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Sentencia AC-925-19 — Registro 15869

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de Nulidad y Confirmó Laudo Arbitral dictado por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, declaró sin lugar la demanda arbitral promovida por recurrente contra Telefonía Celular S A de C V (CELTEL); Declaró que la transición del manejo de las operaciones comerciales y de los activos de recurrente hacia Intercentro S A no fue efectuada por la parte Demandada, mediante engaño, hurto o despojo, y fue consentida por la demandante; Se absolvió a la Demandada del pago de cantidada reclamada por la demandante en concepto de indemnización e intereses; Demanda en relación a la terminación unilateral injustificada y arbitraria de un contrato de nombramiento de agente vendedor por parte de la Demandada; La Autoridad recurrida consideró correcta la decisión objeto de nulidad ya que la ley faculta al Tribunal Arbitral determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas; Además, por razones de confidencialidad principio que rige en los procedimientos alternos en la solución de conflictos; Considera que la solicitud para la reprogramación de una audiencia, con los planteamientos que se desarrollan en la misma, no se consideran en sí un medio probatorio; por lo que no se vulneran derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple informalidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alegan una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple informalidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alegan una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por los abogados IRMA YAMILETH LÓPEZ ÁLVAREZ y LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, y formalizada por el abogado ENRIQUE GONZÁLEZ RAUDALES a favor de la sociedad mercantil, INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra la resolución de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto en contra del laudo arbitral dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve por el Tribunal Arbitral del Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa, con relación a la demanda arbitral promovida por la sociedad mercantil, INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil, TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL). Estiman los garantistas que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República- ANTECEDENTES PROCESALES..- 1. En fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, compareció ante la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa, el abogado LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., promoviendo DEMANDA VÍA PROCESO ARBITRAL, contra de la sociedad mercantil denominada TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V., a efecto de celebrar una audiencia de conciliación con relación al conflicto suscitado, según la parte demandante, por la terminación unilateral, injustificada y arbitraria de un contrato de nombramiento de agente vendedor por parte de Telefónica Celular, S.A. de C.V., violentando normas de derecho sustantivo de obligatorio cumplimiento, por lo que reclama se le indemnice por la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 162,284.336.88), más los que resultaren del trámite de la demanda de mérito. (Folios 1 al 5 del tomo I de la primera pieza de los antecedentes).-2. En fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Arbitral del Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa, emitió laudo arbitral mediante el cual falló:“1. DECLARANDO SIN LUGAR: La demanda arbitral interpuesta el día 14 de noviembre de 2018, por el abogado LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, en su condición de apoderado general de representación procesal de la sociedad mercantil, INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V. en contra de la sociedad mercantil, TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL); 2. DECLARANDO que la transición del manejo de las operaciones comerciales y de los activos de INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V. hacia INTERCENTRO S.A., no fue efectuada por la parte demandada TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL), mediante engaño, hurto o despojo, y por el contrario, fue consentida por la parte demandante INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V.; 3. DECLARANDO que a la fecha de la notificación de la terminación unilateral del contrato de nombramiento de agente vendedor suscrito entre la parte demandante y la parte demandada, tal terminación fue efectuada por TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL), con justa causa y sin responsabilidad de su parte, de conformidad con lo pactado en dicho contrato y con la legislación argumentada en el presente proceso arbitral por ambas partes. 4. DECLARANDO que de conformidad con lo resuelto sobre el hecho en controversia número 2, resulta improcedente el pago de las indemnizaciones e intereses reclamados por INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V. a TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL), de acuerdo con lo pactado en el contrato de nombramiento de agente vendedor suscrito entre la parte demandante y la parte demandada, y con la legislación argumentada en el presente proceso arbitral por ambas partes; 5. ABSOLVIENDO a la parte demandada TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. (CELTEL), del pago de la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.168,715,858.79), reclamados por la parte demandante INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., en concepto de indemnización e intereses; y 6. SIN COSTAS,…” (Folios 1321 al 1413 del tomo IV de la primera pieza de los antecedentes).-3. La honorable Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha doce de agosto de dos mil diecinueve para resolver el recurso de nulidad presentado por el abogado LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX en contra el laudo arbitral de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. La parte resolutiva de la sentencia de la corte pronuncia el siguiente fallo: “…PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD DE LAUDO, de que se ha hecho mérito, promovido por el abogado LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra el LAUDO ARBITRAL de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en la demanda de mérito. SEGUNDO: CONFIRMAR resolución recurrida…” (Folios 117 al 129 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4. Los abogados IRMA YAMILETH LÓPEZ ÁLVAREZ y LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, comparecieron ante este tribunal en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción en fecha tres de diciembre de dos mil veinte. (Folios 1 al 7 y 170 de la garantía constitucional de amparo).-|5. En fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida a la fiscal del Ministerio Público abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque, “NO SE OTORGUE la presente acción de amparo por no existir ultraje de las garantías a los artículos constitucionales invocados por el amparista.” Al estimar que se alegaron por parte de los amparistas, cuestiones que no fueron objeto de impugnación en el recurso de nulidad y otras cuestiones de mera legalidad. (Folios 182 al 188 de la garantía constitucional de amparo).-ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA..- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución-Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos expuestos por el abogado Enrique González Raudales a favor de su poderdante la sociedad mercantil Inversiones CADAN, S.A. de C.V. El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán al dictar su resolución definitiva de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve ha conculcado en perjuicio de su patrocinada los artículos 61[4], 64[5], 80[6], 82[7], 90[8], 94[9], 95[10], 97[11], 103[12], 106[13] y 321[14] de la Constitución de la República.-El impetrante reclama que con la resolución antes mencionada el tribunal denunciado ha incurrido en los motivos de amparo que a continuación se resumen, así:1. Primer motivo de amparo, se presenta prueba de nuevo conocimiento.-El impetrante denuncia la violación del derecho al debido proceso legal contenido en el artículo 90 constitucional[15], en virtud de que el Tribunal Arbitral se conformó de manera ilegal. Al respecto, explica que el ciudadano Roberto Flores Bermúdez, fue miembro de dicho tribunal que conoció el asunto de su poderdante en todas las fases del proceso, e inclusive dictar la sentencia definitiva; no obstante, lo hizo siendo servidor público en un cargo nominal como embajador, el cual comenzó desde el uno de abril de dos mil catorce y continua hasta la fecha; asimismo, para ese entonces era también asesor de la Secretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, cargo en el cual está desde el catorce de enero de dos mil dieciséis. Por último, en la Secretaría de Estado en el despacho de coordinación general del gobierno a partir del del uno de septiembre de dos mil dieciséis al diez de mayo de dos mil dieciocho.

