Sentencia AC-833-21 — Registro 14695
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso presentado por con relación a la demanda de ejecución hipotecaria. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90, 304, 305, 321, 323, 324 y 325 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), en vista que en la presente Ejecución Hipotecaria, la parte ejecutada puede hacer valer los presentes argumentos, mediante oposición a la ejecución, ya que no se ha realizado convocatoria a subasta, tal y como lo establece el artículo 899.2 y 900.1 del Código Procesal Civil, o en su caso realizar oposición diferida de la manera señalada en el artículo 901 del mismo cuerpo legal, llevándonos a la convicción que en el presente juicio tiene pendiente de realizar acciones legales; razón está que llevo a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán a determinar muy acertadamente el sobreseimiento de esta acción por existir causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo de confirmarse la sentencia definitiva venida en consulta.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 899, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 900, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), que sobreseyó el recurso presentado por el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V., contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90, 304, 305, 321, 323, 324 y 325 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALEXIS FRANCISCO TORRES ORTEGA, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), solicitando la ejecución directa de un bien inmueble dado en garantía hipotecaria por la parte ejecutada la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V., en su condición de deudora principal y garante hipotecario, quien adeuda la cantidad de ocho millones cincuenta y un mil quinientos diez lempiras con 61/100 (L. 8,051, 510.61), cantidad que incluye capital adeudado mas intereses acumulados hasta el 04 de septiembre de 2019, más los intereses futuros y las costas del presente juicio por préstamo otorgado. (Folios 01–55 de la pieza principal del A-Quo). 2) Que siguiendo el trámite de Ley correspondiente, en fecha seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado en auto motivado sobre incidente de nulidad Resolvió: (SIC) “UNICO: Declárese SIN LUGAR el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido por el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V., pues es del criterio de esta juzgadora que las razones expuestas por el apoderado de la sociedad mercantil ejecutada no constituyen vicios de nulidad ya que con la demanda de ejecución hipotecaria registrada con el No.0801-2019-06200 CPEH se presento el testimonio de escritura pública No.15 de fecha 08 de mayo del 2013 que es en este caso el titulo de ejecución y donde consta la obligación existente entre la sociedad demandada para con la institución demandante y la Certificación del Contador de la Institución ejecutante. Aunado a esto fue traído al proceso dos órdenes de desembolso y una certificación del contador de banco FICOHSA de fecha nueve de marzo del año dos mil veintiuno donde se establece las obligaciones vencidas que mantiene la ejecutada INTERNATIONAL BUSINEES S.A. DE C.V., para con la Institución ejecutante. En consecuencia, sígase adelante con la ejecución del juicio principal NOTIFIQUESE.” (Folios 48-49 de la Pieza del A-Quo). 3) Que en fecha veintisiete (28) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V., interponiendo recurso de amparo contra resolución proferida en auto motivado sobre incidente de nulidad de fecha seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 01–11 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintinueve (29) de julio del dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC) “UNICO: SOBRESEER la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha seis (6) de abril del año dos mil veintiuno (2021).” (Folio 83–84 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha once (11) de agosto del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, a favor de la Sociedad Mercantil International Business S.A. DE C.V., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha seis (6) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha decisión es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista que lo resuelto por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha seis (6) de abril del año dos mil veintiuno (2021), prescinde del trámite legal correspondiente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), en vista que en la presente Ejecución Hipotecaria, la parte ejecutada puede hacer valer los presentes argumentos, mediante oposición a la ejecución, ya que no se ha realizado convocatoria a subasta, tal y como lo establece el artículo 899.2 y 900.1 del Código Procesal Civil, o en su caso realizar oposición diferida de la manera señalada en el artículo 901 del mismo cuerpo legal, llevándonos a la convicción que en el presente juicio tiene pendiente de realizar acciones legales; razón está que llevo a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán a determinar muy acertadamente el sobreseimiento de esta acción por existir causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo de confirmarse la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe darse un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones señaladas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021) que sobresee el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RICARDO ASDRUBAL VALERIO VALLADARES, a favor de la Sociedad Mercantil International Business S.A. DE C.V., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha seis (6) de abril del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra la Sociedad Mercantil INTERNATIONAL BUSINESS S.A. DE C.V. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 8), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 899, 900 y 901 del Código Procesal Civil; FALLA:CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0833-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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