Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1017-21 — Registro 15754

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio dictado por Juzgado de Primera instancia que declaró sin lugar excepción de falta de capacidad para ser parte y declaró sin lugar incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada en Demanda laboral ordinaria para que el Patrono pruebe causa justa de despido promovida por Demandante contra recurrente: La Autoridad recurrida consideró que el hecho de haber comparecido la parte demandada a contestar la demanda y a la audiencia respectiva sanea el defecto que luego alega como falta de representación del demandado en consecuencia no se vulneran derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, observamos que de conformidad con el artículo 706 del Código del trabajo, una vez presentada y admitida la demanda, si bien es cierto el Juez tiene la facultad de revisar la misma con el objeto de que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley y también la posibilidad de ordenar la subsanación de la demanda si esta no reúne los requisitos establecidos en el artículo 703 del Código del Trabajo, devolviéndolo al autor a fin de que este subsane las deficiencias que aquel señale, por lo tanto en este caso se aprecia que el Juez de primera instancia ha llevado a cabalidad este requisito, es decir a mandado a subsanar la demanda, una vez que se ha realizado esa determinación, se debe de limitar a las deficiencias que el tribunal haya señalado. En el presente caso de autos el actor demandante se ha acogido a presentar nuevamente la demanda, pero en esta nueva presentación tenía que haber subsanado los requisitos señalados inicialmente y que fueron objeto de subsanación por parte del Tribunal. De la revisión del expediente se desprende que en este segundo acto de comparecencia a través de una nueva demanda que procesalmente se entiende como una etapa de subsanación, el demandante reitera el error que mando a subsanar el tribunal, es decir, no arregla el defecto señalado por parte del órgano jurisdiccional, en ese sentido la Ley es clara al determinar que de no ser atendida la subsanación en el plazo establecido, se mandaran archivar las diligencias con la única observación que queda a salvo el derecho de interponer nuevamente la demanda en el tiempo que establezca la Ley, entendiéndose con ello que su interposición ha interrumpido el plazo de la prescripción. En este caso de autos, el Juez de Primera Instancia en vez de ordenar el archivo de las actuaciones, tal y como se lo impone el deber legal, ha mandado a subsanar por una segunda ves al demandante, circunstancia que no está prevista en el Código del Trabajo, siendo el criterio de esta sala, que si bien en esta materia rige el principio de anti formalidad, eso significa que la propia ley da la posibilidad de subsanar en el presente caso de autos por una sola vez y no por dos o más como ha pasado en esta causa, por lo tanto se constata una violación al debido proceso en el sentido que en lugar de mandar a archivar las diligencias, el tribunal de primera instancia ha decidido mandar a subsanar por una segunda vez al demandante, circunstancia que no está contemplada en la Legislación. Por otro lado de conformidad con el artículo 715 del Código de Trabajo, cualquier cuestión incidental incluido los señalamientos de los defectos procesales por parte del demandado deben ser alegados en la audiencia primera de trámite, en ese sentido se observa que el demandado ha denunciado un defecto procesal con respecto a la falta de legitimación del demandado puesto que más allá de que ya hemos referido la imposibilidad de subsanar por una segunda ves la demanda, una vez hecha la subsanación el demandado ha alegado que existe el defecto procesal de falta de legitimación del demandado, y así lo alega en la audiencia primera de trámite, el órgano recurrido en este caso señala que el hecho de haber comparecido a contestar la demanda y a la audiencia respectiva sanea el defecto que luego alega como falta de representación del demandado, lo cual es una apreciación errónea puesto que si bien es cierto ante el llamamiento judicial de emplazamiento, el demandado ha comparecido a la audiencia de trámite, no es menos cierto que lo primero que ha realizado en dicha audiencia es alegar la falta de legitimación, es decir que la única forma para entender convalidado el defecto alegado, es precisamente que el demandado nada haya dicho sobre él, circunstancia que en el presente caso no acontece, puesto que como ya se dijo, en el momento procesal oportuno ha denunciado el defecto, por lo tanto no se puede tener por convalidado cuando el mismo ya ha sido denunciado por la parte a quien afecta la violación; el Juez al hacerlo de la manera antes expresada, ha vulnerado el debido proceso, siendo lo procedente, otorgar el presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Ludwin Lisandro Ochoa Manzano, a favor de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con relación a la “DEMANDA LABORAL ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA CAUSA JUSTA DE MI DESPIDO…” promovida por la señora Lidia Marina Suarez George, en contra de la “Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras”, representada legalmente por el señor Luis Alonso Galdámez Carbajal, quien actúa en su condición de Gerente General de dicha organización. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora Lidia Marina Suarez George, promoviendo DEMANDA LABORAL ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA CAUSA JUSTA DE MI DESPIDO…” en contra de la “Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras”, representada legalmente por el señor Luis Alonso Galdámez Carbajal, quien actúa en su condición de Gerente General de dicha organización. (Folios 3-5 del expediente del A-quo) 2) En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la celebración de la audiencia primera de trámite, estando presentes las partes, el A-quo le cedió la palabra a la parte demandada para interponer alguna excepción, a lo que ella manifestó: interpongo incidente de nulidad de actuaciones, excepción de falta de capacidad para ser parte y excepción de prescripción. (Folios 90-91 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del incidente de declinatoria, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTES, interpuesta por el apoderado legal de la demandada.- 2) Declarando SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, interpuesto por el apoderado legal de la demandada.- SIN COSTAS.- Y MANDA: Contra el auto interlocutorios procede el recurso de reposición y el de apelación el que se interpondrá en la presente audiencia pública.” (Folio 102-105 vuelto del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ludwin Lisandro Ochoa Manzano, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, contra la sentencia que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, la Corte Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, Abogado LUDWIN LISANDRO OCHOA MANZANO, consecuentemente se confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en fecha veintitrés (23) de agosto del presente año (2021) en las diligencias que se registran en la demanda de la referencia.- SIN COSTAS, en esta instancia por el carácter social de la normativa jurídica del trabajo.- Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados del presente fallo a los representantes procesales de las partes intervinientes en juicio; con la certificación de estilo, devuélvanse las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, para los efectos y trámites legales pertinentes.” (Folios 9-12 vuelto del expediente del A-quem) 5) Que, el Abogado Ludwin Lisandro Ochoa Manzano, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que esta Sala, en fecha siete de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Ludwin Lisandro Ochoa Manzano, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 30 del recurso) 7) En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…En atención al planteamiento realizado por el censor y revisado el antecedente de mérito, se evidencia de los autos de subsanación que se encuentran con fundamento en el artículo 426 numeral 3 y 4 del Código Procesal Civil, como norma supletoria en atención a lo dispuesto en el artículo 858 del Código del Trabajo, y si bien dicha norma dispone que la subsanación se hará en una sola vez y de no cumplirse se archivarán las diligencias; lo cierto es, que el argumento del Censor no resulta válido, considerando que menoscaba el derecho a la Tutela Judicial Efectiva que le asiste a la parte actora, en virtud que uno de los principios que rigen en el derecho laboral es el Principio Protector, que lo diferencia del derecho civil, en el cual rige el principio de igualdad jurídica referente al derecho privado, así que el principio protector contiene tres reglas; ● Regla más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. ●Regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. ● Regla in dubio pro operarium: entre interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador. ● Por otra parte en el derecho laboral también opera el principio Pro Actione, de tal modo que los Jueces del Trabajo interpretarán los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuación del proceso a efecto de optimizar el ejercicio y goce del derecho fundamental de naturaleza procesal que pueda estar en cuestión, porque el juez cuando en un proceso se presenten dudas razonables respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad, procedencia o de cualquier otra naturaleza, lo que constituya un impedimento para la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en el sentido más favorable a la prosecución del mismo; en ese sentido y en consonancia con lo ya expuesto tal y como lo refiere el Ad- quem, el plazo que le asiste al demandante para subsanar la demanda no es perentorio dado el bien jurídico que se tutela, circunstancia que permite establecer que lo resulto por la alzada se encuentra apegado a derecho. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer QUE NO SE OTORGUE el amparo presentado por el recurrente, por considerar que no existe quebrantamiento a las garantías constitucionales invocadas.” (Folios 33-36 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula departamento de Cortes, de fecha catorce (14) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), que declara con lugar recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes de fecha veintitrés (23) de agosto del dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LIDIA MARINA SUAREZ GEORGE, contra LA CONFERENCIA EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se infringió por el Tribunal Ad-Quem, el derecho de a la legalidad, ya que el Juez en vez de mandar archivar el expediente por la continua repetición de error de la demandante al no subsanar la demanda, como se le ordeno cuatro veces, siendo en efecto extemporáneo volver a dar derecho de acción que la ley determina que no, asimismo no aplica el principio de Preclusión Procesal, porque el artículo 426.3 y 426.4 del Código Procesal Civil ordena el archivo al no subsanar y la Juez A-Quo al no hacerlo violento tal derecho, faltando de esa manera al deber de Imparcialidad. De igual manera manifiesta que se le ha vulnerado el debido proceso, al haberle violentado lo establecido en el artículo 115.1 y 426 del Código Procesal Civil, en vista que el Legislador ya establece los momentos para que la parte demandada sea subsanada y la demandante no lo hizo, la Juez A-Quo y el Tribunal A-Quem tratan en sus decisiones de darle instancia a la demandante para suplir las deficiencias de lo que no hizo, lo que ha sucedido en el presente caso. También señala que se le vulnero el derecho de defensa, en vista que la Juez A-Quo amplia a varias veces la oportunidad de subsanar que tiene la demandante y lo que es peor el Tribunal Ad-Quem se lo ratifica.- Como consecuencia de lo anterior, establece que se viola el derecho fundamental de la Tutela Judicial Efectiva, pues ya no hay nada que discutir en el proceso, porque con la no subsanación de la demanda desde el primero de los autos de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, la misma debió de haber sido mandada archivar y por finalizada siendo cosa Juzgada y al no haberse realizado de esa manera se violentó el debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión de los antecedentes que motivaron la presente acción de amparo, observamos que de conformidad con el artículo 706 del Código del trabajo, una vez presentada y admitida la demanda, si bien es cierto el Juez tiene la facultad de revisar la misma con el objeto de que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley y también la posibilidad de ordenar la subsanación de la demanda si esta no reúne los requisitos establecidos en el artículo 703 del Código del Trabajo, devolviéndolo al autor a fin de que este subsane las deficiencias que aquel señale, por lo tanto en este caso se aprecia que el Juez de primera instancia ha llevado a cabalidad este requisito, es decir a mandado a subsanar la demanda, una vez que se ha realizado esa determinación, se debe de limitar a las deficiencias que el tribunal haya señalado. En el presente caso de autos el actor demandante se ha acogido a presentar nuevamente la demanda, pero en esta nueva presentación tenía que haber subsanado los requisitos señalados inicialmente y que fueron objeto de subsanación por parte del Tribunal. De la revisión del expediente se desprende que en este segundo acto de comparecencia a través de una nueva demanda que procesalmente se entiende como una etapa de subsanación, el demandante reitera el error que mando a subsanar el tribunal, es decir, no arregla el defecto señalado por parte del órgano jurisdiccional, en ese sentido la Ley es clara al determinar que de no ser atendida la subsanación en el plazo establecido, se mandaran archivar las diligencias con la única observación que queda a salvo el derecho de interponer nuevamente la demanda en el tiempo que establezca la Ley, entendiéndose con ello que su interposición ha interrumpido el plazo de la prescripción. En este caso de autos, el Juez de Primera Instancia en vez de ordenar el archivo de las actuaciones, tal y como se lo impone el deber legal, ha mandado a subsanar por una segunda ves al demandante, circunstancia que no está prevista en el Código del Trabajo, siendo el criterio de esta sala, que si bien en esta materia rige el principio de anti formalidad, eso significa que la propia ley da la posibilidad de subsanar en el presente caso de autos por una sola vez y no por dos o más como ha pasado en esta causa, por lo tanto se constata una violación al debido proceso en el sentido que en lugar de mandar a archivar las diligencias, el tribunal de primera instancia ha decidido mandar a subsanar por una segunda vez al demandante, circunstancia que no está contemplada en la Legislación. Por otro lado de conformidad con el artículo 715 del Código de Trabajo, cualquier cuestión incidental incluido los señalamientos de los defectos procesales por parte del demandado deben ser alegados en la audiencia primera de trámite, en ese sentido se observa que el demandado ha denunciado un defecto procesal con respecto a la falta de legitimación del demandado puesto que más allá de que ya hemos referido la imposibilidad de subsanar por una segunda ves la demanda, una vez hecha la subsanación el demandado ha alegado que existe el defecto procesal de falta de legitimación del demandado, y así lo alega en la audiencia primera de trámite, el órgano recurrido en este caso señala que el hecho de haber comparecido a contestar la demanda y a la audiencia respectiva sanea el defecto que luego alega como falta de representación del demandado, lo cual es una apreciación errónea puesto que si bien es cierto ante el llamamiento judicial de emplazamiento, el demandado ha comparecido a la audiencia de trámite, no es menos cierto que lo primero que ha realizado en dicha audiencia es alegar la falta de legitimación, es decir que la única forma para entender convalidado el defecto alegado, es precisamente que el demandado nada haya dicho sobre él, circunstancia que en el presente caso no acontece, puesto que como ya se dijo, en el momento procesal oportuno ha denunciado el defecto, por lo tanto no se puede tener por convalidado cuando el mismo ya ha sido denunciado por la parte a quien afecta la violación; el Juez al hacerlo de la manera antes expresada, ha vulnerado el debido proceso, siendo lo procedente, otorgar el presente amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 96, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 703, 706 y 715 del Código del Trabajo; FALLA: PRIMERO: OTORGAR el Amparo interpuesto por el Abogado Ludwin Lisandro Ochoa Manzano a favor de La Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1017-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL