Sentencia AL-08-20 — Registro 15129
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que rechazó incidente de nulidad de actuaciones en relación a la liquidación del demandante en demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir por despido directo, ilegal e injusto promovida por demandante contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que la apelante no aportó al Juez A-quo el mínimo indicio probatorio en la nulidad alegada; Consta que la resolución recurrida fue notificada a las partes por la tabla de avisos del Despacho por el funcionario competente por lo que procede su confirmatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que por el A-quo y por el Ad-Quem, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la Demanda Laboral promovida por el señor JUAN RAMON JUDIEL IZAGUIRRE contra el ESTADO DE HONDURAS POR ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (01) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE en su causa propia y por conferido el poder en el Abogado DANILO CRUZ ALVAREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de LA SECETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION, interponiendo Demanda Ordinaria de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto. (Folios 01–17 de la Pieza del A-Quo). 2) Que conociendo de un incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, actuando en su condición antes indicada, el Juzgado antes citado, dictó auto resolutivo en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), en el cual Falló: (SIC): “Por consiguiente SE RECHAZA lo solicitado por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA representante procesal de la parte demandada por improcedente.”(Folio 283 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de Apelante, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, y recaído en el incidente de nulidad de actuaciones presentada por el representante procesal demandado; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, COSTAS, promovido por el señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 56-59 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo contra el fallo de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019) emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020). (Folio 1–4 y 26 del presente Recurso) 5) Que en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista”. (Folios 31–36 y 38 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Laboral promovida por el señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE, contra el ESTADO DE HONDURAS; resolución por la cual el Tribunal Ad-Quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorio dictado en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; arguye el impetrante que ante el A-quo interpuso nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, en base a lo establecido en el artículo 211 del Código Procesal Civil, relacionado con el articulo 212 numeral 4 del mismo cuerpo legal, en vista de que mediante resolución de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho se realizó la liquidación de salarios dejados de percibir del señor Juan Ramón Gudiel Izaguirre y obra una constancia de fecha siete de noviembre del año dos mil dieciocho, en donde la secretaria del mismo Juzgado hace constar el vencimiento de plazo para interponer recurso sobre la liquidación realizada, termino que nunca venció debido a que no fue notificado de dicha resolución por ningún medio establecido por la ley, lo cual supone una completa indefensión. Arguye el recurrente que la posición del Tribunal sentenciador de segunda instancia al declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no está ajustada a derecho. CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-Quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas se deduce que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la resolución de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, solicitada por la parte demandada. Cabe señalar que el alegato del amparista, en relación a la resolución impugnada, se limita a transcribir la parte resolutiva de la sentencia en mención. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la motivación de las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales[3]. CONSIDERANDO (6): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[4], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[5]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[6]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[7], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[8], tal como lo ha hecho el Tribunal de Alzada en la resolución impugnada. CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “CONSIDERANDO (3): Que las nulidades son para corregir los errores del Juez o del Tribunal en la tramitación del juicio, y que dichos errores se produzcan violentando derechos o garantías constitucionales y no se ha violentado el debido procedimiento seguido por el A-quo; por lo que la nulidad alegada por la parte demandada debe ser declarada sin lugar, tal como lo ha hecho el juez de primera instancia, ya que ni siquiera la apelante aportó al Juez A-quo el mínimo indicio probatorio de los aseverado en la comparecencia en que solicita la nulidad alegada.- CONSIDERANDO (4): Que este Tribunal de Alzada considera que la motivación esgrimida por el Juez de primera instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, por lo que procede su confirmación.”. CONSIDERANDO (8): Que vista la opinión del Ministerio Público, fue del parecer porque se deniegue la presente acción de amparo, ello porque, se aprecia en autos que la resolución de fecha 21 de agosto del 2018, fue notificada a las partes procesales por medio de cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del despacho tal como consta a folio 287 de la primera pieza, en virtud de lo cual se estima que el recurrente fue notificado debidamente, por ende la resolución recurrida adquirió el carácter de firme, en ese sentido el auto recurrido se encuentra dictado a derecho. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 719 del Código de Trabajo, dispone: “Las notificaciones se harán en la siguiente forma: 1º.- personalmente: a) Al demandado, la del auto de que confiere traslado de la demanda y, en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte; b) La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales; y c) La primera que se haga a terceros. 2º.- En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento. 3º.- Por la tabla de avisos: a) La de autos interlocutorios y de sustanciación cuando no se hubiere efectuado en estrados a las partes o a alguna de ellas; y, b) Las del primer auto de sustanciación que se dicte en la segunda instancia y en casación, así como la del auto en que se cite a las partes para la primera audiencia de cualquier instancia. Es entendido que sólo estas providencias podrán dictarse fuera de audiencia. Los avisos por la tabla se fijarán el día siguiente al del pronunciamiento del auto respectivo y permanecerán fijados un (1) día, vencido el cual se entenderán surtidos los efectos.” En el caso sub-judice se evidencia que el funcionario competente, notificó a las partes por la tabla de avisos del Despacho la resolución indicada, en estricto apego a lo establecido en el artículo en referencia. De igual forma el artículo 786 del mismo cuerpo legal, señala: “En el juicio ejecutivo no cabrán incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo. El excepcionante de pago, junto con su excepción, presentará las pruebas en que las funde y el Juez fallará de plano.” Ante esta normativa legal y analizada que ha sido la resolución recurrida que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-quo, misma que falló declarando sin lugar la nulidad, ha sido fundamentada en derecho. (lo negrito y subrayado es nuestro) CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que por el A-quo y por el Ad-Quem, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 719 y 786 del Código de Trabajo; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0008=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Vid Artículo 858 del Código de Trabajo. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. En relación a lo dispuesto en el Artículo 3 del Código Procesal Civil, que define el debido proceso, como el derecho al que tienen las partes que el proceso se desarrolle observando entre otros el dictado de una resolución de fondo justa y motivada.
[4] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[6] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[8] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.