Sentencia AC-853-19 — Registro 14678
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió un recurso de nulidad, Arbitral Del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa con relación a la demanda arbitral, conforme a la cláusula décimo tercera del contrato de ejecución de obra denominado mitigar/obras/02/2015 construcción de reforzamiento de instalación critica. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 82, 90 Y 321 e la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que es menester señalar que la Sala de lo Constitucional se limita a conocer la pretensión que el recurrente expone al momento de desarrollar el concepto de la violación en la cual no hace mención alguna a los cuatro supuestos de Nulidad, sino que nos limita a analizar la vulneración a un debido proceso y al derecho de defensa por el hecho de un supuesto nuevo término otorgado para contestar la demanda. Así las cosas, una revisión exhaustiva de los antecedentes revela que, en virtud de la renuncia del abogado OSMAN RICARDO CARRASCO SANTOS en su condición de tercer arbitro integrante del Tribunal Arbitral que conoce de la presente causa, se ordenó la suspensión del presente proceso arbitral, sin embargo durante estuvo en suspenso la causa, la secretaría de ese tribunal en vulneración a un debido proceso, dio traslado a la otra parte para que contestara la demanda, quien lo hizo de manera extemporánea, tal y como lo expone el recurrente en la interposición del amparo. Se observa que en fecha 19 de octubre del 2018 se llevó a cabo la audiencia de reinstalación del tribunal arbitral, ello con el nombramiento de un tercer árbitro y una vez instalado, se ordenó subsanar las actuaciones evacuadas durante la suspensión decretada, dejándolas sin valor y efecto por ser vulneradoras de un debido proceso y se ordenó el traslado a la otra parte para la contestación de la demanda. Se debe mencionar que no se trata de un nuevo término, como lo quiere dar a entender el recurrente, sino que, al dejarse sin valor y efecto las actuaciones durante el juicio estuvo suspendido, debe retrotraerse el procedimiento hasta donde estaba al momento de la renuncia del tercer árbitro, y al ser nombrado este, procede la continuación del proceso, como ha ocurrido en el caso de autos. Es precisamente la determinación de subsanación, la que reconduce el procedimiento a un debido proceso, es decir que la resolución señalada de vulneradora es precisamente la garante de la legalidad. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 82 de la Constitución de la República establece, que los habitantes de la República tiene libre acceso a los Tribunales para ejercer las acciones en la forma que señalan las leyes, de este modo, el ejercicio efectivo de ese derecho fundamental, en orden a la impugnación del laudo arbitral, encuentra un cauce exclusivo a través del recurso de nulidad, cuyas causales se encuentran taxativamente enumeradas, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y el hecho de haber sido declaradas sin lugar, no es contentivo de las vulneraciones alegadas.”
Legislación citada
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JACOBO FONSECA GUZMAN a favor del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de nulidad, interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE COCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda arbitral, conforme a la cláusula décimo tercera del contrato de ejecución de obra denominado mitigar/obras/02/2015 construcción de reforzamiento de instalación critica para el Instituto De Jesús Núñez Chinchilla del Municipio de Copan Ruinas, departamento de Copan, promovida por el señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO contra el Señor LISANDRO ROSALES BANEGAS en su condición de representante de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO). Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentadas están contenidas en los artículos 82, 90 Y 321 e la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Abogado JACOBO JOSE FONSECA GUZMAN, en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, promoviendo DEMANDA VIA PROCESO ARBITRAL CONFORME A LA CLAUSULA DECIMO TERCERA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADO MITIGAR/OBRAS/02/2015 CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO DE INSTALCION CRITICA PARA EL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, PROCESO No CP-MITIGAR –OBRAS-08-2015, en contra LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS. 2) Que en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Abogado JOSE FRANCISCO CRUZ VARGAS, actuando en su condición de apoderado legal de LA COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS (COPECO), contestando la referida demanda. 3) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, emitió Laudo Arbitral mediante el cual resolvió: Declarando sin lugar la demanda presentada ingeniero MARIO ALBERTO GRACIA VALLEJO, mayor de edad, hondureño casado, con tarjeta de identidad 0801-1956-03803, representado por el Ahogado JACOBO JOSE FONSECA GUZMAN en contra del Estado de Honduras a través de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO) representada por el Abogado JOSE FRANCISCO CRUZ VARGAS, mayor de edad, soltero, auxiliar jurídico de COPECO. SIN LUGAR La procedencia del pago de la estimación denominada número seis (6) por la cantidad de Ciento Doce Mil Ochocientos Treinta Lempiras con siete centavos (L. 112,830.07); SIN LUGAR La procedencia del reintegro de multa no imputable a la parte demandante, más la cantidad de Cuarenta y uno mil doscientos noventa y seis lempiras con ochenta y siete centavos (41,296,87); SIN LUGAR La procedencia del pago de Daños y Perjuicios por la cantidad de Trecientos veintinueve mil ochocientos setenta y siete lempiras con ochenta y nueve centavos (L.329,877.89); SIN LUGAR La procedencia del pago de Costas Procesales del Proceso Arbitral, Por la cantidad de Diez mil quinientos Lempiras (10,500.00). ABSOLVIENDO EN COSTAS A LAS PARTES por existir motivos racionales para demandar. Y MANDA…” (Folios 905 al 925 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que conociendo de un recurso de nulidad presentado por el Abogado JACOBO JOSE FONSECA GUZMAN, actuando en su condición de Apoderado Legal a favor del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, contra el Laudo Arbitral dictado en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, del que se hace referencia en numeral que precede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual por unanimidad de votos, falla: PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Abogado JACOBO JOSE FONSECA GUZMAN, apoderada legal del Ingeniero MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, contra el laudo arbitral del 18 de marzo de 2019.- SEGUNDO: Desestimando las causales de nulidad alegadas, por el recurrente: A) Nulidad absoluta del convenio arbitral proveniente del objeto o causa ilícita.- B) Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa solo podrá invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.- C) Haberse fallado en equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.- D) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.- TERCERO: confirmando el Laudo arbitral recurrido.- CUARTO: Con costas al recurrente, en este recurso. (Folios 37 al 46 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) Que el Abogado JACOBO FONSECA GUZMAN, compareció ante este Tribunal en fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo favor del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en 82, 90 Y 321 e la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
- Que en auto de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, la Sala de lo Constitucional determinó que el día trece de febrero de dos mil veinte, venció el término de 48 horas para formalizar la acción, por lo que se declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito. 7) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque SE DENIEGUE la presente acción de Amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que el génesis de este recurso inicia el veinte de julio de dos mil dieciocho, cuando el Abogado JACOBO JOSE FONSECA GUZMAN, en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, promoviendo demanda vía proceso arbitral conforme a la cláusula décimo tercera del contrato de ejecución de obra denominado MITIGAR/OBRAS/02/2015 CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO DE INSTALCION CRITICA PARA EL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA, en el Municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan, proceso No CP-MITIGAR –OBRAS-08-2015, contra LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS. CONSIDERANDO (3): Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, emitió Laudo Arbitral Declarando: 1.- Sin lugar la demanda presentada ingeniero MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, en contra del Estado de Honduras a través de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO) representada por el Abogado JOSE FRANCISCO CRUZ VARGAS. 2.- Declaró SIN LUGAR la procedencia del pago de la estimación denominada número seis (6) por la cantidad de Ciento Doce Mil Ochocientos Treinta Lempiras con siete centavos (L. 112,830.07); 3.- SIN LUGAR la procedencia del reintegro de multa no imputable a la parte demandante, más la cantidad de Cuarenta y uno mil doscientos noventa y seis lempiras con ochenta y siete centavos (41,296,87); 4.- SIN LUGAR La procedencia del pago de Daños y Perjuicios por la cantidad de Trecientos veintinueve mil ochocientos setenta y siete lempiras con ochenta y nueve centavos (L.329,877.89); 4.- SIN LUGAR la procedencia del pago de Costas Procesales del Proceso Arbitral, Por la cantidad de Diez mil quinientos Lempiras (10,500.00). ABSOLVIENDO EN COSTAS A LAS PARTES por existir motivos racionales para demandar.” CONSIDERANDO (4): No conforme con la decisión antes apuntada, el hoy recurrente interpuso recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de francisco Morazán, argumentando cuatro causales: A) Nulidad absoluta del convenio arbitral proveniente del objeto o causa ilícita.- B) Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa solo podrá invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.- C) Haberse fallado en equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.- D) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.- CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo ha sido interpuesto por el Abogado JACOBO FONSECA GUZMAN a favor del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO. Mediante este recurso se impugna la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de nulidad, interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE COCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda arbitral, que conforme a la cláusula décimo tercera del contrato de ejecución de obra denominada MITIGAR/OBRAS/02/2015 CONSTRUCCIÓN DE REFORZAMIENTO DE INSTALACIÓN CRITICA PARA EL INSTITUTO DE. JESÚS NÚÑEZ CHINCHILLA del Municipio de Copan Ruinas, departamento de Copan, promovió el señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO contra el Señor LISANDRO ROSALES BANEGAS en su condición de representante de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO). CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, condensa el desarrollo puntual de la supuesta vulneración al derecho de defensa y debido proceso, de la manera siguiente: “…En el caso sometido a vuestra ratio decidendi, honorables magistrados, de la lectura de la foliada arbitral se desprende que, tal como se ha dejado establecido anteriormente, el Tribunal Arbitral celebró en fecha 19 de octubre del 2018 audiencia de REINSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL puesto que la renuncia del abogado OSMAN RICARDO CARRASCO SANTOS fue admitida y ordenándose la suspensión temporal del proceso arbitral contenida en el expediente 6-A-2018. Honorables Magistrados de esta altísima Sala, la naturaleza de dicha audiencia está contenida en el artículo 61 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje ya que esta se desarrolla en los mismos términos de la audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, con el único punto en este caso de nombrar, juramentar y dar a conocer a las partes procesales quien será el (la) profesional del derecho que fungirá como tercer arbitro integrante del Tribunal Arbitral que conocería la presente causa. No obstante la directora del Centro de Conciliación y Arbitraje quien fungió como secretaria Ad hoc en dicha audiencia la cual dicha acta corre agregado a folio 660 al 661 del expediente de mérito establece que la parte demandada presento la contestación de la demanda de forma extemporánea en virtud que la misma se presentó en fecha lunes 15 de octubre del 2018, y como plazo máximo la parte demandada tenía hasta el viernes 12 de octubre del 2018 para contestar la demanda, sin embargo el tribunal arbitral en pleno abuso de sus atribuciones y facultades resolvió otorgar un NUEVO PLAZO a la parte demandada para que esta contestase la demanda, aduciendo el Tribunal Arbitral no dejar en indefensión a la parte demandada y atropellando por una parte el derecho al debido proceso de la parte demandante, puesto que este proceso arbitral es regido conforme a derecho y motivando esta decisión el Tribunal Arbitral en el artículo 56 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje este nuevo plazo comenzó a computarse al día siguiente de dicha audiencia. Honorables Magistrados, al hacer un estudio riguroso de dicha norma bajo ningún contexto u óptica se puede arribar que dicho precepto normativo le otorga la facultad al Tribunal Arbitral de conceder un nuevo plazo, lejos de ello lo único que establece es que el tiempo en el cual se tramite la sustitución de un árbitro no se tendrá en cuenta…”. Es decir, que las cuatro causales de nulidad interpuestas están fundadas en el mismo hecho expuesto en el considerando anterior. CONSIDERANDO (7): Que es menester señalar que la Sala de lo Constitucional se limita a conocer la pretensión que el recurrente expone al momento de desarrollar el concepto de la violación en la cual no hace mención alguna a los cuatro supuestos de Nulidad, sino que nos limita a analizar la vulneración a un debido proceso y al derecho de defensa por el hecho de un supuesto nuevo término otorgado para contestar la demanda. Así las cosas, una revisión exhaustiva de los antecedentes revela que, en virtud de la renuncia del abogado OSMAN RICARDO CARRASCO SANTOS en su condición de tercer arbitro integrante del Tribunal Arbitral que conoce de la presente causa, se ordenó la suspensión del presente proceso arbitral, sin embargo durante estuvo en suspenso la causa, la secretaría de ese tribunal en vulneración a un debido proceso, dio traslado a la otra parte para que contestara la demanda, quien lo hizo de manera extemporánea, tal y como lo expone el recurrente en la interposición del amparo. Se observa que en fecha 19 de octubre del 2018 se llevó a cabo la audiencia de reinstalación del tribunal arbitral, ello con el nombramiento de un tercer árbitro y una vez instalado, se ordenó subsanar las actuaciones evacuadas durante la suspensión decretada, dejándolas sin valor y efecto por ser vulneradoras de un debido proceso y se ordenó el traslado a la otra parte para la contestación de la demanda. Se debe mencionar que no se trata de un nuevo término, como lo quiere dar a entender el recurrente, sino que, al dejarse sin valor y efecto las actuaciones durante el juicio estuvo suspendido, debe retrotraerse el procedimiento hasta donde estaba al momento de la renuncia del tercer arbitro, y al ser nombrado este, procede la continuación del proceso, como ha ocurrido en el caso de autos. Es precisamente la determinación de subsanación, la que reconduce el procedimiento a un debido proceso, es decir que la resolución señalada de vulneradora es precisamente la garante de la legalidad. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 82 de la Constitución de la República establece, que los habitantes de la República tiene libre acceso a los Tribunales para ejercer las acciones en la forma que señalan las leyes, de este modo, el ejercicio efectivo de ese derecho fundamental, en orden a la impugnación del laudo arbitral, encuentra un cauce exclusivo a través del recurso de nulidad, cuyas causales se encuentran taxativamente enumeradas, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y el hecho de haber sido declaradas sin lugar, no es contentivo de las vulneraciones alegadas. CONSIDERANDO (9): Que de este modo, podemos afirmar, que el Tribunal Arbitral que dictó el laudo impugnado estuvo conformado por Profesionales del Derecho especializados, y que en el fallo se hace referencia a la aplicación de normas jurídicas congruentes, externando un razonamiento lógico y apegado a derecho, y por lo tanto con sujeción a las reglas mínimas que el ordenamiento jurídico establece para determinar la carga de la prueba, de ahí que por tal razón podemos constatar inefectivas las cuatro causales de nulidad, prevista en el artículo 74 No. 1) de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO (10): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) de la Constitución de la República, 34, 76 No. 4) de la Ley de Conciliación y Arbitraje, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JACOBO FONSECA GUZMAN a favor del señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de nulidad, interpuesto contra el laudo arbitral dictado por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE COCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda arbitral, conforme a la cláusula décimo tercera del contrato de ejecución de obra denominado mitigar/obras/02/2015 construcción de reforzamiento de instalación critica para el Instituto De Jesús Núñez Chinchilla del Municipio de Copan Ruinas, departamento de Copan, promovida por el señor MARIO ALBERTO GARCIA VALLEJO contra el Señor LISANDRO ROSALES BANEGAS en su condición de representante de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO), Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0853-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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