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Sentencia AC-979-19 — Registro 14588

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que coonsideró que procede la caducidad de la instancia en demanda ordinaria para el pago de indemnización por daños y perjuicios promovida por recurrente contra Corporación Flores S A; El Tribunal de Alzada considera que la notificación de una actuación que ya había sido realizada no implica instar el curso del proceso, transcurriendo el término concedido para caducar instancias, según la ley aplicable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en motivación de su sentencia, ha referido el Ad Quem que, en el presente caso se solicitó por el Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, en su condición precitada, notificación por la tabla de avisos del auto de fecha veinte de octubre del año dos mil diez, fecha última de la resolución en la que se respuesta a la solicitud de instar el curso del proceso, pidiendo citar y emplazar al demandado, la misma fue declarada sin lugar, en razón de que la citación y emplazamiento realizada al demandado de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dos, no fue anulada; en consecuencia, al solicitar una notificación por tabla de una actuación que ya había sido realizada: “… no implica instar el curso del proceso”;[1] razones que concurrían a la denegatoria del respectivo recurso de apelación y a la confirmación de la resolución dictada por el A Quo en fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho..."..."encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, ratificada en la respectiva formalización, por el peticionario; se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas argumentaciones, sino la reiteración de alegaciones de errónea aplicación jurisdiccional de la legalidad; lo cual es indicativo de que el ciudadano impetrante de la presente garantía constitucional, estima infringido el debido proceso legal y el derecho de defensa que le asiste; por discrepar del fallo que confirma la caducidad de primera instancia, conforme al artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles..."..."del estudio de las diligencias, resulta razonable para el pleno de la Sala de lo Constitucional, la opinión vertida por la Fiscal del Despacho, respecto a no haber lugar a estimar la presente acción constitucional; por incurrir en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional, así promovida, en alegaciones de mera legalidad. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Luis Melara Murillo, a favor de Sí Mismo, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS…”, promovida por el Abogado José Luis Melara Murillo, actuando en causa propia, contra la sociedad CORPORACIÓN FLORES, S.A., a través del Presidente del Consejo Administrativo, el señor Allan Edgardo Flores Rodil. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 61, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de mayo de dos mil dos, compareció ante el entonces Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Luis Melara Murillo, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS…”, contra la sociedad CORPORACIÓN FLORES, S.A., a través del presidente del Consejo Administrativo, el señor Allan Edgardo Flores Rodil. (Folios 1-9 del tomo I de la pieza del A-quo) 2) En fecha uno de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Luis Melara Murillo, actuando en su condición antes mencionada, presentando solicitud de arrastre del expediente registrado con el numero 0801-2007-06315. (Folio 1 de la pieza de arrastre) 3) En fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, falló: (Sic) “…Admítase el escrito que antecede, junto con la fotocopia acompañada, los que se mandan agregar a sus antecedentes.- Habiendo dado cumplimiento con lo ordenado en auto de fecha doce de junio del año dos mil dieciocho, en consecuencia admítase la solicitud de arrastre que antecede, junto con el expediente número 0801-2007-06315, contentiva de la Demanda Ordinaria de Pago, promovida por el Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, en su condición propia contra la Sociedad CORPORACION FLORES, S.A, y en cuanto a lo solicitado, SIN LUGAR, en virtud de que la última actuación del Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, fue el 21 de octubre del año 2014, por lo que, el escrito presentado en fecha 16 de octubre del año 2017 cuando faltaban unos días para que transcurrieran los 3 años de caducidad según la Ley es solo una solicitud de notificación por tabla de avisos con lo cuál no se le da impulso al proceso, y tal como lo establece el artículo 147 el término de caducidad contará desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes, la cuál fue el 21 de octubre del año dos mil catorce, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE LA PARTE A HACER USO DE LOS RECURSOS QUE LE OTORGA LA Ley.-Artículos 80, 81, 82, 85 del Código Procesal Civil, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 158, 185 del Código de Procedimientos Civiles -NOTIFÍQUESE…”. (Folio 4 de la pieza de arrastre) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Luis Melara Murillo, contra resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual por unanimidad de votos falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN de fecha uno (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, en su condición personal, contra la SOCIEDAD CORPORACION FLORES S.A. TERCERO: SIN COSTAS-Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento.- NOTIFÍQUESE.” (Folios 6-8 vuelto de la pieza del Ad-Quem) 5) En fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado José Luis Melara Murillo, interponiendo acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 61, 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 6) En fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en consecuencia, se ordena a la Secretaría de este Tribunal, poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 67 del recurso) 7) Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…El impetrante aduce que la declaración sin lugar del recurso de apelación emitida por el Ad-Quem, en consonancia con el criterio del A-Quo mostrado en su sentencia, exponen un criterio equivocado sobre la apreciación de los autos y distorsionan el verdadero sentido y alcance de caducidad de la instancia y del término para decretarla, siendo que la solicitud de notificación por la tabla de avisos del despacho presentada en fecha 16 de octubre del año 2017, fue precisamente para hacer el computo de los tres años a partir de la notificación de las partes, violentando con ello el procedimiento establecido, así como los principios y garantías constitucionales, como el debido proceso y el derecho a la defensa. Del examen de la resolución impetrada esta Representación Fiscal aprecia que lo resuelto por la Corte Segunda de Apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a Derecho, al razonar que, si bien es cierto, el Amparista solicito notificación por la tabla de avisos del Despacho, del auto de fecha 20 de octubre del año 2010, fecha de la última resolución en la que se da respuesta a la solicitud de instar el curso del juicio, así como de citar y emplazar al demandado, también lo es, que dicha petición fue declarada sin lugar, en virtud de ya haberse instado el curso del juicio y, que la citación y emplazamiento realizada al representante procesal de la parte demandada, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año 2002, no había sido anulada. por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público, comparte el razonamiento del Ad-Quem, en cuanto considera que la solicitud de notificación de una actuación que ya había sido realizada, no implica instar el curso del proceso, por tratarse de una petición infructuosa e impertinente, transcurriendo así el término concedido por la ley para caducar instancias; por lo que aprecia que su resolución es razonable, congruente y justa y, por ende, no vulnera los derechos constitucionales invocados por el Amparista. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 70-76 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vía de amparo, la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual por unanimidad de votos falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN de fecha uno (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán”; con relación a la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, instaurada en fecha catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002), ante el entonces Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, en su condición personal, contra la SOCIEDAD CORPORACION FLORES S.A. Fundamentándose la sentencia objeto de amparo en el artículo 147 del Código de Procedimientos Comunes, el cual establece: “Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de juicios, y caducarán de derecho, sino se insta su curso: Dentro de tres años, cuando el pleito se hallaré en primera instancia… Estos términos se contarán desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes”. CONSIDERANDO (4): Que, en motivación de su sentencia, ha referido el Ad Quem que, en el presente caso se solicitó por el Abogado JOSE LUIS MELARA MURILLO, en su condición precitada, notificación por la tabla de avisos del auto de fecha veinte de octubre del año dos mil diez, fecha última de la resolución en la que se respuesta a la solicitud de instar el curso del proceso, pidiendo citar y emplazar al demandado, la misma fue declarada sin lugar, en razón de que la citación y emplazamiento realizada al demandado de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dos, no fue anulada; en consecuencia, al solicitar una notificación por tabla de una actuación que ya había sido realizada: “… no implica instar el curso del proceso”;[1] razones que concurrían a la denegatoria del respectivo recurso de apelación y a la confirmación de la resolución dictada por el A Quo en fecha uno de agosto del año dos mil dieciocho. CONSIDERANDO (5): Que, en la formalización de su recurso, manifiesta el Abogado JOSÉ LUIS MELARA MURILLO, que ratifica los conceptos de la violación desarrollados en el escrito de interposición del recurso, según presentado en tiempo y forma ante esta Sala. Particularmente, confiere relevancia el garantista a los conceptos de motivación expresados por la Corte sentenciadora en el Fundamento de Derecho SEXTO, reseñado en el Considerando inmediato anterior; el cual expone un criterio equivocado en la apreciación de los autos, distorsionando el verdadero sentido y alcance de la caducidad de instancia y del término para decretarla, violentando no solo el procedimiento establecido, sino que también el debido proceso y el derecho de defensa del recurrente; en el escrito de notificación por tabla que, según relaciona en los hechos que motivan la acción de amparo, estaría dirigido a impedir se caducara el proceso. CONSIDERANDO (6): Que, asimismo, ha manifestado el garantista que ha impetrado acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la sentencia anteriormente relacionada, por considerarla estructurada con motivación insuficiente, con total incongruencia y violando las garantías constitucionales previstas en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; además de diversas disposiciones procesales y procedimentales ínsitas en legalidad adjetiva, tales como son las contenidas en los artículos 1 y 7 del Código Procesal Civil, relativas al debido proceso, legalidad procesal y formas; así como las disposiciones contenidas en los artículos 147, 148, 150 y 153 del Código de Procedimientos Civiles, las cuales considera aplicables al caso de autos y transcribe en su literalidad; al no ser tomadas en cuenta, conforme al deber jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado con los derechos y garantías que la ley establece; procediendo la Corte Ad Quem a desestimar una pretensión legítima, sin un análisis concienzudo, con exigua motivación e incongruencia. Por todo lo cual, solicita de la Sala de lo Constitucional, se dicte sentencia otorgando el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garantizando al agraviado en el pleno goce y ejercicio de sus garantías derechos fundamentales y volviendo las cosas al estado anterior a la violación. CONSIDERANDO (7): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, ratificada en la respectiva formalización, por el peticionario; se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho de defensa y al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas argumentaciones, sino la reiteración de alegaciones de errónea aplicación jurisdiccional de la legalidad; lo cual es indicativo de que el ciudadano impetrante de la presente garantía constitucional, estima infringido el debido proceso legal y el derecho de defensa que le asiste; por discrepar del fallo que confirma la caducidad de primera instancia, conforme al artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO (8): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna, y en los Pactos y Convenciones suscritas por el Estado de Honduras en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (9): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (10): Que, del estudio de las diligencias, resulta razonable para el pleno de la Sala de lo Constitucional, la opinión vertida por la Fiscal del Despacho, respecto a no haber lugar a estimar la presente acción constitucional; por incurrir en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 1); consistente en versar la acción constitucional, así promovida, en alegaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1) y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-979-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver Fundamento de Derecho Sexto de la resolución conocida en amparo.