Sentencia AL-100-22 — Registro 16133
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra auto dictado por Juzgado de Primera instancia que denegó Incidente de nulidad absoluta de actuaciones por parte de Banco del País en Demanda ordinaria laboral contra Transportes Terrestres Sultana Express S de R L y que en ejecución de bienes muebles e inmuebles del patrimonio de dicha empresa le fueron adjudicados a Banco Del País S A (BANPAIS); Además revocó la resolución recurrida y declaró Nulidad absoluta de actuaciones dictadas por dicho Juzgado dejándolos sin valor y efecto; Declaró nulo todo lo relacionado a la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes sobre Banco del País así como las actuaciones posteriores relacionadas al embargo, debiendo librar los Mandamientos correspondientes a fin de ordenar el desembargo de los bienes embargados; Considera la Autoridad recurrida que se pretendía en un juicio laboral requerir de pago a un tercero (Banco del País S A que no fue parte en el juicio; siendo procedente atender la solicitud de nulidad de actuaciones planteada porque se trasgrede el principio de legalidad que ha provocado indefensión a Banco del Pais S A
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que resuelve el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que resuelve el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto del dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, a favor de los señores ROBERTO ORTIZ CASTILLO, ARACELY DIAZ RIVERA, LILIAN BEATRIZ BUESO MEJIA, CYNTHIA CAROLINA ZALDIVAR AMAYA, LUIS ENRIQUE ZALDIVAR CASTELLANOS, MAYRA ALEJANDRA PAZ, DAVID ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, EMMA MARISOL TABORA HENRIQUEZ, CESAR OMAR TREJO ZALDIVAR Y MANUEL DE JESUS PINEDA MALDONADO; contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ROBERTO ORTIZ CASTILLO, ARACELY DIAZ RIVERA, LILIAN BEATRIZ BUESO MEJIA, CYNTHIA CAROLINA ZALDIVAR AMAYA, LUIS ENRIQUE ZALDIVAR CASTELLANOS, MAYRA ALEJANDRA PAZ, DAVID ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, EMMA MARISOL TABORA HENRIQUEZ, CESAR OMAR TREJO ZALDIVAR Y MANUEL DE JESUS PINEDA MALDONADO contra la empresa TRANSPORTES TERRESTRES SULTANA EXPRESS S. DE R.L. y que en ejecución de bienes muebles e inmuebles del patrimonio de dicha empresa le fueron adjudicados a la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. (BANPAIS). CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, considerando que el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, contra la sentencia incidental de fecha uno de diciembre de dos mil veinte que resolvió la interposición de forma reiterativa de un incidente de nulidad absoluta de actuaciones por parte de Banco del País (Banpaís S.A.) en la demanda ordinaria laboral de primera instancia que se promoviera a la Empresa de Transportes Terrestres Sultana S.A. ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, declarándose con lugar la demanda y adquiriendo dicha sentencia el carácter de firme, pero teniendo conocimiento los señores Roberto Ortiz Castillo, Aracely Diaz Rivera, Lilian Beatriz Bueso Mejia, Cynthia Carolina Zaldivar Amaya, Luis Enrique Zaldivar Castellanos, Mayra Alejandra Paz, David Ernesto Sánchez Sánchez, Emma Marisol Tabora Henríquez, Cesar Omar Trejo Zaldivar Y Manuel De Jesus Pineda Maldonado del proceso de ejecución al que se había sometido la empresa por parte de Banco del País S.A.; promoviendo en fecha doce de febrero de dos mil doce, demanda de tercería de preferencia contra dicho banco, pero debido a diligencias ajenas a los señores ya mencionados, fue hasta el año dos mil quince que se profirió sentencia definitiva, la cual adquirió el carácter de forme en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, en la que se declaró el derecho de prelación a los hoy recurrentes, quienes por mandato constitucional tenían preferencia sobre los demás acreedores por tratarse de créditos de derechos sociales tutelados por convenios internacionales en materia del trabajo y por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Continúa manifestando el recurrente que pese a que los señores Roberto Ortiz Castillo, Aracely Diaz Rivera, Lilian Beatriz Bueso Mejia, Cynthia Carolina Zaldivar Amaya, Luis Enrique Zaldivar Castellanos, Mayra Alejandra Paz, David Ernesto Sánchez Sánchez, Emma Marisol Tabora Henríquez, Cesar Omar Trejo Zaldivar Y Manuel De Jesus Pineda Maldonado intentaron personarse en el expediente de ejecución incoado por Banco del País S.A. contra la empresa de transportes terrestre Sultana S. de R.L., el órgano jurisdiccional siguió adelante con la ejecución, denegando el personamiento dichos señores y sin realizar el depósito en una cuenta bancaria de la cantidad reclamada en concepto de sus derechos sociales de acuerdo a lo establecido en el articulo 833 del Código Procesal Civil. Finalmente, en fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, ordenó que se requiriera de pago a Banco del País S.A. por las cantidades que en concepto de derechos sociales corresponden a los señores Roberto Ortiz Castillo, Aracely Diaz Rivera, Lilian Beatriz Bueso Mejia, Cynthia Carolina Zaldivar Amaya, Luis Enrique Zaldivar Castellanos, Mayra Alejandra Paz, David Ernesto Sánchez Sánchez, Emma Marisol Tabora Henríquez, Cesar Omar Trejo Zaldivar Y Manuel De Jesus Pineda Maldonado en virtud que dicha entidad financiera había sido ejecutora del patrimonio de la sociedad mercantil empresa de transportes terrestres Sultana S. de R.L. sin que se hubiera hecho reserva de los importes de los derechos preferentes de los hoy recurrentes. CONSIDERANDO (3): Que producto del requerimiento de pago ordenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, a Banco del País S.A., este último presentó varios escritos de incidentes, alegando la supuesta concurrencia de causales de nulidad sobre actuaciones concretas en la demanda laboral de los señores Roberto Ortiz Castillo, Aracely Diaz Rivera, Lilian Beatriz Bueso Mejia, Cynthia Carolina Zaldivar Amaya, Luis Enrique Zaldivar Castellanos, Mayra Alejandra Paz, David Ernesto Sánchez Sánchez, Emma Marisol Tabora Henríquez, Cesar Omar Trejo Zaldivar Y Manuel De Jesus Pineda Maldonado, mismos que fueron declarados inadmisibles por el Juez A-Quo, en virtud de estar sustentados en los mismos fundamentos por parte del Banco del País S.A., quien alegada en todos sus escritos que no era parte en el juicio laboral en el que el propio banco se había personado aduciendo no tener ninguna obligación para con los señores ya referidos; denegando mediante auto de fecha uno de diciembre de dos mil veinte el incidente de nulidad por parte del Juzgado de Letras en mención, contra el cual se interpuso recurso de apelación por parte de Banco del País S.A. CONSIDERANDO (4): Que la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ovidio Lenin Ayala como apoderado de Banco del País, contra la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil veinte dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, mediante la cual se denegó el incidente de nulidad planteado en la demanda ordinaria laboral interpuesta por los señores Roberto Ortiz Castillo, Aracely Diaz Rivera, Lilian Beatriz Bueso Mejia, Cynthia Carolina Zaldivar Amaya, Luis Enrique Zaldivar Castellanos, Mayra Alejandra Paz, David Ernesto Sánchez Sánchez, Emma Marisol Tabora Henríquez, Cesar Omar Trejo Zaldivar Y Manuel De Jesus Pineda Maldonado contra la empresa de transportes Sultana S. de R.L.; asimismo, revoca la resolución recurrida y declara la nulidad absoluta de actuaciones dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, de lo resuelto en los autos de fecha uno de diciembre de dos mil veinte y veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dejando sin valor y efecto los mismos, declarándose nulo todo lo relacionado a la orden de requerimiento de pago y embargo sobre Banco del País, quedando asimismo sin valor y efecto los mandamientos ordenados por parte del A-Quo y que se relacionan con el embargo de los bienes de dicha institución bancaria. CONSIDERANDO (5): Que dicho Tribunal de Alzada observa que esa irregularidad procesal nace a partir de lo resuelto en los autos motivados de fechas veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y uno de diciembre de dos ml veinte emitidos por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán; siendo lo pertinente ordenar la nulidad absoluta de actuaciones de los autos ya referidos en todo su contenido, dejando sin valor y efecto los mismos, debiéndose entender que se declara nulo todo lo relacionado al decreto de embargo sobre la sociedad mercantil Banco del País S.A. debiendo quedar sin valor ni efecto los mandamientos ordenados por parte del A-Quo así como las demás actuaciones posteriores y que se relacionan al embargo de los bienes de dicha institución bancaria, debiendo librar los mandamientos correspondientes a fin de ordenar el desembargo de los bienes embargados. En el caso de marras, como consecuencia de las acciones de la parte demandante, mediante las cuales se pretendía en un juicio laboral, requerir de pago a un tercero (Banco del País S.A.) que no fue parte en el juicio que nos ocupa, donde no se puede ni debe considerársele así; siendo procedente atender la solicitud de nulidad de actuaciones planteada, la cual deberá comprender a partir del nacimiento de la mismas y las demás actuaciones posteriores ligadas a la misma. En consecuencia, no puede llevarse a cabo una diligencia judicial en un proceso donde la persona jurídica contra quien va dirigido, no forma parte en el proceso, donde Banco del País S.A. bajo ningún contexto puede ser considerado como parte, situación que, al haber sucedido, trasgrede el principio de legalidad que ha provocado indefensión a Banco del País S.A. al habérsele ubicado como sujeto procesal, requiriéndole de pago sobre una obligación de la cual nunca ha sido vencido en juicio e inclusive. De esta manera, para efecto de poder considerar a Banco del País como parte en el presente proceso laboral, debe haber una relación jurídica entre este, el patrono y/o el trabajador, es decir, debería existir en el proceso tan siquiera el mínimo principio de prueba que pueda hacer inferir a este tribunal que Banco del País mantiene una relación laboral con el trabajador o que reciba un beneficio por la actividad personal que realiza el o los trabajadores o en su defecto, porque tiene una relación de utilidad derivada del patrono directo con la situación de causalidad por la actividad personal que desarrollan los ahora demandantes. CONSIDERANDO (6): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que resuelve el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (7): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (8): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (9): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, a favor de los señores ROBERTO ORTIZ CASTILLO, ARACELY DIAZ RIVERA, LILIAN BEATRIZ BUESO MEJIA, CYNTHIA CAROLINA ZALDIVAR AMAYA, LUIS ENRIQUE ZALDIVAR CASTELLANOS, MAYRA ALEJANDRA PAZ, DAVID ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, EMMA MARISOL TABORA HENRIQUEZ, CESAR OMAR TREJO ZALDIVAR Y MANUEL DE JESUS PINEDA MALDONADO; contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha quince de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto a favor de los señores ROBERTO ORTIZ CASTILLO, ARACELY DIAZ RIVERA, LILIAN BEATRIZ BUESO MEJIA, CYNTHIA CAROLINA ZALDIVAR AMAYA, LUIS ENRIQUE ZALDIVAR CASTELLANOS, MAYRA ALEJANDRA PAZ, DAVID ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, EMMA MARISOL TABORA HENRIQUEZ, CESAR OMAR TREJO ZALDIVAR Y MANUEL DE JESUS PINEDA MALDONADO; contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el recurrente Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha quince de agosto de dos mil veintidós, por disentir con la valoración de este tribunal supremo al considerar que la resolución objeto del recurso de amparo fue debidamente motivada y además se considera que a todas luces es evidente que lo alegado por la parte recurrente, no constituyen violaciones de mera legalidad, por el contrario, se encuentran debidamente plasmadas las violaciones a derechos constitucionales como ser la tutela judicial efectiva y el debido proceso. CONSIDERANDO (2): Que ha quedado estipulado en la resolución por la cual hoy se solicita recurso de reposición, que en la interposición del recurso en estudio, no se logran establecer con precisión aspectos esenciales e inherentes a la acción constitucional de amparo siendo que lo pertinente era ordenar la nulidad absoluta de actuaciones en todo su contenido de los autos ya referidos en sentencia de mérito, dejando sin valor y efecto los mismos, debiéndose entender que se declara nulo todo lo relacionado al decreto de embargo sobre la sociedad mercantil Banco del País S.A. debiendo quedar sin valor ni efecto los mandamientos ordenados por parte del A-Quo así como las demás actuaciones posteriores y que se relacionan al embargo de los bienes de dicha institución bancaria, debiendo librar los mandamientos correspondientes a fin de ordenar el desembargo de los bienes embargado, como consecuencia de las acciones de la parte demandante mediante las cuales se pretendía requerir de pago a un tercero que no fue parte en el juicio, siendo procedente atender la solicitud de nulidad de actuaciones planteada, la cual deberá comprender a partir del nacimiento de las mismas y las demás actuaciones posteriores ligadas a la misma. CONSIDERANDO (3): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha quince de agosto de dos mil veintidós; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha quince de agosto de dos mil veintidós y reposición de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-100-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL