Sentencia AC-972-21 — Registro 15210
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación con relacióna a la “demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial…”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Por lo que este Tribunal A-Quem al realizar una revisión de las actuaciones estimamos que sus motivos de Oposición son improcedentes, siendo que la pluspetición consiste en la reclamación por el ejecutante de mayor cantidad que la realmente debida, bien por no computar los pagos parciales que hayan reducido el importe de la deuda expresada en el título, bien por no tener en cuenta una condonación parcial, bien por concurrir una reducción de su importe operada por cualquier otra causa legítima y en caso de méritos la parte ejecutada-apelante no acredita con ningún medio de prueba donde desvirtué el peritaje privado presentado por la parte ejecutante y tampoco presenta otro dictamen pericial con los valores a pagar a los ejecutantes tal como lo profiere en la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil en su parte dispositiva en el numeral segundo inciso 3 "la suma pagadera será fijada al momento de la ejecución, mediante perito experto” por lo que estimamos que el dictamen pericial privado Presentado por la parte ejecutante es de recibo por este Tribunal por considerarlo una Prueba autentica que conduce a una verdad fáctica y esencial para la valoración de los hechos, por ende el ejecutante no está pidiendo más de lo debido y a falta de prueba del ejecutado, y reconocida la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del título, que se continúe con el desarrollo normal de la Ejecución de Titulo Judicial planteada.”.- CONSIDERANDO (5): Que, en atención a las argumentaciones jurídicas anteriormente expuestas y que constituyen la motivación de la sentencia recurrida mediante acción de amparo, podemos afirmar que la resolución impugnada no vulnera derecho fundamental alguno, ni vulnera la prohibición de aplicar leyes, disposiciones de cualquier otro orden, cuando disminuyan, tergiversan o restrinjan derechos fundamentales, el derecho de defensa, la garantía genérica del debido proceso, ni el principio-derecho de defensa, consagrados respectivamente, en los artículos 64, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, consecuentemente, en ese sentido, el amparo interpuesto por el Quejoso debe ser denegado con basamento jurídico en el numeral 1 del artículo 41 de la ley Sobre Justicia Constitucional, que dice: ARTÍCULO 41.- DE LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN Y EL DERECHO DE PEDIRLA. El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1.- Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen...”.-
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Antonio Taixes López, a favor del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de representante procesal de los señores Ángel Antonio Gutiérrez, Lidia Elizabeth Zuñiga Flores, Darwin Yovani Ferman Vásquez, Shovy Jiménez Meléndez, Rodríguez Mendoza, Bety Eduviges García Cruz, Senia Yamileth también conocida como Shovi Jiménez Meléndez, Reina Elizabeth Castellanos Ortega, Ramona de Jesús López, Jose Roberto García Zabala, Maria Cruz Cabrera Ávila, también conocida como Maria Cruz Cabrera, Ninoska Lizeth Castro Torres, Luz Francisca Rodriguez Murillo, Sandra Belinda Molina Salgado, Dilcia Francisca Cabrera Rodriguez, Ana Maria Molina Salgado, Víctor Manuel Sorto del Cid, Noemí Maria Diaz Rosales, Yolanda Patricia Velásquez Suazo, Norma Jaqueline Zuniga Valle, también conocida como Norma Yakeline Zuniga Valle, Mirian Rosario Membreño Castro, Sulma Mercedes Maradiaga, Juan Carlos Santos, Gilberto Aguilar Cruz, Jose Benito Martínez Velásquez, Marlen Nohemí López Cerrato, Aura Violeta Mejía Rodriguez, Dilcia Aida Martínez Rodas, Belia Ivonne García Gomez, Doris Lizeth Romero Euceda, Leyla Marina Martínez Rodas, también conocida como Leila Marina Martínez Rodas, Lourdes Jochebed Henríquez Aguilera, también conocida como Lourdes Jochebeded Henríquez, Eyfridis Elizabeth Aguiluz Guillen, también conocida como Eifrides Elizabeth Aguiluz Guillen, Norma Damaris Blanco Rivera, Saul Randolfo Huete Cruz, Sandra Noemi Ponce, Sixto Antonio Lara Moscoso, Rosibel Alvarado, Zoila Orvelina Flores Lavaire, Orlando Coto Mayorga, Francis Omar Mendoza Colindres, Virginia Velásquez Padilla, Maria Del Carmen Ortiz Soriano, Edwin Ronald Chávez Cárdenas, Gloria Marina Maldonado Medina, también conocida como Gloria Marina Maldonado, Alfredo Andrés Calix Trejo, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de Apoderado Procesal de los señores Ángel Antonio Gutiérrez, Lidia Elizabeth Zuniga Flores, Darwin Yovani Ferman Vasquez, Shovy Jiménez Meléndez, Rodríguez Mendoza, Bety Eduviges García Cruz, Senia Yamileth también conocida como Shovi Jiménez Meléndez, Reina Elizabeth Castellanos Ortega, Ramona de Jesús López, Jose Roberto García Zabala, Maria Cruz Cabrera Ávila, también conocida como Maria Cruz Cabrera, Ninoska Lizeth Castro Torres, Luz Francisca Rodriguez Murillo, Sandra Belinda Molina Salgado, Dilcia Francisca Cabrera Rodriguez, Ana Maria Molina Salgado, Víctor Manuel Sorto del Cid, Noemí Maria Diaz Rosales, Yolanda Patricia Velásquez Suazo, Norma Jaqueline Zuniga Valle, también conocida como Norma Yakeline Zuniga Valle, Mirian Rosario Membreño Castro, Sulma Mercedes Maradiaga, Juan Carlos Santos, Gilberto Aguilar Cruz, Jose Benito Martínez Velásquez, Marlen Nohemí López Cerrato, Aura Violeta Mejía Rodriguez, Dilcia Aida Martínez Rodas, Belia Ivonne García Gomez, Doris Lizeth Romero Euceda, Leyla Marina Martínez Rodas, también conocida como Leila Marina Martínez Rodas, Lourdes Jochebed Henríquez Aguilera, también conocida como Lourdes Jochebeded Henríquez, Eyfridis Elizabeth Aguiluz Guillen, también conocida como Eifrides Elizabeth Aguiluz Guillen, Norma Damaris Blanco Rivera, Saul Randolfo Huete Cruz, Sandra Noemi Ponce, Sixto Antonio Lara Moscoso, Rosibel Alvarado, Zoila Orvelina Flores Lavaire, Orlando Coto Mayorga, Francis Omar Mendoza Colindres, Virginia Velásquez Padilla, Maria Del Carmen Ortiz Soriano, Edwin Ronald Chávez Cárdenas, Gloria Marina Maldonado Medina, también conocida como Gloria Marina Maldonado, Alfredo Andrés Calix Trejo, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULO JUDICIAL.-SE SOLICITA QUE SE DICTE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO…”, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA). (Folio 1-16 de la pieza del A-quo) 2) En fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juez de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, se llevó acabo la audiencia de oposición de título extrajudicial 0801-2019-33765-CEJ, con la comparecencia del Abogado José Antonio Taixes, en su condición de representante procesal del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), quien en ese mismo acto invocó que la demanda promovida adolece de los requisitos legales y el de pluspetición. (Folios 221-223 del expediente del A-quo) 3) En fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DESESTIMAR los motivos de oposición promovidos por el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES en su condición de representante procesal del INSITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) consistentes en FALTA DE REQUISITOS LEGALES EN EL TÍTULO y PLUSPETICIÓN, por las razones antes expuestas.-SEGUNDO: Sígase adelante con la ejecución.-TERCERO: Que se notifique el presente fallo a las partes…” (Folios 297-303 vuelto de la pieza del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Antonio Taixes, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de que se ha hecho mérito. -SEGUNDO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA.-TERCERO: SIN COSTAS.” (Folios 13-27 vuelto de la pieza del Ad-quem) 5) En fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, Aclaró: “La parte dispositiva de la sentencia de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), la cual deberá leerse de la siguiente manera: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación del que se ha hecho mérito.-SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.-TERCERO: SIN COSTAS en primera y segunda instancia.-NOTIFÍQUESE.” (Folios 34-35 del expediente del Ad-quem) 6) En fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado José Antonio Taisex, interponiendo acción de amparo a favor del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), contra la sentencia relacionada en el numeral cuatro del preámbulo de esta sentencia, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el recurrente, en fecha siete de febrero de dos mil veintidós, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emita su dictamen. (Folio 201 del recurso) 8) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que el recurrente reclama en amparo el fallo proferido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de abril del año 2021, por considerar que el mismo es violatorio de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 constitucionales. Esta representación del Ministerio Público, al examinar los antecedentes del presente caso, aprecia que el amparista señala en su escrito de interposición que contra dicha sentencia no procede interponer el recurso de reposición; sin embargo en atención a lo que establece el artículo 694 numeral 1 del Código Procesal Civil, en cuanto a la procedencia y fundamentación del Recurso de Reposición, que reza: 1.- La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración. En ese sentido se visualiza que la sentencia que ahora se impugna no es un auto definitivo, sino la desestimación de motivos de oposición donde se ordena que se continúe la ejecución, por lo que resulta inadmisible la acción de amparo incoada con fundamento en lo que establece el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que señala: 1)....2)...3) Cuando lo actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. IV.-OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que en atención al artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, SE SOBRESEA la presente acción de amparo.” (Folios 204-207 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que un examen detenido de los autos revela que el Thema decidendi lo determina el demandado opositor, al interponer en el juicio de ejecución forzosa de un título judicial, dos oposiciones al proceso las cuales señala: PRIMERO; La parte ejecutada se opuso a la presente ejecución interponiendo como motivos de oposición: 1.- LA FALTA DE REQUISITOS LEGALES EN EL TITULO, Articulo 763.3 del Código Procesal Civil. Manifiesta que: “… el título judicial que se pretende ejecutar, no contiene una condena contra mi representado, no se le condena al pago de ninguna cantidad liquida; se trata de una sentencia declarativa de la obligación de mi representado en devolverles a los demandantes el valor que pagaron en exceso en las negociaciones de las viviendas adquiridas, una vez dicho valor haya sido establecido mediante dictamen de perito experto: TAL COMO SE RECONOCE EXPRESAMENTE EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA EN MENCION, al grado que en el numeral tercero de la parte resolutiva de la referida sentencia expresamente consigna: “TERCERO: DECLARA la obligación de inscribir el presente fallo en el registro de sentencias de este departamento de Francisco Morazán que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad; asimismo, se realicen las anotaciones e inscripciones marginales correspondientes a cada uno de los asiento registrales contentivos de los Instrumentos Publico mediante los cuales se realizó la tradición de dominio de los inmuebles relacionado a favor de los demandantes, a efecto de incorporar el presente fallo y que constituya parte integral de la descripción de los bienes. Cabe aclarar que hasta la fecha actual los adquirientes de dichas viviendas y ahora ejecutantes no han cumplido con la obligación de practicar las inscripciones ordenadas en la sentencia que se pretende ejecutar. Dado lo consignado expresamente en la sentencia, resulta jurídicamente evidente, que se trata de una sentencia que no tiene ningún pronunciamiento de condena contra mi representado, tiene que ser inscrita para exigirle a mi representado que se cumpla con la obligación de la devolución ordenado conforme al dictamen pericial que para tal efecto se elabore; o sea, que dicha sentencia al no consignar una condena de cantidad liquida a pagar, no tiene aparejada ejecución; es una sentencia declarativa que carece de fuerza ejecutiva tal como lo ordena el artículo 752 del Código Procesal Civil. y 2. PLUSPETICION, artículo 763.3 del Código Procesal Civil. Asimismo cabe considerar que el contenido del Dictamen Pericial agregado al título que se pretende ejecutar, no se ajusta a los paramentos consignados en la sentencia para determinar la cuantía a cuya devolución Se obliga a mi representado, pues en dicha sentencia, que consiste en la diferencia “entre el valor que los bienes efectivamente entregados tenían al momento de recibirlos por parte de los actores y el valor que conforme al contrato fue cancelado” y no al precio actual incluyendo tasas de inflación etc., como se consigan en el dictamen pericial privado. Dado lo expuesto, sin perjuicio de que el referido dictamen no ha sido elaborado según los términos de la sentencia y sin perjuicios de que dicho dictamen no es título judicial no tiene aparejada ejecución; cabe exponer que, aunque no es procedente formular oposición a un dictamen que tal como se ha dejado expuesto, no tiene la calidad de título judicial con fuerza ejecutiva; se señala que en su contenido incurre exageradamente en pluspetición. Artículos 763.5 CPC. CONSIDERANDO (4): Que el A-quo determinó declarar sin lugar las oposiciones antes relacionadas y ordena seguir con la prosecución del proceso, criterio jurídico confirmado por el Tribunal de Alzada y motiva la Corte de Apelaciones hoy recurrida, con relación a la primera oposición interpuesta 1.- LA FALTA DE REQUISITOS LEGALES EN EL TITULO, que: “…constando que la parte Ejecutante en su presentación de la demanda presentó dictamen pericial privado, emitido por el ingeniero Civil FRANCISCO RAMON BUSTAMANTE ROSALES, en fecha 30 de maro de 2019, y siendo que la suma pagadera será fijada mediante perito experto y al no presentar la parte ejecutada los medios de prueba que desvirtúen el Dictamen Privado presentado por la parte ejecutante y en consecuencia, al no encontrarse motivada la oposición ni apegada a preceptos jurídicos, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación. Ahora, con relación a la oposición 2. PLUSPETICION, la alzada motiva su decisión entre otros en la motivación siguiente: “… Que el contenido del Dictamen Pericial agregado al Título que se pretende ejecutar, no se ajusta a los parámetros consignados en la sentencia para determinar la cuantía a cuya devolución se obliga a mi representado, pues en dicha sentencia, que consiste en la diferencia “entre el valor que los bienes efectivamente entregados tenían al momento de recibos por parte de los actores y el valor que conforme al contrato fue cancelado” y no al precio actual incluyendo tasas de inflación etc., como se consigan en el dictamen pericial privado. Dado lo expuesto, sin perjuicio de que el referido dictamen no ha sido elaborado según los términos de la sentencia y sin perjuicios de que dicho dictamen no es título judicial no tiene aparejada ejecución; cabe exponer que, aunque no es procedente formular oposición y un dictamen que tal como se ha dejado expuesto, no tiene la calidad de título judicial con fuerza ejecutiva; se señala que en su contenido incurre exageradamente en pluspetición. Artículos 763.5 CPC...”.- Por lo que este Tribunal A-Quem al realizar una revisión de las actuaciones estimamos que sus motivos de Oposición son improcedentes, siendo que la pluspetición consiste en la reclamación por el ejecutante de mayor cantidad que la realmente debida, bien por no computar los pagos parciales que hayan reducido el importe de la deuda expresada en el título, bien por no tener en cuenta una condonación parcial, bien por concurrir una reducción de su importe operada por cualquier otra causa legítima y en caso de méritos la parte ejecutada-apelante no acredita con ningún medio de prueba donde desvirtué el peritaje privado presentado por la parte ejecutante y tampoco presenta otro dictamen pericial con los valores a pagar a los ejecutantes tal como lo profiere en la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil en su parte dispositiva en el numeral segundo inciso 3 "la suma pagadera será fijada al momento de la ejecución, mediante perito experto” por lo que estimamos que el dictamen pericial privado Presentado por la parte ejecutante es de recibo por este Tribunal por considerarlo una Prueba autentica que conduce a una verdad fáctica y esencial para la valoración de los hechos, por ende el ejecutante no está pidiendo más de lo debido y a falta de prueba del ejecutado, y reconocida la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva del título, que se continúe con el desarrollo normal de la Ejecución de Titulo Judicial planteada.”.- CONSIDERANDO (5): Que, en atención a las argumentaciones jurídicas anteriormente expuestas y que constituyen la motivación de la sentencia recurrida mediante acción de amparo, podemos afirmar que la resolución impugnada no vulnera derecho fundamental alguno, ni vulnera la prohibición de aplicar leyes, disposiciones de cualquier otro orden, cuando disminuyan, tergiversan o restrinjan derechos fundamentales, el derecho de defensa, la garantía genérica del debido proceso, ni el principio-derecho de defensa, consagrados respectivamente, en los artículos 64, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, consecuentemente, en ese sentido, el amparo interpuesto por el Quejoso debe ser denegado con basamento jurídico en el numeral 1 del artículo 41 de la ley Sobre Justicia Constitucional, que dice: ARTÍCULO 41.- DE LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN Y EL DERECHO DE PEDIRLA. El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1.- Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen...”.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 763.3 del Código Procesal Civil, No.3 y 5 y artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA DENEGANDO el Amparo interpuesto el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Antonio Taixes López, a favor del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de representante procesal de los señores Ángel Antonio Gutiérrez, Lidia Elizabeth Zuñiga Flores, Darwin Yovani Ferman Vásquez y otros.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-972-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL