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Sentencia AC-985-21 — Registro 14699

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso con relación a la tasación de costas en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 61, 64, 82, 90, 94, 103, 105, 106 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERNADO (5): Que vistos los fundamentos de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, éstos se reconducen a subsumir el caso concreto en la causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por considerar que el acto reclamado en amparo versa sobre alegaciones de mera legalidad; lo cual se desprende efectivamente del estudio a la garantía constitucional planteada y a los antecedentes del proceso, por lo cual procedería dictar sentencia confirmatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, de fecha veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021), que sobreseyó el recurso interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, a favor de la Sociedad Mercantil MICAL SEAFOOD INC., contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, con relación a la tasación de costas presentada por el Abogado JOSE TOMAS GUILLEN WILLIAMS en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios que le promoviera la Sociedad Mercantil MICAL SEAFOOD INC. Representada por el Señor RICARDO TORRES. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 61, 64, 82, 90, 94, 103, 105, 106 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de junio del dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil MICAL SEAFOOD INC., promoviendo demanda ordinaria para que una sociedad mercantil sea condenada judicialmente al pago por indemnización de daños y perjuicios causados a otra sociedad mercantil. (Folios 01–20 de la Pieza del A-Quo). 2) Que siguiendo el trámite de Ley correspondiente, en fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinte (2020), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “DESESTIMAR la formal Oposición de Tasación de Costas presentada por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de Apoderado Procesal de la SOCIEDAD MERCANTIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DENOMINADA MICALL SEAFOOD INC., Representado por el señor RICARDO JORGE TORRES; en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEA CONDENADA JUDICIALMENTE AL PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS; contra la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. representada por el Señor CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJO, todos de generales conocidas. SEGUNDO: CON COSTAS PARA LA PARTE OPONENTE. NOTIFIQUESE” (Folios 1023-1024 de la Pieza del A-Quo). 3) Que en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil MICAL SEAFOOD INC., contra la resolución de fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca. (Folios 01–15 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinte (20) de agosto del dos mil veintiuno (2021), emitió sentencia en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: SOBRESEER LA ACCION O RECURSO DE AMPARO, presentada por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil, denominada MICAL SEAFOOD INC., representada legalmente por el señor RICARDO JORGE TORRES, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de Noviembre del año dos mil veinte (2020), emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la TASACION DE COSTAS, presentada por el Abogado JOSE TOMAS GUILLEN WILLIAMS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A., en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE UNA SOCIEDAD MERCANTIL SEA CONDENADA LA PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA SOCIEDAD MERCANTIL, promovida por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil, denominada MICAL SEAFOOD INC., representada legalmente por el señor RICARDO TORRES, contra la sociedad mercantil denominada IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A., representada legalmente por el señor CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON.- SEGUNDO: Que se le de cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folio 69–71 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE mediante la cual se sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, a favor de la sociedad mercantil MICAL SEAFOOD INC., contra la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, con relación a la tasación de costas presentada por el abogado JOSE TOMAS GUILLEN WILLIAMS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. en la demanda ordinaria para el pago de daños y perjuicios que promoviera la sociedad mercantil MICAL SEAFOOD INC., representada por el señor RICARDO TORRES. CONSIDERANDO (3): Que, en efecto, habiéndose constatado que las alegaciones del amparista derivan de la tasación de costas presentada por el abogado José Tomas Guillen Williams en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, aduciendo que dicho Juzgado, sin una adecuada motivación fáctica y jurídica, y sin previo resolver o pronunciarse sobre la oposición, en cuanto a que el peticionante base su cálculo en una cuantía por objeto, desestima la oposición sin resolver ese punto, sin una argumentación valedera, pues desconoce que el peticionante está basando su cálculo aritmético en una cuantía que el mismo objeto en la instancia, contraviniendo el articulo 10 del Arancel del Profesional del Derecho en relación al artículo 12.5 del Código Procesal Civil, causando agravios a mi representada, pues se acreditó con los documentos fundantes en la oposición que el peticionante objeto en la instancia, la cuantía de la demanda y la sentencia, tampoco señala cuantía, extremo que también se manifestó y acreditó oportunamente. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, sobresee el recurso de amparo venido en consulta, al considerar que el peticionario estima que el auto, providencia o resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, contra el cual, por disposición del articulo 227.1 del Código Procesal Civil es irrecurrible, es violatorio de la garantía constitucional del debido proceso, por lo tanto, contra el se promueve la presente acción, observando esta Corte que el Código Procesal Civil regula lo relacionado a la condena en costas, lo cual consta en la primera pieza de autos, se ha seguido el procedimiento establecido en dicha normativa, pues se parte del hecho que se trata de un expediente en el que la sentencia recaída en el mismo ya adquirió carácter de firme, y al haberse decretado condena en costas, lo procedente es seguir los procedimientos supra indicados, pues referente a su tramitación regulada en el articulo 226 del Código Procesal Civil, el hoy amparista procedió a la contestación de la tasación de las mismas, promoviendo oposición por considerarlas excesivas, pues según su postura se trata de una demanda de cuantía indeterminada, aspecto alejado de la verdad , pues claramente en el planteamiento del proceso ordinario que dio origen al referido reclamo, se planteó con claridad que la cuantía de la demanda ascendía a la cantidad de L.29,165,591.00, siendo en base a dicha cantidad determinada que se efectuó el respectivo cálculo de las costas del juicio, y claro está, en aplicación de lo dispuesto en el arancel del profesional del derecho, siendo importante además, mencionar que el cálculo de costas efectuado por el tribunal de primera instancia, fue objeto de revisión por el Colegio de Abogados de Honduras, según se constata en la certificación emitida por el mismo, en donde se efectuó una amplia explicación por parte de la comisión del arancel del Colegio de Abogados, del cálculo de costas realizado por el tribunal de primera instancia. Que al analizar el articulo 82 de la Constitución de la República, es preciso indicar que si bien es cierto, garantiza el derecho a la defensa, el párrafo segundo nos remite que las acciones a ejercitar deben ser resueltas en la forma en que señalan las leyes, y en el presente caso, para el efecto de la tasación de costas en contienda, se siguieron en su totalidad los procedimientos establecidos en la ley para tal fin, por lo que la Corte considera la inexistencia en la violación a la garantía constitucional del debido proceso, por lo que, con sustento en el articulo 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, conlleva a este tribunal a declarar la inadmisibilidad del recurso de amparo a que se ha hecho referencia, rechazándola de plano, en consecuencia, se sobresee la acción de mérito. CONSIDERNADO (5): Que vistos los fundamentos de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, éstos se reconducen a subsumir el caso concreto en la causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por considerar que el acto reclamado en amparo versa sobre alegaciones de mera legalidad; lo cual se desprende efectivamente del estudio a la garantía constitucional planteada y a los antecedentes del proceso, por lo cual procedería dictar sentencia confirmatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 43, 45, 46 No. 1) y 3); 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, mediante la cual sobreseyó el Recurso de Amparo promovido por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición preindicada en la causa de mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del dos mil veintidós. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO en la sentencia del recurso de amparo presentado por el peticionario a favor de la sociedad mercantil MICAL SEAFOOD INC, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós y por la cual se falla confirmando la sentencia venida en consulta que sobresee el recurso de amparo contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintisiete de abril mil veintidós, el recurrente abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, por considerar que con el fallo proferido por esta Sala se está agraviando el derecho de su representada al estarse condenando al pago de unas costas cuyo cálculo lo origina una cuantía objetada por el mismo tasante al momento de contestar la demanda donde objetó la cuantía de la misma. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada personalmente en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, interponiéndose el recurso de reposición en fecha veintisiete de abril de dos mil veintidás, según consta en la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 13, 14, 15, 16 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO en la sentencia del recurso de amparo presentado por el peticionario a favor de la sociedad mercantil MICAL SEAFOOD INC, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y resolución de fechas ocho de marzo de dos mil veintidós y dos de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0985=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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