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Sentencia AC-959-22 — Registro 15913

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo contra resolución dictada en relación a la demanda ejecutiva extrajudicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

….” CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión del expediente se desprende que el objeto del presente amparo radica en una nulidad decretada oficiosamente por el Juzgado de primera instancia con respecto a la admisión de la ejecución de un título extrajudicial consistente en un certificado de deuda, emitido por la autoridad tributaria de honduras en la que se refleja la deuda firme con la cual se está ejecutando a la parte demandada en este caso. La controversia radica en la decisión del juzgado de primera instancia en anular el auto de admisión de la ejecución ya que se está demandando solidariamente al representante legal de las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., lo que a criterio del Juez fue incorrecto, tomando en consideración que el titulo ejecutivo que se pretende ejecutar en dicho proceso judicial no contempla el nombre de este responsable solidario, al efecto el Código Tributario señala que son terceros responsables o responsables solidarios aquellas personas que representen legalmente a una persona jurídica en este caso las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., es decir la solidaridad en este caso, tal y como se estableció en la demanda de ejecución radica en el hecho de que el obligado tributario sujeto pasivo en este caso de autos, es inicial y exclusivamente las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., que necesariamente tiene que comparecer en un proceso judicial mediante una persona natural, en este caso el Presidente del Consejo de Administración y representante legal Oscar Armando Romero Galán, es decir que la solidaridad en el presente caso, no debe de estar incluida necesariamente en el titulo extrajudicial que se pretende ejecutar, porque ya lo señala el Código Tributario vigente en aquel momento, es decir el contenido en el Decreto Legislativo 22-97 en donde claramente se establece en el artículo 25 aquellas personas que representen al obligado tributario principal, en este caso pues el representante legal de las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., es precisamente Oscar Armando Romero Galán, quien por disposición legal también debe de comparecer en juicio dada su condición de deudor solidario aun y cuando no lo contemple el título de ejecución. En ese sentido de hecho el Código Tributario también señala cuales son los requisitos que debe de tener este certificado de deuda, así como lo establece el artículo 99 del Código Tributario (Decreto 22-97), el cual literalmente señala: Que el Estado en este caso el sujeto activo, tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos en concepto de tributos y a tal efecto constituye título ejecutivo, el certificado en donde conste la obligación tributaria extendido por el SAR, esta certificación de acuerdo con el artículo 99, debe de contar con los siguientes requisitos: a).- Lugar y fecha de emisión. b).- Nombre y apellido, cargo, firma y sello del funcionario que lo suscribe. c).- Indicación clara y precisa de la obligación Tributaria y sus accesorios; d).- Nombre, razón social, registro tributario nacional y domicilio del contribuyente o responsable. Es decir que no establece el artículo 99 del referido Código Tributario, la obligación de consignar precisamente como responsable solidario al Presidente o Gerente, sino sencillamente designando el nombre comercial del obligado tributario principal y el de su representante, tal y como en efecto ha sucedido, por lo tanto, es evidente la violación del derecho constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa del recurrente, tomando en cuenta que la Juez de primera instancia ha anulado el auto de admisión bajo el indebido argumento de que en el título a ejecutar, es decir el certificado de deuda emitido por el SAR debía de figurar el señor Oscar Armando Romero Galán, como deudor solidario, lo cual no es así de acuerdo al artículo 99 del Código Tributario (Decreto 22-97), por lo tanto procede revocar la sentencia venido en consulta y otorgar el amparo interpuesto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha seis (06) de junio de dos mil veintidós (2022), que sobreseyó el recurso de amparo presentado por el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la demanda ejecutiva extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Sociedad Mercantil AGRINOVA S.A., a través, de su representante legal el Señor OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 1, 80, 82, 86, 90, 183 Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Honorable Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), interponiendo recurso de amparo contra la resolución de fecha once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de ejecución de titulo, contra la Sociedad Mercantil denominada AGRINOVA, S.A. (Folios 01–04 de la Pieza del Ad-Quem). 2).- Que en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional Resolvió: “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el once de febrero de dos mil veintidós, por no tener competencia para conocer del mismo; 2º Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por ser este el Tribunal competente. 3).- Que en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés admite las diligencias; en consecuencia dictó sentencia en fecha seis (06) de junio de dos mil veintidós (2022) Falló: (SIC) “1.- SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO presentada por el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR, en su condición de procurador judicial delegado del Estado de Honduras, a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha once de febrero del dos mil veintidós.- 2.- Remisión a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para su revisión.- 3.- Contra esta providencia no cabe recurso alguno. NOTIFIQUESE.” (Folio 26-27 de la Pieza del Ad-Quem). 4).- Que en fecha trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha séis (06) de junio de dos mil veintidós (2022), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la demanda ejecutiva extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS a través del SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), contra la Sociedad Mercantil AGRINOVA S.A., a través, de su representante legal el Señor OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo, al señalar que se le violento el debido proceso, derecho a la defensa, derecho de petición y tutela judicial efectiva, ya que existe una clara vulneración de la misma, en virtud que a través de la sustanciación de todo el proceso el A-Quo, no ha actuado dentro de la esfera de su competencia, irrespetando las atribuciones y formalidades que les otorga la Constitución de la República y el Código Tributario, puesto que resolvió declarando la nulidad del auto de admisión de la demanda de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015), el cual se debe de leer de forma literal como esta en el auto, a excepción que se va omitir el nombre del señor Oscar Armando Romero Galán, en su condición de responsable solidario, por no constar en el título, las demás actuaciones quedan intactas. También argumenta que se violentaron los referidos derechos en vista que el Certificado de Deuda, figura que la Ley le otorga fuerza ejecutiva en su artículo 98 y 99 y en donde no se refleja el nombre del señor Oscar Armando Romero Galán, en su condición de representante solidario, ya que según en este caso el Código de Comercio si establece, quienes en este sentido únicamente ostentan la representación legal, en cuanto a la responsabilidad solidaria, el Código Tributario es claro y preciso en mencionar que los Agentes de Retención y Percepción son responsables solidarios, así como aquellos que por dolo o negligencia no pagaren el impuesto debido en forma oportuna, esto según el artículo 25 y 26 del Código Tributario, por lo que el A-Quo no debe de realizar interpretaciones extensivas o análogas en cuanto a materia tributaria se refiere, según el artículo 6 del Código Tributario decreto 22-97, por lo que al ejecutarse el Titulo Ejecutivo en contra de la Sociedad Mercantil AGRINOVA S.A., en su condición de deudor principal a través de su representante legal el señor Oscar Armando Romero Galán, debe de responder en su condición de responsable por ostentar la representación legal, figura de responsabilidad solidaria establecida en la norma tributaria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia de fecha seis (06) de junio de dos mil veintidós (2022), sobreseyó la presente acción de amparo por considerar que sus alegatos son de mera legalidad. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión del expediente se desprende que el objeto del presente amparo radica en una nulidad decretada oficiosamente por el Juzgado de primera instancia con respecto a la admisión de la ejecución de un título extrajudicial consistente en un certificado de deuda, emitido por la autoridad tributaria de honduras en la que se refleja la deuda firme con la cual se está ejecutando a la parte demandada en este caso. La controversia radica en la decisión del juzgado de primera instancia en anular el auto de admisión de la ejecución ya que se está demandando solidariamente al representante legal de las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., lo que a criterio del Juez fue incorrecto, tomando en consideración que el titulo ejecutivo que se pretende ejecutar en dicho proceso judicial no contempla el nombre de este responsable solidario, al efecto el Código Tributario señala que son terceros responsables o responsables solidarios aquellas personas que representen legalmente a una persona jurídica en este caso las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., es decir la solidaridad en este caso, tal y como se estableció en la demanda de ejecución radica en el hecho de que el obligado tributario sujeto pasivo en este caso de autos, es inicial y exclusivamente las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., que necesariamente tiene que comparecer en un proceso judicial mediante una persona natural, en este caso el Presidente del Consejo de Administración y representante legal Oscar Armando Romero Galán, es decir que la solidaridad en el presente caso, no debe de estar incluida necesariamente en el titulo extrajudicial que se pretende ejecutar, porque ya lo señala el Código Tributario vigente en aquel momento, es decir el contenido en el Decreto Legislativo 22-97 en donde claramente se establece en el artículo 25 aquellas personas que representen al obligado tributario principal, en este caso pues el representante legal de las Sociedades Mercantiles AGRINOVA S.A., es precisamente Oscar Armando Romero Galán, quien por disposición legal también debe de comparecer en juicio dada su condición de deudor solidario aun y cuando no lo contemple el título de ejecución. En ese sentido de hecho el Código Tributario también señala cuales son los requisitos que debe de tener este certificado de deuda, así como lo establece el artículo 99 del Código Tributario (Decreto 22-97), el cual literalmente señala: Que el Estado en este caso el sujeto activo, tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos en concepto de tributos y a tal efecto constituye título ejecutivo, el certificado en donde conste la obligación tributaria extendido por el SAR, esta certificación de acuerdo con el artículo 99, debe de contar con los siguientes requisitos: a).- Lugar y fecha de emisión. b).- Nombre y apellido, cargo, firma y sello del funcionario que lo suscribe. c).- Indicación clara y precisa de la obligación Tributaria y sus accesorios; d).- Nombre, razón social, registro tributario nacional y domicilio del contribuyente o responsable. Es decir que no establece el artículo 99 del referido Código Tributario, la obligación de consignar precisamente como responsable solidario al Presidente o Gerente, sino sencillamente designando el nombre comercial del obligado tributario principal y el de su representante, tal y como en efecto ha sucedido, por lo tanto, es evidente la violación del derecho constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa del recurrente, tomando en cuenta que la Juez de primera instancia ha anulado el auto de admisión bajo el indebido argumento de que en el título a ejecutar, es decir el certificado de deuda emitido por el SAR debía de figurar el señor Oscar Armando Romero Galán, como deudor solidario, lo cual no es así de acuerdo al artículo 99 del Código Tributario (Decreto 22-97), por lo tanto procede revocar la sentencia venido en consulta y otorgar el amparo interpuesto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 25 y 99 del Código Tributario (Decreto Legislativo 22-97); FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia definitiva venida en consulta de fecha seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022), emitida por la Corte de Apelaciones Civil, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; SEGUNDO: OTORGAR el amparo presentado por el Abogado MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para dar cumplimiento a lo antes referido.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0959-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.