Sentencia AC-751-21 — Registro 15470
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar un recurso de apelación en relación a la denuncia de violencia doméstica. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la lectura del numeral quinto de la relación de hechos del presente recurso de amparo presentado por el impetrante, se desprende que según su argumento lo que le causa violación a su derecho constitucional, es que la parte denunciante en primera instancia no acredito ningún medio probatorio como un dictamen psicológico que de manera objetiva demostrara que sufre de su parte el síndrome de mujer maltratada; en ese sentido y de la lectura de la sentencia venida en amparo, es decir la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortes, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se desprende en el resolutivo del mismo fallo, en el numeral segundo, que la referida Corte ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Especial de Violencia Domestica, de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, es decir en aplicación del artículo 213 del Código Procesal Civil y relacionado con el artículo 715 del mismo cuerpo legal, anulando la sentencia de primera instancia.- En ese sentido, este último artículo en su numeral 2, señala que la consecuencia directa de la anulación de la resolución apelada, es la devolución de las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo.- En el Presente caso de autos en lugar de hacer esta consecuencia lo que ha hecho el tribunal de alzada es emitir su propio fallo, circunstancia que no está prevista como consecuencia cuando un tribunal de alzada anula una resolución, por lo tanto, el amparo debe de ser emitido en forma procedente, en vista que como ya se ha explicado, lo que se tuvo que haber realizado era regresar las actuaciones a primera instancia para que dictara un nuevo fallo, con los argumentos y opiniones que ha emitido la Corte de Apelaciones en este caso, llevando a esta Sala a declarar con lugar el presente recurso de amparo y a revocar la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortes, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 213 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, relación a la denuncia de violencia doméstica promovida por la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, contra el señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1).- Que en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, la Señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, actuando en su condición personal, compareció ante el Módulo de Atención Integral Especializado de la Oficina Regional Ministerio Público de la ciudad de San Pedro Sula, presentando denuncia de violencia doméstica contra el señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN. (Folio 01 de la primera pieza de antecedentes).- 2).- Que en esa misma fecha el JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, tuvo por recibida la denuncia presentada por la Señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, quien habiendo comparecido ante dicho Juzgado, la denunciante manifestó que a lo largo de la relación con su ex pareja había recibido golpes e insultos. En consecuencia, en esa misma fecha el citado Juzgado resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Denuncia de Violencia Doméstica presentada por la Señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, contra el señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, ambos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia, consecuentemente, se declara agresor al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, por haber cometido actos de Violencia Doméstica de tipo Psicológica y Económica contra la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA. SEGUNDO: Por el término de Seis Meses, con la finalidad de tutelar los derechos de la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA y con el objetivo de evitar a que a futuro se produzcan otros hechos violentos que pudieran ocasionar grave perjuicio a la referida señora, se imponen los mecanismos de protección, los cuales tienen vigencia a partir de esta fecha diez de marzo del año en curso (2021), finalizando el día Diez de Junio del año dos mil veintiuno (2021), de la forma siguiente: MEDIDAS DE SEGURIDAD: A) Separar temporalmente al denunciado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, del hogar que comparte con la denunciante. El denunciado podrá llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de estudio. La seguridad, la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado; B) Prohibir al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, transitar por la casa de habitación, centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera con las relaciones laborales del denunciado. D) Prohibir al denunciado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN realizar actos de intimidación o perturbación contra la denunciante o cualquier miembro del núcleo familiar o las personas relacionadas con la denunciante. MEDIDAS CAUTELARES: A) Se señala una pensión alimenticia provisional a favor de la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, en representación de la menor A. P., por la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS MENSUALES (Lps.12,500.00), cantidad que el denunciado A) depositará todos los treinta de cada mes en la cuenta bancaria que disponga la denunciante, más el 50% de gastos de salud, cazado y vestuario B) La guarda y custodia provisional de la menor, queda únicamente bajo la responsabilidad de la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, asimismo, se establece un régimen de comunicación y visitas a favor del padre, quien se llevará a su hija dos fines de semana alternos, desde el viernes a las siete de la noche hasta el lunes a las ocho de la mañana, y los miércoles y jueves desde las doce del mediodía hasta las seis con treinta de la tarde, se le ordena al denunciado entregar a la menor inmediatamente C) El uso y disfrute del menaje del hogar corresponde únicamente a la denunciante MEDIDAS PRECAUTORIAS: A) Enviar al denunciado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN a recibir asistencia psicológica de carácter reeducativo a la consejería de familia en Cáritas de esta ciudad. B) Enviar a la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA a la consejería de familia en Cáritas de esta ciudad, para mejorar su autoestima por considerarla víctima, se concede el plazo de tres días hábiles a las partes para que se presenten a dicha entidad a fin de dar cumplimiento a las medidas precautorias antes ordenadas,…. TERCERO: Se sanciona al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN por el término de DOS MESES con trabajo comunitario, que se realizará en el departamento de Policía Municipal de esta ciudad, dicha prestación de servicios a la comunidad equivaldrá a una jornada de dos horas diarias las que pueden ser hábiles o inhábiles y podrán en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana siempre que la naturaleza del servicio comunitario no interfiera en las horas laborables del denunciado hasta que cumpla con el período asignado debiendo acreditarse su horario de trabajo, a efecto de lo anterior líbrese el oficio correspondiente; Asimismo se concede el plazo de tres días hábiles al denunciado para que se presente al Departamento de Policía Municipal o Justicia Municipal antes referido y de inicio al trabajo comunitario que se le ha impuesto como sanción. CUARTO:….”(Folios 04-08 de la primera pieza de los antecedentes)
3).- Que en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Abogado ROOSELVELT GEOVANNY ÑUÑEZ BODDEN, interpuso recurso d apelación contra la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, de la que se hace relación en el numeral que precede, y otorga Poder a la Abogada MARIA ISABEL ESCOBAR FLORES. En consecuencia se remitieron las diligencias a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folio 12 de la primera pieza).- 4).- Que conociendo del recurso de apelación presentado por el Abogado ROOSELVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: (sic) “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA ISABEL ESCOBAR FLORES contra la Sentencia Definitiva de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Especial de Violencia Doméstica, departamento de Cortés, en su condición de apoderado judicial del señor ROOSELVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN. SEGUNDO: ANULAR la Sentencia Definitiva de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Especial de Violencia Doméstica, Departamento de Cortés, en base a lo que establece el artículo 715.2 del Código Procesal Civil, debiéndose leer en su parte resolutiva de la siguiente manera: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS POR VIOLENCIA DOMESTICA EN SU MANIFESTACION PSICOLOGICA en la denuncia por violencia doméstica presentada por la Señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, contra el señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, ambos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia, consecuentemente, se declara agresor al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, por haber cometido actos de Violencia Doméstica de tipo Psicológica contra la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA.- SEGUNDO: Por el término de Seis Meses, y para tutelar los derechos de la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA evitar a que a futuro se produzcan otros hechos violentos que pudieran ocasionar graves consecuencias a la referida señora, se imponen los mecanismos de protección, los cuales tienen vigencia a partir del día ocho de septiembre del año dos mil veinte, finalizando el día ocho de marzo del año dos mil veintiuno (2021), de la forma siguiente: MEDIDAS DE SEGURIDAD: A) Separar temporalmente al denunciado del hogar conyugal que comparte con la denunciante, el denunciado podrá llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo o de estudio, la seguridad, la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado, la denunciante vivirá en casa de sus padres con la familia paterna; B) Prohibir al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN, transitar por la casa de habitación, centro de trabajo y lugares habitualmente frecuentados por la denunciante, siempre y cuando esta medida no interfiera con las relaciones laborales del denunciado. C) Prohibir al denunciado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN realizar actos de intimidación o perturbación contra la denunciante o cualquier miembro del núcleo familiar o las personas relacionadas con la denunciante. MEDIDAS CAUTELARES: A) La guarda y custodia provisional de la menor, queda únicamente bajo la responsabilidad de la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, asimismo, se establece un régimen de comunicación y visitas a favor del padre, quien se llevará a su hija dos fines de semana alternos, desde el viernes a las siete de la noche hasta el lunes a las ocho de la mañana, y los miércoles y jueves desde las doce del mediodía hasta las seis con treinta de la tarde, se le ordena al denunciado entregar a la menor inmediatamente b) El uso y disfrute del menaje del hogar corresponde únicamente a la denunciante.- MEDIDAS PRECAUTORIAS: A) Enviar al denunciado ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN a recibir asistencia psicológica de carácter reeducativo a la consejería CÁRITAS DE HONDURAS; B) Enviar a la denunciante PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA a la consejería de familia en CÁRITAS DE HONDURAS de esta ciudad, para mejorar su autoestima por considerarla víctima, se concede el plazo de tres días hábiles a las partes para que se presenten a dicha entidad a fin de dar cumplimiento a las medidas precautorias antes ordenadas,…. TERCERO: Se sanciona al señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN por el término de DOS MESES con trabajo comunitario, prestación de servicios a la comunidad equivaldrá a una jornada de dos horas diarias, las que pueden ser hábiles e inhábiles y podrán en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita, estableciéndose un horario que no interfiera en las horas laborales del denunciado hasta que cumpla con el período asignado debiendo acreditarse su horario de trabajo, en vista de lo anterior líbrese oficio correspondiente; a efecto de cumplir esta sanción se le concede el plazo de tres días hábiles al denunciado para que se presente al en el Departamento de Policía Municipal o Justicia Municipal antes referido y de inicio al trabajo comunitario que se le ha impuesto como sanción.