El hecho de ser funcionario público -expresa el impetrante- le inhabilita de conformidad con la ley para desempeñarse como miembro integrante de dicho tribunal arbitral-El impetrante asegura que el hecho que denuncia es de conocimiento nuevo para él; y, del cual propone y presenta los medios de prueba documentales siguientes: A. Memorándum No. 268-SRH-2020 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante el cual se responde la solicitud de información de carácter público concerniente al ciudadano Roberto Flores Bermúdez. Con dicho documento se acredita que dicho ciudadano funge en forma nominal como embajador desde el uno de abril de dos mil catorce hasta la fecha. Además, desde el catorce de enero de dos mil dieciséis es asesor de la Secretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, y laboró como servidor público a partir del del uno de septiembre de dos mil dieciséis al diez de mayo de dos mil dieciocho, en la Secretaría de Estado en el despacho de coordinación general del gobierno.-B. Memorándum No. UT-043-2020 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte emitido por la Unidad de transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en respuesta a la solicitud de información de carácter pública concerniente al ciudadano Roberto Flores Bermúdez. Con dicho documento se acreditan los mismos extremos del medio de prueba anterior.-C. Expediente contentivo del juicio arbitral (15-A-2018) (cuatro tomos). En dicho medio de prueba constan las actuaciones y nombramiento del árbitro Roberto Flores Bermúdez. En dicho medio de prueba consta lo siguiente:C.1. Integración e instalación del Tribunal Arbitral por parte de la Cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa, Centro de conciliación y arbitraje, sección nacional de la Comisión Interamericana de arbitraje comercial, CIACC. Folios 140-141.-C.2. Aceptación de cargo como árbitro mediante correo electrónico (18 de octubre de 2018) y constancia (25 de junio de 2018) extendida por el ciudadano Roberto Flores Bermúdez, mediante la cual acepta el cargo y comprometiéndose a cumplir con sus habilidades y conducir el proceso de acuerdo con la normas de buena conducta, como ser: diligencia, correcto manejo de audiencias, puntualidad, confidencialidad, responsabilidad, entre otras; así como, principios éticos aplicables en el Centro de conciliación. Folios 132-139.-C.3. Laudo arbitral del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y acta de audiencia de lectura del laudo de fecha veintinueve de marzo del mismo año firmado por el árbitro integrante Roberto Flores Bermúdez.-Luego, el impetrante señala que debe tomarse en cuenta que, los árbitros deben ser reconocidos dentro de la categoría de autoridades públicas, porque pueden transitoriamente administrar justicia y proferir fallos; siendo en ese sentido, figuras análogas a los jueces, cuyas decisiones pueden ser en Colombia susceptibles de la acción de tutela. (Miranda, 2013, p. 89).-El impetrante, transcribe y hace cita de la Internet el artículo, “Tutela contra laudo arbitral: una controversia sin fin. Revista de Derecho Público No. 38 de la Universidad de los Andes, en el que se señala que los árbitros pueden cometer errores al igual que lo hacen los jueces al dictar sus decisiones, por lo que es procedente disponer de la acción de tutela para su impugnación-Posteriormente, el impetrante cita el artículo 4 del Código de conducta ética del servidor público[16], el cual dispone la prohibición para el servidor público de recibir una remuneración distinta a la que recibe por desempeñar un cargo remunerado a tiempo completo, en cualquiera de las instituciones, órganos o entes, comprendidos en la lista que se encuentra en el artículo 3 de dicho código[17], salvo que la otra remuneración se reciba por docencia, cultura, o asistencia social, siempre y cuando esas funciones no interfieran con su jornada laboral y cumplimiento de funciones principales.-También cita el artículo 44 de la Ley de conciliación y arbitraje, que regula quienes no pueden ser árbitros, así:“No podrán actuar como árbitros quienes tengan las partes o sus apoderados, algunas de las causas de abstención y recusación que establecen las reglas procesales. Tampoco podrán actuar como árbitros los jueces, magistrados, fiscales y quienes ejerzan funciones públicas, excepto las vinculadas con la docencia.” .- Por último, cita el artículo 321 constitucional[18] el cual dispone la responsabilidad de los servidores públicos y la nulidad de los actos cuando actúan fuera de las atribuciones que la ley les confiere-De acuerdo con lo expuesto y con la prueba aportada, el impetrante aduce que uno de los miembros del tribunal conoció del asunto y dictó resolución en su condición de árbitro, no obstante, fungía además como servidor público de tiempo completo y remunerado. Además, asegura que dicha circunstancia se desconocía en el momento de desarrollarse el proceso.-Por lo que el amparista reclama que siendo lo anterior una violación a los derechos de defensa y debido proceso y a los principios de seguridad y legalidad, se repongan las actuaciones al estado previo en que se violentaron estos. O sea, solicita que se reponga el proceso. -2. Segundo motivo de amparo. Se denuncia la violación del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional[19] en relación con los artículos 206 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal civil[20] en cuanto a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; asimismo en la obligación de resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque estas no hayan sido alegadas o citadas correctamente por las partes. -Al respecto, el impetrante reclama que estos conceptos no se cumplen en la sentencia dictada por la Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, tachándola de no ser clara, ser contradictoria carente de suficiencia, exhaustividad, fundamentación y carácter lógico.-Señala que, la sentencia que impugna es contradictoria porque por una parte establece que no hay relación de comercialización derivada del contrato como agente distribuidor; pero, por otra parte, reconoce que hay comercialización de los productos y servicios de la demandada. Explica en ese sentido que, la corte por una parte cita normas de la Ley de representantes y distribuidores, pero excluye cualquier aspecto, argumento y fundamento con relación al vinculo contractual entre las partes de carácter comercial.-Le resulta también contradictorio que el tribunal se haya convencido de que el origen de la relación comercial entre Inversiones CADAN y CELTEL haya iniciado con la invitación a participar en un proceso de selección que culminó con el nombramiento de un agente vendedor y que dicha relación comercial se haya formalizado con el contrato suscrito entre ellas el quince de julio de dos mil trece; pero contradictoriamente, la misma corte sustente su decisión en qué, Inversiones CADAN no se encuentra registrada conforme a la Ley de representantes y distribuidores; sin que esta última circunstancia fuera impedimento para el nombramiento de agente. Esto para el garantista es fraude a la ley al ponerle como beneficiario del supuesto defecto, vicio o incumplimiento. Agrega el garantista que la corte desconoce las operaciones comerciales que se han suscitado a lo largo de la relación hasta la interrupción intempestiva en las instalaciones de Inversiones CADAN por parte de CELTEL el uno de septiembre de dos mil diecisiete. -Otra contradicción que relaciona es que la corte haya dado valor probatorio a las acciones de índole laboral en las que su poderdante ni siquiera participó, sino que fueron acciones, pactos y liquidaciones realizadas por INTERCENTRO. En ese sentido, el garantista aduce que INTERCENTRO fue quien se apropió indebidamente de la empresa Inversiones CADAN por mandato de CELTEL, por tanto la ruptura de la relación laboral con Inversiones CADAN o mejor expresado con INTERCENTRO estuvo a cargo de esta última a partir del uno de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo el amparista acota que las demandas presentadas por los trabajadores fue por despido indirecto (se dieron por despedidos)teniendo como fecha de despido el mismo uno de septiembre de dos mil diecisiete, demandando a INTERCENTRO y solidariamente a Inversiones CADAN y CELTEL, y el cual finalizó con acuerdo entre los trabajadores, INTERCENTRO y CELTEL, pero sin la participación de Inversiones CADAN. Sin embargo, el tribunal estimó todos estos aspectos, pero sin tener por acreditada la ruptura ilegal por parte CELTEL, como tampoco que la misma se hizo mediante engaños el uno de septiembre de dos mil diecisiete.- Para el garantista, esto último resulta contradictorio con relación a lo decidido en el fallo, señalando al respecto que, la notificación posterior de la terminación del contrato, la cual se hizo el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, y que al tomarse ésta en cuenta no consideró las consecuencias legales de dicha terminación en favor de Inversiones CADAN, a quien no le reconoce que tenga sumas adeudadas a su favor en virtud de las comercialización de los productos y servicios supra mencionada. O sea que, lo que le resulta contradictorio al garantista es que, para la corte de apelaciones, Inversiones CADAN tenía un interés previo al uno de septiembre de dos mil diecisiete de realizar una transición de sus operaciones a INTERCENTRO con la participación de CELTEL, para después no considerar que lo suscitado en el Ministerio Público y las acciones de las instituciones financieras (las cuales fueron posteriormente canceladas al activar nuevamente las cuentas de Inversiones CADAN y sus representantes), prejuzgamiento de la demandada CELTEL que le llevó a realizar acciones ilegales orientadas a despojar a Inversiones CADAN de sus bienes y activos, aún y cuando la misma sentencia arguye que Inversiones CADAN demostró que no existían indicios de naturaleza penal que afectasen los negocios o cuentas bancarias de Inversiones CADAN.-Con relación a la falta de claridad y precisión, el amparista indica que esto ocurrió cuando la corte manifestó en su numeral segundo de los fundamentos de derecho que los argumentos esgrimidos por el peticionario no constituyen prueba, lo cual es claro. El amparista agrega a esto que los argumentos son las aseveraciones que las partes hacen del conocimiento del juzgador y que van a ser acreditados con los medios de prueba.-El garantista sin embargo reclama que los argumentos de su poderdante no pudieron ser acreditados porque no se le permitió aportar prueba en el proceso arbitral, lo cual fue objeto de solicitud de nulidad, pero que fue igualmente denegada. Reclama que dicha prueba debió ser valorada y no rechazada de plano, dejándole así en estado de indefensión. Dichas pruebas valoradas en su conjunto habrían llevado al juzgador al convencimiento de que la ruptura intempestiva, el apoderamiento de la empresa y sus elementos por parte de CELTEL, ocasionaron cuantiosas pérdidas, daños y perjuicios; inclusive, sin siquiera cuadrar/liquidar a la fecha, operaciones para determinar no sólo aspectos indemnizatorios, sino sumas adeudadas producto de la comercialización de los servicios y productos derivados del contrato.-Para el garantista carece de claridad y precisión lo argüido por el tribunal en relación con las actas notariales y los hechos. Al respecto señala que no constituyeron prueba indispensable para el asunto sometido al arbitraje, agrega que lo ilegal y violatorio al debido proceso es el impedimento de aportar la prueba para ser valorada oportunamente; asimismo, la falta de contradictorio, el cual era indispensable para determinar si se había agotado en legal y debida forma la etapa de conciliación; además, que no se trata propiamente de un asunto de confidencialidad, ya que dicho principio aplica a terceros o fuera del proceso, sin embargo entre las partes es un aspecto relevante. Consecuentemente, el no culminar la fase procedimental y el no permitir la aportación de prueba es violatorio al debido proceso. Al respecto expresa que no encuentra respuesta clara a estos puntos en las consideraciones del fallo impugnado en ampar.-El impetrante indica que lo anteriormente expresado se acreditó con el medio de prueba que consiste en el escrito de solicitud de prórroga de la audiencia de conciliación, y que fue presentado por los representantes procesales de CELTEL, más el acta notarial certificada que expone y reconoce expresamente que no contaban con suficientes facultades para generar una conciliación adecuada y satisfactoria; esto, conforme a lo dispuesto en la Ley de conciliación y arbitraje.-A continuación, se transcribe lo expuesto por el recurrente, así:“Corre a folio 57-80 del juicio arbitral 15-A-2018 y las actas que el Tribunal Arbitral ordenó fuera eliminada del expediente, lo que aconteció el 21 de enero de 2019 en la audiencia de proposición de medios de prueba, presentados como documento privado número nueve, diez, y once propuesto por la parte demandante y que se dejó de decretar como medio probatorio solicitado oportunamente, medio probatorio que el Tribunal Arbitral tuvo por presentado e inadmitido, violentándose los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, asimismo aportado en el recurso de nulidad, tribunal de apelación que al dictar un fallo confirmatorio hizo suyo los argumentos del laudo. Demostrándose que no se agotó correctamente la fase de conciliación, perdiendo su naturaleza jurídica como figura jurídica y oportunidad previa a dirimir la controversia-Refiriéndose a la falta de suficiencia y exhaustividad, el impetrante señala que la sentencia contra la cual pide amparo a favor de su poderdante es insuficiente en su motivación porque no realizó la revisión que corresponde de acuerdo con ley, ya que tratándose de un laudo arbitral y no de un recurso de apelación no existe límite o personalidad del recurso-El amparista enfatiza en que dicha revisión por parte de la jurisdicción tiene carácter tutelar, y que, aunque el proceso arbitral es una delegación de funciones jurisdiccionales dispuesta por la Constitución de la República, finalmente corresponde a los órganos jurisdiccionales juzgar y ejecutar lo juzgado, de manera que los actos de los árbitros juzgadores están siempre bajo el control jurisdiccional, y además los árbitros incurren en responsabilidad.- Dicho lo anterior, el amparista concluye expresando que la sentencia se limitó a aplicar una ley secundaria sin hacer prevalecer el derecho de las partes, refiriéndose a que se puso en conocimiento del Tribunal Arbitral la contienda derivada de la relación comercial, por lo que el tribunal mencionado debió tomar esto en consideración; ya que su poderdante se encuentra limitado por un contrato que regula la relación comercial, cuyos aspectos no fueron considerados en la decisión.- De manera que, para el amparista dicha decisión compromete la seguridad jurídica, buena fe, tutela judicial efectiva, legalidad principios y derechos en que debe sustentarse todo proceso para garantizar los derechos de un debido proceso y defensa.

Refiere que las partes deben obtener un fallo justo que dé una respuesta completa a todo lo controvertido en el proceso- Para el garantista finalmente, la motivación que sustenta la sentencia objeto de amparo carece de racionalidad y carácter lógico. Esto lo explica tachando a dicha resolución como carente de racionalidad, coherencia y justicia, así mismo que la corte no hizo una revisión del laudo apelado conforme a derecho, que no da a cada uno lo que le corresponde, no resuelve la contienda de fondo aun cuando a su poderdante se le han causado graves perjuicios económicos, debiendo por tanto ser indemnizado además de que se le paguen las obligaciones derivadas del contrato y de la relación comercial.-.-Señala que, por el contrario, la corte de apelaciones hizo suyos los argumentos y fundamentos del laudo arbitral, violentando el derecho de defensa al obviar la situación jurídica expuesta, es decir el conflicto comercial derivado del contrato, asimismo la ruptura propiciada por la demandada en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete y la posterior violación al contrato el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.-Denuncia que el juzgador hizo prevalecer un aspecto de libre contratación simulada a razón de ser un contrato de nombramiento de agente vendedor, sin considerar que esta no es ilimitada y que no puede estar sobre la ley, ocasionando con ello desigualdad.-Explica que, lo que se expuso tanto al Tribunal Arbitral como a la corte de apelaciones es un conflicto derivado de una relación comercial y de un contrato, lo que es el asunto de fondo a resolver, otorgando a cada una de las partes lo que corresponde; sin embargo, el fallo que se impugna es incongruente, insuficientemente motivado, parcial, injusto, irracional ilógico porque no se analizó el asunto en su conjunto y se abusó del derecho de interpretar las normas invocadas. Recalca que la pretensión de la parte actora es la indemnización derivada del mal proceder de la demandada, así como, el reconocimiento de las obligaciones contractuales y comerciales pendientes de liquidar.- 3. Tercer motivo de amparo. Se denuncia la violación del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional[21] por incumplimiento de procedimiento para proponer, evacuar y valorar prueba en el proceso arbitral.-El amparista reclama que se violentó el derecho al debido proceso porque a su poderdante no se le permitió la aportación de pruebas, por otro lado, el tribunal de alzada no valoró la existencia de vicios de nulidad por haberse violentado normas de procedimiento de ineludible cumplimiento.-Explica que, aunque efectivamente el juzgador tiene la facultad de no admitir medios de prueba, debe hacerlo dentro del momento procesal oportuno.-Pasando a otro asunto, el amparista manifiesta que no existe prueba indubitada o fehaciente que acredite que Inversiones CADAN haya traspasado, negociado, prometido, cedido u otra figura legal que comprometa la disposición de la empresa, lo que le lleva a colegir que la pretensión de CELTEL de apropiarse del negocio involucrando a la empresa INTERCENTRO es totalmente ilegal. Por lo que los actos de interrupción intempestiva del negocio ocurridos el uno de septiembre de dos mil diecisiete, ocasionó a su poderdante Inversiones CADAN, daños y perjuicios irreparables que deben ser indemnizados por CELTEL, quien además debe cumplir con las obligaciones derivadas de la relación comercial y del contrato de nombramiento de agente vendedor.-El impetrante rechaza que la decisión favorezca a la parte demandada, porque el juzgador debe dirimir todas las discordias o diferencias que derivan de la relación comercial y del contrato, los cuales son aspectos que deben ser objeto de una liquidación y de una indemnización por daños y perjuicios. Determina que no hacerlo, es atentar contra la seguridad jurídica y violentar la tutela judicial efectiva.-Reclama en forma adicional que, al analizar el fallo, se advierte que éste, si bien establece lo acontecido el uno de septiembre de dos mil diecisiete (terminación intempestiva e ilegal de CELTEL), no contiene una verdadera motivación en relación con dicho evento, puesto que no da respuesta a los términos formulados y argumentados por la parte demandante Inversiones CADAN. Tomando en cuenta que dicho evento significó la verdadera ruptura de la relación sin notificación formal y que provocó el incumplimiento de obligaciones y es causa de daños y perjuicios por parte de la demandada, quien violentó la relación comercial y el contrato suscrito al no cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la comercialización de productos y servicios, las cuales aún continúan estando pendientes de pago.-Con relación al extremo anteriormente expuesto, el impetrante da cuenta del medio de prueba documental privado número cinco, que es el testimonio de escritura pública número trescientos ochenta y nueve de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete y que es un acta de constatación de hechos ocurridos ante los oficios del notario don Daniel Flores Velásquez, quien constató que en las instalaciones de Inversiones CADAN se encontraban los señores Carlos Alexis Martínez Martínez y Suanny Gabriela Ramos Medina, gerente financiero y contadora respectivamente de INTERCENTRO, con el propósito de manejar las operaciones de Inversiones CADAN sin autorización de ésta. Corre a folios 236-238 del juicio arbitral.- 4. Cuarto motivo de amparo. Se denuncia la violación del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional[22] en relación con la contravención al principio de contradicción- Al respecto reclama que la corte no atendió las causas de nulidad solicitadas, mencionando el caso del medio de prueba documental número nueve en cuyo caso dicho tribunal hizo uso erróneo del criterio de la confidencialidad en la fase de conciliación o de lo acontecido en la misma. El impetrante estima que dicho criterio no resulta correcto porque la prueba se presentó en un proceso en el que las partes intervinientes están debidamente legitimadas, por ende no es un acto que ponga en conocimiento el material reservado a terceros. Aunado a lo anterior, el impetrante reclama que no hubo cumplimiento al principio de contradicción, debiendo el juzgador incorporar la prueba al proceso arbitral y oportunamente ejercitar sus facultades dispuestas en el artículo 62 de la Ley de conciliación y arbitraje[23], apreciando la admisibilidad y pertinencia de la prueba. El no haberlo hecho así, le hace incurrir en violación al debido proceso y derecho de defensa en perjuicio de su poderdante. Además, denuncia que no hubo igual comportamiento con relación a la prueba presentada por la parte contraria.Su reclamo en otras palabras se funda en que el Tribunal Arbitral no debió rechazar de plano el medio de prueba, sino que debió determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de estas en el momento procesal oportuno (el impetrante no lo dice expresamente, pero este alto tribunal de justicia supone que se refiere al momento de valoración probatoria).5. Quinto motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional.[24] .Señala al respecto que se cometió la violación apuntada porque no fueron observados los fundamentos y motivos del recurso de nulidad. De haberse hecho se habría considerado la situación o conflicto de índole comercial de fondo y así se habría garantizado la tutela efectiva y la seguridad jurídica. Señala que esto trae como consecuencia que la parte demandada en abuso de un derecho pueda librarse de responsabilidades derivadas de una relación comercial y de un contrato; y con ello, que se haya omitido el reconocimiento de daños y perjuicios ocasionados por la ruptura intempestiva y apoderamiento de los bienes de su representada. El impetrante asevera que la sentencia objeto de amparo, al confirmar el laudo arbitral limita hechos en controversia negando el derecho de defensa a Inversiones CADAN. Indica que el Tribunal Arbitral tuvo como hechos admitidos, los siguientes: 1) La existencia y validez del contrato. 2) La transición de operaciones comerciales y de los activos de Inversiones CADAN, S.A. de C.V., hacia INTERCENTRO, S.A., con el conocimiento de Telefónica Celular, S.A. de C.V. (CELTEL).3) La terminación unilateral del contrato de nombramiento de agente vendedor acaecido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 4) La terminación del contrato de nombramiento de agente vendedor. 5) Audiencia de conciliación del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. (Folio 8 del laudo arbitral).Posteriormente el Tribunal Arbitral tuvo como hechos controvertidos los siguientes: 1) La transición del manejo de operaciones y de activos de Inversiones CADAN hacia INTERCENTRO fue efectuado por CELTEL mediante engaño, hurto, despojo o si por el contrario fue consentida por la parte demandante (en este apartado, expresa el impetrante, existe un reconocimiento por parte del Tribunal Arbitral que la transición fue realizada con conocimiento e intervención de CELTEL. 2) Si la terminación unilateral del contrato fue con justa causa y sin responsabilidad (no incorpora la terminación legal suscitada en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete. 3) La procedencia o no del pago de lo reclamado (pago de la liquidación producto de la comercialización y de la indemnización) (Folios 8 y 9 del laudo arbitral).Finalmente, establece que entre los hechos admitidos y los controvertidos no fueron considerados o resueltos los siguientes: A) Faltó dilucidar el conflicto suscitado en la relación comercial derivada en primer término de la comercialización de productos, así como del conflicto del contrato como agente vendedor suscrito entre las partes, es decir, comercialización de los diferentes productos como agente. (folio 4 del laudo arbitral). B) Faltó dilucidar la intromisión abusiva e ilegal de CELTEL. C) Faltó dilucidar la terminación ilegal del contrato por parte del CELTEL el uno de septiembre de dos mil diecisiete. D) Faltó resolver el incumplimiento e inexistencia de pago por parte de CELTEL.Remata el impetrante diciendo que se afectó el derecho de defensa de su representada con haber limitado la aportación de pruebas cuyo propósito era acreditar la realidad de los hechos sobre la relación comercial existente entre las partes y con la falta de consideración de estos hechos en la resolución. Menciona que CELTEL no satisfizo las obligaciones con Inversiones CADAN, quedándole debiendo varios montos por diversos conceptos, pero esto no fue considerado por el Tribunal Arbitral ni por la corte recurrida. Estos entes tampoco consideraron la abusiva intromisión de CELTEL, aunque cabe aclarar que el Tribunal Arbitral sí reconoció la participación de la demandada CELTEL y además que nunca existió traspaso de la empresa Inversiones CADAN, como tampoco de sus activos o inventarios a INTERCENTRO; o, como erróneamente se enunció, transición del manejo de operaciones y de activos, y terminación ilegal del contrato suscrito por parte de CELTEL el uno de septiembre de dos mil diecisiete, con incumplimiento e inexistencia de pago por parte de CELTEL. Con relación a esto, el impetrante reitera que se intentó acreditar con prueba documental y medios técnicos, pero que esta no fue admitida por el Tribunal Arbitral; asimismo con otra prueba que no se pudo evacuar por razones ajenas a su representada.Las pruebas a las que el impetrante hace mención son: 1. El medio de prueba denominado documental público número dos, literal A). Consistente en el acta notarial de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete contenida en el instrumento número 389 autorizado por el notario Daniel Flores Velásquez. Con dicho documento se acredita la forma abusiva, intempestiva e ilegal en que se introdujeron los representantes de INTERCENTRO y CELTEL a las oficinas principales de Inversiones CADAN; las acciones tomadas por disposición y mandato de CELTEL, sin que hubiera ningún documento de tradición, cesión u otro de Inversiones CADAN a la sociedad INTERCENTRO, S.A.. 2. El medio de prueba denominado documental público número dos, literales B) y C). Consistentes en actas notariales de fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, contenidas en instrumentos números 404 y 406 autorizaos por el notario público Daniel Flores Velásquez. Mediante los cuales se acreditas sendas manifestaciones de los señores TED WILLIAM ELVIR MILLA y PAULO CÉSAR BARAHONA MURILLO, quienes expresaron que se encuentran en dichas instalaciones Inversiones CADAN S.A., supervisando las operaciones que se realizan a raíz de haber tomado posesión física, administrativa y territorial de la distribución de los productos y bienes de TIGO, de la sociedad Telefónica celular S.A. de C.V.(CELTEL), ello en vista de lo dispuesto y lo que ha instruido la compañía Telefónica celular S.A. de C.V.(CELTEL), ya que les han informado que la empresa Inversiones CADAN S.A. de C.V., no continuará ejerciendo la distribución de los productos TIGO, asimismo manifiesta el señor ELVIR MILLA que la empresa Telefónica celular S.A. de C.V.(CELTEL), no le ha extendido ninguna autorización por escrito para ello.- Sobre los anteriores documentos relacionados, el impetrante de amparo señala que además de acreditar la forma ilegal en que se dio la intromisión en las actividades comerciales de la sociedad Inversiones CADAN, también establece la fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, como el día en que se dio la pretendida terminación de la relación comercial por parte de CELTEL, circunstancia que la demandada pretendió justificar y subsanar remitiendo una nota el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, sin embargo ya había realizado los actos descritos de ruptura ilegal y apoderamiento de los bienes y activos propiedad de Inversiones CADAN, así como la pretendida intención de quedarse con la empresa.Refiere que las actas notariales descritas son válidas y auténticas citando para ello lo dispuesto en los artículos 14[25] y 21[26] del Código del Notariado y el artículo 34 de su reglamento[27]. 6. Sexto motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional.[28]. El impetrante indica que la sentencia objeto de amparo realiza una valoración impropia de las actas que contenían las manifestaciones realizadas por particulares. Señala que el Código del notariado permite tales manifestaciones y que asociándolas con el resto de las pruebas sirven para acreditar la verdad de los hechos; sin embargo, su inadmisión dejó a su poderdante indefensa y sin poder relacionarlas con otros medios de pruebas técnicos como grabaciones de video y correos electrónicos, permitiendo con ello no poder acreditar la ruptura intempestiva de la relación comercial y del apoderamiento desleal y aprovechamiento comercial de Inversiones CADAN por parte de CELTEL. Tampoco se pudieron evacuar los medios de prueba denominados: Tecnológico número catorce, consistente en audio video y contenido en medio técnico USB; y, Tecnológico número dieciséis consistente en fotografías contenidas en medio técnico USB. Sobre este punto, el impetrante escribe lo que a continuación se transcribe de forma literal:

“…; se demostró como lo reconoce el tribunal, la forma en que operaría el manejo de productos y servicios relacionados con telefonía celular, respondiendo y aclarando consultas, percibiendo interacción cordial y pacifica … aduciendo el mismo tribunal que no se determina a que empresa o establecimiento corresponden la fecha, identificación precisa de las personas, pero al mismo tiempo aduce que no se demostró intromisión, despojo arbitrario o ilegal (es decir, si identificó las circunstancias que nos ocupan en la demanda de mérito, es decir las partes intervinientes y controversia). Sin embargo, de haberse evacuado la prueba y asociada a las actas notariales, donde se constató por las manifestaciones ante notario, quienes eran las personas, el lugar y hora, así como cual era la razón su permanencia en las instalaciones o empresa de mi representada, el convencimiento hubiese sido distinto, lógicamente si hubiere incorporado correctamente los hechos en controversia antes señalados particularmente la ruptura intempestiva el 1 de septiembre de 2017.”. 7. Séptimo motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional[29].-El impetrante repite que existe motivación insuficiente y que la revisión no se hizo conforme a la ley, puesto que se olvidó que se trata de un laudo arbitral y no de una apelación y que por tanto no existe límite o personalidad del recurso; y que la naturaleza del recurso de nulidad además de la revisión mencionada es el carácter tutelar que ejerce la jurisdicción.- Repite que los árbitros juzgadores no están exentos de control y que todo lo que hacen implica responsabilidad. Hace el reproche de que la resolución que se impugna además es insuficiente en fundamentación y que no llega a juzgar el asunto de fondo, o sea no se pronuncia sobre la relación comercial existente entre las partes y que al no hacerse se violenta el derecho de defensa, en primer lugar por la imposibilidad de acudir a otra vía para resolver las diferencias, liquidaciones, compensación de créditos, exigir pagos a la demandada, ya que todo debe juzgarse y decidirse en el laudo; y por otra parte, dicha resolución arbitral impide una adecuada formulación del recurso de nulidad al no contener normativa que pueda impugnarse. En resumen, le afecta la insuficiente motivación y fundamentación en relación con el fondo del asunto, la relación comercial existente entre las partes y el que de manera intempestiva concluyó la demandada apropiándose del negocio.8. Octavo motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional.[30] Asimismo, invoca los artículos 8.1,[31] 8.2,[32] 11.1,[33] 11.2,[34] 11.3,[35] 25.1[36] de la Convención americana sobre derechos humanos; el 89[37], 103[38] y 106[39] de la Constitución de la República. - Existe indefensión en virtud de que en la sentencia censurada no se ocupa del hecho de que desde que iniciaron las conversaciones y comunicaciones de Inversiones CADAN con la demandada CELTEL, la intención de esta última era dejar fuera de la comercialización a Inversiones CADAN; lo cual, es permitido, pero siempre que se cumplieran con las condiciones de contratación y las obligaciones derivadas de la comercialización existente entre las partes.- Al efecto, el impetrante agrega que CELTEL no podía en abuso de un derecho, ni en condiciones de desigualad como personas jurídicas y como comerciantes, ampararse en una falta de registro, en virtud de que existía y así se probó en juicio que había una relación de comercialización, lo que lógicamente debió tener como consecuencia económica una liquidación conforme a lo pactado.Para acreditar estos extremos se presentaron medios de pruebas por ambas partes, como ser la nota fechada con 22 de mayo 2017 (medio de prueba número quince respecto al hecho en controversia número uno de la parte demandada, emitida por la Fiscalía especial contra el crimen organizado dirigida a CELTEL(TIGO), con el fin de solicitar información para determinar si la empresa Inversiones CADAN mantuvo o mantenía relación comercial con TIGO y requiriéndoles además para que dieran información de las compras anual de servicios que realizó la empresa. También la nota de fecha 19 de junio de 2017(medio de prueba documental privado número dieciséis respecto al hecho en controversia número uno, parte demandada) emitida por Banco Atlántida para TIGO MONEY, CELTEL, informando que Inversiones CADAN S.A. de C.V. y sus dueños Misael Molina Mendoza y Sonia Yamileth Trigueros Tábora, ya no mantendrían ningún servicio o producto financiero, con el grupo Atlántida a partir del once de agosto de dos mil diecisiete. En relación con esto el impetrante manifiesta lo que literalmente se transcribe a continuación: “Documentos que para Tribunal Arbitral no tienen alcance probatorio en tanto a que no hacen referencia a una transición pacífica y negociada…, ni tampoco se comunicó o requirió a la sociedad referida (Inversiones CADAN, S.A. de C.V.) por parte de quienes extendieron tales documentos. Sin embargo, si acredita el hecho controvertido número uno en cuanto a la pretensión de engaño, despojo y sin consentimiento de mi representada como demandante.” El impetrante manifiesta que, el derecho de defensa de su representada fue violentado desde que pretendió cambiar sus operaciones económicas con una institución financiera distinta a la que venía operando, cambio de banco con mejores opciones y beneficios en los productos, circunstancia que no le agradó a la demandada CELTEL. Luego agrega que, de ello surgió un proceso investigativo de lavado de activos que culmina con el cierre de cuentas de banco sin respetar el derecho de defensa y de presunción de inocencia, hecho que sirvió de argumento a CELTEL para dar por terminado el contrato y la relación comercial. No obstante, el impetrante agrega que CELTEL siempre había participado en dichas transacciones y comercialización en forma lícita, inclusive CELTEL manejó información contable de Inversiones CADAN y determinó los arqueos respectivos derivados de la comercialización con el sometimiento de su representada. Además, señala el impetrante, en el expediente investigativo se va determinando la inocencia de Inversiones CADAN y por ende de sus socios y representantes legales.-Por otra parte, agrega, el origen de la discordia y de la ruptura intempestiva e injustificada de CELTEL de la comercialización no puede derivar en incumplimiento de obligaciones y de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, por lo que al no ser valorados y el no haber permitido prueba para demostrarlo, constituye en una arbitrariedad del Tribunal Arbitral que conlleva a la violación del derecho de defensa.-9. Noveno motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional.[40].-El amparista reclama que la corte de apelaciones al confirmar el fallo del laudo arbitral y hacer suyos sus argumentos y fundamentos ha violentado el derecho de defensa, porque no se permitió la admisión y valoración de prueba consistente en medios técnicos de reproducción por circunstancias ajenas a su representada y atribuibles al hecho de que la Cámara de comercio no contaba con las herramientas necesarias para reproducir el audio del video durante las audiencias. Con dichos medios de prueba la parte actora se proponía demostrar, con relación a otros medios de prueba consistentes inter alia en actas notariales y acciones laborales, que CELTEL incurrió en la ruptura intempestiva de la relación de comercialización personándose con sus representantes a los diferentes centros comerciales en los que desarrollaba su actividad Inversiones CADAN, haciéndose acompañar con terceras personas (INTERCENTRO) con el objeto de que éstas continuaran ejerciendo la comercialización. El video en mención verifica que el día de la ruptura fue el uno de septiembre de dos mil diecisiete. -Luego, indica que la forma de hacerse la ruptura en mención, fue en incumplimiento de cláusulas contractuales en cuanto a la forma de notificar y los plazos establecidos, todo lo cual incrementa el daño y los perjuicios ocasionados, además del impedimento para defenderse. -El impetrante menciona finalmente, que la notificación por escrito se hizo hasta el 27 de septiembre de dos mil diecisiete, quedando demostrado que CELTEL pretendió así enmendar lo realizado el uno de septiembre, no obstante, el daño causado ya estaba hecho.-10. Décimo motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del principio general de igualdad ante la ley contenido en los artículos 60[41] y 61[42] de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1[43] y 5[44] del Código procesal civil; 62 de la Ley de conciliación y arbitraje[45].-Por otra parte, el impetrante reclama que hubo violación al principio iura novit curia, por el cual se faculta al juez como conocedor del derecho a decidir aun cuando las partes no hayan aportado las leyes en que fundan sus reclamos; o, en forma diferente a la ley invocada basándose en otras disposiciones legales que juzgue correctas. Manifiesta que este principio es un medio para lograr la igualdad procesal, “y para impedir la desventaja en que se encontraría, quien a pesar de tener la oportunidad de ganar el juicio no se encuentre bien asesorado.” -El reclamante de amparo señala que hubo violación a la igualdad de derechos e igualdad ante la ley porque la corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral y confirmó dicha decisión; no obstante, a su poderdante no se le admitió prueba, la cual fue rechazada de plano; contrastando con el hecho de que a la parte demandada si se le admitió toda la prueba que propuso. -Nuevamente el amparista se refiere al rechazo del medio de prueba documental número nueve, el cual considera arbitrario por cuanto en este caso no existe violación a la confidencialidad, tal como adujo el Tribunal Arbitral y que confirmó la corte de apelaciones, por otro lado, en su rechazo no hubo oportunidad de contradicción. Pasando a otra cosa, pero siempre en relación con el principio de igualdad, el amparista reclama que existen antecedentes judiciales donde para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales NO es imprescindible el registro que establece la Ley de representantes y distribuidores, máxime en el caso que ocupa, en el que el contrato suscrito entre las partes, es prácticamente un contrato de nombramiento de adhesión donde el proveedor de los servicios, como empresa comprendida como gran contribuyente, es decir empresa que tiene a su cargo la elaboración de los contratos que suscribe con sus agentes, es la llamada a cumplir o establecer cualquier requisito; sin embargo, expresa el garantista, la posición en que le colocó el Tribunal Arbitral y la corte de apelaciones, constituye en una ventaja legal que le permite abusar del derecho que le brinda la Ley de representantes y distribuidores, cuando ha sido CELTEL quien a sabiendas, no exigió el supuesto requisito. Finaliza señalando que no resolver de fondo la situación jurídica planteada, evitándolo mediante la mera aplicación de disposiciones que contravienen la Constitución de la República es apartarse del principio de tutela y de seguridad jurídica11. Undécimo motivo de amparo. El impetrante denuncia la violación del derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional.[46].-El impetrante reclama que la decisión de la corte de apelaciones no contiene una resolución de fondo, violentándose con ello el derecho de petición-No se resolvió sobre la ruptura intempestiva ya descrita, tampoco sobre los graves perjuicios económicos ocasionados por los que su poderdante debe ser indemnizado, como tampoco se ha resuelto nada sobre el pago de las obligaciones derivadas de la relación comercial y del contrato. Señala que todos estos elementos pueden deducirse de la contienda, inclusive de la vía utilizada (arbitraje), la cual deriva del contrato de nombramiento de agente vendedor, el cual sirvió como sustento de prueba de la existencia del vínculo comercial y de la subordinación como agente vendedor.-El amparista recalca que la génesis del reclamo de derechos es la ruptura intempestiva de la relación comercial y del apoderamiento del negocio de su representada, con el involucramiento de terceros. El proceso arbitral debió resolver todo lo concerniente a las consecuencias de la terminación ilegal de la relación, ocurriendo esta sin respetar las normas legales, las buenas costumbres y la buena fe que debe existir entre los comerciantes y los actos de comercio que realiza.-De la redacción de este motivo, este alto tribunal de justicia entiende que, el impetrante reclama que, aunque es cierto que CELTEL hizo uso de artimañas y maniobras fraudulentas para dar por terminada la relación y el contrato con Inversiones CADAN, estas circunstancias no fueron observadas por el Tribunal Arbitral ni por la corte de apelaciones, sino que ambas entidades se centraron únicamente en la falta de registro de Inversiones CADAN como distribuidor. Es decir que, ni el Tribunal Arbitral ni la corte de apelaciones repararon en que la falta de dicho registro no fue óbice para CELTEL para tenerle como agente vendedor. Por lo que, la desestimación de la demanda con el argumento de la falta de registro aprovecha a CELTEL de manera impropia. -En virtud de lo cual pide que se le otorgue amparo a su poderdante con el fin de garantizar los derechos que estima violentados-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, la cual es el objeto impugnado mediante la garantía de amparo. El doce de agosto de dos mil diecinueve el tribunal de alzada conociendo del recurso de nulidad del laudo arbitral dictó por unanimidad de votos su fallo denegando el recurso y confirmando el laudo arbitral dictado por el Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa, quien a su vez declaró sin lugar la demanda arbitral entablada por la sociedad mercantil, Inversiones CADAN, S.A. de C.V., en contra de la sociedad mercantil Telefónica celular, S.A. de C.V., (CELTEL). -La corte de apelaciones desestimó la primera causa de nulidad sustentada por la parte demandante, argumentando que es correcta la decisión tomada por el Tribunal Arbitral de no admitir el medio de prueba número nueve documental, ofertado por la parte actora, en virtud de que el artículo 62 de la Ley de conciliación y arbitraje[47] faculta de forma exclusiva al Tribunal Arbitral a determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas. Por otra parte, la corte observa que el Tribunal de Arbitraje fundamentó su decisión de no admitir dicha prueba por razones de confidencialidad, principio que rige en los procedimientos alternos en la solución de conflictos; asimismo, conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 74 de la precitada ley. [48].-De acuerdo con lo anterior, para la corte de apelaciones la decisión de no admitir dicha prueba es válida y no es arbitraria. Así mismo, la solicitud para la reprogramación de una audiencia, con los planteamientos que se desarrollan en la misma, no se consideran en sí un medio probatorio, debido a que no es más que la argumentación de la parte demandada expuesta para propiciar la anuencia de su mandante a una posible conciliación; es decir, los argumentos expresados para solicitar una reprogramación de audiencia de conciliación no constituyen prueba propiamente dicha, porque las argumentaciones de cualquiera de las partes vertidas en un proceso ordinario o especial no pueden considerarse un verdadero medio de prueba porque no demuestran la certeza o falsedad de un hecho.-Además de las razones anteriores, la no admisión de dichos medios de prueba se ajusta a derecho porque no vulnera el artículo invocado por el recurrente, como tampoco disposiciones constitucionales o convencionales relativas al debido proceso o derecho a la defensa, en virtud de que durante el proceso se le admitieron suficientes medios de prueba.- Para la corte de apelaciones otra razón para no admitir que las argumentaciones constituyen medio de prueba es que sería como obligar al propio demandado a que produzca prueba en su contra.-Haciendo referencia a las actas notariales que fueron ofertadas como medios de prueba por la parte actora, la corte de apelaciones declara que estas no constituyen prueba indispensable para resolver el asunto sometido al arbitraje, porque se trata de actuaciones que definitivamente no sirven de sustento para la acreditación de la pretensión de indemnización.-De igual manera, para la corte de apelaciones el segundo motivo de nulidad no es de recibo. Dicho tribunal de alzada refiere que dicho motivo se sustenta en que el laudo fue fallado en equidad debiendo haberse fallado en derecho; no obstante, expresa la corte de apelaciones que de la lectura de dicho laudo se observan fundamentos jurídicos que se enlazan de forma motivada con la prueba admitida y evacuada por lo que descarta que el fallo haya sido pronunciado en equidad.-En ese sentido, la corte de apelaciones brinda definiciones sobre equidad, destacándose entre estas que, un fallo basado en equidad se aparta de fundamentos jurídicos, apegándose exclusivamente a lo que se considera justo, una especie de decisión de conciencia. - Luego, la corte entra a disquisiciones teóricas con referencia a los métodos alternativos de solución de conflictos. Después señala que los apoderados procesales de la sociedad mercantil, Telefónica celular, S.A. de C.V., resaltaron la improcedencia del recurso de nulidad debido a que en la cláusula XXII del contrato de nombramiento de agente vendedor, que es de donde deriva someterse a un laudo arbitral, expresa lo siguiente:“Solución de controversias. Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionadas con este contrato se resolverá mediante conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa. El laudo emitido por el Tribunal Arbitral será en derecho, inapelable y las partes se comprometen a acatarlo de inmediato y a no interponer, ulteriores recursos en contra del mismo.”-En relación con la cláusula anterior transcrita, la corte de apelaciones expresa que dicha cláusula efectivamente existe y que no le consta que su validez haya sido cuestionada durante el proceso de arbitraje; pero que el recurso de nulidad se declara sin lugar por las razones ya expuestas y que son distintas al contenido de la cláusula XXII indicada. La corte de apelaciones explica que la razón para no tomar en cuenta lo expresado en la cláusula XXII con relación a la renuncia de recursos, es por lo que dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos, específicamente al derecho que tienen las partes de ser oídas.[49].-La corte de apelaciones impone el pago de costas según el principio del vencimiento. -CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Sussy G. Coello García al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito.

La fiscal expresa que la corte de apelaciones dejó claramente establecido en la sentencia que es objeto de amparo, que no concurre la primera causal de nulidad alegada por el recurrente por cuanto del propio contenido del numeral 4 del artículo 74 de la Ley de conciliación y arbitraje[50], con relación al artículo 62 de la precitada ley[51], para lo cual explica lo que se transcribe a continuación:“… se desprende que el Tribunal Arbitral está facultado de forma exclusiva a determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas por lo que las razones de inadmisibilidad no fueron al arbitrio del tribunal constituido, sino que se encuentra ajustada a derecho, en tanto que la solicitud de reprogramación de una audiencia de conciliación no se considera un verdadero medio probatorio(señalado como número 9), porque no demuestra la certeza o falsedad del hecho que se disputa dentro del proceso. En este mismo sentido el tribunal de alzada explica que las actas notariales que registran actuaciones del recurrido en este caso (refiriéndose a los medios de prueba Nos. 10, 11, 13 y 15), tampoco constituyen medios probatorios indispensables para resolver el asunto sometido al arbitraje, ya que tratan igualmente de situaciones ocurridas durante el desarrollo de la audiencia de conciliación, actuaciones que definitivamente no sirven de sustento para la acreditación de la indemnización.”La fiscal comparte el criterio del tribunal de alzada en que los medios probatorios que no fueron admitidos por el Tribunal Arbitral y que fueron identificados en la formalización del amparo no tienen ninguna trascendencia e incidencia en la decisión final, en virtud de lo cual su inadmisión no produjo ninguna vulneración a los derechos constitucionales y artículos invocados por el amparista. La fiscal resalta que no concurre en el caso de mérito vicio de nulidad de acuerdo con lo que dispone el artículo 74.4 de la ley[52], con relación al artículo 20[53], el cual manda que las fórmulas de acuerdo que se propongan o discutan en la audiencia de conciliación no incidirán en el proceso eventual.-Tampoco estima de recibo el segundo motivo de amparo porque estima que el tribunal de alzada expuso amplia y claramente, en los considerandos tercero y cuarto, los fundamentos de hecho y de derecho para declarar improcedente las restantes causales de nulidad invocadas por el recurrente. En su opinión, la razón le asiste a la corte de apelaciones, quien sostuvo que el tribunal estaba en lo correcto cuando concluyó que, en efecto existe un convenio arbitral válido, por el cual las partes se sometieron al procedimiento del arbitraje para dirimir sus conflictos y sometiéndose a las reglas del Centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa. Asimismo, señala que, de la lectura del laudo el iudex ad quem fue de la opinión que en el fallo se observan: “Fundamentos jurídicos enlazados de forma motivada con la prueba admitida y evacuada en la respectiva audiencia.”Finalmente, la fiscal manifiesta que el amparista hizo alegatos que no fueron objeto de impugnación en el recurso de nulidad; además de otras que son de mera legalidad y que por esa razón se omitió su análisis y no se incluyen en el dictamen-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple informalidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERAND0 SIETE (7): Que conforme lo establece la Ley sobre Justicia Constitucional, en su articulo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alegan una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 1), 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo impetrada por los abogados IRMA YAMILETH LÓPEZ ÁLVAREZ y LISANDRO OMAR ORELLANA CÁLIX, y formalizada por el abogado ENRIQUE GONZÁLEZ RAUDALES a favor de la sociedad mercantil, INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra la resolución de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto en contra del laudo arbitral dictado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con relación a la demanda arbitral promovida por la sociedad mercantil, INVERSIONES CADAN, S.A. de C.V., contra la sociedad mercantil, TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0925-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Vid. Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Vid. Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Vid. “Artículo 61. La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.”

[5] Vid. “Artículo 64. No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”

[6] Vid. “Artículo 80. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”

[7]Vid. “Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”

[8] Vid. “Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”

[9] Vid. “Artículo 94. A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”

[10] Vid. “Artículo 95. Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”

[11] Vid. “Artículo 97. Nadie podrá ser condenado a penas infamantes, proscriptivas o confiscatorias. Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad. La Ley Penal determinará su aplicación para aquellos delitos en cuya comisión concurran circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional.”

[12] Vid. “Artículo 103. El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.”

[13] Vid. “Artículo 106. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa, pero el pago correspondiente se hará, a más tardar, (2) dos años después de concluido el estado de emergencia.”

[14] Vid. “Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”

[15] Cit. Ut. supra.

[16] Vid. “Artículo 4. Las presentes normas de conducta ética son de obligatoria observancia para todos los servidores públicos sin excepción. No obstante, además de estas normas de carácter general, cada institución sujeta a este Código puede emitir normas específicas de conducta ética. En caso de discrepancia entre las normas generales de este código y las normas específicas emitidas por una institución sujeta a este código, prevalecerá siempre lo dispuesto en el presente código.”

[17] Vid. “Artículo 3. Las normas de este código de conducta son aplicables a todos los servidores públicos que laboren en: 1) El Poder Ejecutivo que comprende la administración pública central, las instituciones desconcentradas y descentralizadas, incluyendo las autónomas y semiautónomas; y las empresas públicas, estatales y mixtas con participación mayoritaria del Estado. 2) Los poderes Legislativo y Judicial y todos sus órganos y dependencias. 3) Las municipalidades y las empresas en las cuales éstas tengan participación mayoritaria. Todos los demás órganos del Estado, tales como la Fiscalía general de la República, la Procuraduría general de la República, el Tribunal supremo electoral, el Registro nacional de las personas, la Superintendencia de concesiones, el Comisionado nacional de los derechos humanos, el Tribunal superior de cuentas, La Procuraduría del ambiente, La Comisión nacional de defensa y protección de la competencia, el Instituto de acceso a la información pública las comisiones reguladoras de los servicios públicos y cualquier otro ente público de naturaleza análoga que sea creado mediante ley, decreto o acuerdo ejecutivo.”

[18] Cit. Ut supra.

[19] Cit. Ut supra.

[20] Vid. “Artículo 206. CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”

[21] Cit. Ut supra.

[22] Ídem.

[23] Vid. “Artículo 62. ADMISIBILIDAD Y VALOR DE LAS PRUEBAS. El tribunal arbitral tendrá la facultad exclusiva de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas. En cualquier etapa del proceso los árbitros podrán solicitar a las partes aclaraciones o informaciones, pueden también ordenar de oficio la evacuación de los medios probatorios que estimen necesarios. Tratándose de prueba parcial, pueden ordenar que se explique o amplié el dictamen. El tribunal arbitral puede dar por vencidos los plazos de etapas ya cumplidos por las partes. La inactividad de las partes no impide la prosecución del proceso ni que dicte el laudo basándose en lo ya actuado. El tribunal arbitral puede prescindir motivadamente de las pruebas no evacuadas, si se consideran adecuadamente informados, mediante providencia que no tendrá recurso alguno. La práctica de las pruebas, salvo en el caso de la prueba documental, se llevará a cabo en audiencia para cuyo efecto se informará a las partes con antelación suficiente de la fecha, hora y lugar en que la respectiva audiencia o diligencia se llevará a cabo. Las pruebas serán practicadas por el tribunal en pleno: para las pruebas que hayan de efectuarse fuera del lugar del domicilio. Éste podrá o bien llevarlas a cabo directamente o delegar en alguna autoridad judicial del lugar para que las practique. Para la práctica de pruebas en el extranjero, deberá acudir el tribunal en la misma forma y términos en que lo hacen los jueces ordinarios conforme al Código de procesamientos civiles.”

[24] Cit. Ut supra.

[25] Vid. “Artículo 14. Son instrumentos públicos las escrituras públicas, las actas, y en general, todo documento o diligencia en asuntos no contenciosos en que intervenga o autorice el notario, bien sea el original o copia. El contenido de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de toda clase. El contenido de las actas notariales debe referirse exclusivamente a hechos que por su índole peculiar no pueden calificarse de actos o contratos.”

[26] Vid. “Artículo 21. Acta notarial es el instrumento público que autoriza el notario, a requerimiento del interesado o por disposición de la ley, en el que se consignan los hechos y circunstancias que presencie o que ante él se declaren o le conste. Son aplicables a las actas notariales las disposiciones referentes a las escrituras matrices, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del acto o hecho que sea materia de las mismas. El notario debe hacer constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de las diligencias, el nombre, mayoría de edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de las personas que lo han requerido y la relación circunstanciada de los hechos. Las actas notariales deben autorizarse en el protocolo o fuera de él, en la forma legal correspondiente. Las que figuren en el protocolo se incluirán en el índice y de ellas se expedirán a los interesados cuantas copias soliciten ser libradas en legal forma, sin determinar su calidad de primeras, segundas o ulteriores copias. Los Notarios deben llevar un archivo de las copias de las actas que autoricen y que no figuren en el protocolo.”

[27] Vid. “Artículo 34. ACTAS NOTARIALES. Podrán ser objeto de actas notariales, los hechos o circunstancias que presencie el notario o que ante él se declare o le consten y sirvan para acreditar, tales como: a) Hechos o circunstancias; b) la existencia de personas; e) el cotejo de documentos; d) la notificación o requerimiento que haga constar el nombre del requirente y del destinatario, el contenido de la misiva y la forma en que la notificación fue efectuada; e) la existencia de documentos privados; f) las manifestaciones hechas en su presencia en las que el notario dará fe de lo que fue dicho y no de la veracidad del contenido de la manifestación; y, g) los protestos, cancelaciones de hipotecas y cualquier otro acto o circunstancia susceptible de ser objeto del conocimiento notarial. h) las citaciones y/o emplazamientos, notificaciones, requerimientos y otras diligencias judiciales, conforme al título séptimo del Reglamento para la tramitación de las citaciones y/o emplazamientos, notificaciones, requerimientos y otras diligencias judiciales emitido por la Corte Suprema de Justicia en sesión del pleno punto número II del acta No. 29 de fecha veintisiete de agosto del dos mil siete. La anterior lista no es limitativa sino simplemente a manera de ejemplo.”

[28] Cit. Ut supra.

[29] Ídem.

[30] Ídem.

[31] Vid. “Artículo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

[32] Vid. “Artículo 8. Garantías judiciales. … 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”

[33] Vid. “Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.”

[34] Vid. “Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. … 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.”

[35] Vid. “Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. … 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

[36] Vid. “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

[37] Vid. “Artículo 89. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”

[38] Cit. Ut supra.

[39] Cit. Ut supra.

[40] Cit. Ut supra.

[41] Cit. Ut supra.

[42] Cit. Ut supra.

[43] Vid. “Artículo 1. DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia. El órgano jurisdiccional velará por el cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos.”

[44] Vid. “Artículo 5. IGUALDAD. Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad de las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole.”

[45] Cit. Ut supra.

[46] Cit. Ut supra.

[47] Cit. Ut supra.

[48] Vid. “Artículo 74. CAUSAS DE NULIDAD. Las únicas causas de nulidad del laudo son las siguientes: … 4) Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos salvo el caso, contemplado en el artículo 62 párrafo quinto de esta ley.”

[49] Cit. Ut supra.

[50] Cit. Ut supra.

[51] Cit. Ut supra.

[52] Cit. Ut supra.

[53] Vid. “Artículo 20. RESERVA EN LA CONCILIACIÓN. La conciliación tendrá carácter confidencial, los que en ella participen deberán mantener la mayor prudencia y reserva; las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso eventual.”