIO SE OBLIGUE AL PATRONO A CUMPLIR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES…”, promovida por la señora Vida Luz Martínez Pagoada, quien actúa en representación de su hijo Héctor Ramón Hernández Martínez, contra la sociedad mercantil denominada Compañía Agrícola Barranco, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal, el señor Pablo Contreras Rivera. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 90, 183, 321, 324 y 325 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la señora Vida Luz Martínez Pagoada, quien actúa en representación de su hijo Héctor Ramón Hernández Martínez, interponiendo “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA QUE POR LA VÍA DE APREMIO SE OBLIGUE AL PATRONO A CUMPLIR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES…”, contra la sociedad mercantil denominada Compañía Agrícola Barranco, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal, el señor Pablo Contreras Rivera. (Folios 1-2 vuelto de la pieza del A-quo) 2) En fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, dispuso: “…1. Tener por desestimada la oposición planteada por el abogado DENIS IVAN RAMIREZ en su condición de apoderado procesal de la Compañía Agrícola BARRANCO, S.A de C. V. 2. Se ordena continuar con la tramitación de las presentes diligencias, a lo que previo a ejecutar embargo alguno, se ordena el libramiento de oficios a las instituciones bancarias y cooperativista del sistema nacional financiero y cooperativas, para que informen a la brevedad posible si la Compañía Agrícola BARRANCO, S. A de C.V., tiene cuentas de cheques o cuentas de ahorro corriente, informen cuál es su saldo actual, así como los números de cuentas; Así también se ordena al Instituto de Registro Vehicular informe a este tribunal a la brevedad posible si la Compañía Agrícola BARRANCO, S. A de C.V., tiene vehículos registrados a su nombre. - 3. Sin costas. NOTIFIQUESE POR AVISOS. (Se resuelve hasta esta fecha en virtud que este Despacho se encuentra con excesiva carga laboral, como ser el trabajo diario asignado y la realización de audiencias señaladas al efecto).” (Folios 51-52 vuelto de la pieza del A-quo) 3) En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Denys Iván Ramirez Padilla, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada Compañía Agrícola Barranco, S.A. de C.V., contra la resolución que antecede, argumentando el peticionario que dicha decisión le vulnera a su representada, los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 90, 183, 321, 324 y 325 de la Constitución de la República.(Folios 1-8 de la pieza del Ad-quem) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, resolvió: “…SOBRESEER la acción de amparo de la referencia; consecuentemente envíese las presentes diligencias en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en observancia del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y una vez firme la presente resolución, devuélvanse los antecedentes al Juzgado de su procedencia, para los trámites y efectos del caso…” (Folios 29-30 de la pieza del Ad-quem) 5) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe darse un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia del quince de octubre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en el Recurso de Amparo presentado por el Abogado DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA, a favor de la COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V., que sobresee la Acción de Amparo interpuesta en contra del auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial del Progreso, Departamento de Yoro, con relación a la demanda ejecutiva laboral por vía de apremio, promovida por la señora VIDA LUZ MARTINEZ PAGOADA, como representante legal de su menor hijo HECTOR RAMON HERNANDEZ MARTINEZ. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; manifestando básicamente que el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial del Progreso, Departamento de Yoro, con lo resuelto en el auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, le ha violentado el debido proceso, seguridad jurídica y el principio de legalidad. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, en vista que los argumentos alegados por el impetrante sobre la competencia y jurisdicción que tienen los tribunales para conocer de un caso concreto o asunto relacionado con el domicilio legal de la Sociedad Mercantil Compañía Agrícola BARRANCO S.A. de C.V., son propios de recursos ordinarios, al ser considerados alegatos de mera legalidad y que al enmarcarse en el artículo 46.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, deben de sobreseerse como acertadamente lo ha realizado la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia del quince de octubre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 710, 741 y 743 del Código del Trabajo; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 1), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia del quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral Venido en Consulta bajo el número SCO-1130-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL