Sentencia AL-1069-21 — Registro 15755
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró procedente realizar la liquidación de salarios dejados de percibir y estableció una cantidad determinada a favor de recurrente en relación a demanda ordinaria laboral de reintegro promovida contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); La Autoridad recurrida considera que no se señaló puntualmente el yerro en la liquidación que según el apelante incurrió el juzgador para que la Corte lo pueda apreciar y al tratarse de la ejecución de un fallo firme, éste no puede cambiarse pues no puede violentarse el Principio de Cosa Juzgada y cualquier cambio conlleva una desviación de poder que acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa del estudio de los autos, que entre los agravios expresados y lo resuelto por el Ad-quem, no se observa vulneración alguna, ya que la posición jurídica de las partes que interpusieron el recurso, resulta beneficiada al No haberse determinado el agravio señalado por la parte apelando demandada, y como consecuencia de la interposición de su mismo recurso, se confirma la liquidación de la sentencia favorable a las demandantes. La Corte De Apelaciones Del Trabajo De Esta Sección Judicial, en el ejercicio de su finalidad de una realización pronta y efectiva de la justicia laboral, mediante una respuesta adecuada al propósito perseguido, sin excederse en su tutela, resolvió confirmando en su totalidad la resolución apelada por las hoy amparistas, lo que no vulnera el derecho fundamental genérico al debido proceso..."..."al no detectarse la vulneración al debido proceso, es procedente denegar el recurso de amparo, en consecuencia confirmar la resolución apelada, en virtud de haberse dado una reforma en perjuicio..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 760 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, a favor de NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis de agosto dos mil veintiuno, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de enero de dos mil veinte, con relación a la liquidación de salarios dejados de percibir como consecuencia de la sentencia dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 70 párrafo tercero, 90 párrafo primero y 304 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (07) de noviembre de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, las Señoras CLAUDIA LORENA COCA RIVERA y NANCY MARTINEZ VIVAS en CAUSA PROPIA y por conferido el poder en la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), interponiendo demanda ordinaria laboral para que se ordene el reintegro a los puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que se proceda a la reinstalación, reconocimiento de beneficios otorgados a otros trabajadores en nuestra ausencia. (Folios 01–16 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), el Juzgado antes citado, dicto de oficio auto resolutivo en la cual Falló: “Proceder a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir por las demandantes, quedando de la siguiente manera: NANCY MARTINEZ VIVAS con un total de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.1,657,739.18) y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA con un total de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L.1,645,460.53).”(Folios 496-497 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de unos recursos de apelación interpuestos por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de Representante Legal de las Señoras CLAUDIA LORENA COCA RIVERA y NANCY MARTINEZ VIVAS y el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de Representante Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA y JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, actuando en su condición de apoderados legales apelantes y apelado.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de enero del año dos mil veinte que corre a folio 496 al 497 de la primera pieza de autos.- 3) SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 20-24 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de las señoras NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA, contra el fallo de fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021) emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022). (Folio 01–05 y 27 de la presente Recurso) 5) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista”. (Folios 30–35 y 37 del presente Recurso). CONSIDERANDO 1: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO 2: Que en fecha siete de noviembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, las Señoras CLAUDIA LORENA COCA RIVERA y NANCY MARTINEZ VIVAS en CAUSA PROPIA y por conferido el poder en la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), interponiendo demanda ordinaria laboral para que se ordene el reintegro a los puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que se proceda a la reinstalación, reconocimiento de