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Sentencia AC-759-22 — Registro 17659

Resumen

Acto recurrido que denego amparo contra la sentencia definitiva del a-quo, en relacion a la demanda de pago vía proceso monitorio promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a denegar el recurso de amparo promovido, al constatarse que la sentencia recurrida en amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada, haciendo prevalecer con ello el deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, observando las normas esenciales del procedimiento, ello al tenor de lo establecido en los Artículos 3 que desarrolla el debido proceso, en relación con los preceptos 193.2.b), 199 y 212.4 del Código Procesal Civil..." ..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, a favor de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que conociendo en segunda instancia, falla declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, con relación a la demanda de pago vía proceso monitorio, promovida por la Abogada Antonieta Vasquez Gonzales, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra los Señores MARIA VICTORIA ZELAYA, en su condición de deudora principal y NAHUM ALCIDES LANZA SORTO, en su condición de aval solidario. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero de la Constitución de la República, concordante con el artículo 3 del Código Procesal Civil. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (02) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, en su condición Apodera Procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, promoviendo demanda de pago vía proceso monitorio, contra los Señores MARIA VICTORIA ZELAYA, en su condición de deudora principal y NAHUM ALCIDES LANZA SORTO, en su condición de aval solidario. (Folios del 1–7 de la pieza de antecedentes del A-Quo). 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la presente DEMANDA DE PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO, TRANSFORMADA POR LA OPOSICION AL PROCESO MONITORIO, promovida por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALEZ, en su condición de Representante procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, en contra de los señores MARIA VICTORIA ZELAYA, en su condición de deudora principal y NAHUN ALCIDES LANZA SORTO, en su condición de aval solidario.- SEGUNDO: ABSOLVIENDO a los señores MARIA VICTORIA ZELAYA, en su condición de deudora principal y NAHUN ALCIDES LANZA SORTO, en su condición de aval solidario, al pago de la cantidad de SETENTA Y DOS DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L.72,223.62), en concepto de capital adeudado, mas los intereses y costas del presente juicio.- TERCERO: SIN Costas en esta instancia.- CUARTO: La presente sentencia es recurrible vía recurso de Apelación, el cual deberá interponerse por escrito ante este Juzgado en el plazo máximo de diez (10) días siguientes a la notificación. En el mismo escrito el apelante deberá expresar los agravios que la resolución le cause.- QUINTO: Que se notifique el presente fallo, a las partes intervinientes en el presente juicio, tal como lo estipula la ley.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley, no se interpone Recurso alguno en su contra, quede firme el presente fallo.- NOTIFIQUESE…” (Folios del 71-78 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la Abogada Antonieta Vasquez Gonzales, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra la sentencia relacionada en el acápite que antecede, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA de fecha veintitrés (23) de junio del dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, en relación a la DEMANDA VIA PROCESO MONITORIO promovida por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra los señores MARIA VICTORIA ZELAYA y NAHUM ALCIDES LANZA SORTO, como parte demandada.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA…” (Folios del 14-25 de la pieza de antecedentes del Ad-quem). 4) Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022), la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo contra la sentencia de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria a los derechos de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1-6fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), emitió sentencia en la cual Falló: (Sic) “UNICO: DENEGAR la garantía de amparo interpuesta por la Abogada Antonieta Vasquez Gonzales, en su condición de representante procesal de la Cooperativa Mixta San Isidro Limitada, contra la sentencia dictado en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente 0801-2021-05654-CPAP actuando como órgano de apelación. Y MANDA: Que se notifique este fallo, que se eleve a trámite de consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad se devuelva certificación del fallo, al Juzgado de su procedencia, para su debido cumplimiento. NOTIFIQUESE…” (Folios del 66–69 de la pieza de antecedentes de Amparo). 6) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, contra la sentencia de fecha cuatro (4) de noviembre, del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda de pago vía proceso monitorio, promovida por la Abogada Antonieta Vasquez Gonzales, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra los Señores MARIA VICTORIA ZELAYA, en su condición de deudora principal y NAHUM ALCIDES LANZA SORTO, en su condición de aval solidario.. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, violenta las garantías constitucionales contenidas en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, las que garantizas el derecho de petición, defensa y debido proceso. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la sentencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que conociendo en segunda instancia falla declarando sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandante y confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Paz Civil del Municipio del Distrito Central, en fecha 23 de junio del año 2021 que declara sin lugar la demanda de proceso declarativo abreviado, transformada por la oposición al proceso monitorio. CONSIDERANDO 6: Que, del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, la recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso, los expone argumentando que el juzgador aplicó erróneamente el artículo 129 numeral 2) del CPC, pues se trata de armonizar el principio de legalidad procesal con el principio del derecho de acceso a la justicia y los actos procesales que realicen los órganos jurisdiccionales y las partes estarán sujetos al principio de legalidad formal. Por otra parte, sostiene la recurrente que, de conformidad al principio de subsanación, el secretario no esta facultado para subsanar las omisiones o defectos que contenga una demanda o contestación, es atribución exclusiva del Juez ordenar su enmienda en el plazo que la ley señala. Continúa exponiendo la garantista que, de un simple análisis de la sentencia recurrida, se infiere que la Juez de segunda instancia dicta el fallo ignorando las reglas de la sana critica, el conocimiento y criterio humano, así como el razonamiento lógico, en virtud que no valoró los hechos dados por probados y los medios de prueba aportados al proceso por su parte, de lo contrario hubiera procedido la enmienda de la misma. Que el deber de motivación en las sentencias exige que las mismas sean claras, sus pronunciamientos por si mismos evidentes, precisas, exhaustivas, resolviendo todos los puntos litigiosos que han sido sometidos a debate; en ese orden de idas la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, no contiene las formalidades, derechos y garantías instituidos en la Constitución de la República, Código Procesal Civil, Código Civil y las otras leyes que son aplicables al presente juicio. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en los FUNDAMENTOS DE DERECHO: “… CUARTO: … En relación al derecho constitucional de defensa y debido proceso, no se constata violaciones constitucionales en dicho proceso, pues de manera motivada y clara fueron resueltos los agravios planteados por la quejosa Abogada Antonieta Vasquez Gonzales en su condición de representante procesal de la Cooperativa Mixta San Isidro Limitada. Su nulidad pretendida por la falta de fecha en el escrito de oposición le fue desestimada por ambas instancias y las razones que se le dieron son correctas. La omisión por la que busca la nulidad, no causó indefensión a su representado, requisito indispensable para decretar una nulidad al prescindir de normas esenciales de procedimiento; por lo que la motivación que se le señaló no es constitutiva de violación al debido proceso. La valoración de la prueba, la revisión de hecho probados y la aplicación errónea de los artículos 1422, 1427 y 1429 del Código Civil, que fue alegada como agravios en segunda instancia, le fueron resueltas en la sentencia dictada por el juzgado de segunda instancia en los incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno; por lo que no existe la violación constitucional pretendida en relación al derecho de defensa y debido proceso…” CONSIDERANDO 8: Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[1]. CONSIDERANDO 9: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a denegar el recurso de amparo promovido, al constatarse que la sentencia recurrida en amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada, haciendo prevalecer con ello el deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones, con especial observancia al contenido formal de los autos, los que serán siempre motivados, so pena de una declaratoria de nulidad, observando las normas esenciales del procedimiento, ello al tenor de lo establecido en los Artículos 3 que desarrolla el debido proceso, en relación con los preceptos 193.2.b), 199 y 212.4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 10: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 11: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril del año dos mil veintidós, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Antonieta Vasquez Gonzales. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, a favor de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Hercules Rosa.-NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES en la sentencia del recurso de amparo presentado por la peticionaria a favor de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha quince de diciembre de dos mil veintidós y por la cual se falla confirmando la sentencia venida en consulta que deniega el recurso de amparo contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (1): Que en fecha treinta de enero mil veintitrés, la recurrente abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, por considerar que no se respetaron los derechos procesales establecidos en el articulo 90 de la Constitución de la República, pese que las formalidades del proceso civil son de carácter imperativas, el órgano jurisdiccional ha dictado sentencias arbitrarias e ilegales. En el presente caso se trata del ejercicio de una acción de carácter personal promovida por la Cooperativa Mixta San Isidro contra los señores Maria Victoria Zelaya y Nahún Alcides Lanza Sorto exigiendo el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato de préstamo en los que concurren las condiciones esenciales para su validez y cuyos términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, así como el pagaré suscrito por los demandados, lo que determina que la legitimación procesal corresponde a ambas partes y que solo a ellas se extienden los efectos de la declaración judicial que integran la cosa juzgada, por estar en posición jurídica contrapuesta y ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada a la abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, interponiéndose el recurso de reposición en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, según consta en la pieza de amparo. CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 13, 14, 15, 16 y 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES en la sentencia del recurso de amparo presentado por la peticionaria a favor de la COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO LIMITADA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha quince de diciembre de dos mil veintidós; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós y reposición de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-759-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.