Sentencia AC-72-20 — Registro 14777
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación; confirmó fallo definitivo dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar demanda de prescripción adquisitiva de una fracción de un inmueble que se desprende del título definitivo de propiedad otorgado a la Empresa Campesina demandada; individualizándose como un predio de naturaleza jurídica nacional en el Caserío de Las Pelonas, municipio de Amapala; El Tribunal de Apelaciones considera que la demandante debe establecer su petición ante las instancias agrarias correspondientes ya que dicho título definitivo de propiedad establece que no se podrá transferir a otra persona societaria o natural sin previa autorización del Instituto Nacional Agrario (INA)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al estudiarse la foliada a la luz de los alegatos formalizados por el Letrado amparista se manifiesta la inexistencia de la infracción constitucional alegada, referida a la falta de argumentación jurídica y factico probatoria congruente y de fondo, la cual ha resultado enmendada al hacer constar en el Acápite Quinto de la Fundamentación Jurídica y Motivación que consta el parentesco existente entre la demandante, la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA y su señor esposo, el señor CONSTANTINO GONZÁLEZ, ya fallecido; quien pertenecía al grupo campesino “LAS PELONAS”. Por tal concepto, encuentra esta Sala que se tiene por bien motivada y razonada en Derecho, la desestimación de la pretensión civil interesada por la parte agraviada recurrente; sin que constituya la remisión a instancias administrativas agrarias falta alguna al principio de jurisdiccionalidad, en vista que tal es lo que se deduce del propio título definitivo de propiedad otorgado a la EMPRESA CAMPESINA “LAS PELONAS”, por parte del Instituto Nacional Agrario (INA);[4] mismo que ampara a todos los beneficiarios y las beneficiarias que organizaron y constituyeron tal empresa agraria..."..."se desprende la improcedencia de otorgar la acción de amparo al no resultar suficientemente razonada y sustentada en compatibilidad al estándar constitucional; en vista a que la resolución colegiada dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, dirime aspectos reivindicatorios de dominio conforme al artículo 903 del Código Civil, sin dejar de reconocer que los beneficiarios del título agrario deben acudir ante el Instituto Nacional Agrario (INA), para autorizar cualquier transferencia de derechos a otra organización societaria reconocida legalmente por el Estado, o persona natural que sea beneficiada por la Ley de la Reforma Agraria; por lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de Amparo promovido por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA a favor de SI MISMA, de lo cual se ha hecho el debido mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, en fecha doce de octubre de año dos mil dieciocho; con relación a la demanda de prescripción adquisitiva promovida por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA, contra el señor FRANCISCO GONZALES en representación de la EMPRESA CAMPESINA “LAS PELONAS”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo establecido en los artículos 59, 61, 62, 90, y 305 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, compareció ante Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA actuando en su condición de personal, promoviendo demanda de prescripción adquisitiva a favor de SI MISMA, contra el señor FRANCISCO GONZALES.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha doce de octubre de año dos mil dieciocho; el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, FALLO: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL JUICIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE UNA FRACCION DE UN INMUEBLE MEDIANTE EL PROCESO ABREVIADO DECLARATIVO, promovida por la señora FRANCISCA CUEVAS GARCIA, contra el señor FRANCISCO GONZALES, quien actúa en su condición de Secretario General y Representante Legal de la Empresa Campesina Las Pelonas. (Folios 54 al 58 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado EDILBERTO BRIZUELA REYES, contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: “DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra la sentencia definitiva de fecha doce de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, en la Demanda de PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE UNA FRACCION DE UN BIEN INMUEBLE, por el Abogado EDILBERTO BRIZUELA REYES… SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA IMPUGNADA.” (Folios 07 al 09 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte, reclamando amparo a favor SI MISMA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve; a que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 61, 62, 90, y 305 de la Constitución de la República de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta de abril del año dos mil veintiuno. (Folios 1–08 y 64 de la presente Recurso).-5) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado; pues el fallo hoy impugnado ha sido dictado en observancia de los derechos y garantías establecidos en la Ley, por lo que la resolución recurrida en ninguna manera vulnera las garantías constitucionales. (Folios 67 al 73 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.-CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce de la Acción de Amparo interpuesta por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA a favor de SI MISMA, contra la sentencia dictada, por unanimidad de votos de sus miembros, por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, en fecha doce de octubre de año dos mil dieciocho; con relación a la demanda de prescripción adquisitiva promovida por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA, contra el señor FRANCISCO GONZALES en representación de la EMPRESA CAMPESINA “LAS PELONAS”; radicando la pretensión en que se le adjudique a la ciudadana demandante una fracción de un bien inmueble con una superficie de 28, 088.10 metros cuadrados, que se desprende del título definitivo de propiedad otorgado a la Empresa Campesina demandada, la cual tiene inscrito a su favor título definitivo de propiedad en dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha cuatro de marzo del año dos mil, inscrito en el Libro Registro de la Propiedad No. 51, tomo 1 del Instituto de la Propiedad; individualizándose como un predio de naturaleza jurídica nacional en el Caserío de Las Pelonas, municipio de Amapala, departamento de Valle, con una superficie de sesenta y nueve hectáreas, ocho áreas con cuarenta y seis punto quince centiáreas.-CONSIDERANDO (4): Que, entre los contenidos motivacionales de la sentencia de apelaciones que se conoce en amparo, se encuentra consignado en el Capítulo Quinto, lo siguiente: “Qué en el referido título definitivo de propiedad está consignado que los beneficiarios del título no podrán transferir a otra persona societaria reconocida legalmente por el Estado o persona natural que sea beneficiada por la Ley de la Reforma Agraria, sin previa autorización de este Instituto”; de lo cual colige la Alzada que la demandante debe establecer su petición ante las instancias agrarias correspondientes; fundando también su resolutivo en lo prescrito en el artículo 903 del Código Civil, que a la letra dice: “La posesión de los derechos cuya transferencia o constitución se efectúa por instrumento público, se prueba por el mismo instrumento y mientras este subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla”.- CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de la garantía de amparo, expresó el Abogado CÉSAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, actuando a favor de la recurrente, señora FRANCISCA CUEVA GARCIA, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, ha desconocido lo prescrito en el artículo 2297 (Sic.) del Código Civil respecto a la prescripción del dominio y demás derechos reales, el cual opera sobre bienes inmuebles por su posesión no ininterrumpida durante veinte (20) años, sin necesidad de presentar título de buena fe; pues se manifiesta que en el año dos mil, al recibir la Empresa Campesina Las Pelonas del Instituto Nacional Agrario un título definitivo de propiedad, todavía el jefe de familia, señor CONSTANTINO GONZÁLEZ formaba parte del grupo directriz del Grupo Campesino; encontrándose desde 1970 en goce y posesión de los VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PUNTO CERO DIEZ METROS CUADRADOS (28, 088.10), equivalentes a CUARENTA MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y TRES VARAS CUADRADAS (40, 285.63); las cuales mantienen sembradas de maíz, frijoles, cacahuates y árboles frutales, los que han sido hasta ahora la fuente de sustento de su grupo familiar. Desde el año de 2012, que fallece el jefe de familia, señor CONSTANTINO GONZÁLEZ, su familia comenzó a ser víctima de hostigamiento y amenazas de parte de los antiguos compañeros de su marido, exigiendo que abandone la propiedad junto a hijos y nietos. Solicitando se haga prevalecer la primacía de la posesión ante cualquier instrumento público o título de dominio, pues el título de la Empresa Campesina Las Pelonas surge después que la demandante y su esposo tuviesen más de 30 años de estar en posesión del terreno en litigio y que, la fundamentación empleada por el Ad Quem, constituiría más bien un requisito para operar la prescripción adquisitiva que se solicita; por lo cual, debió otorgar la apelación, lo cual no se hizo por interpretación errónea de la norma jurídica aplicable, lo cual pone de manifiesto la vulneración de las garantías invocadas, como son; el principio de legalidad, derecho a la defensa y el debido proceso de la señora FRANCISCA CUEVAS GARCIA.-CONSIDERANDO (6): Que, siempre en formalización de la garantía de amparo, sostiene el Abogado CÉSAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ que se ha infringido el artículo 90 de la Constitución de la República que manda al Juzgado a actuar respetando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al obviar la aplicación de los artículos 624 y 625 numeral 3) del Código Procesal Civil. Asimismo, que se realizaba un atropello a lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República, al ordenarse a la agraviada establecer su petición ante las instancias agrarias correspondientes. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales deben juzgar acorde lo solicitado y las pruebas presentadas y que es asunto conferido y fundado en derecho privado, el no atribuido por la ley a ningún otro órgano jurisdiccional; acorde la definición legal de competencia jurídica del artículo 28 del Código Procesal Civil. Al operar a contrario sensu, se incurre en otra violación a los derechos y garantías constitucionales, como es la regla del debido proceso legal, también reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Entiende el amparista que la violación al debido proceso, operó en primera instancia, cuando se desestimó la demanda ordinaria de mérito con el argumento que no se presentaron testigos en juicio, que dieran testimonio fehaciente que la demandante estuviere en posesión del terreno cuyo dominio se pretende; situación que fue desconocida, no obstante, ser desvirtuada por el mismo demandado, al declarar que la demandante recurrente sí ha vivido en el lugar. Aunado, el hecho de que la Corte de Apelaciones agregare una reforma en perjuicio a lo resuelto, al motivar un argumento previamente no discutido al confirmar el fallo de primera instancia, debiendo en su lugar enmendar la situación jurídica no debatida en el pleno. Por todo lo cual, debió dictar sentencia anulando el fallo de primera instancia que fuera apelado en su momento, y no confirmar el mismo, con argumentos propios no debatidos en el juicio; lo que guarda intima relación con lo establecido en el artículo 459 del Código Procesal Civil, respecto a la fijación de los términos del debate.-CONSIDERANDO (7): Que, por lo anteriormente expuesto, solicita el Abogado garantista, se dicte sentencia otorgando recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve; dejando sin efecto sus pronunciamientos y ordenando al Iudex Ad Quem declare la nulidad de la sentencia de primera instancia de fecha 12 de octubre de 2018, según dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle y, con los argumentos esgrimidos, se proceda a dictar nuevamente la sentencia que en derecho corresponda, al haber quedado totalmente evidenciada la violación a los derechos y garantías constitucionales de la parte agraviada recurrente.-CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República, en el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (9): Que, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función que compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto.[1]-CONSIDERANDO (10): Que la Constitución de la Republica normativiza que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe mantenerse la inviolabilidad del derecho de defensa en el curso del proceso; lo que implica el derecho de ser oído y el conocimiento de la imputación, así como la necesaria correlación entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes.[2] El principio - derecho del debido proceso, así enunciado, debe tutelar el cumplimiento de tal conjunto de garantías, a efecto que los ciudadanos obtengan una recta y cumplida decisión sobre la determinación de sus derechos y obligaciones.[3]CONSIDERANDO (11): Que, al estudiarse la foliada a la luz de los alegatos formalizados por el Letrado amparista se manifiesta la inexistencia de la infracción constitucional alegada, referida a la falta de argumentación jurídica y factico probatoria congruente y de fondo, la cual ha resultado enmendada al hacer constar en el Acápite Quinto de la Fundamentación Jurídica y Motivación que consta el parentesco existente entre la demandante, la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA y su señor esposo, el señor CONSTANTINO GONZÁLEZ, ya fallecido; quien pertenecía al grupo campesino “LAS PELONAS”. Por tal concepto, encuentra esta Sala que se tiene por bien motivada y razonada en Derecho, la desestimación de la pretensión civil interesada por la parte agraviada recurrente; sin que constituya la remisión a instancias administrativas agrarias falta alguna al principio de jurisdiccionalidad, en vista que tal es lo que se deduce del propio título definitivo de propiedad otorgado a la EMPRESA CAMPESINA “LAS PELONAS”, por parte del Instituto Nacional Agrario (INA);[4] mismo que ampara a todos los beneficiarios y las beneficiarias que organizaron y constituyeron tal empresa agraria.-CONSIDERANDO (12): Que, por lo anterior, se desprende la improcedencia de otorgar la acción de amparo al no resultar suficientemente razonada y sustentada en compatibilidad al estándar constitucional; en vista a que la resolución colegiada dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, dirime aspectos reivindicatorios de dominio conforme al artículo 903 del Código Civil, sin dejar de reconocer que los beneficiarios del título agrario deben acudir ante el Instituto Nacional Agrario (INA), para autorizar cualquier transferencia de derechos a otra organización societaria reconocida legalmente por el Estado, o persona natural que sea beneficiada por la Ley de la Reforma Agraria; por lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de Amparo promovido por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA a favor de SI MISMA, de lo cual se ha hecho el debido mérito.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 70, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por la señora FRANCISCA CUEVA GARCIA a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala de lo Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0072-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] El recurso ordinario de apelación, según el artículo 705.1 del Código Procesal Civil establece como finalidad: “… lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente”.
[2] En este punto resulta ilustrativa la sentencia STC 222/1994 del 18 de julio, del Tribunal Constitucional español, que dice en lo conducente: “(…) se ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con lo pedido, evitando desajustes o desviaciones entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones; (…).” MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Valencia; Editorial Tirant lo Blanch, 1998, pág. 72.
[3] En tal sentido, es ilustrativa la línea jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, en cuanto a que: “El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales –que representa el parámetro normativo a utilizar- se salvaguarda, como veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer en el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, (…).” MORENO CATENA, V. et al. Introducción al Derecho Procesal. Valencia; Editorial Tirant lo Blanch, 2010, pág. 197.
[4] Ver folio veinticinco (25) frente y vuelto de la pieza de primera instancia.