beneficios otorgados a otros trabajadores en nuestra ausencia. CONSIDERANDO 3: Que habiéndose agotado el juicio ordinario con la emisión de sentencia definitiva, y una vez confirmada ésta, siguiendo con las etapas procedimentales, una vez en la etapa de la ejecución de la sentencia, el Juzgado antes citado, dicto de oficio auto resolutivo en la cual Falló en fecha treinta de enero de dos mil veinte,: “Proceder a realizar la liquidación de los salarios dejados de percibir por las demandantes, quedando de la siguiente manera: NANCY MARTINEZ VIVAS con un total de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.1,657,739.18) y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA con un total de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L.1,645,460.53).” CONSIDERANDO 4: Que ambas partes, demandado y demandante impugnaron la liquidación antes descrita y efectuada por el A-quo, por lo que ambas partes interpusieron recurso de apelación en contra de la liquidación efectuada, por lo que en fecha veinte de enero de dos mil catorce, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, FALLÓ:…” 1.- Declarando con lugar parcialmente la apelación interpuesto por el Abogado LISANDRO ANTONIO OCHOA MORENO lo que el A quo deberá proceder a la liquidación de salarios dejados de percibir, de conformidad a lo señalado en el considerando 11 de esta sentencia; 2.- REVOCANDO la resolución de fecha dos de septiembre de dos mil trece, por lo que el A quo se deberá proceder a la liquidación de salarios dejados de percibir, de conformidad a lo señalado en el considerando 11 de esta sentencia; 3.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, de que se ha hecho mérito.- 4.-CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha quince de noviembre de dos mil trece dictadas por el Jugado de Letras del Trabajo de esta sección judicial.- SIN COSTAS en esta instancia…” CONSIDERANDO 5: Que la alzada arguye que: “…Revisado el expediente de mérito y más específicamente la sentencia firme que se ejecuta, nos encontramos, con que la Corte de Apelaciones en la parte dispositiva a determinado declarar Con Lugar la demanda interpuesta para el reintegro de las demandantes a sus puestos de trabajo en iguales condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que proceda la reinstalación, reconocimiento de otros beneficios a otros trabajadores en su ausencia por haber laborado de manera ininterrumpida, sin costas, de lo cual se colige que la condena es precisamente a lo que se ordena en la parte dispositiva, por lo que ante esta situación, Constitucionalmente le corresponde al Juez únicamente juzgar y ejecutar lo juzgado, es decir una vez que el fallo está revestido de firmeza ya sea porque no se hizo uso de ningún recurso, o porque habiendo hecho uso de los mismos, de igual manera ha adquirido ese carácter, como es el caso de autos, que la sentencia fue recurrida por la vía de apelación y por el recurso de casación, vistas así las cosas las partes procesales tuvieron todas las oportunidades procesales para impugnar el fallo, y obtener de los superiores una enmienda si es que acaso el mismo era erróneo, puesto que la sentencia es clara a los derechos y alcances de la condena, no cabe hacer interpretación alguna cuando ya se está en la fase de ejecución en este caso de liquidación, etapa en la cual el juzgador solo tiene que remitirse al fallo y ejecutarlo tal como ha sido proferido. Otra oportunidad procesal que tenía la parte impetrante era que se aclarara la sentencia en los aspectos que hoy reclama porque desde la notificación de la misma, se puede concluir que los salarios dejados de percibir se computaran desde la fecha del
despido hasta la fecha de reintegro, no puede condenarse a un Paga retroactivo, esta Corte entiende que se refiere la recurrente a que los mismos deberían ser calculados no con el sueldo de profesor por hora sino que al haber reconocido la permanencia debe de ligarse, esta con la antigüedad o el tiempo en el servicio, considera además que la sentencia no establece que el reconocimiento como profesora, a tiempo completo es a partir del reintegro y no de forma retroactiva, por lo cual la juzgadora no lo puede interpretar de forma errónea, en ese sentido observamos que la sentencia condena al reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, y salario y dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se proceda a la reinstalación, en este caso, la situación es que no se pronuncia el Tribunal sobre el reconocimiento de una permanencia ya que ese extremo no fue pretensión de la parte actora, puesto que ante un despido lo que solicita únicamente es el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, y otros derechos que se pudieran otorgar en ausencia, y es en base a esa pretensiones que el Tribunal ha resuelto, ya que lo que se conoció fue una petición del derecho alterno de reintegro ante una terminación de la relación laboral, en iguales o mejores condiciones, no habiéndose solicitado el reconocimiento de la misma desde la fecha de inicio de la relación, no pudiendo hacerse una interpretación como lo solicita la apelante en razón de que las sentencia una vez firmadas, no pueden variarse, solo procedería los recursos y la aclaración o corrección por errores materiales o aritméticos, momentos procesales que dejo pasar la hoy recurrente. CONSIDERANDO 7: En relación a la apelación interpuesta por la parte demandada en donde manifiesta que no está conforme con la sentencia dictada en el sentido de que no se tomó en cuenta el documento emitido por la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal y que corre agregada a los autos, porque el fallo no es congruente con dicho calculo, pues este determina el valor pendiente de pago a las demandantes, revisado dicho documento este denomina salarios dejados de percibir de los años 2013 al 2017, no sabiendo cual es la base para ese cálculo pues los salarios dejados de percibir solo pueden ser calculados por el Juez, y se determinan desde el término del despido hasta el reintegro si fuera el caso y hasta que la sentencia cause firmeza por lo que solo el Juez tiene y esas facultades, por otro lado el hecho de que los cálculos no estén de acuerdo con los que ha realizado el patrono no hace que los determinados en el fallo estén mal calculados, por lo que se hace necesario en esta instancia que se le diga al Tribunal de Alzada en donde radica el error en la liquidación y el porqué, pero no solo porque el de la patronal dice una cantidad y el del Juzgado otra, tiene que señalarse puntualmente el yerro en que incurrió el juzgador para que esta Corte lo pueda apreciar, pues es lógico que al ser cálculos aritméticos pueden cometerse errores de cálculo, ya sea porque se tomó mal el salario mensual o el base promedio, pero en este caso no podemos llegar a ninguna conclusión si no se indica dónde radica el error judicial. CONSIDERANDO 8: Que Constitucionalmente corresponde al Juez juzgar y ejecutar lo juzgado, no pudiendo ir más allá de lo condenado, ya que se violentaría el Principio de Cosa Juzgada, puesto que en el caso de autos se trata de la ejecución de una sentencia firme, la cual es inmutable, y cualquier cambio realizado por el Juez conlleva una desviación de poder, lo que acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal….” CONSIDERANDO 6: Que la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, compareció ante este Tribunal en fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de las señoras NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA, contra el fallo de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; Estimando que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 64, 70 párrafo tercero, 90 párrafo primero y 304 de la Constitución de la República CONSIDERANDO 7: Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO 8: Que en los fallos que profieran las Cortes de Apelaciones se confirmará, revocará o reformará la resolución impugnada, ello como parte del derecho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos. CONSIDERANDO 9: Que de conformidad a lo expuesto y en cuanto a la violación al debido proceso alegada por las recurrentes, esta Sala observa del estudio de los autos, que entre los agravios expresados y lo resuelto por el Ad-quem, no se observa vulneración alguna, ya que la posición jurídica de las partes que interpusieron el recurso, resulta beneficiada al No haberse determinado el agravio señalado por la parte apelando demandada, y como consecuencia de la interposición de su mismo recurso, se confirma la liquidación de la sentencia favorable a las demandantes. La Corte De Apelaciones Del Trabajo De Esta Sección Judicial, en el ejercicio de su finalidad de una realización pronta y efectiva de la justicia laboral, mediante una respuesta adecuada al propósito perseguido, sin excederse en su tutela, resolvió confirmando en su totalidad la resolución apelada por las hoy amparistas, lo que no vulnera el derecho fundamental genérico al debido proceso. CONSIDERANDO 10: Que, al no detectarse la vulneración al debido proceso, es procedente denegar el recurso de amparo, en consecuencia confirmar la resolución apelada, en virtud de haberse dado una reforma en perjuicio. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 760 y 858 del Código del Trabajo, 1 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, a favor de NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis de agosto dos mil veintiuno, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de enero de dos mil veinte, con relación a la liquidación de salarios dejados de percibir como consecuencia de la sentencia dictada en la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras NANCY MARTINEZ VIVAS y CLAUDIA LORENA COCA RIVERA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1069-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL