Sentencia AC-73-22 — Registro 16128
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera instancia que declaró con lugar demanda de rendición de cuentas promovida por demandantes en su condición de socias de Hacienda Los Angeles S de R L contra recurrente; Declaró sin lugar excepciones de falta de legitimidad y falta de derecho en la acción opuestas por demandada, condenándo a recurrente a que Rinda las Cuentas dentro de su Administración en la Sociedad Mercantil ya indicada dentro de Veinte días, con costas por haber sido vencida en juicio; La Autoridad recurrida consideró que la resolución impugnada es conforme a derecho y no se vulneran garantías constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la presente causa se desprende, que el artículo 424 numeral 2 específicamente su letra d), del Código Procesal Civil señala que es requisito de toda demanda designar el nombre del demandado y el domicilio si fuere conocido, de forma complementaria el artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demandada o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la Empresa Mercantil denominada HACIENDA LOS ANGELES S. de R.L, la representación de la sociedad recae sobre su Gerente General. En el presente caso de autos se desprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que una vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como Gerente General con fecha anterior al emplazamiento, es decir en todo caso se debió de haber modificado la designación de la representación de la demandada antes del emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en el supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si esta ya no ostentaba tal cargo, como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del Código Procesal Civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso, por lo cual se debe de otorgar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 424, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 62, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 226 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la presente causa se desprende, que el artículo 424 numeral 2 específicamente su letra d), del Código Procesal Civil señala que es requisito de toda demanda designar el nombre del demandado y el domicilio si fuere conocido, de forma complementaria el artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demandada o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la Empresa Mercantil denominada HACIENDA LOS ANGELES S. de R.L, la representación de la sociedad recae sobre su Gerente General. En el presente caso de autos se desprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que una vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como Gerente General con fecha anterior al emplazamiento, es decir en todo caso se debió de haber modificado la designación de la representación de la demandada antes del emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en el supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si esta ya no ostentaba tal cargo, como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del Código Procesal Civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso, por lo cual se debe de otorgar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 62, 2 c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 424 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 226 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, a favor de la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de rendición de cuentas promovida por las Señoras MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ y JULISSA PRIETO USTARIZ, socias de la Sociedad Mercantil HACIENDA LOS ANGELES S. DE R. L., contra la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 61, 64, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1).- Que en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, la Abogada ELBA ROSA ZALDIVAR PORTILLO, actuando como Apoderada Legal de los Señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ Y JULISSA USTARIZ PRIETO esta última representada por el Señor JOSE LUIS USTARIZ PRIETO, interponiendo proceso de rendición de cuentas, por la vía del proceso ordinario. (Folio 01-187 de la Pieza del A-Quo).-2).- Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS promovida por los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ, AMBAS MAYORES DE EDAD, ACCIONANDO EN SU CARÁCTER DE SOCIOS DE LA y EL SEÑOR JOSE LUIS USTARIZ en su calidad de representante de poder de la Señora JULISSA USTARIZ PRIETO, CONTRA LA SEÑORA SUSIE IVONNE USTARIZ ALAVARADO. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR las excepciones FALTA DE LEGITIMIDAD y FALTA DE DERECHO EN LA ACCION interpuestas por el apoderado de la parte demandada. TERCERO: Se condena a la Señora SUSIE IVONNE USTARIZ en su condición de gerente general hasta inicios del año 2021 de la Mercantil HACIENDA Los ANGELES antes USTARIZ HERMANOS S. de R.L. a que RINDA LAS CUENTAS que considere justas dentro de su administración en la sociedad mercantil ya referida dentro del plazo de VEINTE DIAS y en caso de no hacerlo dentro del término indicado se le tendrá por desistido. CUARTO: Con costas por haber sido vencida en juicio la parte demandada.” (Folios 367–372 del Tomo II de la Pieza del A-Quo).-3).- Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, actuando como Apoderado Legal de la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó Sentencia en fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC) “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra RESOLUCION dictada en fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno, por el juzgado de Letras de lo Civil de esta sección judicial.- 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.- Sin lugar la prueba en segunda instancia.- 3) CON COSTAS.” (Folios 08-09 de la Pieza del Ad-Quem).-4).- Que el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–75 y 88 de la presente Recurso).-5).- Que en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales, invocados por el Amparista como transgredidos.” (Folios 91–95 y 97 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada CARMEN CELINA CABALLERO ESCOBAR a favor de SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), que declara sin lugar el recurso de apelación, interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, con relación a la demanda de rendición de cuentas promovida por las Señoras MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ y JULISSA PRIETO USTARIZ, socias de la Sociedad Mercantil HACIENDA LOS ANGELES S. DE R. L., contra la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada CARMEN CELINA CABALLERO ESCOBAR considera que la decisión del Ad-Quem de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), le violento el derecho de igualdad ante la Ley, establecido en el artículo 61 Constitucional, al referir que no se debió de haber admitido tanto por el Juzgado como por la Corte de Apelaciones, que alguien que no ostente el título de abogado dirija un proceso, porque habiendo rendido cuentas su representado conforme al artículo 226 del Código de Comercio, se le obliga a un acto ya consumado y aprobado, porque no siendo Gerente de la Empresa que representaba se le cito en esa condición y se le aplico retroactivamente un concepto en materia civil cuando solamente cabe en materia penal.- De igual manera refiere que se le violento lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República, al considerar que los derechos de su representada fueron tergiversados, al grado de ser violentados en todos los procesos hasta la sentencia confirmada. Refiere que se le violento el derecho de defensa, en vista que la Corte de Apelaciones no le admitió las pruebas propuestas en segunda instancia y que también fueron inadmitidas por el A-Quo. Asimismo establece que se le vulnero el debido proceso, al haber violentado lo referido en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, al haber permitido que no sea un abogado quien dirija a un procurador, cuando se infringe el artículo 226 del Código de Comercio en especial cuando su representada ya había rendido cuentas y se le obliga a lo mismo, cuando no se nos admiten pruebas y se impugnan procesalmente en el momento oportuno y no son aceptadas por la Corte, se violenta todo el debido proceso a su representada, que inicia cuando es citada en una condición que no tenía (Gerente General) y el Juez le aplica el principio de retroactividad equivocadamente, ocultándolo la Juez de primera instancia, al referir que cuando se interpuso la demanda ella si era Gerente haciendo retroactivo un acto en materia civil, violentando con esto el artículo 96 Constitucional, donde la retroactividad solo aplica en materia penal.-ONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa se desprende, que el artículo 424 numeral 2 específicamente su letra d), del Código Procesal Civil señala que es requisito de toda demanda designar el nombre del demandado y el domicilio si fuere conocido, de forma complementaria el artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demandada o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la Empresa Mercantil denominada HACIENDA LOS ANGELES S. de R.L, la representación de la sociedad recae sobre su Gerente General. En el presente caso de autos se desprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que una vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como Gerente General con fecha anterior al emplazamiento, es decir en todo caso se debió de haber modificado la designación de la representación de la demandada antes del emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en el supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si esta ya no ostentaba tal cargo, como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del Código Procesal Civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso, por lo cual se debe de otorgar el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 96, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 62 numeral 2 letra c) y 424 numeral 2 letra d) del Código Procesal Civil; FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, a favor de la Señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, contra la sentencia dictada por la Corte de APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece (13) de diciembre dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0073-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL