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Sentencia AL-1061-21 — Registro 16233

Resumen

Acción de amparo interpuesto contra resolución que confirmó denegatoria de incidente de declinatoria por falta de jurisdicción con relación a la demanda ordinaria laboral promovida contra recurrente a fin de que se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e interrumpidos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional al examinar el presente caso, se da cuenta de que las partes no se comportaron como se espera de una relación cliente-profesional, sino que su relación se desarrolló como patrono-trabajador, es decir concurren los elementos necesarios para calificar a una relación laboral, mismos que el artículo 20 del Código del Trabajo enumera y que son: a) Actividad personal del trabajador; b) subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Entonces, pese a que el contrato se denominó de servicios profesionales en el fondo se trataba de un contrato individual de trabajo, entendiéndose por éste como aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, a cambio de una remuneración, (artículo 19 del Código del Trabajo). En conclusión, el nombre del contrato pretendía encubrir una relación protegida por la legislación tuitiva de lo laboral y las normas de la constitución y de los instrumentos internacionales relativas al derecho del trabajo con su espíritu de tutela a la parte más vulnerable de la relación laboral. En vista de lo anterior se descarta de manera rotunda que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la correcta para dirimir el asunto de marras. Por lo que se concluye que este asunto se subsume en la excepción descrita en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley, que dice: “No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…” En conclusión, procede la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo.”- La Sala de lo Constitucional mantiene su posición, en virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Para su distinción entre uno y otro es importante comprobar la presencia de la subordinación. Dicho elemento esencial tiene como característica el poder de dirección entendida ésta como la obligación que tiene un empleado o trabajador para obedecer órdenes, directrices, lineamientos de parte de un patrón, empleador o contratante. De manera que estos últimos puedan disponer del tiempo, capacidad, experiencia, habilidad y fuerza de trabajo del contratado a cambio de un pago denominado salario, jornal o sueldo. Con relación al tiempo, es un hecho distintivo y característico de subordinación, la obligación de cumplir un horario. De manera que el contratado deba pedir permiso para salir del trabajo o para faltar a él. En cambio, en el desempeño independiente de una profesión u oficio existe libertad o disponibilidad de tiempo para aceptar otros trabajos con diferentes contratantes, manteniendo con ellos una relación horizontal o sea igualitaria; donde no hay dependencia ni supeditación. Otra de las características de la subordinación, además del antes mencionado, es el poder de sancionar o potestad disciplinaria, la cual es necesaria para que exista orden y buena conducta en el centro de trabajo. Con todos estos elementos, la Sala de lo Constitucional al examinar el presente caso, se da cuenta de que las partes no se comportaron como se espera de una relación cliente-profesional, sino que su relación se desarrolló como patrono-trabajador, es decir concurren los elementos necesarios para calificar a una relación laboral, mismos que el artículo 20 del Código del Trabajo enumera y que son: a) Actividad personal del trabajador; b) subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Entonces, pese a que el contrato se denominó de servicios profesionales en el fondo se trataba de un contrato individual de trabajo, entendiéndose por éste como aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, a cambio de una remuneración, (artículo 19 del Código del Trabajo). En conclusión, el nombre del contrato pretendía encubrir una relación protegida por la legislación tuitiva de lo laboral y las normas de la constitución y de los instrumentos internacionales relativas al derecho del trabajo con su espíritu de tutela a la parte más vulnerable de la relación laboral. En vista de lo anterior se descarta de manera rotunda que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la correcta para dirimir el asunto de marras. Por lo que se concluye que este asunto se subsume en la excepción descrita en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley, que dice: “No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…” En conclusión, procede la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo.”-              La Sala de lo Constitucional mantiene su posición, en virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 324 de la Constitución de la República; 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional.."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Con todos estos elementos, la Sala de lo Constitucional al examinar el presente caso, se da cuenta de que las partes no se comportaron como se espera de una relación cliente-profesional, sino que su relación se desarrolló como patrono-trabajador, es decir concurren los elementos necesarios para calificar a una relación laboral, mismos que el artículo 20 del Código del Trabajo enumera y que son: a) Actividad personal del trabajador; b) subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Entonces, pese a que el contrato se denominó de servicios profesionales en el fondo se trataba de un contrato individual de trabajo, entendiéndose por éste como aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, a cambio de una remuneración, (artículo 19 del Código del Trabajo). En conclusión, el nombre del contrato pretendía encubrir una relación protegida por la legislación tuitiva de lo laboral y las normas de la constitución y de los instrumentos internacionales relativas al derecho del trabajo con su espíritu de tutela a la parte más vulnerable de la relación laboral. En vista de lo anterior se descarta de manera rotunda que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la correcta para dirimir el asunto de marras. Por lo que se concluye que este asunto se subsume en la excepción descrita en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley, que dice: “No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…” En conclusión, procede la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo.”- La Sala de lo Constitucional mantiene su posición, en virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós.- VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ALEJANDRO ISAAC CARÍAS LÓPEZ, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por la honorable Corte de apelaciones del trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual confirmó el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. El garantista considera que la decisión del iudex ad quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. -ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha catorce de marzo del año dos mil diecinueve, la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, compareció ante el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán interponiendo demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e interrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de trabajo. Folios 1 al 7 de la pieza del juzgado).-2. El referido juzgado, dictó resolución en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve, recayendo la parte dispositiva que manda: “RESUELVE: “…Tener por contestados en tiempo y forma LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN se admite LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA que se encuentra agregada al expediente a folios 1 al 3, 5 la que se tiene por practicada y se admite la media de prueba presentada en este acto. Tener por contestados en tiempo y forma el INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN, se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA que se encuentra agregada al expediente…” (Folios 148 al 152 de la pieza del Juzgado).- 3. La Corte de apelaciones del trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, dictó en fecha tres de agosto del dos mil veintiuno resolución cuya parte dispositiva expresa: “I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en su condición de Representante Procesal delegado del ESTADO DE HONDURAS. II. CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). III. SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 12 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).-4. El garantista, abogado ALEJANDRO ISAAC CARÍAS LÓPEZ, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha uno de octubre del año dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, por considerar que la decisión del iudex ad quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós.-5. En fecha cinco de mayo del año dos mil veintidós, la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en su condición de fiscal especial para la defensa de la constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE el amparo interpuesto. (Folios 29 al 38 de la pieza de amparo).-ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del derecho del debido proceso y principio de legalidad. El apoderado procesal del Instituto Nacional de Migración al formalizar la garantía constitucional de amparo señala que la resolución que impugna conculca los artículos 64 (principio de primacía constitucional), 82 (derecho de defensa) y 90 (derecho de proceso debido legal de la Constitución de la República.-En ese sentido, estima que se han violentado: El numeral 2 del artículo 872 del Código del Trabajo, las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la república para el año fiscal 2014 y artículos 3, 193.2 literal b, 199, 211, 213.1 del Código procesal civil.-El objeto de su reclamo es la sentencia interlocutoria de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno mediante la cual la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán dispuso confirmar la decisión del juez a quo mediante la cual denegó el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción, opuesto por la parte demandada.-En su alegato, el impetrante reclama que se ha violentado el debido proceso por haberse conculcado el numeral 2 del artículo 872 del Código del trabajo, debido a que considera que la decisión que impugna se aparta de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Asimismo, reclama que se violenta el debido proceso tras haberse citado en la parte dispositiva del fallo que impugna el artículo 193.2 literal b) del Código procesal civil, explicando que por una parte se establece que se dicta sentencia, pero el citado artículo establece que lo procedente es emitir un auto.-Por otro lado, reclama que el juzgador ad quem, indica en el preámbulo y en la parte dispositiva de su sentencia, que a él como apelante, el juzgador le denomina apoderado legal del Instituto Nacional de Migración, siendo lo correcto: representante procesal delegada del Estado de Honduras, porque es así como ha actuado.-Entrando en asuntos de fondo, el impetrante expresa que la demandante fue contratada mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales y técnicos, los cuales indicaba su plazo de vigencia, cláusulas que fueron aceptadas de conformidad con los artículos 1346 y 1348 del Código civil, es decir, que en este caso uno o más personas se obligaron para con otras recíprocamente a dar, hacer, o no hacer.-El recurrente precisa lo anterior, señalando que la demandante tenía una relación jurídica con su poderdante mediante la suscripción de contratos los cuales fueron perfeccionados posteriormente con la emisión de acuerdos ministeriales (Poder Ejecutivo). Al respecto, señala que se puede constatar que en las clausulas quinta y sexta delos contratos el periodo de duración del contrato y la estructura presupuestaria afectada para el pago del salario pactado, agregando que lo anterior es típico de los contratos administrativos celebrados por el gobierno central del Poder Ejecutivo cuando se contratan servicios profesionales; pues bien, el garantista señala que al tenor de la cláusula décima de los contratos la ahora demandante aceptó que en caso de controversia el asunto sería sometido a la jurisdicción del contencioso administrativo, siendo sus órganos los que poseen competencia para dirimir este asunto en particular, por lo que la demandante debió agotar previamente la vía administrativa ante el Instituto Nacional de Migración para luego poder presentar cualquier acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa. -CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos[4] dispuso en su resolución de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, declarar sin lugar la apelación formulada por la parte demandada y confirmó la resolución de primera instancia, mediante la cual se declaró sin lugar el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción.-El tribunal de alzada señala que el artículo 1 de la Ley de contratación del Estado de Honduras, con relación al artículo 8.1 y 94 de la esa misma ley, refiere las materias excluidas del ámbito de su aplicación, o sea los contratos de la administración pública en cuanto a la prestación por personas naturales de servicios profesionales o técnicos distintos a los regulados en el capítulo VII de la Ley de contratación del Estado; es decir, los contratos distintos a los contratos de consultoría.-En otras palabras, resalta la corte, todo contrato de servicios profesionales celebrado por la Administración Pública con personas naturales, fuera de ese catálogo de servicios especificados en el artículo 94 de la Ley de contratación del Estado, están excluidos de la regulación de la Ley de contratación del Estado y por ende del artículo 3 a) de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo pasando a ser regulados por la ley laboral.-Dicho tribunal indica que no basta que un contrato disponga estar bajo el ámbito de la Ley de contratación del Estado para serlo, sino que en apego a la realidad sean realmente contratos de “servicios específicos” para efectuar estudios, diseños, asesoría coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia, presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza. -El tribunal de alzada agrega que el criterio de la honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia sobre los contratos de servicios profesionales o técnicos, es que ese tipo de contratos procede con personal especializado, un grado académico superior de conocimientos especializados para realizar un trabajo técnico o específico en determinada rama, cuya función no puede ser realizada por cualquier trabajador, por ejemplo arquitecto, ingeniero, etc.; por otra parte, la persona contratada no está supeditada a un horario de trabajo específico o a un jefe, y la tarea encomendada debe ser la entrega de un producto.-Es por ello, apunta la corte de apelaciones, que los contratos que se relacionan con el presente caso se consideran una simulación y en consecuencia deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 20 del Código del trabajo, el cual establece que para que exista un contrato laboral se requiere la concurrencia de estos tres elementos: 1) La actividad personal del trabajador, es decir realizada por el mismo; 2) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono; 3) un salario como retribución del servicio.-Señala que, si concurren estos tres elementos, es una relación laboral bajo contrato de trabajo, aunque se le denomine de otra forma o se le agreguen otras condiciones o modalidades.-La corte de apelaciones agrega que, el artículo 47 del Código del Trabajo establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración. Esto además es así, si al vencimiento de dichos contratos, subsiste la causa que le dio origen o persiste la materia del trabajo para la prestación de servicios o ejecución de obras iguales o análogas. En consecuencia, expresa la corte de apelaciones, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza, acciones o carácter temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público. La agente de tribunales del Ministerio Público, abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía emitió dictamen mediante el cual opina que no se otorgue la presente garantía constitucional de amparo, de conformidad con los argumentos que a continuación se resumen.-Primeramente, la fiscal precisa que el alegato del amparista se centra en que la jurisdicción laboral no es la que debe conocer el presente asunto, sino que debió presentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2 del Código del trabajo; por lo que, el juzgado de lo laboral que actualmente lo conoce, debió inhibirse de dicho conocimiento. La razón aducida es que las causas relativas a los contratos de servicios profesionales y técnicos en los que participa el Estado corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por ser los contratados servidores públicos y no privados.-Luego la fiscal agrega que, el numeral 2 del artículo 2 citado, define que son empleados públicos, aquellas personas cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal, haciendo la observación que en el presente asunto la demandante no fue contratada bajo ninguna de esas modalidades, por lo que queda excluida del concepto de servidora pública.-Por otra parte, para la fiscal, dicha norma dispone que las normas del Código del trabajo son de orden público, por lo que su aplicación no puede ser renunciada o modificada por la simple manifestación de voluntad de los particulares, sumado a esto, señala la fiscal, la jurisdicción es improrrogable.-Según aprecia la fiscal, la demandante no reúne la calidad de funcionaria o empleada pública, sino que su relación con el Estado es laboral pues ésta reúne las características o elementos que dispone el artículo 20 del Código del trabajo y que son esenciales para identificar una relación de trabajo. Esto a pesar de que el Instituto Nacional de Migración haya denominado el contrato como de servicios profesionales. La Fiscal recalca que la denominación del contrato, aunque disponga literalmente otra cosa, no deja de ser una relación laboral. La fiscal observa además que la relación entre demandante y demandado no se encuentra bajo acuerdo sino bajo contrato.-Luego, cita el artículo 109 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cuanto dispone que “Solamente podrán impugnarse en vía contenciosa administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del periodo respectivo” .-En refuerzo de todo lo anterior, la fiscal señala que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo, tal como lo manda el artículo 665 del Código del trabajo, siendo esta disposición de orden público que no puede ser modificada por convenios de los contratantes, en este sentido el artículo 3 del Código del trabajo dispone que son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el código, sus reglamentos o demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación de los derechos invocados. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de mérito.-De entrada, la Sala encuentra que no es de recibo el alegato del garantista fundado en que se citó en la parte dispositiva del fallo impugnado, el artículo 193.2 literal b) del Código procesal civil, lo que para el censor resulta ser violatorio del debido proceso explicando que existe contradicción debido a que el tribunal de alzada establece que se dicta sentencia, pero el citado artículo establece que lo procedente es emitir un auto.-No es de recibo porque dicho error no produce ningún agravio a los derechos de las partes o al proceso mismo, por lo que dicho vicio es inocuo razón por la que no aplica el principio de lesividad, el cual es necesario para que proceda amparar a favor de quien alegue y demuestre que un vicio le es perjudicial.-Este alto tribunal de justicia decide también, por igual razón, que procede denegar el motivo de amparo fundado en que la corte ad quem consignó erróneamente en el preámbulo y en la parte dispositiva de su sentencia, que, a él como apelante, se le denominó: apoderado legal del Instituto Nacional de Migración; y que, la denominación correcta era representante procesal delegada del Estado de Honduras, porque es así como ha actuado.-Ahora este alto tribunal pasa a pronunciarse sobre el motivo de amparo que se sustenta en que la parte demandante equivocó la jurisdicción, y que debió presentar la demanda ante el Juzgado de letras de lo contencioso administrativo, lo cual tiene relevancia constitucional desde la perspectiva del juez natural como derecho fundamental.-Manifiesta el amparista que la demandante María Margarita Aguilar Redondo fue contratada mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales y técnicos, los cuales indicaban su plazo de vigencia, cláusulas que fueron aceptadas por ella de conformidad con los artículos 1346 y 1348 del Código civil. El censor agrega que, los contratos en mención fueron posteriormente perfeccionados por el Poder Ejecutivo mediante la emisión de acuerdos ministeriales.-Agrega el censor que el periodo de duración del contrato y la disposición de la estructura presupuestaria afectada para el pago del salario pactado, son típicas de los contratos administrativos celebrados por el gobierno central del Poder Ejecutivo cuando se contratan servicios profesionales, y que en el presente caso se puede constatar la existencia de dichas clausulas en los contratos de la señora Aguilar Redondo, específicamente la quinta y la sexta, las cuales fueron aceptadas por dicha demandante al tenor de la cláusula décima de los contratos, como también aceptó lo atinente a que en caso de controversia el asunto sería sometido a la jurisdicción del contencioso administrativo.-Finalmente señala que la demandante debió agotar previamente la vía administrativa ante el Instituto Nacional de Migración para luego poder presentar cualquier acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa.-La Sala de lo Constitucional, ya se ha pronunciado en casos similares al de marras, sólo para citar algunos se ofrece lo señalado por este alto tribunal en las sentencias: AL-0475-2018 de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y la AL-0698-2017 de fecha seis de junio de dos mil dieciocho. En ambas ocasiones ha decidido que el juez natural que debe conocer casos similares al de mérito, es el de la jurisdicción laboral. A continuación, se transcribe la argumentación expuesta en sendas sentencias, así: En la sentencia AL-0475-2018 de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional detalló: “CONSIDERANDO (6): Que en la argumentación jurídica del incidente por declinatoria, por falta de jurisdicción del tribunal, se ataca el factor objetivo de la competencia, que ha de dirimir la cuestión laboral planteada por la demandante. La competencia tiene trascendencia procesal, pues la jurisdicción como función estatal y de carácter eminentemente público y de la cual se desprende aquella, está sujeta a reglas precisas y que en realidad condicionan la administración de justicia por diferentes razones como ser: Materia, cuantía, grado, turno y territorio. Para determinar si la jurisdicción del trabajo es competente para conocer del asunto, o si en su defecto es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es preciso determinar si concurren los tres elementos del contrato de trabajo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, apoyándose en los principios que informan el Derecho del Trabajo, veamos cada uno de estos elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. De acuerdo a Vicente Antonio Martínez Abascal y José Bernardo Herrero Martin (Curso de Derecho del Trabajo. 2013), comenta con respecto al tema que nos ocupa: “El trabajo comprometido conforme al mencionado presupuesto ha de ser personal, esto es, realizado por el propio trabajador (a) sin delegación posible. Se trata de un rasgo que deriva necesariamente del presupuesto genérico de dependencia, ya que ésta somete al concreto trabajador al poder directivo empresarial, de suerte que la prestación concertada exige a ese trabajador teniendo en cuenta sus aptitudes y cualidades profesionales”; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Esta subordinación o dependencia del trabajador al empresario y/o institución debe ser entendida en el sentido de sometimiento a las órdenes e instrucciones del empresario o jefe inmediato, para la ejecución del contrato. c) Un salario como retribución del servicio, este elemento que también hace presencia en el contrato objeto de controversia, que nos ocupa. CONSIDERANDO (7): Que a la luz de los principios del Derecho del Trabajo de acuerdo al artículo 18 C.T., entre ellos los principios protectorios, especialmente el de primacía de la realidad, nos permite establecer si la pretensión de la demandante debe ser conocido por la jurisdicción laboral o al contrario por el contencioso administrativo. El principio de primacía de la realidad, junto a otros le dan el carácter de rama autónoma del derecho al Derecho Laboral, señalando que al analizar esta relación jurídica “en caso de discordia ente lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (el remarcado es nuestro), (Américo Plácido Rodríguez. Los Principios del Derecho del Trabajo, 1990). Consecuentemente, de conformidad con este principio en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica, en la realidad de la relación inter partes, que aquello que éstas hayan convenido e incluso respaldado documentalmente…. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se evidencia que el gobierno central se encontraba en la obligación de realizar el nombramiento interino de la ahora demandante, tal como la ley estipula, es decir, respetando el principio de legalidad del cual revisten los actos particulares de esta naturaleza emitidos por la Administración Pública, por lo que al haber emitido los acuerdos de manera irregular, es decir no respetando el principio de legalidad, generó derechos adquiridos a la empleada que salen de la égida de la Ley de Servicio Civil y que por lo tanto deben ser tutelados por la jurisdicción laboral; por lo que resulta una relación meramente laboral, siendo naturalmente la jurisdicción laboral la indicada para conocer toda controversia nacida de aquella. Por otra parte, debe observarse el artículo 3 Código del Trabajo que dispone: “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.-En la sentencia AL-0698-2017 de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia, argumentó: “Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación de los artículos 90 y 134 de la Constitución de la República. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias lo hace de la siguiente manera. Se destacan como hechos relevantes para pronunciarse sobre el presente asunto los que a continuación se reseñan. El demandante comenzó a laborar para la Secretaría de Salud, suscribiendo contrato de servicios profesionales y técnicos, desempeñándose como ingeniero sanitario I, labor que desarrolló durante varios años, con un horario de siete de la mañana a tres de la tarde, desde el lunes a viernes, devengando un salario por ello. En el contrato suscrito entre el demandante con el Estado se estipuló de manera expresa que las controversias devenidas del contrato de servicios, debía ser la jurisdicción contenciosa administrativa. Por otra parte, como antecedentes procesales, destaca la decisión de primera instancia que declara sin lugar el incidente por declinatoria de incompetencia de tribunal con base en que fueron acreditados los tres elementos esenciales que indica el artículo 20 del Código del Trabajo. Tomando en cuenta lo anterior y especialmente los alegatos que acuerpan este amparo, la Sala de lo Constitucional destaca como argumento principal el que se fundamenta en el inciso a) del artículo 3 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que compete conocer a la jurisdicción contenciosa administrativa todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales y técnicos; y la exclusión que hace el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo a los empleados contratados por el Estado, quienes conforme a su contenido no podrán acceder a la jurisdicción laboral. Lo antes expuesto permite a la Sala de lo Constitucional ratificar su posición respecto a este tema, expuesta en la sentencia AL-SCO-1576-2003 en la que se dan a conocer algunos argumentos que continúan estando vigentes. A la sazón, los siguientes: La Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 1 párrafo primero dispone que: son objeto de conocimiento por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, todas las actividades de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo Más adelante la misma ley en el artículo 3 detalla algunos casos que deberán ser conocidos por la jurisdicción contenciosa administrativa, así: “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del estado, por las municipalidades y por las instituciones autónomas, y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del estado;… b)…; c)…; y d) Las cuestiones que una ley le atribuya especialmente.” Del artículo anterior se observa que el literal a) se refiere a dos casos distintos: El primero que se refiere a los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado; que en este caso que estudiamos sería decir: El contrato de consultoría (no podría ser otro). El segundo caso se refiere concretamente a los contratos de servicios profesionales, (excluidos de la Ley de Contratación del Estado vid. artículo 8 de dicha ley). Finalmente, el literal d) del artículo 1 repite lo mismo respecto a que también serán conocidos por la jurisdicción contenciosa administrativa aquellos casos cuya ley así lo disponga. Con respecto al caso bajo estudio la Sala al examinar el contrato en escrutinio, advierte que no se trata de una consultoría; como tampoco es de aquellos cuyo origen se atribuye a una disposición legal. Hasta aquí todo indica que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa conocer del presente asunto, debido a que el contrato bajo estudio se denominó como contrato de servicios profesionales o técnicos. Sin embargo, esto sería atender a una cuestión puramente formal, la cual sólo tomaría en cuenta: a) el origen administrativo por ser una contratación del Estado; y b) lo establecido en el literal a) del artículo 3 arriba citado; y c) el haber establecido entre sus cláusulas que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, a juicio de este tribunal de justicia, el aspecto formal no es suficiente, porque podría estarse encubriendo una relación distinta a la que pretendió el legislador al promulgar los supuestos del artículo 3 mencionado. Se hace necesario para evitar esta posibilidad, examinar caso por caso el aspecto material de la relación contractual a fin de determinar cómo o de qué manera se desarrolló la relación de trabajo entre el Estado y el contratado por éste. Entonces el quid del asunto es dilucidar si las particularidades que se dieron en la relación que sostuvo el Estado con el demandante José Antonio Navarro Guifarro son las propias de un verdadero servicio profesional o las de un contrato individual de trabajo. Las profesiones u oficios admiten dos formas de desempeño, uno de ellos es el ejercicio libre y el otro es la prestación más o menos permanente para alguien en particular. Para su distinción entre uno y otro es importante comprobar la presencia de la subordinación. Dicho elemento esencial tiene como característica el poder de dirección entendida ésta como la obligación que tiene un empleado o trabajador para obedecer órdenes, directrices, lineamientos de parte de un patrón, empleador o contratante. De manera que estos últimos puedan disponer del tiempo, capacidad, experiencia, habilidad y fuerza de trabajo del contratado a cambio de un pago denominado salario, jornal o sueldo. Con relación al tiempo, es un hecho distintivo y característico de subordinación, la obligación de cumplir un horario. De manera que el contratado deba pedir permiso para salir del trabajo o para faltar a él. En cambio, en el desempeño independiente de una profesión u oficio existe libertad o disponibilidad de tiempo para aceptar otros trabajos con diferentes contratantes, manteniendo con ellos una relación horizontal o sea igualitaria; donde no hay dependencia ni supeditación. Otra de las características de la subordinación, además del antes mencionado, es el poder de sancionar o potestad disciplinaria, la cual es necesaria para que exista orden y buena conducta en el centro de trabajo. Con todos estos elementos, la Sala de lo Constitucional al examinar el presente caso, se da cuenta de que las partes no se comportaron como se espera de una relación cliente-profesional, sino que su relación se desarrolló como patrono-trabajador, es decir concurren los elementos necesarios para calificar a una relación laboral, mismos que el artículo 20 del Código del Trabajo enumera y que son: a) Actividad personal del trabajador; b) subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Entonces, pese a que el contrato se denominó de servicios profesionales en el fondo se trataba de un contrato individual de trabajo, entendiéndose por éste como aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, a cambio de una remuneración, (artículo 19 del Código del Trabajo). En conclusión, el nombre del contrato pretendía encubrir una relación protegida por la legislación tuitiva de lo laboral y las normas de la constitución y de los instrumentos internacionales relativas al derecho del trabajo con su espíritu de tutela a la parte más vulnerable de la relación laboral. En vista de lo anterior se descarta de manera rotunda que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la correcta para dirimir el asunto de marras. Por lo que se concluye que este asunto se subsume en la excepción descrita en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley, que dice: “No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…” En conclusión, procede la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo.”- La Sala de lo Constitucional mantiene su posición, en virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 324 de la Constitución de la República; 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado ALEJANDRO ISAAC CARÍAS LÓPEZ, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, contra la resolución de fecha tres de agosto del año dos mil veintiuno, dictada por la honorable Corte de apelaciones del trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual confirmó el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el número 1061-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Dicho tribunal de alzada se encuentra integrada por los honorables magistrados Roxana Liceth Morales Toro, Emy Claudet Asfura Asfura y Juan Roberto Villalobos Galo.