Sentencia AL-07-21 — Registro 14853
Resumen
Recurso de apelación declarado no ha lugar interpuesto contra resolución de abandono del proceso con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por impetrante contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud para el pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que analizado el caso y oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, encuentra la Sala Constitucional que se expone como ratio decidendi, la alegada infracción a lo preceptuado en los artículos 82 y 90 constitucionales, inter alia; censurando el amparista, del órgano jurisdiccional competente, la alegada infracción al debido proceso y franca indefensión a su representación procesal al declararse el Abandono de Primera Instancia; fundando su pretensión garantista en análogos precedentes jurisprudenciales emanados de esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, sin embargo, a lo anteriormente expuesto, se desprende del examen de las diligencias que la resolución judicial reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), fue consentida por no recurrirse en tiempo y forma, franqueado que fue el recurso de reposición en fecha miércoles doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), sino que fue hasta en fecha seis (06) de enero de dos mil veintiuno (2021), que el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, interpuso vía correo electrónico en este Tribunal acción de amparo a favor del señor JAVIER FERNANDEZ; de lo cual no cabe presumir jurídicamente, sino su consentimiento; al no instarse en tiempo y forma, por dicha representación procesal, la garantía constitucional que hoy nos ocupa; al tenor literal de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 4), [3] con relación al artículo 48,[4] ambos de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo cual procede dictado de sobreseimiento a la presente acción constitucional"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor del señor JAVIER FERNANDEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JAVIER FERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 76, 80, 82, 90, 186 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres (03) de mayo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Señor JAVIER FERNANDEZ en CAUSA PROPIA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ETADO EN EL DESPACHO DE SALUD, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, ajuste de salario mínimo, pago de sueldo adeudado, salarios dejados de percibir, todo esto en virtud de despido injustificado, costas del juicio (Folios 01–08 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado, dictó Auto en el cual Resolvió: SIC: “Admitir la comparecencia que antecede y en cuanto a lo solicitado por el compareciente se declara sin lugar ya que de las simples operaciones aritméticas se determina que ha transcurrido más de un año de la última actuación donde se ordenó el libramiento de oficio a través de la comparecencia de fecha seis de diciembre del año 2018, y donde viene a solicitar el libramiento de nuevo exhorto, a pesar que consta en autos que el exhorto fue entregado a él personalmente, en fecha catorce de octubre del dos mil dieciséis, y según acta de requerimiento solo se limitó a manifestar que la diligencia no se había realizado (Ver folio 52 de los autos).- Por lo que no habido impulso procesal por parte del compareciente y lo único que ha estado haciendo es interrumpiendo el término de un año para que no se declare en abandono sin embargo no ha mostrado ningún interés durante el periodo de un año para impulsar el presente juicio.- Sumado a eso en fecha 16 de octubre del año 2017, comparece pidiendo fotocopias, después en fecha 11 de diciembre del año 2017, recibe fotocopias y después vuelve pidiendo libramiento de exhorto cuando ya había transcurrido casi un año, en fecha 6 de diciembre del año 2018, y ahora pretende que se libre nuevamente otro exhorto.- En consecuencia, se declara en abandono las presentes diligencias. Todo ello en aplicación a lo que establece el artículo 489 del Código Procesal Civil, norma análoga aplicable a falta de disposición en los juicios laborales, tal como lo dispone el articulo 858 del Código del trabajo.” (Folios 56 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, en su condición de Representante Procesal del Señor JAVIER FERNANDEZ, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó sentencia en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte actora, contra la resolución proferida el diez de diciembre del dos mil diecinueve (10/12/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en el proceso iniciado con la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, en atención al carácter social de la normativa del trabajo.” (Folios 11-13 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que en fecha seis (06) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, interpuso vía correo electrónico en este Tribunal acción de amparo a favor del Señor JAVIER FERNANDEZ, contra el fallo de fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), dictado por el Ad-Quem; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021). (Folio 01–07 y 30 de la presente Recurso) 5) Que en fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBLE GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque se denegare la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que es visto para sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, a favor del señor JAVIER FERNANDEZ contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), que resolvió no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la resolución de abandono del proceso dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JAVIER FERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS; en virtud apercibirse la primera instancia que había transcurrido más de un (1) año desde la última actuación procesal del Letrado, donde se viene a solicitar el libramiento de nuevo exhorto, a pesar que consta en autos que el exhorto fue entregado a él personalmente, en fecha catorce de octubre de octubre de dos mil dieciséis y, según consta en autos (acta de requerimiento); sólo se limitó a manifestar que la diligencia no se había realizado. De todo lo cual, colige la instancia jurisdiccional, que la falta de impulso procesal es atribuible a la parte compareciente. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso, compareció el garantista manifestando que se han infringido por la jurisdicción ordinaria los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 76, 80, 82, 90 y 186 de la Constitución de la República y, particularmente, las disposiciones atinentes al debido proceso y al goce de la tutela judicial efectiva de su representado, en vista a que por múltiples incidencias del proceso instaurado bajo el número 360-2013, había resultado imposible citar en legal y debida forma a la parte demandada, primero representada por la Secretaria de Salud y, posteriormente, a la Procuraduría General de la República. Por tal razón, se procedió por esa representación procesal a presentar solicitud de fecha diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, nuevo exhorto dirigido a la nueva titular de la Procuraduría General de la República, doctora LIDIA ESTELA CARDONA; resolviendo denegatoriamente la instancia y declarando, aunado a ello, el Abandono del Proceso; en aplicación del artículo 489 del Código Procesal Civil, con la autorización de subsidiariedad que provee el artículo 858 del Código del Trabajo. Considera el garantista, que tal proceder vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que el actor había solicitado la práctica de una diligencia, generando la obligación del Tribunal de despachar sus escritos y no aprovecharse de la institución del abandono para eludir su responsabilidad de impartir justicia. El concepto de la violación remite a que declarar el abandono del proceso se vuelve una violación a los derechos subjetivos de las personas, ya que un derecho que no es reparado por parte del Estado, se vuelve un derecho negado y que debe realizarse un examen para llegar a la resolución, mientras lo que hace el abandono del proceso es evitarse el examen y extinguir derechos. Invoca, además, en favor de su planteamiento garante, un fallo constitucional emitido con anterioridad por la Sala, entre varios fallos concurrentes, en el cual se declara que no es procedente declarar el abandono de la instancia o del proceso en materia laboral.[1] CONSIDERANDO (5): Que finaliza manifestando el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, en su condición precitada, que el concepto de la violación de los derechos constitucionales, remite a los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, inter alia; en virtud que la declaratoria de abandono de proceso impugnada en vía recursiva ordinaria, vulneró gravemente los derechos fundamentales de su representado, y que no se pretende dilatar ningún proceso en el que ha sido parte su representado, ni se interpone contra una vulneración de mera legalidad, sino que a favor de la seguridad jurídica. Por todo lo cual, solicita el otorgamiento de la presente garantía constitucional de amparo, declarando la violación de las garantías constitucionales denunciada por parte de la jurisdicción ordinaria, ordenando se continúe con el proceso y reafirmando que no procede declarar el abandono del proceso en materia laboral, pues esto lo desnaturalizaría; procediendo, en lo demás, conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Que, se escuchó el parecer de la señora Fiscal, el cual es conducente a la denegatoria de la presente acción de amparo, en vista a apreciarse del estudio de los antecedentes que, la última comparecencia realizada por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, en su condición de representante procesal del señor JAVIER FERNANDEZ, es de fecha 06 de diciembre del año 2018; compareciendo de nueva cuenta hasta en fecha 10 de diciembre del año 2019, solicitando el libramiento de nuevo exhorto al Representante Legal del Estado. Por lo anterior, se computa el transcurso de un (1) año sin que se realizare ninguna actividad procesal por el interesado, con lo cual se determina la procedencia del abandono del proceso declarado por el A Quo, en primera instancia; siendo este confirmado por el Ad Quem, según el tenor literal del artículo 489 del Código Procesal Civil,[2] que regula lo conducente a los plazos en que se tendrá por constatado el abandono del proceso. En consecuencia, no advierte la Censora que el fallo emitido por el Ad-Quem hubiere vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el Amparista; encontrándose la resolución dictada por el Ad-Quem razonable, congruente y justa; dictada en observancia al debido proceso y en conformidad a lo preceptuado por el principio de legalidad y en el ámbito normativo que establece en el artículo 321 constitucional. CONSIDERANDO (7): Que analizado el caso y oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, encuentra la Sala Constitucional que se expone como ratio decidendi, la alegada infracción a lo preceptuado en los artículos 82 y 90 constitucionales, inter alia; censurando el amparista, del órgano jurisdiccional competente, la alegada infracción al debido proceso y franca indefensión a su representación procesal al declararse el Abandono de Primera Instancia; fundando su pretensión garantista en análogos precedentes jurisprudenciales emanados de esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, sin embargo, a lo anteriormente expuesto, se desprende del examen de las diligencias que la resolución judicial reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), fue consentida por no recurrirse en tiempo y forma, franqueado que fue el recurso de reposición en fecha miércoles doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), sino que fue hasta en fecha seis (06) de enero de dos mil veintiuno (2021), que el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, interpuso vía correo electrónico en este Tribunal acción de amparo a favor del señor JAVIER FERNANDEZ; de lo cual no cabe presumir jurídicamente, sino su consentimiento; al no instarse en tiempo y forma, por dicha representación procesal, la garantía constitucional que hoy nos ocupa; al tenor literal de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 4), [3] con relación al artículo 48,[4] ambos de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo cual procede dictado de sobreseimiento a la presente acción constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 183, 186, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 4), 48 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de mayo del dos mil veintidós. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES a favor del señor JAVIER FERNÁNDEZ, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) y por la cual se falla SOBRESEYENDO la acción de amparo interpuesta por el compareciente contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró no ha lugar el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en materia del derecho del trabajo, contra la declaratoria de abandono de las presentes diligencias, dictada por el Iudex A Quo. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes, que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), procediendo a sobreseerse, a la vista del caso, por considerar este alto Tribunal, oído que fue el parecer de la Fiscal del Despacho. Examinadas las diligencias, se constató, en efecto, que la resolución judicial reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, según dictada en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020), no fue recurrida en tiempo y forma, por la representación procesal garantista; quien accionó el respectivo recurso de amparo con mucha extemporaneidad al plazo de los dos (2) meses subsiguientes a la fecha de la última notificación al afectado; conforme lo prescribe el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 46 numeral 4) de la misma norma procesal constitucional. CONSIDERANDO (2): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual se cumplimentó, según consta del expediente. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de la parte recurrente, se arguye por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES, que en el caso de autos, se han infringido por la Jurisdicción constitucional, las garantías y derechos a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia a través de los juzgados y tribunales, de petición y el debido proceso, entre otros; según contenidos en los artículos 1, 59, 63, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 135, 321, inter alia, de la Constitución de la República, en virtud de que la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), no es apegada a derecho; resultando impertinente la subsunción del caso en la causal de sobreseimiento ínsita en el artículo 46 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; lo cual, juzga equivocado, ya que le causa agravio por falta de tutela judicial efectiva, necesaria en una correcta impartición de justicia, cuya omisión desnaturaliza el proceso; al haber señalado la Sala de lo Constitucional, como máximo interpretador de la Constitución de la República, que la institución del abandono del proceso no procede en materia laboral, esto advierte que las partes pueden ser sorprendidas por el Juez, con una resolución a su antojo, y no de acuerdo a lo establecido en el debido proceso. Por lo cual, considera deben restituirse las garantías constitucionales conculcadas a su representado, asegurándole una eficaz protección al derecho de defensa y al debido proceso, pues no se trata de asuntos de mera legalidad; solicitando se reponga el fallo notificado por la honorable Sala de lo Constitucional; otorgándose, en definitiva, la presente garantía de amparo, en salvaguarda del orden constitucional. CONSIDERANDO (4): Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia. De igual manera, se debe observar en materia de derecho social, la optimización de los principios inmanentes al derecho del trabajo; siempre con base al principio de legalidad constitucional, en la aplicación del derecho en el juzgamiento y en la ejecución de lo juzgado.[5] CONSIDERANDO (5): Que, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta excusable la extemporaneidad en la presentación de la garantía constitucional de amparo, con base en el planteamiento de meras consideraciones de justicia subjetiva, sin justificarla en los modos y alcances que preestablece la ley constitucional adjetiva, en caso excepcional. A este respecto, cabe citar lo establecido por la Sala, con relación a los cauces procesales de la garantía de tutela judicial efectiva; estableciendo, según el caso, que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a que se obtenga una decisión favorable sobre el fondo del asunto peticionado, por lo cual: “… promovida la actividad jurisdiccional, la respuesta que dé satisfacción a este derecho, en la faceta que contemplamos, puede consistir en una decisión de inadmisión a trámite”.[6] CONSIDERANDO (6): Por lo cual, se considera bien dictado el sobreseimiento de la garantía de amparo que le franquean la Constitución y las leyes, debido a que está acreditado de autos que el garantista no ejercitó en tiempo y forma la misma; recurriendo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020);[7] hasta en fecha seis (06) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante comunicación electrónica dirigida ante esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que en tal orden de ideas se estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho en virtud no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; señalando la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 120, párrafo segundo, que, una vez solicitada reposición ante la Sala de lo Constitucional o, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su caso, deberá ésta sin más trámite, denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado NELSON EVENOR BARAHONA ROSALES a favor del señor JAVIER FERNÁNDEZ, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fechas veintidós de febrero de dos mil veintidós y tres de mayo de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0007=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Cita el garantista el amparo laboral número 624-2017, del cual transcribe de los Considerandos 5) al 8).
[2] Artículo 489.- ABANDONO DEL PROCESO. 1. En toda clase de procesos se considerará que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de seis (6) meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes. 2. El abandono se declarará por medio de auto, de oficio, a pedido de parte o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas, conforme a las reglas generales, a la parte que diere lugar a ella. 3. El abandono operará también contra el Estado y demás personas de derecho público, incapaces y ausentes.
[3] ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)...; 2)...; 3)…; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; (…).
[4] ARTÍCULO 48.- DEL PLAZO PARA PROMOVER LA ACCIÓN. La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.
[5] Ver artículo 304 de la Constitución de la República.
[6] Montero Aroca, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil (2008). Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 67.
[7] En el Considerando SEXTO de los Antecedentes Procesales, ínsito a folio veinticinco (25) de la pieza de amparo, admite el garantista, se hizo uso del recurso de reposición contra la resolución objetada en amparo; más en fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, resolvió declarar sin lugar el susodicho recurso.