Sentencia AC-801-21 — Registro 15215
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que sobreseyó el recurso de amparo contra la resolución con relación a la demanda de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios, Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que la decisión en el recurso de amparo venido en consulta, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil, San Pedro Sula, Cortes, en el cual dictó sentencia mediante la cual falló el sobreseimiento de dicha acción, fundamentando la motivación de su fallo en lo siguiente: “SEGUNDO: Que del análisis del informe rendido por la Juez de instancia, así como las fotocopias del expediente que están agregadas a la presente acción de amparo se observa lo siguiente: 1) Que el Amparista cuestiona que la resolución dictada en audiencia probatoria en donde la señora Juez resolvió evacuar el medio probatorio interrogatorio de parte en el domicilio del Abogado RODIL RIVERA RODIL, en virtud de haberse acreditado con la certificación medica correspondiente que este no puede comparecer al Juzgado a rendir el interrogatorio de parte, en virtud de ser una persona vulnerable con 82 años de edad y que ha sido intervenido quirúrgicamente del corazón en fechas anteriores, es decir, que se ha acreditado la no comparecencia alegada pues hay justa causa para ello, de acuerdo al fundamento aplicado por la señora Juez, el articulo 256#2 del Código Procesal Civil, a lo que el Amparista se opone rotundamente alegando violación al derecho de legalidad y al debido proceso. Así las cosas esta corte considera que la resolución dictada en audiencia probatoria no trasgrede las garantías constitucionales de legalidad y del debido proceso, observándose que lo alegado por el Amparista son asuntos de mera legalidad y además tiene recursos pendientes. TERCERO: Este Tribunal observa que lo que alega el recurrente son cuestiones de mera legalidad propias del Juzgado de instancia. Por lo que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido. Que el recurso de amparo en los ámbitos mencionados por el amparista procede cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder, que en el presente caso no existe violación a los derechos fundamentales constitucionales de debido proceso que menciona el recurrente. Que el debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 03 del código procesal civil, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub judice, el recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso establecido dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda ampararse una situación de violación al debido proceso debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos, 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo, Requisitos estos que no se cumplen en la violación manifestada por el amparista.- En consecuencia esta Corte considera que la resolución censurada no es violatoria de las garantías Constitucionales invocadas por el amparista, por lo que el presente recurso de amparo, debe sobreseerse por ser alegaciones de mera legalidad y tener recursos pendientes conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 numerales 1 Y 7.””
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Humberto Domínguez Aguiluz, a favor de los señores Manuel García Pineda, Mariano Solorzano, Bairon Yamil Rápalo Paredes y Juan Antonio Erazo Sánchez, contra la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de reivindicación de dominio e indemnización de daños y perjuicios promovida por los señores Manuel García Pineda, Mariano Solorzano, Bairon Yamil Rápalo Paredes y Juan Antonio Erazo Sánchez, contra las sociedades mercantiles CARGIL DE HONDURAS S. DE R.L. y LOTIFICADORA INDUSTRIAL DOS CAMINOS S.A. DE C.V. (LIDOSCA). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha dos de junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Humberto Domínguez Aguiluz, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Manuel García Pineda, Mariano Solorzano, Bairon Yamil Rápalo Paredes y Juan Antonio Erazo Sánchez, contra la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, considerando que dicha decisión le vulnera a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 64, 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del antecedente) 2) Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de amparo impetrado, por unanimidad de votos falló: “…SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el abogado HUMBERTO DOMÍNGUEZ AGUILUZ, a favor de los señores MANUEL GARCÍA PINEDA, MARIANO SOLORZANO, BAIRON YAMIL RÁPALO PAREDES Y JUAN ANTONIO ERAZO SÁNCHEZ.-Contra la resolución de fecha 28 de abril del año 2021, dictada por el Juzgado de Letras Civil, de San Pedro Sula, Cortés…” (Folios 22-23 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, ha analizado Siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el fallo de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de amparo impetrado, en el que falló por unanimidad de votos: “…SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el abogado HUMBERTO DOMÍNGUEZ AGUILUZ, a favor de los señores MANUEL GARCÍA PINEDA, MARIANO SOLORZANO, BAIRON YAMIL RÁPALO PAREDES Y JUAN ANTONIO ERAZO SÁNCHEZ.- Contra la resolución de fecha 28 de abril del año 2021, dictada por el Juzgado de Letras Civil, de San Pedro Sula, Cortés…” el que consta a Folios 22-23 vuelto del antecedente. CONSIDERANDO (4): Que la decisión en el recurso de amparo venido en consulta, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil, San Pedro Sula, Cortes, en el cual dictó sentencia mediante la cual falló el sobreseimiento de dicha acción, fundamentando la motivación de su fallo en lo siguiente: “SEGUNDO: Que del análisis del informe rendido por la Juez de instancia, así como las fotocopias del expediente que están agregadas a la presente acción de amparo se observa lo siguiente: 1) Que el Amparista cuestiona que la resolución dictada en audiencia probatoria en donde la señora Juez resolvió evacuar el medio probatorio interrogatorio de parte en el domicilio del Abogado RODIL RIVERA RODIL, en virtud de haberse acreditado con la certificación medica correspondiente que este no puede comparecer al Juzgado a rendir el interrogatorio de parte, en virtud de ser una persona vulnerable con 82 años de edad y que ha sido intervenido quirúrgicamente del corazón en fechas anteriores, es decir, que se ha acreditado la no comparecencia alegada pues hay justa causa para ello, de acuerdo al fundamento aplicado por la señora Juez, el articulo 256#2 del Código Procesal Civil, a lo que el Amparista se opone rotundamente alegando violación al derecho de legalidad y al debido proceso. Así las cosas esta corte considera que la resolución dictada en audiencia probatoria no trasgrede las garantías constitucionales de legalidad y del debido proceso, observándose que lo alegado por el Amparista son asuntos de mera legalidad y además tiene recursos pendientes. TERCERO: Este Tribunal observa que lo que alega el recurrente son cuestiones de mera legalidad propias del Juzgado de instancia. Por lo que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido. Que el recurso de amparo en los ámbitos mencionados por el amparista procede cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder, que en el presente caso no existe violación a los derechos fundamentales constitucionales de debido proceso que menciona el recurrente. Que el debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 03 del código procesal civil, garantía constitucional que al estar conformada por un número indefinido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub judice, el recurrente lo ha relacionado con violación al debido proceso establecido dentro de nuestro marco constitucional. Que para que pueda ampararse una situación de violación al debido proceso debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos, 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo, Requisitos estos que no se cumplen en la violación manifestada por el amparista.- En consecuencia esta Corte considera que la resolución censurada no es violatoria de las garantías Constitucionales invocadas por el amparista, por lo que el presente recurso de amparo, debe sobreseerse por ser alegaciones de mera legalidad y tener recursos pendientes conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 numerales 1 Y 7.” CONSIDERANDO(5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir en el SOBRESEIMIENTO de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, por lo que SE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO de la acción de Amparo, venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 90, 303, 304, de la Constitucion de la Republica; 256.2 del Codigo Procesal Civil.- 1, 41, 42, 46.1.7 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta que SOBRESEE la acción de amparo presentada por el Abogado HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ, a favor de MANUEL GARCIA PINEDA, MARIANO SOLORZANO, BAIRON YAMIL RAPALO PAREDES y JUAN ANTONIO ERAZO SANCHEZ, contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil, de San Pedro Sula, Cortes, que conoció mediante Acción de amparo la Corte de Apelaciones de lo Civil, San Pedro Sula, Cortes.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-801-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL