Sentencia AC-714-17 — Registro 14888
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto en forma parcial contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró la existencia de prejudicialidad contenciosa administrativa; denegó solicitud de declinatoria por falta de jurisdicción y suspendió la tramitación del proceso de demanda de renacimiento de garantías hipotecarias para el cumplimiento de una obligación de hacer contra Desarrolladores Asociados de Honduras S A de C V, Inmobiliaria Sol Naciente, S A, Nacional de Ingenieros S A de C V; La Autoridad recurrida por mayoría de votos consideró que a falta de regulación por la normativa procesal civil la prejudicialidad administrativa es permitida por el principio de legalidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal advierte que la Corte recurrida fundamenta su decisión argumentando que, ante la falta de regulación en la ley de la prejudicialidad administrativa, ello no se debe entender de prohibida de forma específica o limitada por la normativa procesal civil, ya que tal aspecto –prejudicialidad administrativa-, es permitido por el principio de legalidad contenido en el artículo 7.3 del CPC...De la lectura en conjunto del referido precepto de la norma civil adjetiva, se puede concluir que una cuestión de prejudicialidad no es un simple acto procesal, pues como bien lo indican las recurrentes se trata de toda una institución jurídica que se acompaña de elementos que deben ser observados por los tribunales, a efecto de determinar si un proceso puede ser suspendido o no, como ha sucedido con el caso sub júdice, en la que se pretende la suspensión del proceso civil, ante la aplicación de una institución jurídica inexistente en nuestra normativa civil, como lo es la prejudicialidad administrativa, invocando un fragmento del artículo 7 del CPC, inobservando lo establecido en el numeral 1 del referido fundamento, el cual no necesita de mayor comprensión, al establecer que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código..."..."en ese orden de ideas el debido proceso invocado por las recurrentes se encuentra estrechamente relacionado con lo establecido en el Artículo 3 del CPC, pues éste dimana de la norma suprema, es por ello que forma parte del debido proceso, el que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente; pretender que se suspenda un proceso civil invocando una prejudicialidad administrativa inexistente en la norma civil adjetiva es una evidente vulneración a este derecho. Como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional es del criterio, que la resolución impugnada vulnera el debido proceso invocado por las recurrentes, al dictar una resolución en franca vulneración a lo preceptuado en los artículos 3, 7, 48 y 49 del Código Procesal Civil..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, vulnerando asimismo a las recurrentes en amparo los derechos y garantías invocadas y reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva, emita nueva resolución, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 7, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 49 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo Acumulados Interpuestos por las Abogadas: I.- EMY CLAUDET ASFURA ASFURA a favor de BANCO CAPITAL S.A., declarado en Liquidación Forzosa (Reg. No. SCO-0714-2017) y II.- EMMA RUTH BU CONTRERAS a favor del ESTADO DE HONDURAS y la Sociedad BANCO CAPITAL S.A. (Reg. No. 805-2017), ambos, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que por mayoría de votos declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto en forma parcial, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil catorce (2014), con relación a la Demanda Ordinaria de Renacimiento de Garantías Hipotecarias para el cumplimiento de una obligación de hacer, promovida por BANCO CAPITAL S.A., (en proceso de liquidación forzosa) y el ESTADO DE HONDURAS contra las sociedades mercantiles denominadas DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A. y NACIONAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V.- Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos contenidos en los artículos 60, 62, 80, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil trece (2013), comparecieron ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA y la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, en su condición de Apoderada Judicial de BANCO CAPITAL, S.A., interponiendo Demanda Ordinaria para que se declare el Renacimiento de Garantías Hipotecarias de cumplimiento de una obligación de hacer consistente en la entrega de una obra de construcción y terminación de unos espacios y estacionamientos en un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal, contra la Sociedad DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio del Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor IVIS GERMAN LOPEZ AYESTAS y la Sociedad INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., por medio del Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor IVIS LOPEZ RAUDALES y contra la sociedad NACIONAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., por medio del Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señora LILY RAUDALES VILLAFRANCA. (Folios del 1al 23 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que en fecha ocho de agosto del año dos mil catorce, Compareció ante el Juzgado de Letras Civil el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, actuando en su condición de Representante Procesal de las Sociedades Mercantiles NACIONAL DE INGENIEROS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA SOL NACIENTES S.A.DE C.V. Y DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A DE C.V., interponiendo declinatoria por falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a los tribunales de otra jurisdicción y de no considerarla de proceda a suspender el juicio por ser evidente una prejudicialidad contenciosa administrativa. (Folios del 1256 al 1261 del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3)Que en respuesta a la petición de declinatoria por falta de jurisdicción, el referido Juzgado, dictó Resolución en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil catorce (2014), mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Analizadas que fueron las presentes diligencias declárese NO HA LUGAR la solicitud de “DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR PERTENECER EL ASUNTO A LOS TRIBUNALES DE OTRA JURISDICCIÓN” presentada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de representante procesal de las Sociedades Mercantiles 1) NACIONAL DE INGENIEROS S.A. DE C.V. 2) INMOBILIARIA SOL NACIENTE S.A. DE C.V. y 3) DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., en virtud de ya haberse pronunciado este Tribunal sobre dicho aspecto mediante el auto de fecha veintiocho (28) de Abril del presente año dos mil catorce (2014); y en donde el tribunal se consideró competente para conocer las presentes diligencias de conformidad a lo establecido al artículo 4 de la Ley de lo Contencioso administrativo que establece que no corresponderá al conocimiento de lo contencioso administrativo aquellas cuestiones de orden civil y aquellas otras aunque estén relacionadas con la administración Pública, tal como acontece en el caso que nos ocupa, que aunque la pretensión de la presente demanda tiene relación con actuaciones de la Administración Pública, se observa que la figura central objeto de dichas actuaciones es de índole Civil; es decir que la figura central, de la pretensión presentada por la parte actora se encuentra enmarcada bajo el conocimiento en la esfera civil, específicamente en lo que respecta a la figura de la hipoteca, que según nuestro ordenamiento jurídico debe ser conocida bajo los procedimientos establecidas para las actuaciones en que la misma haya sido inmersa, resolución que quedo firme y consentida al no utilizar ninguna de las partes recurso alguno contra la misma, por lo tanto este tribunal desestima nuevamente el planteamiento de la parte demandada sobre la declinatoria presentada…. QUINTO: En consecuencia este tribunal DECLARA LA EXISTENCIA DE PREJUDICIALIDAD por considerar la existencia de un hecho que está siendo dirimido en otro ámbito jurisdiccional, y la cual tiene relación con la pretensión perseguida en el presente juicio y cuya resolución resultaría de tal importancia para resolver el fondo del asunto, que no podría prescindirse del mismo, para tomar este tribunal mediante el fallo correspondiente, una decisión de fondo adecuado.- SEXTO: En base a lo anterior suspéndase la tramitación del proceso civil, mientras aquella no sea resuelta por los órganos Jurisdiccionales Contencioso Administrativo competente una vez que el proceso esté pendiente de sentencia.- SEPTIMO: En consecuencia sígase adelante la tramitación del Juicio hasta la conclusión de la audiencia probatoria, debiendo las partes introducir el documento contentivo del fallo del juzgado de letras contencioso administrativo competente firme durante las etapas pertinentes para la presentación de documentos o antes de la audiencia en que se practique la prueba o inclusive hasta el momento de la conclusión del proceso para dictarse sentencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 287 del Código Procesal Civil….” (Folios del 1281 al 1284fv del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia). 4) Que conociendo del recurso de apelación en forma parcial, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, en su condición de apoderada procesal de la parte demandante, contra la resolución referida en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia por mayoría de votos, en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (Sic) “1) Declarar sin lugar el Recurso de Apelación de forma parcial interpuesto por la abogada EMY CLAUDETH ASFURA ASFURA, como representante procesal por delegación de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y de la SOCIEDAD BANCO CAPITAL S.A., en contra del auto de fecha 18 de noviembre de 2014.- 2) Se confirma el mismo.- 3) CON COSTAS A LA APELANTE….” (Folios del 67 al 74fv de la pieza de antecedentes de Alzada). 5) Que las recurrentes en amparo comparecieron ante este Alto Tribunal: A) La Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO CAPITAL S.A., en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); quedando registrado en esta Sala con el número de expediente SCO–0714–2017; B) La Abogada EMMA RUTH BU CONTRERAS, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS y LA SOCIEDAD BANCO CAPITAL S.A. DE C.V., en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); quedando registrado en esta Sala con el número de expediente SCO–0805–2017; ambas acciones fueron promovidas en contra de la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), relacionada en acápite anterior y emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 80, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 5 de la pieza No.SCO-0714-2017 y del 20 al 24 de la pieza No.SCO-0805-2017 de autos) 6) Que mediante providencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal dispuso: (Sic) “… al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. Asimismo, siendo que se encuentra pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, en consecuencia, se dispone declarar sin lugar la misma en virtud de no ajustarse su petición a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para tal efecto. Remitidos que han sido los antecedentes en el presente Recurso de Amparo, sígase con la substanciación del mismo, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a las recurrentes para que formalicen su petición por escrito…”; teniendo la Sala, por formalizados los recursos de méritos, en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ordenándose la apertura del periodo probatorio por ocho días comunes, para proponer y evacuar la prueba. (Folios del 43fv y 58 de autos). 7) Que en providencia de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y quien en su dictamen fue de la opinión porque se OTORGUE el presente amparo por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por las amparistas. La fiscal del Despacho inter alia argumenta: (Sic) “… De la lectura de los presentes autos, se observa que efectivamente el Tribunal de Alzada, en la resolución recurrida hace aplicación de la figura de Prejudicialidad Administrativa, como un instrumento para articular la correcta decisión de conflictos en una esfera civil con presencia de componentes administrativos, que ameritan una decisión previa para obtener la consecuencia jurídica sucesiva debido a la interrelación de surge entre el proceso civil y el derecho administrativo…. De lo anterior se aprecia que la prejudicialidad administrativa, no existe como tal en el Código Procesal Civil, aunque se establezca en el artículo 48 la posibilidad que los Juzgados civiles en asuntos de su competencia puedan conocer a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que no sean de su competencia genérica correspondientes a las ordenes contencioso administrativo y social.- y que las decisiones de la jurisdicción civil no surtirá efecto fuera del proceso que se produzca, por lo cual la prejudicialidad administrativa no está contemplada en la norma procesal civil, no generando un nexo con las resultas de un proceso civil, caso contrario sucede al contemplarse la prejudicialidad penal en donde si el artículo 49 prevé la conexión entre la jurisdicción civil y penal….” (Folios del 121 al 127 de autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que por Mayoría de Votos declara Sin Lugar el Recurso de Apelación en forma parcial interpuesto por la Abogada Emy Claudeth Asfura Asfura, en su condición de Representante Procesal por delegación de la Procuraduría General de la República y de la sociedad BANCO CAPITAL S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil catorce (2014), que declara la existencia de Prejudicialidad, promovida por la parte demandada, invocando la existencia de otro proceso que está siendo conocido en el ámbito contencioso-administrativo, hecho que tiene relación con la pretensión perseguida en el presente juicio civil. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de la acción constitucional de Amparo, las recurrentes muestran su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 62, 80, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; aducen las impetrantes que el acto que se recurre en amparo es contradictorio, en el sentido que declara no ha lugar la solicitud de declinatoria por falta de jurisdicción y por otra parte declara la existencia de prejudicialidad, haciendo aplicación indebida del artículo 49 del Código Procesal Civil[1], que contiene la prejudicialidad penal, la cual se desarrolla toda vez que plantee una cuestión prejudicial penal en un proceso civil, parafraseando la Jueza A-quo la disposición legal de prejudicialidad penal, convirtiéndola en prejudicialidad administrativa, figura esta última inexistente en nuestro ordenamiento procesal civil, dado que sólo la prejudicialidad penal existente en nuestro ordenamiento, da lugar a la suspensión de la tramitación del proceso civil, cuando la misma prejudicialidad penal ocurre por las circunstancias establecidas en el artículo 49.2 a). b). del CPC y dicha prejudicialidad penal no puede ser convertida en prejudicialidad administrativa por la Jueza de primera instancia y Magistrados del Tribunal de Apelaciones. CONSIDERANDO (5): Que continuando con sus argumentaciones en relación a la vulneración de los derechos constitucionales invocados, las impetrantes exponen que el Artículo 48 del CPC no establece situación respecto a la prejudicialidad, sin embargo la sentencia recurrida en el considerando quinto de los fundamentos de derecho, refiere a una inusual e ilegítima prejudicialidad administrativa, con lo cual se produjo una violación a los artículos 1 y 321 de la Constitución de la República, siendo que Honduras es un “Estado de derecho”, y que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad”, es así que la sentencia recurrida adolece de una infracción al ordenamiento jurídico en cuanto a una prejudicialidad administrativa inexistente en nuestro CPC y que de manera alguna se puede justificar, como pretende el Tribunal A-quem acogiéndose en el artículo 7.3 del CPC, concerniente a la Legalidad procesal y sus formas, cuando lo cierto es que no se trata de una formalidad para la ejecución de un acto procesal, sino de toda una institución procesal de prejudicialidad administrativa, misma que no se encuentra establecida en nuestra legislación procesal. CONSIDERANDO (6): Que las recurrentes en Amparo, solicitaron la apertura a pruebas, indicando el lugar de ubicación de las mimas, ordenando esta Sala de lo Constitucional en providencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, la apertura del período probatorio por ocho días comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida; en providencia de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, se tuvo por propuesta y evacuado los medios de prueba denominados Documentos Públicos del 1 al 7, en virtud de constar agregados a los antecedentes; asimismo mediante providencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho se amplió de oficio el auto de fecha 28 de junio del año 2018 en el entendido de tener por propuesto y evacuados los medios de prueba presentados por la Abogada Emy Claudeth Asfura Asfura en el escrito de fecha 18 de junio del año 2018, que consta a folios 111 y 112 de autos, denominado “MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL. COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE AUTENTICADAS DE LOS ÚLTIMOS TESTIMONIOS DE PROTOCOLIZACIÓN POR EXHIBICIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BANCO CAPITAL, S.A. EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS Y REGISTRALMENTE INSCRITAS EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZÁN, CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ENUMERADOS DEL 1 AL 12…”, en virtud de constar debidamente autenticados a folios 62 al 106 del presente recurso. (Folios 118 y 128 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (7): Que con la prueba propuesta y evacuada, las recurrentes acreditan sus pretensiones en relación a la demanda promovida ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de agosto del año 2013, promoviendo Demanda ordinaria para que se declare el renacimiento de Garantías Hipotecarias de Incumplimiento de una obligación de hacer, consistente en la entrega de una obra de construcción y terminación de unos espacios y estacionamientos en un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal; cuestión esta que no es objeto de estudio en el caso sub júdice, pues ambas recurrentes centran sus argumentos expresando que el Tribunal recurrido ha procedido a declarar una prejudicialidad administrativa inexistente en nuestro CPC, y en relación a ello se dará respuesta en el presente libelo. CONSIDERANDO (8): Que entre otros, los derechos constitucionales que las recurrentes considera vulnerados es el derecho al debido proceso, contenido en el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la República, el cual preceptúa: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (9): Que la resolución que se impugna, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se fundamenta básicamente en los siguientes planteamientos: -Acápite quinto de los Fundamentos de Derecho-(Sic) “… Si bien nuestra legislación adjetiva Civil (artículo 48 CPC), contempla la posibilidad que los juzgados Civiles conozcan en asuntos de la materia civil, situaciones propias de la materia Contencioso Administrativo, o Social, al solo efecto de prejudicialidad, sin que tal decisión tenga efecto en un eventual proceso Contencioso Administrativo, o laboral y, sin que dicho aspecto extraño al proceso civil tenga influencia decisiva en éste.- Sin embargo, no se consideraron reglas o regulación alguna para abordar situaciones en las que, en un proceso civil, una cuestión administrativa sea de importancia tal que no pueda prescindirse de ella para tomar una decisión de fondo; como si es el caso de situaciones de contenido penal, en el que el proceso civil debe suspenderse a fin de evitar procesos contradictorios; no obstante tal falta de regulación en la ley no se debe entender prohibida de forma específica o limitada por la normativa procesal civil al aplicar una prejudicialidad administrativa al caso concreto ya que tal aspecto es permitida por el principio de legalidad contenida en el artículo 7.3 del Código Procesal Civil, al establecer que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique una decisión justa y de tutela efectiva….” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (10): Que por prejudicialidad ha de entenderse la presencia, en un asunto judicial en trámite, de cuestiones pendientes de resolver por vía principal por otra autoridad judicial. Aunque el vocablo prejudicial (praeiudicare y praeiudicium), en sentido amplio se emplea para referirse a toda cuestión que el juez de la causa u otra autoridad judicial deba resolver en el curso del proceso, antes de la sentencia, incluso las excepciones[2]. En ese orden de ideas el Artículo 48 del CPC desarrolla la prejudicialidad indicando que los juzgados civiles en asuntos de su competencia podrán conocer, a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que no sean de su competencia genérica correspondientes a los órdenes contencioso-administrativo y social. Tal decisión en cuestiones prejudiciales de los órganos jurisdiccionales civiles no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca[3]. Asimismo el artículo 49 del CPC, establece lo relativo a la prejudicialidad penal, en un proceso civil, indicando con precisión en que casos se suspenderá la tramitación civil, en tanto se resuelva la cuestión prejudicial penal planteada. CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, las recurrentes lo relacionan y traen a colación específicamente lo establecido en los artículos 7.3 y 49 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (13): Que de la foliada de la sentencia que se recurre en Amparo, este Alto Tribunal advierte que la Corte recurrida fundamenta su decisión argumentando que, ante la falta de regulación en la ley de la prejudicialidad administrativa, ello no se debe entender de prohibida de forma específica o limitada por la normativa procesal civil, ya que tal aspecto –prejudicialidad administrativa-, es permitido por el principio de legalidad contenido en el artículo 7.3 del CPC que a la letra indica: LEGALIDAD PROCESAL Y FORMAS. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en el, son imperativas. 2. Las normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas. 3. Cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley. –Énfasis suplido- De la lectura en conjunto del referido precepto de la norma civil adjetiva, se puede concluir que una cuestión de prejudicialidad no es un simple acto procesal, pues como bien lo indican las recurrentes se trata de toda una institución jurídica que se acompaña de elementos que deben ser observados por los tribunales, a efecto de determinar si un proceso puede ser suspendido o no, como ha sucedido con el caso sub júdice, en la que se pretende la suspensión del proceso civil, ante la aplicación de una institución jurídica inexistente en nuestra normativa civil, como lo es la prejudicialidad administrativa, invocando un fragmento del artículo 7 del CPC, inobservando lo establecido en el numeral 1 del referido fundamento, el cual no necesita de mayor comprensión, al establecer que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código. CONSIDERANDO (14): Que el debido proceso en la jurisdicción civil, se define como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; en ese orden de ideas el debido proceso invocado por las recurrentes se encuentra estrechamente relacionado con lo establecido en el Artículo 3 del CPC, pues éste dimana de la norma suprema, es por ello que forma parte del debido proceso, el que el proceso civil se desarrolle por los trámites previstos legalmente; pretender que se suspenda un proceso civil invocando una prejudicialidad administrativa inexistente en la norma civil adjetiva es una evidente vulneración a este derecho. Como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional es del criterio, que la resolución impugnada vulnera el debido proceso invocado por las recurrentes, al dictar una resolución en franca vulneración a lo preceptuado en los artículos 3, 7, 48 y 49 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, vulnerando asimismo a las recurrentes en amparo los derechos y garantías invocadas y reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (17): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva, emita nueva resolución, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía.POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 7, 48 y 49 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO LOS RECURSOS DE AMPARO promovidos por las Abogadas I.- EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor de BANCO CAPITAL S.A., declarado en Liquidación Forzosa (Reg. No. SCO-0714-2017) y II.- EMMA RUTH BU CONTRERAS a favor del ESTADO DE HONDURAS y la Sociedad BANCO CAPITAL S.A. (Reg. No. 805-2017), contra la sentencia de fecha nueve (09) de Mayo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0714 y 0805-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] En adelante CPC.
[2] Concepto extraído el 7 de febrero del año 2019 de www.lavozdelderecho.com
[3] El principio que domina toda esa materia es, pues, que las cuestiones prejudiciales se resuelven por regla general, sin efecto de cosa juzgada (incidenter tantum). Pero dicho principio en Italia es muy debatido. Aquí se manifiestan, como ya se ha observado, dos tendencias distintas, de las que conocemos su formación histórica: la de restringir la cosa juzgada al pronunciamiento de estimación o desestimación, y la de extenderla a todo pronunciamiento del juez que resuelva una cuestión. … Pero lo sabemos ya, el juez no es un lógico cualquiera, es un magistrado que resuelve sobre las demandas de las partes, actuando la voluntad de la ley referente a un bien de la vida. Desde el punto de vista práctico debe observarse que el extender la cosa juzgada a todas las cuestiones resueltas podría tener alguna ventaja, porque evitaría otro proceso futuro y decisiones contradictorias. Pero serian mucho mayores los inconvenientes de una extensión semejante. Ver Curso de derecho procesal civil. Guiseppe Chiovenda. Primera Serie, volumen 6. México, D.F. abril de 2001, pág. 181. Es así que las cuestiones prejudiciales según lo aceptan algunos juristas, se deben resolver como incidentes, sin efecto de cosa juzgada, por ello el artículo 48 del CPC, determina que los jueces civiles en asuntos de su competencia podrán resolver a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que no sean de su competencia genérica y por ello tales decisiones no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzcan. Desarrollando el artículo 49 de la norma civil adjetiva cuestión de prejudicialidad penal con suspensión del proceso civil, hasta en tanto se resuelva tal cuestión en los tribunales del orden penal.