Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-719-19 — Registro 14775

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación; confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que desestimó motivos de oposición de incompetencia y falta de personalidad en el actor; además la nulidad del pagaré por no existir relación causal y ordenó continuar las actuaciones por la vía de apremio para que recurrente pague la cantidad determnada, en demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra recurrente; El Tribunal de Apelaciones consideró que el pagaré es un título valor literal, autónomo y abstracto y no procede contra su ejecución la nulidad del mandamiento de ejecución por no estar contemplada en la normativa aplicable; De una demanda de ejecución forzosa de un pagaré solo pueden reclamarse los derechos incorporados en el título, derecho éste independiente de la causa que originó el mismo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional advierte que, en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional…"…"Afirmación a la que llega esta Sala, luego de la lectura de los argumentos expuestos por el recurrente y el estudio de los antecedentes que forman el expediente, ello en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionándolos con lo dispuesto en el artículo 792 del Código Procesal Civil y 465 del Código de Comercio al exteriorizar que la sentencia dictada por el Juez A-quo aplicó e interpretó erróneamente el artículo 465.XI del Código de Comercio..."..."aprecia este Alto Tribunal que el Amparista, centra sus argumentos en afirmar que se ha interpretado en forma errónea el artículo 465.XI del Código de Comercio, pues la norma contenida en el artículo 792 párrafo último del Código Procesal Civil establece: “para la ejecución de Títulos Valores solo podrán oponerse las excepciones previstas en el Código de Comercio”, y la excepción opuesta por la parte procesal ejecutada fue la de incompetencia y la falta de personalidad en el actor, causal ésta que solo es aplicable para la ejecución de títulos valores, lo que significa que la excepción mercantil opuesta se refiere a que la incompetencia es, en el actor por no estar debidamente legitimado y no a la incompetencia del juzgado, como lo interpretó erróneamente el Juez sentenciador. En cuanto a la excepción de las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré por no existir relación causal, excepción mercantil opuesta por el demandado se refiere a que todo título valor nace de un negocio jurídico y se trató de establecer que no existe relación jurídica, porque no existe un derecho subyacente que dio nacimiento al título de crédito y para que el pagaré pueda ejercitarse es necesario que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen a la suscripción del Título en virtud del cual el ejecutado se constituye en deudor de la suma consignada en el pagaré y contra el cual son oponibles las excepciones que establece el artículo 465 del Código de Comercio. El juez sentenciador al apreciar esta excepción alegó que el Código de Comercio reconoce tres clases de acciones que puede ejercitarse contra un título valor, como ser la acción cambiaria, la acción causal y la acción de enriquecimiento, aclarando que dicha apreciación es errónea, pues el ejecutado opuso la excepción XI del artículo 465 del Código de Comercio, pidiendo la nulidad del pagaré por carecer de negocio jurídico y la ejecución de títulos valores se deriva de una acción cambiaria y si ésta no se ejercita dentro del plazo de tres años de haberse vencido el pagaré queda una acción causal que se ventila por el trámite del Proceso Declarativo Ordinario, pero este no es el caso de la excepción opuesta -sostiene el recurrente-, siendo evidente que el señor Juez interpretó erróneamente la Excepción opuesta. -Lo subrayado es nuestro-..."..."esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, reside en la declaratoria sin lugar del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada y confirma la sentencia dictada por el A-quo, que desestima los motivos de oposición promovidos por la parte ejecutada, actuación a través de sentencia, dictada por unanimidad de votos de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés..."..."el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba propuesta al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por unanimidad de votos, por el Tribunal de Alzada, en fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, al declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada y confirma la sentencia de oposición dictada por el A-quo en fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, consecuencia de ello se desestima la oposición planteada y se ordena continuar con las actuaciones por la vía de apremio, a efecto que el señor Juan Miguel López Erazo, haga efectivo el pago demandado, controversia jurídica que fue resuelta por unanimidad de votos, haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[1], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto..."..."de la lectura de la resolución que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y declarar sin lugar el recurso de apelación promovido, consecuencia de ello se confirma la sentencia emitida por el A-quo que desestima la oposición promovida por la parte demandada. Sostiene la Alzada en el acápite SEXTO, que por ser el pagaré un título valor literal, autónomo y abstracto, no puede oponerse contra su ejecución la nulidad del mandamiento de ejecución por no estar contemplada en el artículo 465 del Código de Comercio. Tampoco es requisito de admisión de una demanda de ejecución forzosa de un pagaré, en la que se ejercita la acción cambiaria, el presentar un carnet de inscripción de prestamista no bancario o una certificación extendida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ni es necesario demostrar el negocio jurídico que lo origina como aduce el apelante, por cuanto solo pueden reclamarse los derechos incorporados en el título, derecho éste independiente de la causa que originó el mismo. En ese orden de ideas, el recurrente en amparo, exterioriza como alegaciones de violación a los derechos de defensa y debido proceso, cuestiones de mera legalidad, que deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, al fundamentar su alegato en el nexo causal que debe existir entre el pagaré y el negocio jurídico que lo originó, el cual a criterio del amparista para que prospere y pueda ejercitarse el pagaré, debe revelarse y probarse esa relación jurídica que dio origen a la suscripción del Título..."..."analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, implícito en éste, el derecho de defensa, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente..."..."la resolución emitida por unanimidad de votos por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la apreciación de elementos que acreditados en la audiencia de oposición, la parte demandada no logró acreditar el motivo de oposición contenida en el numeral I del artículo 465 del Código de Comercio, asimismo que el ejecutado no podía oponer como motivo, la nulidad del mandamiento de ejecución, por no encontrase comprendido en la normativa antes indicada del Código de Comercio, por ello la Alzada llega a la conclusión del fallo que hoy se recurre en amparo; fallo que ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, defensa, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el Código de Comercio ya establece lo relacionado en cuanto a los motivos de oposición a la ejecución de títulos valores..."..."la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de elementos que lleven a determinar si un motivo de oposición fue demostrado en la audiencia correspondiente, menos aun como señala el recurrente que el Juez interpretó y aplicó erróneamente el artículo 465 del Código de Comercio, ello en relación a los motivos que señaló como oposición a la demanda promovida, siendo éstas actuaciones competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el Artículo 792 del Código Procesal Civil y 465 del Código de Comercio..."..."al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA a favor del señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL, DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra la sentencia de Oposición, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL, DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve desestimar los motivos de oposición, promovidos por la parte ejecutada, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por la Señora MIRIAN DEL CARMEN FRANCO VALDIVIEZO contra el Señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos Constitucionales al debido proceso y defensa contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada KENSY ROSALY ROSALES RUIZ, en su condición de Apoderada Judicial de la Señora MIRIAN DEL CARMEN FRANCO VALDIVIEZO, interponiendo demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial, contra el señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, como deudor principal, por la cantidad de Un Millón ciento setenta y nueve mil trescientos sesenta lempiras (Lps. 1,179,360.00) en concepto de capital, además el reclamo de doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta lempiras 00/100 (Lps. 294,840.00), que representa el 25% que se fija como cantidad provisional que fijan en conceptos de intereses que se pudieran generar durante la ejecución, costas y honoraros de conformidad a lo establecido en el artículo 802 del Código Procesal Civil. (Folios del 01-05 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, el señor Juan Miguel López Erazo, estableciendo Oposición a la Ejecución de un Título Extrajudicial, oponiendo las excepciones de: 1) Las de incompetencia y falta de personalidad en el actor; y 2) Las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré por no existir relación causal. (Folios 20 y 21 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que seguido el trámite, el citado Juzgado, dictó Sentencia de Oposición en fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) DESESTIMAR LOS MOTIVOS DE OPOSICION A) INCOMPETENCIA y FALTA DE PERSONALIDAD EN EL ACTOR; B) LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, NULIDAD DEL PAGARÉ POR NO EXISTIR RELACION CAUSAL, promovidas por el señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO; 2) SE ORDENA: Continuar con las actuaciones por la vía de apremio a efecto que el JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, haga efectivo el pago UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS (1,179.360.00), mas las costas de la ejecución; 3) CON COSTAS.” (Folios del 40–42fv de la pieza de antecedentes del A-Quo). 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de Apoderado procesal del señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra la sentencia definitiva de fecha dos de abril de dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha dos de abril del dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en apelación…” (Folios del 05–07fv de la Pieza de antecedentes del Ad-Quem) 5) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Alto Tribunal el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, contra el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionado en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos al debido proceso y defensa contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). (Folios del 01–07 y 63 de los autos) 6) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no violentarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios del 66–70 y 72 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional advierte que, en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…”. Afirmación a la que llega esta Sala, luego de la lectura de los argumentos expuestos por el recurrente y el estudio de los antecedentes que forman el expediente, ello en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionándolos con lo dispuesto en el artículo 792 del Código Procesal Civil y 465 del Código de Comercio al exteriorizar que la sentencia dictada por el Juez A-quo aplicó e interpretó erróneamente el artículo 465.XI del Código de Comercio. La sentencia recurrida violenta el debido proceso, pues toda persona natural y jurídica debe tener libre acceso a los tribunales de la República a ejercer las acciones y los recursos legales en la forma que establezcan las leyes, a ser oído en los plazos que fija la ley, a ser juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantías, que fija el debido proceso. CONSIDERANDO (2): Que aprecia este Alto Tribunal que el Amparista, centra sus argumentos en afirmar que se ha interpretado en forma errónea el artículo 465.XI del Código de Comercio, pues la norma contenida en el artículo 792 párrafo último del Código Procesal Civil establece: “para la ejecución de Títulos Valores solo podrán oponerse las excepciones previstas en el Código de Comercio”, y la excepción opuesta por la parte procesal ejecutada fue la de incompetencia y la falta de personalidad en el actor, causal ésta que solo es aplicable para la ejecución de títulos valores, lo que significa que la excepción mercantil opuesta se refiere a que la incompetencia es, en el actor por no estar debidamente legitimado y no a la incompetencia del juzgado, como lo interpretó erróneamente el Juez sentenciador. En cuanto a la excepción de las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré por no existir relación causal, excepción mercantil opuesta por el demandado se refiere a que todo título valor nace de un negocio jurídico y se trató de establecer que no existe relación jurídica, porque no existe un derecho subyacente que dio nacimiento al título de crédito y para que el pagaré pueda ejercitarse es necesario que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen a la suscripción del Título en virtud del cual el ejecutado se constituye en deudor de la suma consignada en el pagaré y contra el cual son oponibles las excepciones que establece el artículo 465 del Código de Comercio. El juez sentenciador al apreciar esta excepción alegó que el Código de Comercio reconoce tres clases de acciones que puede ejercitarse contra un título valor, como ser la acción cambiaria, la acción causal y la acción de enriquecimiento, aclarando que dicha apreciación es errónea, pues el ejecutado opuso la excepción XI del artículo 465 del Código de Comercio, pidiendo la nulidad del pagaré por carecer de negocio jurídico y la ejecución de títulos valores se deriva de una acción cambiaria y si ésta no se ejercita dentro del plazo de tres años de haberse vencido el pagaré queda una acción causal que se ventila por el trámite del Proceso Declarativo Ordinario, pero este no es el caso de la excepción opuesta -sostiene el recurrente-, siendo evidente que el señor Juez interpretó erróneamente la Excepción opuesta. -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, reside en la declaratoria sin lugar del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada y confirma la sentencia dictada por el A-quo, que desestima los motivos de oposición promovidos por la parte ejecutada, actuación a través de sentencia, dictada por unanimidad de votos de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Recurso de apelación interpuesto por el Abogado Saul Muñoz Orellana, en su condición de Apoderada Judicial del señor JUAN MIGUEL LOPEZ ERAZO, contra la sentencia de Oposición dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió desestimar los motivos de Oposición de: a) Incompetencia y falta de personalidad en el actor; y b) las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré, por no existir relación causal, y ordena continuar con las actuaciones por la vía de apremio. CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba propuesta al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por unanimidad de votos, por el Tribunal de Alzada, en fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, al declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada y confirma la sentencia de oposición dictada por el A-quo en fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, consecuencia de ello se desestima la oposición planteada y se ordena continuar con las actuaciones por la vía de apremio, a efecto que el señor Juan Miguel López Erazo, haga efectivo el pago demandado, controversia jurídica que fue resuelta por unanimidad de votos, haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[1], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de derechos constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que el Código Procesal Civil en el último párrafo del artículo 792, establece que para la ejecución de títulos valores solo podrán oponerse las excepciones previstas en el Código de Comercio; y que él, opuso las contenidas en los numerales I y XI del artículo 465, no obstante a ello el Juez aplicó e interpretó erróneamente su petición en relación a los motivos de oposición promovidos, pues a su criterio no existe relación jurídica porque no existe un derecho subyacente que dio nacimiento al título de crédito y para que el pagaré puede ejercitarse es necesario que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen a la suscripción del Título; de la lectura de la resolución que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y declarar sin lugar el recurso de apelación promovido, consecuencia de ello se confirma la sentencia emitida por el A-quo que desestima la oposición promovida por la parte demandada. Sostiene la Alzada en el acápite SEXTO, que por ser el pagaré un título valor literal, autónomo y abstracto, no puede oponerse contra su ejecución la nulidad del mandamiento de ejecución por no estar contemplada en el artículo 465 del Código de Comercio. Tampoco es requisito de admisión de una demanda de ejecución forzosa de un pagaré, en la que se ejercita la acción cambiaria, el presentar un carnet de inscripción de prestamista no bancario o una certificación extendida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ni es necesario demostrar el negocio jurídico que lo origina como aduce el apelante, por cuanto solo pueden reclamarse los derechos incorporados en el título, derecho éste independiente de la causa que originó el mismo. En ese orden de ideas, el recurrente en amparo, exterioriza como alegaciones de violación a los derechos de defensa y debido proceso, cuestiones de mera legalidad, que deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, al fundamentar su alegato en el nexo causal que debe existir entre el pagaré y el negocio jurídico que lo originó, el cual a criterio del amparista para que prospere y pueda ejercitarse el pagaré, debe revelarse y probarse esa relación jurídica que dio origen a la suscripción del Título. CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, implícito en éste, el derecho de defensa, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la resolución emitida por unanimidad de votos por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la apreciación de elementos que acreditados en la audiencia de oposición, la parte demandada no logró acreditar el motivo de oposición contenida en el numeral I del artículo 465 del Código de Comercio, asimismo que el ejecutado no podía oponer como motivo, la nulidad del mandamiento de ejecución, por no encontrase comprendido en la normativa antes indicada del Código de Comercio, por ello la Alzada llega a la conclusión del fallo que hoy se recurre en amparo; fallo que ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, defensa, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues el Código de Comercio ya establece lo relacionado en cuanto a los motivos de oposición a la ejecución de títulos valores. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de elementos que lleven a determinar si un motivo de oposición fue demostrado en la audiencia correspondiente, menos aun como señala el recurrente que el Juez interpretó y aplicó erróneamente el artículo 465 del Código de Comercio, ello en relación a los motivos que señaló como oposición a la demanda promovida, siendo éstas actuaciones competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia, al tenor de lo establecido en el Artículo 792 del Código Procesal Civil y 465 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;… El órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 193, 200, 705 y 792 del Código Procesal Civil; 465 del Código de Comercio; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina A. Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0719-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] ARTÍCULO 705. FINALIDAD DEL RECURSO. 1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.