Sentencia AC-975-22 — Registro 18462
Resumen
Acción de amparo en relación a demanda dispositiva de nulidad de escritura matriz de primera y especial hipoteca promovida por recurrente, recurrente sostiene que notificación es viciada no cumplió con los presupuestos establecidos, es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO: Que la sentencia de la Alzada en cuestión, consigna en sus consideraciones, que de las diligencias obra la las notificaciones realizadas a los apoderados legales de las partes, y en específico del recurrente de la cual por medio de Constancia se consignó por el Secretario del Despacho los intentos realizados de notificarlos a su número de celular que brindó en la delegación de poder y que corren en la pieza del A-quo a folios tres vuelto, sesenta y seis, sesenta y siete (F.3v, 66, 67), por lo que acorde a los artículos 135 y 137 del Código Procesal Civil, referentes al objeto de la notificación el primero y a quien se realizará la notificación o actos de comunicación el segundo, indica el Ad-quem denunciado, que se realizaron en base a derecho, en virtud de que la parte demandante no demostró el motivo de su apelación, razón por la cual el Tribunal de Alzada confirma la decisión del A-quo. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna dice: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que en cuanto a la violación al derecho de defensa alegado por el impetrante, esta Sala, logra establecer de los antecedentes que no se han limitado o impedido a las partes el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones que provocan una lesión directa. CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la notificación a la cual se refiere el quejoso y señala como viciada, cumple con todos los requisitos que la ley establece para su validez, consecuentemente, se desprende que no se vulneran el derecho de defensa ni el principio del debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, ya que los servidores en este caso, han actuado conforme a la Ley y por consiguiente sus actos, no son nulos. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y al no establecer el recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional debe concluir que el objeto del presente recurso de amparo no es otro que la dilación del proceso principal, con lo cual resulta a todas luces inadmisible la acción constitucional que se ha sometido al conocimiento y decisión de este Supremo Tribunal. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 numeral noveno, la acción de amparo es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala como queda dicho, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, tal y como lo ordena la normativa reguladora del presente trámite.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., once de noviembre del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, a favor de MARÍA CLEMENTINA LEMUS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós, que conoció de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veintiuno, con relación a la demanda dispositiva de nulidad de escritura matriz de una primera y especial hipoteca, promovida por MARÍA CLEMENTINA LEMUS. CONSIDERANDO: Que esta Sala admitió el presente recurso señalando que el acto reclamado resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veintiuno, sin embargo, revisados los antecedentes se aprecia que dicha resolución del A-quo es en realidad de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintiuno, sin observarse de las diligencias de esta acción, que el recurrente haya presentado enmienda en este sentido, motivo por el que esta Sala, en aplicación del artículo 4 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, estima pertinente que de oficio se enmiende este error de forma y en lo sucesivo se tenga como hecha dicha enmienda en el único sentido aquí señalado. CONSIDERANDO: Que el recurrente alega que la resolución emitida, no se observó el debido proceso en vista que el Ad-quem no analizó toda la normativa aplicable al asunto de estudio, siendo del parecer el repitente que la ley determina los requisitos para realizar las notificaciones las que a su criterio no fueron observadas. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con la resolución que impugna se le conculcan a su representada, entre otras, las garantías y derechos consagrados en la Constitución de la República en los artículos 64, 82 y 90. CONSIDERANDO: Que la sentencia de la Alzada en cuestión, consigna en sus consideraciones, que de las diligencias obra la las notificaciones realizadas a los apoderados legales de las partes, y en específico del recurrente de la cual por medio de Constancia se consignó por el Secretario del Despacho los intentos realizados de notificarlos a su número de celular que brindó en la delegación de poder y que corren en la pieza del A-quo a folios tres vuelto, sesenta y seis, sesenta y siete (F.3v, 66, 67), por lo que acorde a los artículos 135 y 137 del Código Procesal Civil, referentes al objeto de la notificación el primero y a quien se realizará la notificación o actos de comunicación el segundo, indica el Ad-quem denunciado, que se realizaron en base a derecho, en virtud de que la parte demandante no demostró el motivo de su apelación, razón por la cual el Tribunal de Alzada confirma la decisión del A-quo. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna dice: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que en cuanto a la violación al derecho de defensa alegado por el impetrante, esta Sala, logra establecer de los antecedentes que no se han limitado o impedido a las partes el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones que provocan una lesión directa. CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la notificación a la cual se refiere el quejoso y señala como viciada, cumple con todos los requisitos que la ley establece para su validez, consecuentemente, se desprende que no se vulneran el derecho de defensa ni el principio del debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, ya que los servidores en este caso, han actuado conforme a la Ley y por consiguiente sus actos, no son nulos. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto y al no establecer el recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional debe concluir que el objeto del presente recurso de amparo no es otro que la dilación del proceso principal, con lo cual resulta a todas luces inadmisible la acción constitucional que se ha sometido al conocimiento y decisión de este Supremo Tribunal. CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 numeral noveno, la acción de amparo es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala como queda dicho, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, tal y como lo ordena la normativa reguladora del presente trámite. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE:: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, a favor de MARÍA CLEMENTINA LEMUS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós, al constatarse en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinte de junio del año dos mil veintitrés. VISTO el recurso de reposición presentado por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, contra la resolución de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de MARÍA CLEMENTINA LEMUS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós, que conoció de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veintiuno, con relación a la demanda dispositiva de nulidad de escritura matriz de una primera y especial hipoteca, promovida por MARÍA CLEMENTINA LEMUS. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, apreciándose que solicita la revocación de lo resuelto y se otorgue dicha acción constitucional, sin exponer razonamientos que sirvan de fundamento al mismo, excluyendo rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida en reposición, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES, contra la resolución de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veintidós, dictada por esta Sala de lo Constitucional, al no rebatir de manera concreta el fondo o la forma de dicha resolución. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha once de noviembre de dos mil veintidós y reposición de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-975-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL