Sentencia AC-790-22 — Registro 17660
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que Sobreseyó amparo contra el auto emitido por el a-quo, el cual resuelve desestimando el incidente de declinatoria, con relación a la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios promovida, En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el carácter protector de la garantía de amparo, frente al ejercicio del poder público, se concreta en el deber de la judicatura de respetar las formalidades, derechos y garantías previstas en las leyes. Para la Sala de lo Constitucional, la sentencia que se consulta, descarta los argumentos que sustentan la acción constitucional del garantista, por considerarlos no congruentes a las reglas de competencia objetiva, funcional y territorial establecidas en los artículos 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil (CPC), definidas claramente cada una de ellas por el Juzgado A Quo como competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial, concurrentes todas al conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción garante, cuya sentencia es venida en consulta;[1] no obstante, lo cual, consideran tal acción de amparo incursa en alegaciones de mera legalidad y de mera dilación del proceso. Para la Sala de lo Constitucional, al constarse que la motivación de la sentencia consultada da respuesta fundada en derecho a la cuestión jurídica promovida en sede de amparo; procedería, más bien, la confirmación de los contenidos motivacionales que fundan la sentencia, reformando únicamente, en sentido denegatorio, el resolutivo vertido por el garantista; en virtud de satisfacerse el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que reclama la representación procesal, de la persona jurídica compareciente como amparista..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022) que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S de R.L, contra el auto emitido por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022), el cual resuelve desestimando el incidente de declinatoria interpuesto por su representada, con relación a la Demanda Ordinaria de indemnización de Daños y Perjuicios promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS S. de R.L.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han infringido los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, inter alia. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S. de R.L, con relación a la Demanda Ordinaria de indemnización de Danos y Perjuicios promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS S. de R.L., contra el auto emitido por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022) que resuelve desestimando el incidente de declinatoria interpuesto por su representada, y decidiendo mantener la competencia territorial sobre el conocimiento de la demanda ordinaria ya referida; pese a existir sumisión expresa a órgano jurisdiccional distinto, en distinto Estado, mismo que abarcaría a las partes de este Juicio. (Folio 01 al 09 de la pieza de los antecedentes)2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, emitió su fallo en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), mediante el cual: FALLA: “SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS S de R.L., contra la resolución de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés …”; al considerar la jurisdicción garante, la nacionalidad hondureña de las personas jurídicas: EDITORIAL HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS S de R.L., quienes están sujetas, domiciliadas y gobernadas por la Constitución de la República de Honduras y las Leyes hondureñas, por lo que deben estar sometidas a la jurisdicción de los tribunales del país a que pertenecen, al tenor de los artículos 28, 29, 32 y 34 del CPC, definidas claramente cada una de ellas por el Juzgado A Quo como competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial; razones concurrentes todas al conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción, las cuales le asisten al órgano jurisdiccional competente para desestimar la falta de jurisdicción y competencia opuesta mediante declinatoria, que es objeto de la presente acción de amparo. (Folio 70 al 71 de la pieza de Corte de apelaciones) 3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que, vista la sentencia venida en consulta, motiva la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), su resolutivo de sobreseimiento de la acción de amparo civil promovida por que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S de R.L, contra el auto emitido por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022), el cual resuelve desestimando el incidente de declinatoria interpuesto por su representada, con relación a la Demanda Ordinaria de indemnización de Daños y Perjuicios promovida en su contra; al incurrir la acción de amparo en alegación de cuestiones de mera legalidad, que buscan dilatar el proceso, al tenor del artículo 46 numerales 1) y 9) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Justifica la sentencia que se conoce en consulta, porque no se consideraría tal reclamo objeto legítimo de cognoscibilidad, por parte de la jurisdicción constitucional y porque resultaría improcedente el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo; mediante las argumentaciones procesales que obran resumidas en el Antecedente número 2) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que el carácter protector de la garantía de amparo, frente al ejercicio del poder público, se concreta en el deber de la judicatura de respetar las formalidades, derechos y garantías previstas en las leyes. Para la Sala de lo Constitucional, la sentencia que se consulta, descarta los argumentos que sustentan la acción constitucional del garantista, por considerarlos no congruentes a las reglas de competencia objetiva, funcional y territorial establecidas en los artículos 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil (CPC), definidas claramente cada una de ellas por el Juzgado A Quo como competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial, concurrentes todas al conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción garante, cuya sentencia es venida en consulta;[1] no obstante, lo cual, consideran tal acción de amparo incursa en alegaciones de mera legalidad y de mera dilación del proceso. Para la Sala de lo Constitucional, al constarse que la motivación de la sentencia consultada da respuesta fundada en derecho a la cuestión jurídica promovida en sede de amparo; procedería, más bien, la confirmación de los contenidos motivacionales que fundan la sentencia, reformando únicamente, en sentido denegatorio, el resolutivo vertido por el garantista; en virtud de satisfacerse el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que reclama la representación procesal, de la persona jurídica compareciente como amparista. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022) que Sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S de R.L., contra el auto emitido por el Juzgado del Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022), venida en consulta, en el único sentido se declare denegada la acción de amparo formulada en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022), por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S. de R.L, ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S. DE R. L., contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), por medio de la cual se falla Reformando la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANDREA MICHELLE TERCERO IRIAS, a favor de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICE HONDURAS S. DE R.L., contra el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022), conociendo en trámite de consulta obligatoria, en el sentido de declarar denegada la acción de amparo formulada en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO (1): Que el último párrafo del artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone: “En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este Artículo, las sentencias que emitan en su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno”, en relación al trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por los Jueces de Letras Departamentales o seccionales y las Cortes de Apelaciones; no obstante a ello, el párrafo final del artículo 120 de la Ley en comento, establece que contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que el peticionario de recurso de reposición, se personó en la secretaría de este Alto Tribunal en fecha treinta de enero del presente año dos mil veintitrés, interponiendo el referido recurso, contra una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional, conociendo en trámite de consulta, la sentencia de Amparo dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022); en relación al derecho que tiene toda persona del acceso a los recursos, en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenios Internacionales de protección de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la referida Convención. Asimismo, el Tribunal[2] ha precisado que la protección judicial supone, “en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”. De esta manera, al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido que “la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aun a la posibilidad de recurrir [ante estos]”. Es decir que, “además la existencia formal de los recursos, éstos de [ben dar] resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes”. Consecuentemente, el sentido de la protección otorgada por el articulo 25 “es la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine se ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado el goce de su derecho a repararlo”. Así, no basta con que los recursos estén previstos por la Constitución o la ley o con que sean formalmente admisibles, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del artículo 25.[3] CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que si las partes han decidido someter sus controversias a un determinado órgano jurisdiccional, no pueden ignorar tal acuerdo a su conveniencia y presentar acciones ante un ente distinto y mucho menos que este ente (revestido del principio de iura novit curia) se declare competente e insista en su competencia, teniendo a vista la convención, que es ley entre las partes. Destaca asimismo el peticionario que su representada ha recibido un abanico de respuestas en las distintas instancias a las que ha acudido y ninguna consecuente entre sí. Desde que un Bill of Landing (frente del documento) puede transmitirse por endoso, pero el contrato de fletamento (reverso del documento) no, aun cuando entre uno y otro se vinculan dentro de sus propios términos; hasta que, por el hecho de reunir las características necesarias para conocer la controversia, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San pedro Sula, es competente. Si bien las partes en conflicto son de nacionalidad hondureña, estamos ante una compraventa internacional de mercaderías. En relación a la sentencia emitida por este Alto Tribunal conociendo en consulta la sentencia de Amparo decidida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, el recurrente arguye que la denegatoria de la Acción de Amparo infringe distintas aristas y elementos del derecho constitucional del debido proceso contra su representada y procede a referir los argumentos esgrimidos en el escrito de formalización de la Acción de Amparo, indicando que antes de determinar los fueros generales aplicables, se debe tomar en cuenta que Editorial Honduras y Chiquita adquirieron derechos y obligaciones en el Bill of landing y el Contrato de Transporte que este refleja, renunciando al fuero legal que la norma procesal general sobre competencia les concede y conviniendo una sumisión expresa a los tribunales de determinado territorio, de acuerdo con el artículo 39 del CPC. Sostiene y refiriéndose al Bill of Landing que la valoración de la prueba no es adecuada, señalando las partes que conforman el referido documento. CONSIDERANDO (4): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto, si bien lo dispuesto en el artículo 68 in fine, de la Ley sobre Justicia Constitucional, veda el derecho a recurrir sobre los supuestos ahí enunciados, el artículo 120 de la referida ley concede el derecho a poder entablar un recurso de reposición, tal el caso que el recurrente no ha tenido la posibilidad de hacer uso del referido recurso ante la autoridad que decidió sobre el recurso de Amparo promovido en fecha dieciocho de abril del año dos mil veintidós. CONSIDERANDO (5): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[4]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[5]CONSIDERANDO (6): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo en relación a la Acción de Amparo promovida y venida en trámite de consulta obligatoria ante este Tribunal Constitucional; el recurrente se enfoca nuevamente, como lo hizo en el recurso de Amparo promovido en el documento denominado Bill of Landing o Conocimiento de Embarque; lo cierto es que este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el considerando 3, que la sentencia que se consulta, descarta los argumentos que sustentan la acción constitucional del garantista, por considerarlos no congruentes a las reglas de competencia objetiva, funcional y territorial establecidas en los artículos 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil, definidas claramente cada una de ellas por el Juzgado A-quo, concurrentes todas al conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción garante, cuya sentencia es venida en consulta, no obstante tal acción de amparo incursa en alegaciones de mera legalidad, para la Sala de lo Constitucional, al constarse que la motivación de la sentencia consultada da respuesta fundada en derecho a la cuestión jurídica promovida en sede de Amparo, procedería la confirmación de los contenidos motivacionales que fundan la sentencia; por ello es que este Alto Tribunal procede a reformar la sentencia de Amparo venida en consulta, en el orden de denegar en la parte resolutiva de la sentencia vertida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los argumentos de vulneración de derechos expuestos por el garantista. CONSIDERANDO (8): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para reformar la sentencia venida en consulta y con ello se explican los motivos legales que conllevan al dictado de una resolución denegatoria de las pretensiones expuestas en la acción constitucional en referencia. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado IVÁN ANTONIO FLORES HÉRCULES, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas quince de diciembre de dos mil veintidós y resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0790-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Resultando esclarecedor, además de concurrente a las razones esgrimidas, el contenido prescriptivo del artículo 38.2 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: “La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a juzgados con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trata”.
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe (Editores) . FUNDACIÓN KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Impreso en Guatemala por Magna Terra Editores en diciembre de 2014. Artículo 25. Protección Judicial, Juana Maria Ibáñez Rivas, pág. 612.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.