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Sentencia AC-755-20 — Registro 15014

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó la acción de amparo en la Demanda de Pago vía Proceso Ordinario. Manifestando el recurrente, que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla otorgando la acción de amparo promovida, al apreciar que ante la petición de suspensión de audiencia realizada por el Abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zuniga, en fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve (2019) (Folio 117), el A-quo resuelve: (sic) “Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el compareciente SIN LUGAR, en virtud de que no consta que se hayan hecho los intentos de citación a los testigos para la comparecencia a dicha audiencia, en consecuencia sígase con lo ordenado en auto de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019).-“ En resolución de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve el A-Quo, resuelve que en virtud de que en audiencia preliminar de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho fue propuesto y admitido el medio de prueba testifical de los señores Bayron Joel Sánchez Maldonado y Cesar Armando Raudales Castro, quienes según lo manifestado por el apoderado legal de la parte demandada es necesario sean citados por el Tribunal, ordena su citación por medio del receptor del Despacho y señala nueva audiencia probatoria para el día JUEVES VENTICINCO (25) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019). Con la resolución de fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve dictada por el A-Quo, al declarar sin lugar el nuevo señalamiento de audiencia solicitado por la parte demandada y celebrar la audiencia probatoria sin previa citación de los testigos, provoca una situación que mancilla el Derecho de Defensa de la parte solicitante y con ello el debido proceso, al no citarse a los testigos, de conformidad a lo establecido en el artículo 465 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la motivación de la sentencia, específicamente en el acápite diez y once, la Alzada indica que, el órgano jurisdiccional al denegar la reprogramación de audiencia probatoria, argumentando que no consta que se hayan hecho los intentos de citación, sin hacer una previa verificación si los testigos estaban debidamente citados, ha causado un grave estado de indefensión a la parte recurrente, ello porque el A-Quo no cumplió los parámetros establecidos en el artículo 465 numeral 2 del Código Procesal Civil y 231 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por lo cual en aras de una garantías de ambas partes, es del parecer que la audiencia probatoria celebrada en fecha veinticinco de julio del año dos mil diecinueve debe quedar sin valor ni efecto, ante ello otorga el recurso de amparo, respecto a las Garantías Constitucionales del debido proceso y derecho de defensa. Ante lo cual procede confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, que falla por Unanimidad de Votos Otorgando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Walter Enrique Pineda Paredes.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), que otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de apoderado legal del señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la Demanda de Pago vía Proceso Ordinario, promovida por la abogada WENDY VANESSA PINEDA GUZMÁN, a favor de la señora YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA, contra el señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ.- Manifestando el recurrente, que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representado, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la abogada WENDY VANESSA PINEDA GUZMÁN, actuando en su condición de apoderada legal de la señora YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA, interponiendo, tras su subsanación, Demanda de Pago vía Proceso Ordinario, en contra del señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ, solicitando que se dicte sentencia fallando CON LUGAR la presente demanda y se condene a la parte demandada al pago de la cantidad adeudada, más los intereses legales y costas del juicio. (Folios 1–39 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, en fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), se celebró audiencia preliminar en la cual se admitió la prueba propuesta por ambas partes, y se señaló audiencia probatoria, por lo cual en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, apoderado legal del señor JOSE MARIO ZALDAÑO VELASQUEZ, presentó una solicitud de reprogramación de audiencia, en razón de que no habían sido citados los testigos para su comparecencia a la audiencia probatoria; a lo que el citado Juzgado, dictó su Resolución en fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “En cuanto a lo solicitado por el compareciente SIN LUGAR, en virtud de que no consta que se hayan hechos los intentos de citación a los testigos para la comparecencia a dicha audiencia, en consecuencia sígase con lo ordenado en auto de fecha trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).-” (Folios 117–118 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGA EL RECURSO DE AMPARO respecto las Garantías Constitucionales relativas al DEBIDO PROCESO Y DERECHO A DEFENSA interpuesto por el Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, a favor del Señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ, Contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la “DEMANDA POR LA VIAL DEL PROCESO ORDINARIO DE PAGO” promovida por la Abogada WENDY VANESSA PINEDA GUZMÁN, quien actúa en representación judicial de la Señora YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA contra el Señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ.- SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.-” (Folios 45–49 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 5) Que en fecha siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venido en consulta, conocida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, a favor del señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia probatoria, en relación a la Demanda Ordinaria de Pago promovida por la señora YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA, contra el señor JOSE MARIO ZALDAÑA VELASQUEZ. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es violatorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, resolución que resuelve SIN LUGAR la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia probatoria presentada por la parte demandada en la Demanda de Proceso Ordinario de Pago promovida en su contra por la señora YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS PEREIRA. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone en sendos apartados en la interposición de la acción constitucional impetrada, que el auto recurrido es violatorio de los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Sostiene el impetrante que solicitó la reprogramación de la audiencia probatoria señalada para fecha veinticinco de julio del año dos mil diecinueve, ello, porque no habían sido citados los testigos propuestos por su parte, mismos que fueron admitidos en audiencia preliminar y ordenado su citación por el Juzgado por medio del receptor del Despacho. Sin embargo el A-quo resolvió SIN LUGAR lo solicitado, en virtud de que no consta que se hayan hecho los intentos de citación a los testigos para la comparecencia a dicha audiencia y ordenó continuar con el trámite, celebrando audiencia probatoria en fecha veinticinco de julio del dos mil diecinueve, como se tenía programada, sin haber citado a sus testigos, dejando en completa indefensión a su representado el señor José Mario Zaldaña Velásquez; estima el impetrante que tal actuación por parte del A-quo violenta el principio de petición, defensa y debido proceso, que nuestra Constitución consagra en su artículo 80, 82 y 90 y lo establecido en Código Procesal Civil en el artículo 465.2 que reza: “Las partes comunicarán al tribunal los testigos y peritos que deben ser citados por la oficina judicial, entendiéndose que los demás asistirán por cuenta de la parte proponente. La citación se practicará con antelación suficiente a la fecha de inicio de la audiencia probatoria.” El pedidor de amparo sostiene que la resolución impugnada carece de los elementos necesarios para su validez, ya que el A-Quo había ordenado la citación de los testigos propuestos por la parte demandada, pero evacuo la audiencia probatoria sin la citación de los mismos, excluyendo así pruebas fundamentales para la parte demandada, dejándole sin posibilidad de ejercer su derecho de defensa. CONSIDERANDO (5): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación contraria a la ley, en tanto contraría a un postulado que reconozca o garantice un derecho fundamental. Por otra parte, la garantía de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla otorgando la acción de amparo promovida, al apreciar que ante la petición de suspensión de audiencia realizada por el Abogado Manuel Rodrigo Mazariegos Zuniga, en fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve (2019) (Folio 117), el A-quo resuelve: (sic) “Admítase el escrito que antecede, el que se manda agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el compareciente SIN LUGAR, en virtud de que no consta que se hayan hecho los intentos de citación a los testigos para la comparecencia a dicha audiencia, en consecuencia sígase con lo ordenado en auto de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve (2019).-“ En resolución de fecha trece (13) de mayo del dos mil diecinueve el A-Quo, resuelve que en virtud de que en audiencia preliminar de fecha once de septiembre del dos mil dieciocho fue propuesto y admitido el medio de prueba testifical de los señores Bayron Joel Sánchez Maldonado y Cesar Armando Raudales Castro, quienes según lo manifestado por el apoderado legal de la parte demandada es necesario sean citados por el Tribunal, ordena su citación por medio del receptor del Despacho y señala nueva audiencia probatoria para el día JUEVES VENTICINCO (25) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019). Con la resolución de fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve dictada por el A-Quo, al declarar sin lugar el nuevo señalamiento de audiencia solicitado por la parte demandada y celebrar la audiencia probatoria sin previa citación de los testigos, provoca una situación que mancilla el Derecho de Defensa de la parte solicitante y con ello el debido proceso, al no citarse a los testigos, de conformidad a lo establecido en el artículo 465 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que siendo así, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha trece de marzo del año dos mil veinte, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la motivación de la sentencia, específicamente en el acápite diez y once, la Alzada indica que, el órgano jurisdiccional al denegar la reprogramación de audiencia probatoria, argumentando que no consta que se hayan hecho los intentos de citación, sin hacer una previa verificación si los testigos estaban debidamente citados, ha causado un grave estado de indefensión a la parte recurrente, ello porque el A-Quo no cumplió los parámetros establecidos en el artículo 465 numeral 2 del Código Procesal Civil y 231 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por lo cual en aras de una correcta aplicación de justicia, en tutela de los derechos y garantías de ambas partes, es del parecer que la audiencia probatoria celebrada en fecha veinticinco de julio del año dos mil diecinueve debe quedar sin valor ni efecto, ante ello otorga el recurso de amparo, respecto a las Garantías Constitucionales del debido proceso y derecho de defensa. Ante lo cual procede confirmar la sentencia venida en consulta. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, que falla por Unanimidad de Votos Otorgando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Walter Enrique Pineda Paredes.POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 465 numeral 2 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-755-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.