Sentencia AC-757-21 — Registro 15471
Resumen
Se interpuso garantía constitucional de amparo contra actuaciones con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida. Estima el amparista que con el acto reclamado se han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, contemplados en los artículos 80, 82, 90, 183, 228, 303, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“…CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional analiza los motivos y argumentos expuestos tanto por el censor, como el personado y finalmente la agente de tribunales del Ministerio Públicos; asimismo, los antecedentes traídos a la vista de este alto tribunal de justicia.-En virtud de todo lo cual, la Sala de lo Constitucional estima de obligatorio cumplimiento, partir de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, en virtud de que la temporalidad constituye un requisito formal de obligatorio cumplimiento, debiéndose por tanto interponer la acción de amparo dentro del término de dos meses contados a partir de la notificación del acto que se reclama.-Este requisito podría ser flexibilizado atendiendo razones de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de dicho plazo; sin embargo, tales circunstancias quedan bajo la carga procesal de ser debidamente alegados y acreditados.-En el presente caso, consta en autos que la representación del Estado dejó transcurrir el plazo de interposición, el cual comenzó al día siguiente de la notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, realizada por la secretaria por ley del tribunal de alzada al abogado Octavio José Cálix Portillo. -También consta que, en los escritos de interposición y de formalización, no existe ningún argumento o prueba que justifique la presentación tardía de la garantía constitucional de amparo en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno.-Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional corresponde dictar sobreseimiento de la presente garantía de amparo, en virtud de la causal expuesta en el numeral cuatro de dicha norma, la cual literalmente dice: “Artículo 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48; … Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” -En virtud de lo cual se sobresee la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado OCTAVIO JOSÉ CÁLIX PORTILLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce de diciembre dos mil veinte dictada por la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R. L. Estima el amparista que con el acto reclamado se han vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, contemplados en los artículos 80, 82, 90, 183, 228, 303, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, la abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, actuando en su condición de procuradora general de la república como representante legal del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo demanda de ejecución de título extrajudicial contra la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R. L. por incumplimiento de la obligación de enterar impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas, aportación, retención 12.5% y retención a no residentes, para que el ejecutado sea obligado a pagarle a mi representado la cantidad de tres millones ochocientos setenta y seis mil setecientos treinta y siete lempiras con treinta centavos (L. 3,876,737.30). (Folios 1-74 de la pieza del a quo).-2. Seguido el trámite legal correspondiente, el citado juzgado, dictó en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve la sentencia de oposición a la ejecución de título extrajudicial, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR los motivos de oposición interpuestos en la presente ejecución de título extrajudicial interpuestos por el señor EDGAR RIGOBERTO REGALADO AGUILAR en representación de SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R. L. SEGUNDO: En vista de haberse desestimado la presente oposición se ordena seguir adelante con las actuaciones de apremio en el presente proceso. TERCERO: Que se notifique el presente fallo a las partes.” (Folios 143-150 de la pieza del a quo).-3. Que conociendo la apelación interpuesta por el abogado OSMAR JOSÉ ALMENDAREZ ÁVILA, actuando como apoderado legal de la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R. L., la Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, en la cual falló: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR EL MOTIVO DE OPOSICIÓN QUE POR PRESCRIPCIÓN ALEGARA LA PARTE EJECUTADA. CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUINTO: …” (Folios 11-23 de la pieza del ad quem).-4. El abogado OCTAVIO JOSÉ CÁLIX PORTILLO, compareció ante este tribunal en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 183, 228, 303, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República. La Sala tiene por formalizada la garantía de mérito, en fecha siete de febrero de dos mil veintidós. (Folios 1–13 y 68 de la presente garantía constitucional de amparo).-5. En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público por medio de su fiscal, la abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ, quien en su dictamen fue la opinión porque SE SOBRESEA la presente garantía de amparo. (Folios 71–73 y 75 de la presente garantía constitucional de amparo).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[4].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo indica que la decisión de la corte de apelaciones de revocar la decisión del juez a quo, y declarar con lugar la oposición con fundamento en que la acción prescribió, es errónea. -En ese sentido señala que dicho tribunal de alzada erró en la valoración de todas las pruebas aportadas por su representado, el Estado de Honduras, específicamente en que estas no “se basan” al establecer el numeral noveno de su fundamentación.-El acápite noveno literalmente dice: “NOVENO: Al respecto este ad quem ha revisado los medios de prueba aportados y que constan en la primera pieza de autos y en el caso de mérito hemos podido constatar que la obligación tributaria está comprendida dentro del periodo del 31 de diciembre de 2004 al 28 de octubre de 2012, y siendo que la norma tributaria vigente al momento de generarse la obligación es el Código tributario decreto 22-97 reformado por el decreto 210-2004, en donde se establece en el artículo 136 como plazo de prescripción de las obligaciones tributarias es de 5 años no interrumpibles por ninguna acción o motivo, por lo que el Estado de Honduras, no ejerció a tiempo el derecho de acción para ejecutar la deuda tributaria al contribuyente SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R.L., por medio del representante legal el señor Edgar Rigoberto Regalado Aguilar, por lo que este tribunal ad quem considera que la acción prescribió ya que según consta en autos la demanda en todo caso fue presentada en fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por ende después de cumplir los cinco años señalados en el Código tributario.” El amparista contrasta lo anterior con los dieciocho medios de prueba presentados en el escrito mediante el cual se contestó la oposición y que fueron evacuados en la audiencia de fecha once de junio de dos mil diecinueve, los cuales fueron considerados por el juez a quo en su sentencia definitiva.-En ese sentido, el amparista transcribe el numeral quinto que literalmente dice: “Quinto: En cuanto a la prescripción alegada por la parte ejecutada como motivo de oposición dispone el artículo 203 del decreto No. 170-2016 de fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) referente a los expedientes en tramitación que, los expedientes relacionados con tributos que se estén tramitando en la vía administrativa o judicial, a la fecha de entrar en vigencia este código se concluirán conforme a las leyes en base a las cuales se iniciaron, por lo que el contenido de dicho artículo se entiende que, si se inició el trámite en vía administrativa y dichos impuestos so del año 2010, tal y como se desprende la certificación de deuda que consta a folio 10 del expediente de mérito, y la fiscalización fue realizada el dos de mayo del año dos mil doce y posterior a esto se sigue el trámite de ley correspondiente garantizándose al ejecutado los derechos que en aquél entonces le asistieron en sede administrativa hasta agotar los recursos que la ley dispone pare tal efecto, y es así que, en fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho se emitió informe declarando caducado el derecho a recurrir mediante el recurso de apelación dejado de utilizar por la parte interesada, por lo que se deriva el cómputo del tiempo que, el trámite administrativo correspondiente se inició antes de la entrada en vigencia del decreto No. 170-2016, por lo que es aplicable la ley con la cual se inició, es decir, el decreto 22-97. Y si la resolución final fue emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha antes indicada, haciéndose la última notificación vía correo electrónico en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, tal y como consta en autos, y la demanda fue presentada en fecha veinticuatro de septiembre del mismo año, consecuentemente no opera en el caso de autos la prescripción preceptuada en los artículos 136 del decreto 22-97, ni del Código civil 2301, ni del decreto 210-2004. SEXTO La parte ejecutada alega a su favor respecto al motivo de oposición, prescripción, lo dispuesto en el decreto 139-2012 y el mismo refiere en su artículo 144 que, la prescripción de las acciones y poderes del fisco para revisar, verificar, controlar determinar, fiscalizar liquidar, percibir y cobrar un tributo, se interrumpirán entre otras causas por, la interposición del contribuyente o el responsable de los recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria a partir del día siguiente de la fecha de su interposición, dicho precepto legal, en relación al artículo 148 del mismo decreto aquí citado, establece que, los recursos contra las resoluciones dictadas por la autoridad tributaria competente interrumpirán la prescripción salvo si son declaradas sin lugar por la resolución o sentencia firme, por lo que se puede deducir de lo dispuesto en los artículos antes citados, que tampoco opera la prescripción en aplicación a lo dispuesto en el decreto 139-2012 en vista que consta de autos resolución de fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete declarando sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la representación de la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R.L. y la demanda de mérito, tal como contra a folio 1 del presente expediente fue interpuesta en fecha 24 de septiembre del año dos mil dieciocho. SÉPTIMO: Dispone el artículo 238 en relación a la carga de la prueba que, corresponde al actor de la demanda acreditar los hechos constitutivos de su demanda si bien es cierto en el caso de autos no se trata precisamente de una presentación de demanda, pero si de una figura denominada por la norma adjetiva Código procesal civil como oposición, en tal sentido de su interpretación se determina que, a quien le corresponde acreditar los motivos de oposición es, precisamente a quien los alega, en el caso específico no se logró acreditar los extremos alegados.”-Seguidamente, el garantista manifiesta que:“Conocer el origen de las deudas contenidas en el certificado de deuda es toral en la sustanciación de todo el procedimiento administrativo que el presente caso ha recorrido para poder ser presentado en sede judicial, ya que dichos conceptos corresponden a cada uno de los impuestos y periodos consignados en la certificación de deuda emitida por el Servicio de Administración de Rentas corresponden a provienen de los conceptos: "Liquidación adicional" y "Tasación de oficio". Ambos conceptos nacen desde que el contribuyente oculta en sus declaraciones de impuestos los montos reales que tuvieron que ser debidamente enterados a la administración tributaria, para determinar las cantidades reales que deben ser honradas de pago, es esencial, auditorias para determinar, cuándo procederá lo siguiente: "Liquidación adicional", cuando se determina que el contribuyente únicamente canceló una parte del impuesto que tuvo que haber pagado, por lo cual se le carga un monto adicional que quedó pendiente de pago para honrar correctamente la obligación tributaria. “Tasación de oficio” se determina cuando el contribuyente no presentó ni pagó las declaraciones que en base a ley estaba obligado a presentar y pagar y en base al proceso de fiscalización realizado se le determina mediante una tasación el monto total a pagar. Producto de todo el proceso administrativo realizado las deudas quedan firmes líquidas y exigibles por medio de la resolución administrativa No. 171-17-10000-5469 (medio de prueba aportado en primera instancia) de fecha 9 de noviembre del año 2017. Dicho auto fue notificado en fecha 6 de febrero del año 2018, mediante cédula de notificación fijada en tabla de avisos (medio de prueba aportado en primera instancia.”-Sigue manifestando el amparista: “Aunado a lo descrito probado a través de los medios de prueba aportados por mi representado el Estado de Honduras en la audiencia de oposición celebrada en fecha once de junio del año dos mil diecinueve se presentó como hecho nuevo la certificación de la resolución número 171-18-10901-7254 de fecha 26 de octubre del año 2018 a favor de Servicios MARÍTIMOS DE HONDURAS S. DE R.L., con registro tributario nacional No. 08019007097710, donde se declara SIN LUGAR la petición de prescripción, auto de caducidad de informe de cierre de periodo a prueba de recurso de reposición del expediente 321-18-10901-7870 de expediente administrativo tramitado en SAR. Dichas actuaciones apegadas a derecho de conformidad al artículo 287.2 del Código procesal civil.”-Luego, el censor transcribe la resolución No. 171-18-10901-7254, que literalmente dice:“PRIMERO: declarar sin lugar la solicitud de prescripción de impuesto de la deuda notificada con aviso de cobro con control No. 35, presentada por el señor EDGAR ROBERTO REGALADO AGUILAR en su condición de representante legal del obligado tributario SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. DE R.L, con registro Tributario Nacional No. 08019007097710; por consiguiente, denegar la prescripción de la deuda tributaria contenida en la resolución administrativa No. 171-17-1000-5469, por concepto impuesto sobre la renta concerniente al periodo fiscal 201001 por VALOR DE L. 1,674,919.63 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS), retención doce punto cinco por ciento (12.5%) periodos 201006, 201007, 201008, 201009, 201010, 201011, 201012 por la cantidad de L. 33,291.01 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UN CENTAVO), impuesto sobre ventas de los periodos 201002, 201003, 201005, 201006, 201007, 201008 201009, 2010 y 201012 que suman la cantidad de L. 836,066.47 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS) y aportación solidaria por la cantidad de L. 590,402.32 (QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS), más multas y recargos que procedan conforme a ley, en virtud que el acto administrativo antes mencionado adquirió firmeza en fecha 22 de enero del 2018, por lo tanto, es de plazo vencido y se encuentran en mora conforme al artículo 15 del Código tributario decreto 22-97, al enmarcar dentro de las características mencionadas en el artículo 195 del Código procesal civil y en consonancia con la facultad otorgada al Fisco consignada en el artículo 98 del Código tributario decreto 22-97 para el cobro de los créditos que resulten de sus resoluciones firmes ejercida mediante la acción de cobro de fecha 23 de marzo de 2018, que interrumpe a la vez, el plazo legal de cinco años establecido en el artículo 110 y 136 del Código tributario para la prescripción de impuestos conforme al artículo 2301 del Código civil, por consiguiente, debe el obligado tributario proceder de manera inmediata al pago de la deuda por los montos antes referidos, caso contrario proceder de inmediato al procedimiento de ejecución ante los tribunales da justicia competente, por consiguiente, son improcedentes los argumentos del peticionario en virtud de encontrarse firme la deuda tributaria por los periodos y conceptos ante referidos. Dicha resolución fue notificada personalmente al abogado OSMAR JOSÉ ALMENDÁREZ ÁVILA en fecha 5 de marzo del año 2019 al señor EDGAR RIGOBERTO REGALADO AGUILAR con tarjeta de identidad 0801-1969-08164.”-De igual manera, el censor transcribe “el resuelve” de la resolución SAR-171-19-10000-3367 emitida por el servicio de administración de rentas (SAR) de fecha 19 de junio del año 2019, así: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado OSMAR JOSÉ ALMENDAREZ ÁVILA en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. DE R.L. con registro tributario nacional No. 08019007097710. SEGUNDO: RATIFICAR la resolución No. SAR-171-1810901-7524 de fecha 26 de octubre del 2018, emitida por el Servicio de administración de rentas (SAR), mediante la cual se DENIEGA la PRESCRIPCIÓN de la deuda tributaria contenida en la resolución administrativa No. 171-17-1000-5469, por concepto impuesto sobre la renta concerniente al periodo fiscal 201001 POR VALOR DE L 1,674,919.63 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS) retención doce punto cinco por ciento (12.5%) periodos 201006, 201007, 201008, 201009, 201010, 201011, 201012 por la cantidad de L. 33,291.01 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UN CENTAVO) impuesto sobre ventas de los periodos 201002, 201003, 201005, 201006 201007 201008, 201009, 2010 y 201012 que suman la cantidad de L. 836,066.47 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS) y aportación solidaria por la cantidad de L. 590,402.82 (QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS), más multas y recargos que procedan conforme a ley; en virtud que el acto administrativo antes mencionado, adquirió firmeza en fecha 22 de enero del 2018, por lo tanto, es de plazo vencido y se encuentran en mora conforme al artículo 15 del Código tributario decreto 22-97, al enmarcar dentro de la características mencionadas en el artículo 195 del Código procesal civil y en consonancia con la facultad otorgada al Fisco consignada en el artículo 98 del Código tributario decreto 22-97 para d cobro de los créditos que resulten de sus resoluciones firmes ejercidas mediante la acción de cobro de fecha 23 de marzo de 2018, que interrumpe a la vez, el plazo legal de cinco años establecido en el artículo 110 y 136 del Código tributario para la prescripción de impuestos conforme al artículo 2301 del Código Civil, por consiguiente, debe el obligado tributario proceder de manera inmediata al pago de la deuda por los montos antes referidos, casa contrario proceder de inmediato al procedimiento de ejecución ante los tribunales da justicia competentes, por consiguiente, son improcedentes los argumentos del peticionario en virtud de encontrarse firme la deuda tributaria por los periodos y conceptos ante referidos. Dicha resolución fue notificada personalmente al abogado OSMAR JOSÉ ALMENDAREZ ÁVILA en fecha 19 de junio del año 2019.”-El garantista concluye que, es por lo antes expuesto que denuncia la violación del derecho al debido proceso cometida por la Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán al dictar la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen del escrito presentado por el abogado Héctor Mauricio Castro Ortez, accionando en su condición de apoderado procesal de la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS S. de R.L. El compareciente pide a este alto tribunal de justicia que, considere la inadmisibilidad del amparo en virtud de la concurrencia de la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo 56 de la Ley sobre justicia constitucional.-El personado precisa que, la Sala de lo Constitucional en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, ordenó a la autoridad recurrida rendir informe sobre los recursos utilizados por el garantista para impugnar el acto que reclama ahora en amparo. Dando respuesta a lo anterior la secretaria por ley de la corte de apelaciones señala en su informe fechado con el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, última línea, que el ahora amparista no había hecho uso de recurso alguno.-Por esa razón el personado opina que la presente garantía constitucional de amparo no es admisible en virtud de que la parte contraria, ahora demandante de amparo, consintió de manera tácita la resolución objeto de la presente garantía constitucional. -Quien se opone a la presente garantía de amparo, opina que, ésta debió declararse inadmisible de plano, porque además de la razón anterior concurre la causal cuatro del mencionado artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, constando en autos que se interpuso de manera extemporánea, o sea dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de su última notificación.-Al respecto, el compareciente explica que la resolución objeto de amparo fue notificada al ahora amparista en fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno; y, la garantía constitucional de amparo fue presentada en fecha veintitrés de julio de ese mismo año, transcurriendo entre fechas, un lapso de dos meses y veintisiete días, tiempo durante el cual no hizo uso de ningún recurso.-El personado cita el artículo 124.4 del Código procesal civil, en cuanto a que los plazos señalados por meses o por año se computan de fecha a fecha, razón por la cual el amparo de mérito debió presentarse a más tardar el día veintiséis de junio de dos mil veintiuno.-Finalmente, el personado refiere que los alegatos que sustentan la garantía constitucional de amparo, son de mera legalidad. Es decir, no se articulan en relación con lo que dispone el artículo 41 de la Ley sobre justicia constitucional.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Diana Elizabeth Rodríguez al emitir su dictamen fue de la opinión porque se SOBRESEA la garantía de amparo de mérito. -La fiscal puntualiza que la vía administrativa finalizó mediante resolución dictada por el Servicio de administración de rentas (SAR) y que fue notificada mediante correo electrónica el dieciocho de julio de dos mil dieciocho; asimismo, la demanda fue presentada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, quedando firme dicha resolución.-Por otra parte, señala la fiscal, que el cómputo de tiempo aplicable al presente caso es de acuerdo con el trámite administrativo contenido en el decreto legislativo No. 22-97; en consecuencia, no opera la prescripción alegada por parte ejecutada.-Por otra parte, la fiscal indica que el plazo de dos meses dispuesto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, ya había vencido para el momento en que se interpuso la presente garantía constitucional de amparo. Para ello, explica que la resolución objeto de este amparo se notificó en fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno y la fecha de interposición de la presente garantía fue el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, excediendo así el tiempo legal permitido, por lo que concurre la causal de sobreseimiento que impone el numeral 4 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional. -CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por unanimidad[5] de votos dispuso revocar la sentencia de la juez de primera instancia Ana Consuelo Cardona, quien desestimó la oposición a la ejecución de título extrajudicial.-Consecuentemente, la honorable corte de apelaciones declaró con lugar el motivo de oposición alegada por la sociedad mercantil Servicios marítimos de Honduras, S. de R.L. en contra de la demanda ejecutiva entablada por el Estado de Honduras por medio de la Procuradora general de la República, abogada Lidia Estela Cardona Padilla.-La corte ad quem argumentó los siguientes puntos que se resumen a continuación.-Estableció que el Código tributario es la normativa que prevalece en los casos de materia impositiva, o sea donde exista una relación Estado-contribuyentes. Tomando en cuenta esto, el tribunal de alzada señala que con la prueba evacuada en primera instancia ha podido constatar que la obligación tributaria comprendida en el período que va del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro al veintiocho de octubre de dos mil doce la norma tributaria vigente al momento de generarse la obligación era el Código tributario contenido en el decreto 22-97 reformado por el decreto 210-2004. Dicho decreto en su artículo 136 establece cinco años como el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, cuando no fueren interrumpibles por ninguna acción o motivo, por lo que el Estado de Honduras representado por la Procuraduría general de la República, no ejercitó oportunamente la acción ejecutiva para reclamarla deuda tributaria al contribuyente, habiendo prescrito ésta luego de transcurrir más de cinco años.-Por otro lado, la corte de apelaciones dispone que en el presente caso deben imponerse costas, de conformidad al principio de vencimiento. Todo ello de acuerdo con los artículos 219 y 221 del Código procesal civil.-CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional analiza los motivos y argumentos expuestos tanto por el censor, como el personado y finalmente la agente de tribunales del Ministerio Públicos; asimismo, los antecedentes traídos a la vista de este alto tribunal de justicia.-En virtud de todo lo cual, la Sala de lo Constitucional estima de obligatorio cumplimiento, partir de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, en virtud de que la temporalidad constituye un requisito formal de obligatorio cumplimiento, debiéndose por tanto interponer la acción de amparo dentro del término de dos meses contados a partir de la notificación del acto que se reclama.-Este requisito podría ser flexibilizado atendiendo razones de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de dicho plazo; sin embargo, tales circunstancias quedan bajo la carga procesal de ser debidamente alegados y acreditados.-En el presente caso, consta en autos que la representación del Estado dejó transcurrir el plazo de interposición, el cual comenzó al día siguiente de la notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, realizada por la secretaria por ley del tribunal de alzada al abogado Octavio José Cálix Portillo. -También consta que, en los escritos de interposición y de formalización, no existe ningún argumento o prueba que justifique la presentación tardía de la garantía constitucional de amparo en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno.-Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional corresponde dictar sobreseimiento de la presente garantía de amparo, en virtud de la causal expuesta en el numeral cuatro de dicha norma, la cual literalmente dice: “Artículo 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48; … Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” -En virtud de lo cual se sobresee la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 46 No. 4 y 48 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado OCTAVIO JOSÉ CÁLIX PORTILLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce de diciembre dos mil veinte dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de letras de lo civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la sociedad mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS DE HONDURAS S. de R. L. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0757-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.
[2] Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3] Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4] Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Votaron los honorables magistrados Ingrid Ebelinda Monzón López, Conan Rafael Argueta Bourdett y Mayra Lizeth Aguilera Torres (ponente e integrante).