- CUARTO: …” (Folios 06-09 de la segunda pieza de antecedentes).- 5).- Que el Abogado ROOSELVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN, mediante Correo Electrónico recibido en este Tribunal en fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, interpuso acción de amparo a su favor, contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por Ad-Quem, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno y ordena dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folios 01 al 4 y 20 del recurso de amparo).- 6).- Que en fecha cinco de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA y por emitido su dictamen, quien fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir vulneración de los derechos alegados por el recurrente.…” (Folios 23 al 27 del recurso de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, relación a la denuncia de violencia doméstica promovida por la señora PAOLA DENISSE MONTERO PINEDA, contra el señor ROOSEVELT GEOVANNY NUÑEZ BODDEN.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ROOSEVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN considera que la decisión del Ad-Quem de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintiuno (2021), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria del principio del debido proceso, el cual inicia con la detención que le realizan, presentándose a la audiencia que tenían programada para ese día, donde el Juez sin aperturar el juicio a pruebas y sin darle el derecho de defensa (debido proceso y derecho de defensa), resuelve en fallo sentenciarlo por violencia psicológica, porque la denunciante al inicio de la audiencia dijo verbalmente que la había amenazado, en que no le iba a entregar la niña (sin tener medio de prueba alguno) basándose dicho juzgado en hechos no probados ya que la denunciante no contaba con medios de prueba para acreditar dicha denuncia (Cuando se ha podido notar en el inciso primero, que la misma fiscal de niñez hizo mención que en ese momento al menos no podía ser entregada), cuando se vive en un estado de derecho y cada acusación, amenaza, denuncia o demanda se debe de probar jurídica y fácticamente, no con simples conjeturas un juzgador resuelve irresponsablemente un fallo, de cualquier índole procesal, siendo inviolable el derecho a defensa y prescindir de un debido proceso(Ya que existe una amistad de conocimiento público entre la apoderada legal de la denunciante y el Juez, siendo favorecida la parte denunciante al momento de la audiencia), violentándole de manera maliciosa sus derechos y garantías constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala mediante auto de fecha cinco de enero de dos mil veintidós ha tenido por evacuada la vista concedida a la fiscal del despacho Abogada Sandra Lorena Zuniga García, quien fue del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo, por no existir vulneración a las garantías Constitucionales, invocadas por el Amparista como transgredidas.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, argumentando que del estudio y análisis del presente amparo, así como de lo prescrito en la Constitución de la República y los tratados y convenciones internacionales de los que Honduras forma parte, estima que en el presente caso no existe violación al principio de derecho del debido proceso invocado por el recurrente, en virtud de la prevalencia de la figura de inmunidad de toda jurisdicción, de la cual goza dicho organismo internacional, en cumplimiento de los convenios suscritos por el Estado de Honduras, y que debe de ser garantizado por los Tribunales de la República, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la lectura del numeral quinto de la relación de hechos del presente recurso de amparo presentado por el impetrante, se desprende que según su argumento lo que le causa violación a su derecho constitucional, es que la parte denunciante en primera instancia no acredito ningún medio probatorio como un dictamen psicológico que de manera objetiva demostrara que sufre de su parte el síndrome de mujer maltratada; en ese sentido y de la lectura de la sentencia venida en amparo, es decir la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortes, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se desprende en el resolutivo del mismo fallo, en el numeral segundo, que la referida Corte ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Especial de Violencia Domestica, de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, es decir en aplicación del artículo 213 del Código Procesal Civil y relacionado con el artículo 715 del mismo cuerpo legal, anulando la sentencia de primera instancia.- En ese sentido, este último artículo en su numeral 2, señala que la consecuencia directa de la anulación de la resolución apelada, es la devolución de las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo.- En el Presente caso de autos en lugar de hacer esta consecuencia lo que ha hecho el tribunal de alzada es emitir su propio fallo, circunstancia que no está prevista como consecuencia cuando un tribunal de alzada anula una resolución, por lo tanto, el amparo debe de ser emitido en forma procedente, en vista que como ya se ha explicado, lo que se tuvo que haber realizado era regresar las actuaciones a primera instancia para que dictara un nuevo fallo, con los argumentos y opiniones que ha emitido la Corte de Apelaciones en este caso, llevando a esta Sala a declarar con lugar el presente recurso de amparo y a revocar la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortes, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no ha sucedido.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 15, 18, 82, 90, 183, 303, 304 y 313 Numeral 5, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 47, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 213 y 715.2 del Código Procesal Civil; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CÁLIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. SCO-0751-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CÁLIX.
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
2